Quito. 14 nov 2000. Según la ley, el superintendente de Bancos debe tener
experiencia en el sistema financiero y no ser accionista de ningún banco.
A cuatro días de la destitución del superintendente de Bancos, Juan
Falconí, las autoridades judiciales no encuentran un camino para iniciar
las investigaciones y determinar responsables.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) espera que se le remitan los
documentos que probarían irregularidades de personas naturales, jurídicas
y de funcionarios públicos y privados en el sistema financiero nacional
por parte del Congreso.
En la misma espera se encuentra la Fiscalía General del Estado. El fiscal
subrogante, Guillermo Mosquera, señala que pese a que la resolución de
censura y destitución que aprobó el Congreso en contra de Falconí
disponía el envío inmediato de la información, hasta el momento el
Parlamento no ha cumplido tal disposición.
Otros organismos como la Comisión de Control Cívico de la Corrupción
(CCCC) analizan un mecanismo para iniciar las investigaciones y ha
anunciado que no se pronunciarán por el momento.
El presidente de la CCCC, Ramiro Larrea, espera que el Ejecutivo
oficialice su pedido de conversar con este organismo para dar
declaraciones, según lo informaron sus colaboradores.
Varios integrantes de la Comisión argumentan no tener potestad para
emitir criterios sobre la intención del presidente Gustavo Noboa de crear
una comisión especial, para investigar las denuncias hechas durante el
juicio político al censurado Superintendente.
Pero la información que entregó el superintendente en el Congreso y que
recopila nombres, fechas, saldos de cuentas y operaciones vinculadas en
alrededor de 30.000 hojas, es analizada por medios de comunicación, ya
que el sigilo bancario que fue levantado para el juicio político, ya no
está vigente y podría torpedear la investigación.
El analista Juan Carlos Arízaga cree que el levantamiento del sigilo
bancario se aplica solo para efectos del juicio político. Por lo tanto,
no es posible hacer pública la información porque está dirigida al
juzgador, que en este caso es el Congreso, el cual por ley debe
mantenerla en reserva.
Sin embargo, precisa Arízaga, debido a que la información entregada por
Falconí se hizo pública al ser televisada o fue presenciada directamente
por los medios de comunicación en el Congreso, pueden hacer uso de ella,
pues aquí la fuente ya no es directamente el juez.
El ex contralor de la República, Marcelo Merlo, explica que según la Ley
de Instituciones Financieras, todas las normas del sigilo bancario
tienden a proteger las cuentas de los depositantes porque prohíben
divulgar los informes de auditoría realizados por la Superintendencia de
Bancos, los hallazgos realizados por la central de riesgos, los informes
que los bancos recaban a través de su propia organización para conocer el
comportamiento de sus clientes importantes.
Pero la excepción de estas normas se aplica cuando se trata de juicios
por delitos bancarios o informes que da la Superintendencia dentro de un
juicio.
Merlo sostiene que Falconí fue juzgado por el Congreso y todo juicio es
público, por lo que las pruebas llegaron a los legisladores como tal.
El Congreso Nacional es el responsable de su manejo, y por lo tanto, los
medios de comunicación pueden solicitar esa información.
Candidatos
Hasta tanto, el gobierno analiza los nombres de los posibles
reemplazantes de Falconí. Es prematuro dar nombre de candidatos para
ocupar la Superintendencia de Bancos, dijo ayer el secretario de
Comunicación, Alfredo Negrete, quien destacó que el presidente Gustavo
Noboa dispone de 20 días para enviar la terna al Congreso Nacional.
Luego del juicio y censura a Falconí el Gobierno está asimilando una
situación política que en boca del Presidente ha sido definida como
contraria a la estrategia, a la lucha contra la corrupción.
Sobre el perfil del nuevo Superintendente expresó que hay que buscar una
persona profesionalmente capaz, que cumpla los requisitos jurídicos y que
al mismo tiempo asegure una estabilidad.
Subrayó que lamentablemente el Ecuador está demostrando al mundo que
tiene a su principal autoridad de control financiero con un promedio de
seis y siete meses en el cargo, lo que es negativo
Un servidor impecable en la entidad
La investigación y verificación de las declaraciones de bienes deberían
ser una de las herramientas previas para evitar designaciones polémicas
en los cargos como superintendente de Bancos o ministros de Estado en
general.
Así lo especifica la representante de Transparencia Internacional en el
Ecuador, Valeria Merino.
