Quito. 14 jul 99. Un patrimonio negativo millonario, exceso en
los créditos vinculados, depósitos sin registros y garantías
insuficientes para capitalizar al Banco utilizando empresas que
deben más de lo que valen son las irregularidades que Fernando
Aspiazu, presidente ejecutivo del Banco del Progreso, cometió al
administrar la entidad bancaria.
Pecados que, detectados en la auditoría internacional realizada
por la firma Deloitte & Touche, colocaron a la entidad en una
situación insostenible. "La única salida para que los
depositantes recuperaran sus recursos era un proceso de
saneamiento", concluyó el presidente de la Agencia de Garantía
de Depósitos (AGD), Jorge Guzmán.
Según la Deloitte & Touche, los balances del Banco al 31 de marzo
registraron un patrimonio negativo de 768 millones de dólares,
lo que significa una pérdida de ocho veces su capital que era de
100 millones de dólares.
Se detectó que los créditos vinculados con los administradores
y accionistas del Banco ascienden a 550 millones de dólares,
cuando la Ley solo permite que se entreguen hasta 60 millones a
empresas relacionadas con una institución financiera.
El Banco deberá, según Guzmán, cancelar el exceso de los créditos
vinculados (490 millones de dólares) hasta el 13 de agosto, de
acuerdo con el plazo determinado por la Ley General del Sistema
Financiero.
Las auditorías determinaron que el 2 de marzo el Banco del
Progreso Limited, subsidiaria del Progreso que opera en el
Ecuador, contabilizó depósitos por 442 millones de dólares que
no estaban registrados en ninguna de las dos instituciones.
En contrapartida, explicó Guzmán, incorporó al activo del Banco,
un fideicomiso por el mismo valor. "Estos recursos que
aparecieron sin mayor explicación serán investigados para
determinar a quién o quiénes pertenecen".
Aspiazu cometió una cuarta irregularidad: conformó un
fideicomiso nacional por 40 millones de dólares, para respaldar
la capitalización del Banco, con empresas que tienen deudas (con
la misma institución) superiores a su valor.
El segundo fideicomiso, administrado por Hernán Pérez Loose,
estaba conformado por Emelec y Electroecuador, empresas en las
que Aspiazu era el accionista mayoritario.
REMOCION DE LOS ACTUALES ADMINISTRADORES
Guzmán insistió que según la Ley de la AGD, se ha destituido a
los administradores de la institución y se han suspendido los
derechos de todos sus accionistas. Las operaciones de Banco y sus
activos y pasivos pasarán a manos de la AGD.
César Rumbea, fue designado como el nuevo administrador temporal
de la institución, quien estará a cargo del manejo administativo
y financiero hasta que dure el proceso de saneamiento que no
necesariamente significa a liquidación del Banco, según Guzmán.
Aseguró que si existe la persona o empresa "solvente" interesada
en adquirir al Banco, "en buena hora", de lo contrario será
liquidada.
Las reformas a la AGD, que discute el Congreso, permitiría
incluso un traspaso de los activos y pasivos de la entidad a
favor de la propia AGD o de otra institución financiera, cuyo
capital sea mayoritariamente del Estado, sin recurrir para ello
a una subasta pública.
El Banco del Progreso necesitaba para capitalizarse un total de
873 millones de dólares: cifra equivalente a las dos terceras
partes de la Reserva Monetaria Internacional ó cuatro puntos del
Producto Interno Bruto (PIB), más de lo que el país necesita para
cubrir el déficit de las finanzas públicas.(AMC)
COMO SE DARA EL SANEAMIENTO
No hay medidas intermedias para el Banco del Progreso. "El
proceso de saneamiento en el que entró desde ayer implica su
desaparición del sistema financiero". En una primera explicación
del proceso que seguirá la institución, Pablo Better, presidente
del Directorio del Banco Central, indicó que la Agencia de
Garantía de Depósitos (AGD) devolverá el dinero a 740 mil
depositantes del Banco, a partir del 26 de julio.
Los recursos para este primer paso están garantizados mediante
una emisión de bonos del Estado por 250 millones de dólares. El
Fisco emite estos papeles en favor de la AGD. El Estado debe
hacer uso de este instrumento fiscal porque los recursos que
provendrán del exterior (luego de la firma de la Carta de
Intención con el Fondo Monetario) solo pueden destinarse a los
procesos de capitalización de la banca mediante préstamos.
El saneamiento, figura prevista en la Ley de Reordenamiento
Económico, le faculta a la AGD a tomar las riendas del Banco,
mediante su Gerencia de Restructuración y Saneamiento. Es decir,
los accionistas pierden el control de la entidad y deben
responder con su patrimonio, si fuera necesario.
