Quito. 12 jul 99. Partiendo de un dudoso contrato y después de
75 años de operaciones, cuatro arbitrajes y un convenio, Emelec
demanda al Estado el pago de 1.200 millones de dólares. Dinero
suficiente para rehabilitar al Banco del Progreso y para también
hundir al Ecuador. ¿Quién le debe a quién?
Esta historia está celebrando sus bodas de diamante. Desde hace
75 años la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. brinda energÃa
eléctrica a Guayaquil. En 1925 firmó un contrato con la Ilustre
Municipalidad y funcionó asÃ, sin problemas durante 40 años,
hasta que el Estado decidió entrar en el negocio. Desde allÃ, en
1966, nada ha sido claro. Ambas partes, la Empresa y el Estado,
parecerÃa que han preferido dejar las cosas al tiempo y con ello
complicarlas más. El meollo del problema ha sido el denominado
"cruce de cuentas". Es decir, determinar quién le debe a quién.
Ninguna de las partes presenta cifras exactas, ambos prefieren
hablar de aproximaciones. Uno de los involucrados y que
representa al Estado dice que Emelec está debiendo 140 millones
de dólares. Al contrario, ellos alegan que el Estado ha incurrido
en incumplimientos y que por deudas, más daños y perjuicios,
deben recibir 1.200 millones de dólares. Eso es nada menos que
toda la Reserva Monetaria Internacional del Ecuador. ¡Menudo
problema!
Y por si fuera poco, el propietario de la Empresa Eléctrica del
Ecuador Inc. (Emelec) es el señor Fernando Aspiazu Seminario,
dueño del Banco del Progreso. Esto complica más el asunto porque
hábilmente se ha dicho que si el Estado no arregla el problema
a la brevedad, el futuro de los 720 mil clientes del banco es
incierto. Y como la fecha tope para la capitalización del banco
intervenido está muy cerca y el cruce de cuentas entre el Estado
y Emelec no se ha dado, el banco no podrÃa recapitalizar y los
clientes, ahorristas que nada tienen que ver en esta historia de
pleitos, pagarán los platos rotos y esperarán, salvo un milagro
de última hora, a que la Agencia de GarantÃa de Depósitos -AGD-
les devuelva sus dineros.
¿DECRETO O CONTRATO?
Fue el 29 de octubre de 1925 cuando, frente al escribano Isaac
Villalva, la Ilustre Municipalidad de Guayaquil y una compañÃa
norteamericana denominada Empresa Eléctrica del Ecuador Inc.
firmaron un contrato de concesión por 60 años para proveer
energÃa eléctrica a Guayaquil.
"A cambio de los derechos y excensiones tributarias que el
contrato le garantiza, Emelec debÃa pagar al Concejo -durante la
vigencia del contrato- el 2% sobre la suma que reciba como
producto bruto de los suministros de energÃa eléctrica", recuerda
Raúl Vallejo en su libro Emelec, cuando la luz es muerte.
Aduciendo que la ciudad habÃa crecido demasiado y que el Estado
debÃa tener un papel más decisivo en la economÃa nacional, pocos
meses antes de entregar el poder, el 10 de marzo de 1966, la
Junta Militar dictó el decreto ley 580 en el que en su artÃculo
uno dice: "Se autoriza a los señores ministros de Finanzas y de
Industrias y Comercio, a fin de que convengan, obligando al
gobierno de la República con los personeros de la Empresa
Eléctrica del Ecuador Inc. en la celebración de un contrato de
conformidad con las siguientes cláusulas o estipulaciones".
Esas cláusulas o estipulaciones eran bastante similares a las del
contrato original, excepto algunos puntos en que Emelec salÃa
ganando. Lo más novedoso fue la disposición que mandaba a que las
tarifas podÃan ser revisadas una vez al año para que rindan el
ingreso bruto indispensable para permitir que Emelec obtenga un
"rendimiento neto garantizado de no menos del 9.5% anual sobre
su capital neto invertido en dólares". Emelec se convirtió asÃ
en el único negocio del paÃs que por ley no podÃa perder ni un
centavo. ¿Por qué la dictadura fue tan benevolente con Emelec?