Para esta funcionaria todo se circunscribe a actividades preventivas al
nombramiento. Pero también hay medidas complementarias para establecer
posible enriquecimiento ilícito, como comparar la información sobre los
bienes de los servidores públicos cuando terminan de ejercer su cargo.
Añade que quienes nominan a las autoridades de control deben analizar
también previamente que no mantengan conflictos de intereses.
Pero el tema no se agota en esto. Bajo la perspectiva de Merino, es clave
además que exista permanente acceso a la información del sistema
financiero por parte de la ciudadanía, pues a pretexto del sigilo
bancario no es correcto que un superintendente de Bancos esté amordazado
para hacer pública determinada información.
Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión de Control Cívico de la
Corrupción, opina que el nuevo superintendente debe ser una persona que
inspire confianza al país, "pues se ha visto con desesperación cómo los
grandes grupos económicos han puesto sus peones, sobre todo, en aquellos
para el control del dinero de la ciudadanía".
Rodríguez sostiene que el nuevo funcionario debe tener conocimientos de
tipo financiero y legal y que para ello no necesariamente debe haber
trabajado o estar vinculado con la banca o sectores económicos poderosos.
Condiciones para el juicio
El artículo 116 de la denominada trole 2, que reemplaza al 174 de la Ley
General de Instituciones del Sistema Financiero, determina que antes de
llevar a juicio penal a un Superintendente en funciones o fuera de ellas
se deben cumplir otros trámites.
Para dar inicio a cualquier proceso penal, administrativo o civil, por
cuestiones derivadas del ejercicio de sus funciones, se requerirá que una
comisión de técnicos presente un informe favorable sobre la procedencia
del proceso.
Además del Superintendente de Bancos, la norma incluye a los miembros de
la Junta Bancaria, los directores del Banco Central del Ecuador, los
directores y el gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos,
independientemente de que hayan cesado en los cargos.
La comisión de técnicos será designada por el Presidente de la República
de ternas que para el efecto deberán ser remitidas por el Procurador, el
Contralor y el Consejo de la Judicatura.
Pero antes de este proceso, el juez competente, antes de dar inicio al
respectivo proceso, deberá solicitar al Presidente de la República que
designe a la comisión de técnicos.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia será el juez competente
para sustanciar en primera instancia los procesos en contra de los
funcionarios.
La segunda instancia corresponderá a la Sala de la Corte Suprema de
Justicia que sea competente en razón de la materia.
Los intendentes y directores de la Superintendencia, administradores,
interventores, auditores y liquidadores designados por la entidad,
gozarán de fuero de Corte Superior.
De igual fuero gozarán los administradores temporales de entidades
financieras en saneamiento, así como los designados por la AGD.
La lista se haría pública
"El ex superintendente de Bancos, Juan Falconí, dejó en el Congreso los
documentos con el registro de los depósitos efectuados por los
ecuatorianos hasta el 5 de marzo de 1999 y los retiros realizados hasta
el 11 de marzo de ese año".
De esa forma, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Carlos
González, desmintió al secretario del Congreso, Andrés Aguilar, quien
afirmó que solo había carpetas y no documentos, argumento que hizo suyo
el diputado Marcelo Dotti (PSC) para votar por la censura.
González ofreció procesar todas las denuncias hechas por Falconí en el
juicio, así como aquellas presentadas por los diputados Fernando Rosero
(PRE), Ronald Andrade (ex DP), Carlos Saud (PSC) e Iván Rodríguez (MPD).
Anunció que desde hoy empieza el trabajo para determinar quiénes
descongelaron sus fondos luego de la medida. También saldrán a la luz las
personas que se beneficiaron con los canjes de Certificados de Depósitos
Reprogramados.
Después del juicio a Falconí, más reacciones llegaron. El gerente de la
AGD, Luis Villacís, tendría que acudir al Congreso a explicar la no
entrega completa de los depósitos a los clientes.
El roldosista Víctor Hugo Sicouret dijo: "Yo me comprometo a llevarlo al
Congreso".
Sicouret acompañó a los clientes del Progreso a su protesta a la AGD en
Guayaquil.
La solicitud que tenía prevista (pues no fue recibido) era que la AGD y
la administración del Progreso desistan de adquirir acciones del banco
Cofiec y que los 47 millones de dólares sean entregados a los
depositantes.