Luego el Directorio de la AGD establecerá un cronograma de
cancelación de sus acreencias, que puede hacerse en activos si
la entidad no tiene liquidez. En el caso del Progreso, la
devolución de los depósitos se hará en efectivo.
DEVOLUCION
- EL 26 de julio se inicia la primera etapa de devolución de
recursos de cuentas de ahorro y corrientes en sucres y dólares.
- Los intereses por los recursos depositados serán contabilizados
y devueltos al público hasta el 12 de julio.
- Los depósitos congelados se mantendrán y se sujetarán al
cronograma dispuesto por el Ministerio de Finanzas: cuentas
corrientes en sucres y dólares se descongelarán en septiembre;
y las cuentas de ahorro en sucres y dólares se descongelarán en
octubre.
- Las pólizas de acumulación tendrán un tratamiento de un año
para su devolución, contado desde la fecha del congelamiento.
QUE HIZO EL BANQUERO DESDE EL 22 DE MARZO
- 22 de marzo de 1999: Fernando Aspiazu Seminario decide cerrar
las puertas del Banco del Progreso. Lidera una marcha de protesta
hacia la Municipalidad de Guayaquil en busca de respaldo del
alcalde León Febres Cordero. El Gobierno decide otorgar al banco
un plazo de 45 días para obtener recursos para su capitalización
- 23 de marzo: Fernando Aspiazu acude hasta la Intendencia de
Policía y se acoge a un "autoarraigo". Juan Manuel Bermúdez
retiene su pasaporte. Uno de los clientes de la institución,
Gabriel Tovar Bermeo, interpone una demanda en contra de Aspiazu,
por irregularidades en el manejo del Banco, en el Juzgado Séptimo
de lo Penal.
- 28 de marzo: El Banco del Progreso recibe del Banco Central
un total de 60 mil millones de sucres para pagar las acreencias
de sus clientes. Fernando Aspiazu anuncia la conformación de dos
fideicomisos para respaldar el dinero de los clientes de la
institución financiera.
- 29 de marzo: El Banco inicia el pago del dinero de los
clientes. Los funcionarios de la institución comienzan a
receptar promesas de capitalización.
- 7 de abril: Aspiazu presenta como asesor del proceso de
capitalización del banco a Francisco Swett.
- 11 de abril: Funcionarios del banco organizan una teletón en
favor de la entidad. Logran recuadar 300 mil millones en
promesas de capitalización.
- 12 de abril: Apertura de cuentas corrientes en el Banco del
Pacífico y Cofiec para continuar el proceso de capitalización.
- 28 de abril: La Junta Bancaria decide prorrogar por 45 días
más el plazo de capitalización del Banco del Progreso, previsto
para el 4 de mayo.
- 3 de mayo: El subprocurador general, Leonello Bertini declara
nulo al proceso de arbitraje entre Emelec y el Estado.
- 5 de mayo: Walter Spurrier renuncia a las funciones de árbitro
en representación del Estado.
- 11 de mayo: Fernando Aspiazu amenaza con demandar al Estado
si no designa un nuevo árbitro.
- 17 de mayo: Bertini presenta ante el tribunal arbitral un
oficio en que exige la renuncia de Eduardo Rodríguez Chirilo a
la función de árbitro de Emelec.
- 31 de mayo: Eduardo Rodríguez Chirilo renuncia al cargo de
árbitro de Emelec, debido a supuestas amenazas de demanda legal
del subprocurador Leonello Bertini.
- 1 de junio: Carlos Manuel Bastos asume la función de árbitro
de Emelec en remplazo de Eduardo Rodríguez Chirilo.
- 25 de junio: El superintendente de Bancos, Jorge Guzmán, nombra
a Patricio Moreno interventor del banco.
- 29 de junio: Fernando Aspiazu presenta un amparo constitucional
cuestionando el nombramiento de Moreno.
- 30 de junio: Aspiazu anuncia a los clientes del Banco, la
posibilidad de una nueva prórroga para abrir el 28 de julio.
- 2 de julio: Ricardo Bravo es nombrado interventor del Banco del
Progreso, en remplazo de Patricio Moreno.
- 5 de julio: Bravo asumió el despacho, en el piso 11 del
edificio del Progreso, en Guayaquil.