Pero con ese decreto hay otro detalle. Nunca se elaboró el
contrato propiamente dicho. Lo que hicieron las partes fue acudir
a una notarÃa y protocolizar el decreto. De ahà que siempre se
ha referido a este documento como un "contrato derivado del
decreto ley 580". Para el doctor Aspiazu, dueño y apoderado legal
de Emelec, "el régimen jurÃdico económico del decreto 580 no solo
tiene la jerarquÃa de una norma legal sino que, además, el Estado
y mi representada quedaron vinculados contractualmente por sus
disposiciones". Pero, el actual subprocurador general, doctor
Leonello Bertini, no piensa igual. Para esta autoridad "no existe
jurÃdicamente el contrato". Del reconocimiento o no de la
existencia legal del mismo dependen muchos de los actos que
históricamente se ha realizado en beneficio o perjuicio de ambas
partes.
LOS ARBITRAJES
En octubre de 1982, el ministro Gustavo Galindo notificó a Emelec
la voluntad del Gobierno de dar por terminado el contrato de
concesión que fenecÃa el 29 de octubre de 1985. La empresa
respondió pidiendo que, de acuerdo al contrato, se establezca el
"justo precio" de sus activos. Entonces se pensó en conformar la
Comisión Especial del Sistema Eléctrico de Guayaquil. Esa
comisión nunca funcionó porque la eléctrica consideró que
afectaba sus legÃtimos intereses. Entonces el contrato terminó
y empezó a jugar el tiempo suplementario indefinido.
El 10 de abril de 1990 el Ministerio de EnergÃa y Emelec acuerdan
recurrir a un arbitraje para sanjar las diferencias. Entonces el
economista Alfredo Mancero Samán representó al Estado y el
contador Ulises RodrÃguez Bruñel a Emelec. Como no lograron
ponerse de acuerdo, cada uno emitió un laudo diferente.
Entonces se decide pedir al BID que nombre una lista de tres
posibles árbitros dirimentes. El escogido fue el ingeniero Jorge
Dengo Obregón, ex vicepresidente de Costa Rica. El fallo estuvo
listo a mediados de 1991 y le daba la razón a Emelec en la
mayorÃa de los reclamos. Sin embargo, en varios sectores del paÃs
lanzaron crÃticas al fallo emitido, según dijeron, violando la
ley al haber actuado como juez un ciudadano extranjero. El
Ministerio de EnergÃa desconoció el fallo.
A pesar de las disputas legales que Emelec inició para que el
Estado respete el laudo arbitral de Dengo, se llegó a un acuerdo
en febrero de 1992 para que un tribunal arbitral nuevo decida
sobre cuál era el "justo precio" que debÃa recibir Emelec por sus
activos al momento de terminar definitivamente el contrato.
El tribunal estuvo integrado por el doctor Edmundo Durán DÃaz en
representación del Estado, el señor Carlos Gil Loor por Emelec
y ambos seleccionaron de mutuo acuerdo al ingeniero Gustavo
Galindo como tercer árbitro. El 21 de mayo del 92 emitieron su
fallo en que no solo se limitaron a determinar el "justo precio"
de los activos (43 millones de dólares), sino que también
cuantificaron cuánto le debÃa el Estado a Emelec (51 millones de
dólares). Se olvidaron sin embargo de cuantificar la deuda de
Emelec con Inecel y Petroecuador por compra de energÃa y
combustible.
El Procurador impugnó ese laudo arbitral que ambas partes lo
consideraron lesivo a sus intereses. En medio de las disputas,
Emelec insistió en la aplicación del laudo de Dengo, pero esta
vez ante el tribunal de instancia del Distrito de Columbia, en
los Estados Unidos. Lo hicieron amparados en la Convención de
Nueva York sobre el reconocimiento de sentencias arbitrales
extranjeras de 1958, de la cual es signatario el Ecuador. AllÃ
se presentó Emelec como una empresa norteamericana establecida
bajo las leyes del estado de Maine.
ACUERDO TRANSACCIONAL
El 29 de agosto de 1995 en la Gobernación del Guayas se firmó un
convenio, elevado a escritura pública, mediante el cual las
partes "transigÃan en sus discrepancias, dando por terminados los
pleitos pendientes". Previo al acuerdo, el ministro de EnergÃa
Galo Abril logró que Emelec retirase la demanda que habÃan
planteado en Estados Unidos.