Fernando Aspiazu habría usado ese dinero (crédito del Central), para
comprar acciones del Cofiec. Falconí y su familia habrían recibido el
dinero sin entregar las acciones.
LOS ANTERIORES
Ricardo Muñoz Chávez
Fue designado por el Congreso el 12 de noviembre de 1992. Renunció en
1995, en medio del escándalo político suscitado en torno al manejo de la
partida de gastos reservados por parte del vicepresidente Alberto Dahik.
Mauro Intriago Dunn
Posesionado el 24 de octubre de 1995 tras la terna enviada por el
presidente Fabián Alarcón al Congreso Nacional. El 28 de octubre de 1996
fue sindicado por la Corte Suprema de Justicia en el caso Banco
Continental.
John Dunn Barreiro
Fue designado superintendente de Bancos el 28 de Agosto de 1996. Dejó el
cargo el 11 de febrero de 1997, con la caída de Abdalá Bucaram.
José Morillo Batle
Es designado el 20 de febrero de 1997 por el Congreso. Se mantuvo hasta
agosto de 1998, cuando terminó la administración de Fabián Alarcón.
Jorge Egas Peña
Superintendente durante ocho meses, desde el 8 de agosto de 1998 hasta
junio de 1999. Fue enjuiciado políticamente en mayo de 1999, por el
legislador Carlos González (ID) por no haber efectuado un control eficaz
en el sistema financiero nacional.
Jorge Guzmán
Asumió el cargo, luego de ser ministro de Comercio Exterior, el 10 de
junio de 1999. El 1 de febrero de 2000 presentó su renuncia para dirigir
la Secretaría de Finanzas, en la administración de Gustavo Noboa.
Juan Falconí Puig
Es designado el 4 de abril del 2000, por el ministerio de la ley ante la
imposibilidad de lograr un acuerdo en el interior del Congreso.
Destituido el viernes 10 de noviembre tras el juicio político en su
contra seguido por el Congreso.
Nuevo funcionario
El reemplazo de Falconí, deberá ser designado de una terna que envíe el
presidente Gustavo Noboa al Congreso. Los candidatos no podrán ser
empleados de ninguna de las instituciones sujetas al control de la
Superintendencia, ni tener acciones en la banca. (Texto tomado de El
Universo)
experiencia en el sistema financiero y no ser accionista de ningún banco.
A cuatro días de la destitución del superintendente de Bancos, Juan
Falconí, las autoridades judiciales no encuentran un camino para iniciar
las investigaciones y determinar responsables.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) espera que se le remitan los
documentos que probarían irregularidades de personas naturales, jurídicas
y de funcionarios públicos y privados en el sistema financiero nacional
por parte del Congreso.
En la misma espera se encuentra la Fiscalía General del Estado. El fiscal
subrogante, Guillermo Mosquera, señala que pese a que la resolución de
censura y destitución que aprobó el Congreso en contra de Falconí
disponía el envío inmediato de la información, hasta el momento el
Parlamento no ha cumplido tal disposición.
Otros organismos como la Comisión de Control Cívico de la Corrupción
(CCCC) analizan un mecanismo para iniciar las investigaciones y ha
anunciado que no se pronunciarán por el momento.
El presidente de la CCCC, Ramiro Larrea, espera que el Ejecutivo
oficialice su pedido de conversar con este organismo para dar
declaraciones, según lo informaron sus colaboradores.
Varios integrantes de la Comisión argumentan no tener potestad para
emitir criterios sobre la intención del presidente Gustavo Noboa de crear
una comisión especial, para investigar las denuncias hechas durante el
juicio político al censurado Superintendente.
Pero la información que entregó el superintendente en el Congreso y que
recopila nombres, fechas, saldos de cuentas y operaciones vinculadas en
alrededor de 30.000 hojas, es analizada por medios de comunicación, ya
que el sigilo bancario que fue levantado para el juicio político, ya no
está vigente y podría torpedear la investigación.
El analista Juan Carlos Arízaga cree que el levantamiento del sigilo
bancario se aplica solo para efectos del juicio político. Por lo tanto,
no es posible hacer pública la información porque está dirigida al
juzgador, que en este caso es el Congreso, el cual por ley debe
mantenerla en reserva.
Sin embargo, precisa Arízaga, debido a que la información entregada por
Falconí se hizo pública al ser televisada o fue presenciada directamente
por los medios de comunicación en el Congreso, pueden hacer uso de ella,
pues aquí la fuente ya no es directamente el juez.