- 8 de julio: Ultima marcha (sexta) de los clientes del Banco del
Progreso que demandaban la atención del Estado. Aspiazu, quien
la encabezó, pidió al Central 170 millones de dólares en liquidez
para atender el 12 de julio. (DIARIO HOY) (P. 5-A)
los créditos vinculados, depósitos sin registros y garantías
insuficientes para capitalizar al Banco utilizando empresas que
deben más de lo que valen son las irregularidades que Fernando
Aspiazu, presidente ejecutivo del Banco del Progreso, cometió al
administrar la entidad bancaria.
Pecados que, detectados en la auditoría internacional realizada
por la firma Deloitte & Touche, colocaron a la entidad en una
situación insostenible. "La única salida para que los
depositantes recuperaran sus recursos era un proceso de
saneamiento", concluyó el presidente de la Agencia de Garantía
de Depósitos (AGD), Jorge Guzmán.
Según la Deloitte & Touche, los balances del Banco al 31 de marzo
registraron un patrimonio negativo de 768 millones de dólares,
lo que significa una pérdida de ocho veces su capital que era de
100 millones de dólares.
Se detectó que los créditos vinculados con los administradores
y accionistas del Banco ascienden a 550 millones de dólares,
cuando la Ley solo permite que se entreguen hasta 60 millones a
empresas relacionadas con una institución financiera.
El Banco deberá, según Guzmán, cancelar el exceso de los créditos
vinculados (490 millones de dólares) hasta el 13 de agosto, de
acuerdo con el plazo determinado por la Ley General del Sistema
Financiero.
Las auditorías determinaron que el 2 de marzo el Banco del
Progreso Limited, subsidiaria del Progreso que opera en el
Ecuador, contabilizó depósitos por 442 millones de dólares que
no estaban registrados en ninguna de las dos instituciones.
En contrapartida, explicó Guzmán, incorporó al activo del Banco,
un fideicomiso por el mismo valor. "Estos recursos que
aparecieron sin mayor explicación serán investigados para
determinar a quién o quiénes pertenecen".
Aspiazu cometió una cuarta irregularidad: conformó un
fideicomiso nacional por 40 millones de dólares, para respaldar
la capitalización del Banco, con empresas que tienen deudas (con
la misma institución) superiores a su valor.
El segundo fideicomiso, administrado por Hernán Pérez Loose,
estaba conformado por Emelec y Electroecuador, empresas en las
que Aspiazu era el accionista mayoritario.
REMOCION DE LOS ACTUALES ADMINISTRADORES
Guzmán insistió que según la Ley de la AGD, se ha destituido a
los administradores de la institución y se han suspendido los
derechos de todos sus accionistas. Las operaciones de Banco y sus
activos y pasivos pasarán a manos de la AGD.
César Rumbea, fue designado como el nuevo administrador temporal
de la institución, quien estará a cargo del manejo administativo
y financiero hasta que dure el proceso de saneamiento que no
necesariamente significa a liquidación del Banco, según Guzmán.
Aseguró que si existe la persona o empresa "solvente" interesada
en adquirir al Banco, "en buena hora", de lo contrario será
liquidada.
Las reformas a la AGD, que discute el Congreso, permitiría
incluso un traspaso de los activos y pasivos de la entidad a
favor de la propia AGD o de otra institución financiera, cuyo
capital sea mayoritariamente del Estado, sin recurrir para ello
a una subasta pública.
El Banco del Progreso necesitaba para capitalizarse un total de
873 millones de dólares: cifra equivalente a las dos terceras
partes de la Reserva Monetaria Internacional ó cuatro puntos del
Producto Interno Bruto (PIB), más de lo que el país necesita para
cubrir el déficit de las finanzas públicas.(AMC)
COMO SE DARA EL SANEAMIENTO
No hay medidas intermedias para el Banco del Progreso. "El
proceso de saneamiento en el que entró desde ayer implica su
desaparición del sistema financiero". En una primera explicación
del proceso que seguirá la institución, Pablo Better, presidente
del Directorio del Banco Central, indicó que la Agencia de
Garantía de Depósitos (AGD) devolverá el dinero a 740 mil
depositantes del Banco, a partir del 26 de julio.
Los recursos para este primer paso están garantizados mediante
una emisión de bonos del Estado por 250 millones de dólares. El
Fisco emite estos papeles en favor de la AGD. El Estado debe
hacer uso de este instrumento fiscal porque los recursos que
provendrán del exterior (luego de la firma de la Carta de
Intención con el Fondo Monetario) solo pueden destinarse a los
procesos de capitalización de la banca mediante préstamos.
El saneamiento, figura prevista en la Ley de Reordenamiento
Económico, le faculta a la AGD a tomar las riendas del Banco,
mediante su Gerencia de Restructuración y Saneamiento. Es decir,
los accionistas pierden el control de la entidad y deben
responder con su patrimonio, si fuera necesario.