Según este acuerdo se nombraba una firma internacional para
avaluar a valor de reposición los activos de distribución de
Emelec y se enceraban las deudas entre Emelec y el Estado. Emelec
tenÃa que además transferir los activos de generación a otra
empresa de tal manera que en el patrimonio de Emelec queden
únicamente instalaciones de distribución y subtransmisión. AsÃ
nació Electroecuador. Las nuevas planillas de Inecel deberÃan ser
pagadas mensualmente con un retraso máximo de 30 dÃas. En
contraparte el Estado debÃa permitir que Emelec siga operando
hasta que se firme un nuevo contrato de concesión. Si Emelec era
la adjudicataria debÃa entregar al Estado 57 millones de dólares.
Según Emelec, el Estado incumplió el acuerdo al no aceptar
nuevamente la vigencia del decreto 580. Tampoco hubo acuerdo en
el valor de los activos y por lo tanto nunca se convocó a licitar
la concesión de energÃa eléctrica para el cantón Guayaquil. Y
siguió pasando el tiempo. Y vino un nuevo arbitraje.
La materia del arbitraje en el que participaron por el Estado el
doctor Ramón Jiménez Carbo, actual procurador general del Estado
y por Emelec el doctor Hernán Pérez Loose era la falta de
aprobación del informe anual de 1995, cuyas cuentas habÃan sido
hechas por Emelec aplicando el famoso decreto 580. El tribunal
falló diciendo que el informe anual habÃa sido aprobado por
silencio administrativo. En ese informe y por el año 95 las
cuentas hechas por Emelec estaban a favor suyo en cinco millones
de sucres.
En septiembre de 1996 el ministro roldosista Alfredo Adum decidió
intervenir Emelec y luego el informe del ejercicio económico de
1996 también fue objetado, igual sucedió con el informe del 97.
La situación arreglada en 1995 con el Convenio, se volvió a
complicar.
Asà llegamos a 1999 en que el Estado y Emelec acuerdan un nuevo
arbitraje. La condición era que una vez saneadas las cuentas se
procederÃa inmediatamente a la concesión. Los nuevos árbitros
fueron Walter Spurrier, designado por el Ministerio de EnergÃa
y Eduardo RodrÃguez Chirillo, por Emelec.
En la demanda que presentó Emelec ante el tribunal arbitral, en
febrero del 99, se desconoce el acta transaccional de 1995 y
acusando al Estado de incumplimiento desde 1982, 17 años atrás,
se exige una indemnización que supera los mil millones de
dólares.
Como Inecel ya desapareció en marzo, el Conelec asume la
representación legal y anuncia públicamente que la deuda de
Emelec con el Estado estarÃa aproximadamente en 190 millones de
dólares y que lo que el Estado le debe a Emelec bordea los 50
millones. Es decir que Emelec le deberÃa 140 millones de dólares.
Las cifras exactas no están disponibles.
Todo fracasó el cinco de abril cuando el subprocurador Bertini
comunicó a los árbitros que el arbitrar teniendo como base el
decreto 580 era una ilegalidad ya que ese "contrato",
jurÃdicamente no existe. Spurrier renunció y todo quedó en nada.
BANCO DEL PROGRESO
En marzo, con el cierre del Banco del Progreso, se anunció que
una vez hecha la concesión de Emelec, ésta serÃa vendida
inmediatamente y que ese dinero servirÃa para la capitalización
del Banco del Progreso. Como falló el arbitraje por ilegal, la
concesión deberá esperar y el Banco del Progreso no tendrá dinero
para su ansiada capitalización y reapertura.
Por si fuera poco, el Ministerio de EnergÃa está preparando una
demanda para reclamar por vÃa coactiva los valores que Emelec le
adeuda a Inecel y a Pretrocomercial por compra de energÃa y
combustible durante cuatro años. Por su parte, el abogado de
Emelec estarÃa por seguir el mismo camino y plantear otra demanda
judicial para reclamar lo que por medio de tantos arbitrajes no
ha logrado.
Este cuento de nunca acabar y de mil enredos, según el abogado
Juan Carlos Bacigalupo, "exprofesamente lo hicieron asà sus
autores para que nadie lo entienda. Para que los escritores,
periodistas y ciudadanos no puedan opinar con suficiente
fundamento jurÃdico, para que nadie atine, para que nadie
encuentre las trampas". Por todo esto las cuentas de Emelec
resultan como aquel cuento infantil El cuento del gallo pelón.
En 1995 se firmó un acuerdo mediante el cual las deudas de parte
y parte quedaban en cero. No funcionó.
