BOGOTÁ. El excongresista colombiano Wilson Borja anunció hoy que demandará al Estado por los daños y perjuicios derivados de las acusaciones en su contra por presuntos nexos con las FARC, desestimadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras varios años de investigación.
Borja confirmó que la CSJ archivó ayer la causa en contra suya y, según sus palabras, desbarató así un montaje con el que el ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) buscó generar un escándalo paralelo al de nexos de polÍticos afines a él con grupos paramilitares.
"Mi caso está inscrito dentro de una persecución de Uribe contra la oposición y para la que se valió del (entonces) fiscal (general) Mario Iguarán", sostuvo el político del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
La causa contra Borja partió de denuncias gubernamentales basadas en archivos informáticos encontrados en los computadores de "Raúl Reyes", segundo al mando y portavoz internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien murió en marzo de 2008 en un bombardeo del Ejército de Colombia a un campamento rebelde en Ecuador.
Esos documentos fueron aportados a procesos contra otros congresistas o excongresistas, como la senadora liberal Piedad Córdoba, quien a finales del año pasado fue destituida e inhabilitada por 18 años para el ejercicio de cargos públicos por el procurador general, Alejandro Ordóñez.
El director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano, también afronta un proceso con base en estos archivos, por los que también fue procesado JoaquÍn Pérez, supuesto rebelde detenido el pasado abril en Venezuela y deportado luego a Colombia.
Pérez, exiliado en Suecia, dirigía la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), con sede en Estocolmo, la cual publica comunicados de las FARC.
En el caso de Borja, la Sala Penal de la CSJ anunció ayer que habÍa dictado un "auto inhibitorio (archivo del proceso)" a favor del exrepresentante a la Cámara y exsindicalista.
"La Corte acogió la tesis de que el hecho de que no se hubieran respetado los protocolos había viciado cualquier posibilidad de que se utilizaran como prueba", explicó el exlegislador.
Para Borja, este argumento puede tener aplicación en otros casos en los que obren las mismas pruebas e, incluso, en el disciplinario contra Piedad Córdoba.
"Si la Corte Suprema dice que pruebas con las que me destituyeron son ilícitas, qué piensan ustedes que sucederá?", preguntó la exsenadora a sus seguidores por Twitter, tras advertir de que "fuentes consultadas indicaron que todos los procesos que edificaron con base en estas pruebas se caerían".
El excongresista Borja consideró que la decisión en su favor hunde la pretensión de Uribe de alimentar lo que se denominó la "FARCpolítica", un escándalo paralelo al de la "parapolítica".
Este último caso salpicó a funcionarios del Estado con las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que ha llevado a la CSJ a procesar a más setenta parlamentarios, la mayorÍa de la coalición de Uribe. (EFE)
Borja confirmó que la CSJ archivó ayer la causa en contra suya y, según sus palabras, desbarató así un montaje con el que el ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) buscó generar un escándalo paralelo al de nexos de polÍticos afines a él con grupos paramilitares.
"Mi caso está inscrito dentro de una persecución de Uribe contra la oposición y para la que se valió del (entonces) fiscal (general) Mario Iguarán", sostuvo el político del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).
La causa contra Borja partió de denuncias gubernamentales basadas en archivos informáticos encontrados en los computadores de "Raúl Reyes", segundo al mando y portavoz internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quien murió en marzo de 2008 en un bombardeo del Ejército de Colombia a un campamento rebelde en Ecuador.
Esos documentos fueron aportados a procesos contra otros congresistas o excongresistas, como la senadora liberal Piedad Córdoba, quien a finales del año pasado fue destituida e inhabilitada por 18 años para el ejercicio de cargos públicos por el procurador general, Alejandro Ordóñez.
El director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano, también afronta un proceso con base en estos archivos, por los que también fue procesado JoaquÍn Pérez, supuesto rebelde detenido el pasado abril en Venezuela y deportado luego a Colombia.
Pérez, exiliado en Suecia, dirigía la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol), con sede en Estocolmo, la cual publica comunicados de las FARC.
En el caso de Borja, la Sala Penal de la CSJ anunció ayer que habÍa dictado un "auto inhibitorio (archivo del proceso)" a favor del exrepresentante a la Cámara y exsindicalista.
"La Corte acogió la tesis de que el hecho de que no se hubieran respetado los protocolos había viciado cualquier posibilidad de que se utilizaran como prueba", explicó el exlegislador.
Para Borja, este argumento puede tener aplicación en otros casos en los que obren las mismas pruebas e, incluso, en el disciplinario contra Piedad Córdoba.
"Si la Corte Suprema dice que pruebas con las que me destituyeron son ilícitas, qué piensan ustedes que sucederá?", preguntó la exsenadora a sus seguidores por Twitter, tras advertir de que "fuentes consultadas indicaron que todos los procesos que edificaron con base en estas pruebas se caerían".
El excongresista Borja consideró que la decisión en su favor hunde la pretensión de Uribe de alimentar lo que se denominó la "FARCpolítica", un escándalo paralelo al de la "parapolítica".
Este último caso salpicó a funcionarios del Estado con las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que ha llevado a la CSJ a procesar a más setenta parlamentarios, la mayorÍa de la coalición de Uribe. (EFE)
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