El ex contralor de la República, Marcelo Merlo, explica que según la Ley
de Instituciones Financieras, todas las normas del sigilo bancario
tienden a proteger las cuentas de los depositantes porque prohíben
divulgar los informes de auditoría realizados por la Superintendencia de
Bancos, los hallazgos realizados por la central de riesgos, los informes
que los bancos recaban a través de su propia organización para conocer el
comportamiento de sus clientes importantes.
Pero la excepción de estas normas se aplica cuando se trata de juicios
por delitos bancarios o informes que da la Superintendencia dentro de un
juicio.
Merlo sostiene que Falconí fue juzgado por el Congreso y todo juicio es
público, por lo que las pruebas llegaron a los legisladores como tal.
El Congreso Nacional es el responsable de su manejo, y por lo tanto, los
medios de comunicación pueden solicitar esa información.
Candidatos
Hasta tanto, el gobierno analiza los nombres de los posibles
reemplazantes de Falconí. Es prematuro dar nombre de candidatos para
ocupar la Superintendencia de Bancos, dijo ayer el secretario de
Comunicación, Alfredo Negrete, quien destacó que el presidente Gustavo
Noboa dispone de 20 días para enviar la terna al Congreso Nacional.
Luego del juicio y censura a Falconí el Gobierno está asimilando una
situación política que en boca del Presidente ha sido definida como
contraria a la estrategia, a la lucha contra la corrupción.
Sobre el perfil del nuevo Superintendente expresó que hay que buscar una
persona profesionalmente capaz, que cumpla los requisitos jurídicos y que
al mismo tiempo asegure una estabilidad.
Subrayó que lamentablemente el Ecuador está demostrando al mundo que
tiene a su principal autoridad de control financiero con un promedio de
seis y siete meses en el cargo, lo que es negativo
Un servidor impecable en la entidad
La investigación y verificación de las declaraciones de bienes deberían
ser una de las herramientas previas para evitar designaciones polémicas
en los cargos como superintendente de Bancos o ministros de Estado en
general.
Así lo especifica la representante de Transparencia Internacional en el
Ecuador, Valeria Merino.
Para esta funcionaria todo se circunscribe a actividades preventivas al
nombramiento. Pero también hay medidas complementarias para establecer
posible enriquecimiento ilícito, como comparar la información sobre los
bienes de los servidores públicos cuando terminan de ejercer su cargo.
Añade que quienes nominan a las autoridades de control deben analizar
también previamente que no mantengan conflictos de intereses.
Pero el tema no se agota en esto. Bajo la perspectiva de Merino, es clave
además que exista permanente acceso a la información del sistema
financiero por parte de la ciudadanía, pues a pretexto del sigilo
bancario no es correcto que un superintendente de Bancos esté amordazado
para hacer pública determinada información.
Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión de Control Cívico de la
Corrupción, opina que el nuevo superintendente debe ser una persona que
inspire confianza al país, "pues se ha visto con desesperación cómo los
grandes grupos económicos han puesto sus peones, sobre todo, en aquellos
para el control del dinero de la ciudadanía".
Rodríguez sostiene que el nuevo funcionario debe tener conocimientos de
tipo financiero y legal y que para ello no necesariamente debe haber
trabajado o estar vinculado con la banca o sectores económicos poderosos.
Condiciones para el juicio
El artículo 116 de la denominada trole 2, que reemplaza al 174 de la Ley
General de Instituciones del Sistema Financiero, determina que antes de
llevar a juicio penal a un Superintendente en funciones o fuera de ellas
se deben cumplir otros trámites.
Para dar inicio a cualquier proceso penal, administrativo o civil, por
cuestiones derivadas del ejercicio de sus funciones, se requerirá que una
comisión de técnicos presente un informe favorable sobre la procedencia
del proceso.
Además del Superintendente de Bancos, la norma incluye a los miembros de
la Junta Bancaria, los directores del Banco Central del Ecuador, los
directores y el gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos,
independientemente de que hayan cesado en los cargos.
La comisión de técnicos será designada por el Presidente de la República
de ternas que para el efecto deberán ser remitidas por el Procurador, el
Contralor y el Consejo de la Judicatura.
Pero antes de este proceso, el juez competente, antes de dar inicio al
respectivo proceso, deberá solicitar al Presidente de la República que
designe a la comisión de técnicos.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia será el juez competente
para sustanciar en primera instancia los procesos en contra de los
funcionarios.