Emelec le debe al Estado 140 millones de dólares por energÃa y
combustible más 450 millones por la concesión. (Texto tomado de
La Revista Vistazo)
75 años de operaciones, cuatro arbitrajes y un convenio, Emelec
demanda al Estado el pago de 1.200 millones de dólares. Dinero
suficiente para rehabilitar al Banco del Progreso y para también
hundir al Ecuador. ¿Quién le debe a quién?
Esta historia está celebrando sus bodas de diamante. Desde hace
75 años la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. brinda energÃa
eléctrica a Guayaquil. En 1925 firmó un contrato con la Ilustre
Municipalidad y funcionó asÃ, sin problemas durante 40 años,
hasta que el Estado decidió entrar en el negocio. Desde allÃ, en
1966, nada ha sido claro. Ambas partes, la Empresa y el Estado,
parecerÃa que han preferido dejar las cosas al tiempo y con ello
complicarlas más. El meollo del problema ha sido el denominado
"cruce de cuentas". Es decir, determinar quién le debe a quién.
Ninguna de las partes presenta cifras exactas, ambos prefieren
hablar de aproximaciones. Uno de los involucrados y que
representa al Estado dice que Emelec está debiendo 140 millones
de dólares. Al contrario, ellos alegan que el Estado ha incurrido
en incumplimientos y que por deudas, más daños y perjuicios,
deben recibir 1.200 millones de dólares. Eso es nada menos que
toda la Reserva Monetaria Internacional del Ecuador. ¡Menudo
problema!
Y por si fuera poco, el propietario de la Empresa Eléctrica del
Ecuador Inc. (Emelec) es el señor Fernando Aspiazu Seminario,
dueño del Banco del Progreso. Esto complica más el asunto porque
hábilmente se ha dicho que si el Estado no arregla el problema
a la brevedad, el futuro de los 720 mil clientes del banco es
incierto. Y como la fecha tope para la capitalización del banco
intervenido está muy cerca y el cruce de cuentas entre el Estado
y Emelec no se ha dado, el banco no podrÃa recapitalizar y los
clientes, ahorristas que nada tienen que ver en esta historia de
pleitos, pagarán los platos rotos y esperarán, salvo un milagro
de última hora, a que la Agencia de GarantÃa de Depósitos -AGD-
les devuelva sus dineros.
¿DECRETO O CONTRATO?
Fue el 29 de octubre de 1925 cuando, frente al escribano Isaac
Villalva, la Ilustre Municipalidad de Guayaquil y una compañÃa
norteamericana denominada Empresa Eléctrica del Ecuador Inc.
firmaron un contrato de concesión por 60 años para proveer
energÃa eléctrica a Guayaquil.
"A cambio de los derechos y excensiones tributarias que el
contrato le garantiza, Emelec debÃa pagar al Concejo -durante la
vigencia del contrato- el 2% sobre la suma que reciba como
producto bruto de los suministros de energÃa eléctrica", recuerda
Raúl Vallejo en su libro Emelec, cuando la luz es muerte.
Aduciendo que la ciudad habÃa crecido demasiado y que el Estado
debÃa tener un papel más decisivo en la economÃa nacional, pocos
meses antes de entregar el poder, el 10 de marzo de 1966, la
Junta Militar dictó el decreto ley 580 en el que en su artÃculo
uno dice: "Se autoriza a los señores ministros de Finanzas y de
Industrias y Comercio, a fin de que convengan, obligando al
gobierno de la República con los personeros de la Empresa
Eléctrica del Ecuador Inc. en la celebración de un contrato de
conformidad con las siguientes cláusulas o estipulaciones".
Esas cláusulas o estipulaciones eran bastante similares a las del
contrato original, excepto algunos puntos en que Emelec salÃa
ganando. Lo más novedoso fue la disposición que mandaba a que las
tarifas podÃan ser revisadas una vez al año para que rindan el
ingreso bruto indispensable para permitir que Emelec obtenga un
"rendimiento neto garantizado de no menos del 9.5% anual sobre
su capital neto invertido en dólares". Emelec se convirtió asÃ
en el único negocio del paÃs que por ley no podÃa perder ni un
centavo. ¿Por qué la dictadura fue tan benevolente con Emelec?