Luego el Directorio de la AGD establecerá un cronograma de
cancelación de sus acreencias, que puede hacerse en activos si
la entidad no tiene liquidez. En el caso del Progreso, la
devolución de los depósitos se hará en efectivo.
DEVOLUCION
- EL 26 de julio se inicia la primera etapa de devolución de
recursos de cuentas de ahorro y corrientes en sucres y dólares.
- Los intereses por los recursos depositados serán contabilizados
y devueltos al público hasta el 12 de julio.
- Los depósitos congelados se mantendrán y se sujetarán al
cronograma dispuesto por el Ministerio de Finanzas: cuentas
corrientes en sucres y dólares se descongelarán en septiembre;
y las cuentas de ahorro en sucres y dólares se descongelarán en
octubre.
- Las pólizas de acumulación tendrán un tratamiento de un año
para su devolución, contado desde la fecha del congelamiento.
QUE HIZO EL BANQUERO DESDE EL 22 DE MARZO
- 22 de marzo de 1999: Fernando Aspiazu Seminario decide cerrar
las puertas del Banco del Progreso. Lidera una marcha de protesta
hacia la Municipalidad de Guayaquil en busca de respaldo del
alcalde León Febres Cordero. El Gobierno decide otorgar al banco
un plazo de 45 días para obtener recursos para su capitalización
- 23 de marzo: Fernando Aspiazu acude hasta la Intendencia de
Policía y se acoge a un "autoarraigo". Juan Manuel Bermúdez
retiene su pasaporte. Uno de los clientes de la institución,
Gabriel Tovar Bermeo, interpone una demanda en contra de Aspiazu,
por irregularidades en el manejo del Banco, en el Juzgado Séptimo
de lo Penal.
- 28 de marzo: El Banco del Progreso recibe del Banco Central
un total de 60 mil millones de sucres para pagar las acreencias
de sus clientes. Fernando Aspiazu anuncia la conformación de dos
fideicomisos para respaldar el dinero de los clientes de la
institución financiera.
- 29 de marzo: El Banco inicia el pago del dinero de los
clientes. Los funcionarios de la institución comienzan a
receptar promesas de capitalización.
- 7 de abril: Aspiazu presenta como asesor del proceso de
capitalización del banco a Francisco Swett.
- 11 de abril: Funcionarios del banco organizan una teletón en
favor de la entidad. Logran recuadar 300 mil millones en
promesas de capitalización.
- 12 de abril: Apertura de cuentas corrientes en el Banco del
Pacífico y Cofiec para continuar el proceso de capitalización.
- 28 de abril: La Junta Bancaria decide prorrogar por 45 días
más el plazo de capitalización del Banco del Progreso, previsto
para el 4 de mayo.
- 3 de mayo: El subprocurador general, Leonello Bertini declara
nulo al proceso de arbitraje entre Emelec y el Estado.
- 5 de mayo: Walter Spurrier renuncia a las funciones de árbitro
en representación del Estado.
- 11 de mayo: Fernando Aspiazu amenaza con demandar al Estado
si no designa un nuevo árbitro.
- 17 de mayo: Bertini presenta ante el tribunal arbitral un
oficio en que exige la renuncia de Eduardo Rodríguez Chirilo a
la función de árbitro de Emelec.
- 31 de mayo: Eduardo Rodríguez Chirilo renuncia al cargo de
árbitro de Emelec, debido a supuestas amenazas de demanda legal
del subprocurador Leonello Bertini.
- 1 de junio: Carlos Manuel Bastos asume la función de árbitro
de Emelec en remplazo de Eduardo Rodríguez Chirilo.
- 25 de junio: El superintendente de Bancos, Jorge Guzmán, nombra
a Patricio Moreno interventor del banco.
- 29 de junio: Fernando Aspiazu presenta un amparo constitucional
cuestionando el nombramiento de Moreno.
- 30 de junio: Aspiazu anuncia a los clientes del Banco, la
posibilidad de una nueva prórroga para abrir el 28 de julio.
- 2 de julio: Ricardo Bravo es nombrado interventor del Banco del
Progreso, en remplazo de Patricio Moreno.
- 5 de julio: Bravo asumió el despacho, en el piso 11 del
edificio del Progreso, en Guayaquil.
- 8 de julio: Ultima marcha (sexta) de los clientes del Banco del
Progreso que demandaban la atención del Estado. Aspiazu, quien
la encabezó, pidió al Central 170 millones de dólares en liquidez
para atender el 12 de julio. (DIARIO HOY) (P. 5-A)
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