La segunda instancia corresponderá a la Sala de la Corte Suprema de
Justicia que sea competente en razón de la materia.
Los intendentes y directores de la Superintendencia, administradores,
interventores, auditores y liquidadores designados por la entidad,
gozarán de fuero de Corte Superior.
De igual fuero gozarán los administradores temporales de entidades
financieras en saneamiento, así como los designados por la AGD.
La lista se haría pública
"El ex superintendente de Bancos, Juan Falconí, dejó en el Congreso los
documentos con el registro de los depósitos efectuados por los
ecuatorianos hasta el 5 de marzo de 1999 y los retiros realizados hasta
el 11 de marzo de ese año".
De esa forma, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Carlos
González, desmintió al secretario del Congreso, Andrés Aguilar, quien
afirmó que solo había carpetas y no documentos, argumento que hizo suyo
el diputado Marcelo Dotti (PSC) para votar por la censura.
González ofreció procesar todas las denuncias hechas por Falconí en el
juicio, así como aquellas presentadas por los diputados Fernando Rosero
(PRE), Ronald Andrade (ex DP), Carlos Saud (PSC) e Iván Rodríguez (MPD).
Anunció que desde hoy empieza el trabajo para determinar quiénes
descongelaron sus fondos luego de la medida. También saldrán a la luz las
personas que se beneficiaron con los canjes de Certificados de Depósitos
Reprogramados.
Después del juicio a Falconí, más reacciones llegaron. El gerente de la
AGD, Luis Villacís, tendría que acudir al Congreso a explicar la no
entrega completa de los depósitos a los clientes.
El roldosista Víctor Hugo Sicouret dijo: "Yo me comprometo a llevarlo al
Congreso".
Sicouret acompañó a los clientes del Progreso a su protesta a la AGD en
Guayaquil.
La solicitud que tenía prevista (pues no fue recibido) era que la AGD y
la administración del Progreso desistan de adquirir acciones del banco
Cofiec y que los 47 millones de dólares sean entregados a los
depositantes.
Fernando Aspiazu habría usado ese dinero (crédito del Central), para
comprar acciones del Cofiec. Falconí y su familia habrían recibido el
dinero sin entregar las acciones.
LOS ANTERIORES
Ricardo Muñoz Chávez
Fue designado por el Congreso el 12 de noviembre de 1992. Renunció en
1995, en medio del escándalo político suscitado en torno al manejo de la
partida de gastos reservados por parte del vicepresidente Alberto Dahik.
Mauro Intriago Dunn
Posesionado el 24 de octubre de 1995 tras la terna enviada por el
presidente Fabián Alarcón al Congreso Nacional. El 28 de octubre de 1996
fue sindicado por la Corte Suprema de Justicia en el caso Banco
Continental.
John Dunn Barreiro
Fue designado superintendente de Bancos el 28 de Agosto de 1996. Dejó el
cargo el 11 de febrero de 1997, con la caída de Abdalá Bucaram.
José Morillo Batle
Es designado el 20 de febrero de 1997 por el Congreso. Se mantuvo hasta
agosto de 1998, cuando terminó la administración de Fabián Alarcón.
Jorge Egas Peña
Superintendente durante ocho meses, desde el 8 de agosto de 1998 hasta
junio de 1999. Fue enjuiciado políticamente en mayo de 1999, por el
legislador Carlos González (ID) por no haber efectuado un control eficaz
en el sistema financiero nacional.
Jorge Guzmán
Asumió el cargo, luego de ser ministro de Comercio Exterior, el 10 de
junio de 1999. El 1 de febrero de 2000 presentó su renuncia para dirigir
la Secretaría de Finanzas, en la administración de Gustavo Noboa.
Juan Falconí Puig
Es designado el 4 de abril del 2000, por el ministerio de la ley ante la
imposibilidad de lograr un acuerdo en el interior del Congreso.
Destituido el viernes 10 de noviembre tras el juicio político en su
contra seguido por el Congreso.
Nuevo funcionario
El reemplazo de Falconí, deberá ser designado de una terna que envíe el
presidente Gustavo Noboa al Congreso. Los candidatos no podrán ser
empleados de ninguna de las instituciones sujetas al control de la
Superintendencia, ni tener acciones en la banca. (Texto tomado de El
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