Pero con ese decreto hay otro detalle. Nunca se elaboró el
contrato propiamente dicho. Lo que hicieron las partes fue acudir
a una notarÃa y protocolizar el decreto. De ahà que siempre se
ha referido a este documento como un "contrato derivado del
decreto ley 580". Para el doctor Aspiazu, dueño y apoderado legal
de Emelec, "el régimen jurÃdico económico del decreto 580 no solo
tiene la jerarquÃa de una norma legal sino que, además, el Estado
y mi representada quedaron vinculados contractualmente por sus
disposiciones". Pero, el actual subprocurador general, doctor
Leonello Bertini, no piensa igual. Para esta autoridad "no existe
jurÃdicamente el contrato". Del reconocimiento o no de la
existencia legal del mismo dependen muchos de los actos que
históricamente se ha realizado en beneficio o perjuicio de ambas
partes.
LOS ARBITRAJES
En octubre de 1982, el ministro Gustavo Galindo notificó a Emelec
la voluntad del Gobierno de dar por terminado el contrato de
concesión que fenecÃa el 29 de octubre de 1985. La empresa
respondió pidiendo que, de acuerdo al contrato, se establezca el
"justo precio" de sus activos. Entonces se pensó en conformar la
Comisión Especial del Sistema Eléctrico de Guayaquil. Esa
comisión nunca funcionó porque la eléctrica consideró que
afectaba sus legÃtimos intereses. Entonces el contrato terminó
y empezó a jugar el tiempo suplementario indefinido.
El 10 de abril de 1990 el Ministerio de EnergÃa y Emelec acuerdan
recurrir a un arbitraje para sanjar las diferencias. Entonces el
economista Alfredo Mancero Samán representó al Estado y el
contador Ulises RodrÃguez Bruñel a Emelec. Como no lograron
ponerse de acuerdo, cada uno emitió un laudo diferente.
Entonces se decide pedir al BID que nombre una lista de tres
posibles árbitros dirimentes. El escogido fue el ingeniero Jorge
Dengo Obregón, ex vicepresidente de Costa Rica. El fallo estuvo
listo a mediados de 1991 y le daba la razón a Emelec en la
mayorÃa de los reclamos. Sin embargo, en varios sectores del paÃs
lanzaron crÃticas al fallo emitido, según dijeron, violando la
ley al haber actuado como juez un ciudadano extranjero. El
Ministerio de EnergÃa desconoció el fallo.
A pesar de las disputas legales que Emelec inició para que el
Estado respete el laudo arbitral de Dengo, se llegó a un acuerdo
en febrero de 1992 para que un tribunal arbitral nuevo decida
sobre cuál era el "justo precio" que debÃa recibir Emelec por sus
activos al momento de terminar definitivamente el contrato.
El tribunal estuvo integrado por el doctor Edmundo Durán DÃaz en
representación del Estado, el señor Carlos Gil Loor por Emelec
y ambos seleccionaron de mutuo acuerdo al ingeniero Gustavo
Galindo como tercer árbitro. El 21 de mayo del 92 emitieron su
fallo en que no solo se limitaron a determinar el "justo precio"
de los activos (43 millones de dólares), sino que también
cuantificaron cuánto le debÃa el Estado a Emelec (51 millones de
dólares). Se olvidaron sin embargo de cuantificar la deuda de
Emelec con Inecel y Petroecuador por compra de energÃa y
combustible.
El Procurador impugnó ese laudo arbitral que ambas partes lo
consideraron lesivo a sus intereses. En medio de las disputas,
Emelec insistió en la aplicación del laudo de Dengo, pero esta
vez ante el tribunal de instancia del Distrito de Columbia, en
los Estados Unidos. Lo hicieron amparados en la Convención de
Nueva York sobre el reconocimiento de sentencias arbitrales
extranjeras de 1958, de la cual es signatario el Ecuador. AllÃ
se presentó Emelec como una empresa norteamericana establecida
bajo las leyes del estado de Maine.
ACUERDO TRANSACCIONAL
El 29 de agosto de 1995 en la Gobernación del Guayas se firmó un
convenio, elevado a escritura pública, mediante el cual las
partes "transigÃan en sus discrepancias, dando por terminados los
pleitos pendientes". Previo al acuerdo, el ministro de EnergÃa
Galo Abril logró que Emelec retirase la demanda que habÃan
planteado en Estados Unidos.
