Espaldarazo a la impunidad

Después de 35 días, el pasado viernes terminó el paro del IESS y no, como
podría suponerse, con un acuerdo suscrito entre las autoridades de la
entidad y los dirigentes de la medida de hecho, sino entre ellos y el
ministro de Gobierno, Marcelo Merlo.
El acuerdo contempla el aumento del 20% en las remuneraciones y la
suspensión de los sumarios administrativos que se instauraron contra los
dirigentes del paro.
La intervención gubernamental aceptó una vez más, sin beneficio de
inventario, la burla a la disposición constitucional que prohíbe paralizar
los servicios básicos. En los 23 años de vigencia de la Constitución, esta
prohibición es letra muerta. No hay gobierno, ni funcionario público que
tengan la entereza suficiente como para hacerla cumplir, en ejercicio
legítimo de la autoridad.
Lo más negativo y pernicioso para la conciencia pública es la impunidad. Sin
que importen un bledo los 35 días de suspensión de los servicios a los
afiliados, ni haber negado la atención y hasta los alimentos a los enfermos
en los hospitales y el pago de las pensiones de jubilación y montepío en las
ventanillas de la institución, el acuerdo acepta la impunidad al cerrar la
vía a los sumarios administrativos, la forma más elemental para establecer
responsabilidades y sanciones.
El Gobierno se saltó a la torera el principio de autoridad: la del director
del IESS, economista Patricio Llerena, queda debilitada. La actitud firme de
este funcionario en defensa de los intereses de la entidad y de los
principios constitucionales no contó con el apoyo del régimen.
Sin embargo, los hechos que pueden entrar al campo de la responsabilidad
penal tampoco deben quedar en el limbo, ni librados al perdón y el olvido
por la actitud complaciente del ministro de Gobierno. La renuncia a examinar
la conducta de los protagonistas del paro equivale a una forma vergonzosa de
dar el espaldarazo oficial a la impunidad.
Mientras se mantuvo el paro no faltaron contingentes de empleados y
trabajadores en los locales del IESS; pero cuando apenas se reinició la
atención, el lunes, se mantuvieron cerradas ventanillas y brillaron por su
ausencia algunos de ellos. Por supuesto, estarán a tiempo para cobrar sus
sueldos aunque sin trabajar en los 35 días.
Cuando el IESS se convirtió en un botín político, infló su burocracia; a
pesar de los esfuerzos por reducirla, todavía hay exceso de personal. La
política de remuneraciones debería ligarse al proceso de racionalización
administrativa; y el aumento de los salarios, a la evaluación y los
resultados de desempeño. Solo el personal necesario y mejor remunerado es
una exigencia de sentido común.
El IESS es una entidad de servicio público, pero sus recursos no son del
Estado, sino que pertenecen a los afiliados. Pero parece que olvidaron
esta verdad tan sencilla como evidente tanto el Gobierno como los promotores
del paro. Porque si la tuvieran en mente, se impondría el manejo autónomo y
técnico de la entidad que no deja de sufrir menoscabo al improvisar una
curiosa mediación política superior, la del ministro de Gobierno, como se
ha hecho con la suscripción del acuerdo, para resolver un problema que
compete a las autoridades del IESS. Por su parte, los dirigentes del paro
olvidaron que tienen obligación de responder, en primer lugar, ante los
afiliados, con cuyos aportes ellos reciben sus remuneraciones y funciona el
sistema de seguridad social.
Tras un tortuoso proceso de casi dos años, en enero se aprobaron las
reformas al IESS; sin embargo, la entidad no experimenta aún cambio
sustancial alguno: los jubilados reciben todavía miserables pensiones y las
prestaciones mantienen las mismas limitaciones y carencias.