Según este acuerdo se nombraba una firma internacional para
avaluar a valor de reposición los activos de distribución de
Emelec y se enceraban las deudas entre Emelec y el Estado. Emelec
tenÃa que además transferir los activos de generación a otra
empresa de tal manera que en el patrimonio de Emelec queden
únicamente instalaciones de distribución y subtransmisión. AsÃ
nació Electroecuador. Las nuevas planillas de Inecel deberÃan ser
pagadas mensualmente con un retraso máximo de 30 dÃas. En
contraparte el Estado debÃa permitir que Emelec siga operando
hasta que se firme un nuevo contrato de concesión. Si Emelec era
la adjudicataria debÃa entregar al Estado 57 millones de dólares.
Según Emelec, el Estado incumplió el acuerdo al no aceptar
nuevamente la vigencia del decreto 580. Tampoco hubo acuerdo en
el valor de los activos y por lo tanto nunca se convocó a licitar
la concesión de energÃa eléctrica para el cantón Guayaquil. Y
siguió pasando el tiempo. Y vino un nuevo arbitraje.
La materia del arbitraje en el que participaron por el Estado el
doctor Ramón Jiménez Carbo, actual procurador general del Estado
y por Emelec el doctor Hernán Pérez Loose era la falta de
aprobación del informe anual de 1995, cuyas cuentas habÃan sido
hechas por Emelec aplicando el famoso decreto 580. El tribunal
falló diciendo que el informe anual habÃa sido aprobado por
silencio administrativo. En ese informe y por el año 95 las
cuentas hechas por Emelec estaban a favor suyo en cinco millones
de sucres.
En septiembre de 1996 el ministro roldosista Alfredo Adum decidió
intervenir Emelec y luego el informe del ejercicio económico de
1996 también fue objetado, igual sucedió con el informe del 97.
La situación arreglada en 1995 con el Convenio, se volvió a
complicar.
Asà llegamos a 1999 en que el Estado y Emelec acuerdan un nuevo
arbitraje. La condición era que una vez saneadas las cuentas se
procederÃa inmediatamente a la concesión. Los nuevos árbitros
fueron Walter Spurrier, designado por el Ministerio de EnergÃa
y Eduardo RodrÃguez Chirillo, por Emelec.
En la demanda que presentó Emelec ante el tribunal arbitral, en
febrero del 99, se desconoce el acta transaccional de 1995 y
acusando al Estado de incumplimiento desde 1982, 17 años atrás,
se exige una indemnización que supera los mil millones de
dólares.
Como Inecel ya desapareció en marzo, el Conelec asume la
representación legal y anuncia públicamente que la deuda de
Emelec con el Estado estarÃa aproximadamente en 190 millones de
dólares y que lo que el Estado le debe a Emelec bordea los 50
millones. Es decir que Emelec le deberÃa 140 millones de dólares.
Las cifras exactas no están disponibles.
Todo fracasó el cinco de abril cuando el subprocurador Bertini
comunicó a los árbitros que el arbitrar teniendo como base el
decreto 580 era una ilegalidad ya que ese "contrato",
jurÃdicamente no existe. Spurrier renunció y todo quedó en nada.
BANCO DEL PROGRESO
En marzo, con el cierre del Banco del Progreso, se anunció que
una vez hecha la concesión de Emelec, ésta serÃa vendida
inmediatamente y que ese dinero servirÃa para la capitalización
del Banco del Progreso. Como falló el arbitraje por ilegal, la
concesión deberá esperar y el Banco del Progreso no tendrá dinero
para su ansiada capitalización y reapertura.
Por si fuera poco, el Ministerio de EnergÃa está preparando una
demanda para reclamar por vÃa coactiva los valores que Emelec le
adeuda a Inecel y a Pretrocomercial por compra de energÃa y
combustible durante cuatro años. Por su parte, el abogado de
Emelec estarÃa por seguir el mismo camino y plantear otra demanda
judicial para reclamar lo que por medio de tantos arbitrajes no
ha logrado.
Este cuento de nunca acabar y de mil enredos, según el abogado
Juan Carlos Bacigalupo, "exprofesamente lo hicieron asà sus
autores para que nadie lo entienda. Para que los escritores,
periodistas y ciudadanos no puedan opinar con suficiente
fundamento jurÃdico, para que nadie atine, para que nadie
encuentre las trampas". Por todo esto las cuentas de Emelec
resultan como aquel cuento infantil El cuento del gallo pelón.
En 1995 se firmó un acuerdo mediante el cual las deudas de parte
y parte quedaban en cero. No funcionó.
Emelec le debe al Estado 140 millones de dólares por energÃa y
combustible más 450 millones por la concesión. (Texto tomado de
La Revista Vistazo)
Más en el