EL PODER DEL ESTADO CONTRA LA LEY DE LA COSTUMBRE
Por Andrés Guerrero (*)
Quito. 09. 09. 90. Investigo en el archivo histórico del
Instituto Otavaleño de Antropología. Abro un expediente
jurídico de 1841. La República del Ecuador se había fundado
hace apenas una década. El legajo trata de un conflicto de
tierras entre comuneros. Resumo la situación. Un joven
"pobre y que no tiene un palmo de tierras", dice el
expediente, considera que por herencia familiar tiene derecho
a un lote. Intervienen en el juicio varios personajes: el
cacique de Pijal, un indígena, y un blanco mestizo, el juez
municipal del pueblo de Otavalo. Primer acto: el cacique
decide que el joven Bonilla tiene efectivamente derecho al
lote y le otorga la posesión. Justifica su decisión en
términos de que conoce "el orden de sucesión hereditario del
terreno": ley de la costumbre que puede ser ratificada por la
memoria de "los antiguos de la parcialidad". Segundo acto
del conflicto, otro comunero descontento por la decisión del
cacique apela a la justicia del Estado ecuatoriano: recurre al
juez municipal de Otavalo. El juez sube a la comunidad,
recorre el lote y, en juicio oral, aplica su criterio: rechaza
la sentencia del cacique. Impone la ley del Estado sobre la
ley de la costumbre. Desestima el derecho oral que rige en la
comunidad, entre los indígenas. Al hacerlo, claro, degrada la
autoridad del cacique de Pijal e impone su autoridad blanco
mestiza. ¿Con qué derecho? Con la fuerza de un Estado que no
es indígena, sino blanco mestizo, un Estado que se construyó
sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Luego de la
Independencia nadie les averiguó si querían formar parte del
proyecto de estado-nación ecuatoriana: eran los dominados y
explotados coloniales, sin voz ni voto durante siglos, tal
como siguieron siéndolo hasta hoy en día.
Puerto Francisco de Orellana, más conocido como Coca, 1985.
Entrevisto al jefe de la oficina local del IERAC, un empleado
blanco mestizo. Las comunidades quichuas del río Napo piden
la legalización de sus tierras comunales. El señor me explica
que no ejecutará la entrega aún si la orden viene desde Quito
porque no se ajusta a la Ley de Colonización dictada en 1973
por el gobierno militar. Me doy cuenta cuan lejos estoy de la
capital, aquí es otro mundo, la periferia del estado nacional,
el lugar de contacto con los pueblos indígenas. Argumenta: si
los indígenas quieren pedir tierras "que lo hagan como
cualquier colono, así reza la ley, no hay por qué establecer
diferencias". Argumento: los indígenas no son colonos, ellos
han vivido siempre aquí, tienen derechos de posesión
ancestrales, la tierra para los pueblos amazónicos no son
lotes de cultivo sino un espacio vital, no buscan tierra para
deforestar, su modo de vida y de subsistencia están en la
relación con el bosque. El tono sube algunos decibeles. La
entrevista termina con una retahíla de los consabidos
argumentos de soterrado trasfondo racista, lugares comunes que
escuchamos todos los días: los indios son vagos, tienen
abandonadas las tierras, no trabajan, no despejan la selva
como los colonos blancos. Por último, exacerbado, enfático y
con prepotente comportamiento ancestral de hacendado ratifica:
es inaceptable, es ilegal, sus pretenciones van contra la
soberanía del Estado. No tiene sentido seguir discutiendo.
Me marcho, tomo canoa y entrevisto a dirigentes indígenas de
las comunidades. Me dicen que ellos linderaron las tierras de
cada comunidad para protegerse de la expropiación a la que se
ven sometidos, que ya no tienen dónde ir, que lo hicieron de
acuerdo al espacio ocupado por la costumbre de sus pueblos,
con sus autoridades. Explican que con idas y venidas costosas
a Quito se les prometió la legalización de sus territorios.
Que algunas veces, luego de largo conflicto con las
autoridades estatales, ciertas comunidades efectivamente
recibieron tierras pero no las que pedían sino las que, a su
criterio, los funcionarios del IERAC local tuvieron a bien
fijarles. Siempre menos, retaceadas. Reflexiono, seguimos
con el acato pero no ejecuto... y Quito está tan lejos.
Recuerdo mi propia experiencia en países extranjeros, lo duro,
difícil e inferiorizante que es moverse donde la lengua
dominante no es la materna, las lógicas de pensamiento ajenas,
las leyes y los juegos de poder desconocidos, las mentalidades
tan distintas. Pero los indígenas no son extranjeros ¿o sí lo
serán en nuestro estado nacional blanco mestizo ecuatoriano?
La herencia colonial Transcurrió un siglo y medio entre los
dos casos. Sin embargo, entre ambos se extiende una admirable
continuidad de comportamientos, de respuestas, de decisiones.
El estado nacional desconoce la ley de la costumbre de los
pueblos que habitan el Ecuador, ignora las decisiones de las
autoridades comunales, los funcionarios estatales blanco
mestizos avasallan a los dirigentes étnicos e imponen sus
criterios, desconocen como irracional la ley de la costumbre,
hablan en nombre de la soberanía del estado nación, de la
Constitución de la República, de la unidad. ¿Cuál es aquel
hilo que enlaza tan admirablemente ambas situaciones? Me
rindo a la evidencia: el Ecuador se construyó sustentado en
una estructura de dominación colonial interna. Los pueblos
indígenas fueron desde el inicio de la República poblaciones
colonizadas por el estado nacional, por nosotros los blanco
mestizos. Es esta relación de fuerza, esta relación de
dominación que muchas veces condujo a matar indios, su
proyecto y la realidad de comportamientos que acarrea lo que
hoy en día está en crisis. Los pueblos indígenas dicen basta,
tienen sus organizaciones, sus dirigentes, hablan, luchan,
presentan propuestas, piden negociar. Rechazan una situación
de objetos de velada dominación colonial. Son sujetos que
reivindican un real derecho colectivo de ciudadanía pero no
aculturándose, sino en una nueva igualdad que reconozca su
diferencia como pueblos. Necesitamos un nuevo proyecto, la
reformulación de un estado nacional democratizado,
decentralizado, respetuoso de los derechos individuales y
colectivos, que corresponda realmente a los pueblos que lo
componen.
(*) Autor de varios libros, actualmente es investigador del
Centro de Documentación e Información de los Movimientos
Sociales del Ecuador (CEDIME) (C-1).
Por Andrés Guerrero (*)
Quito. 09. 09. 90. Investigo en el archivo histórico del
Instituto Otavaleño de Antropología. Abro un expediente
jurídico de 1841. La República del Ecuador se había fundado
hace apenas una década. El legajo trata de un conflicto de
tierras entre comuneros. Resumo la situación. Un joven
"pobre y que no tiene un palmo de tierras", dice el
expediente, considera que por herencia familiar tiene derecho
a un lote. Intervienen en el juicio varios personajes: el
cacique de Pijal, un indígena, y un blanco mestizo, el juez
municipal del pueblo de Otavalo. Primer acto: el cacique
decide que el joven Bonilla tiene efectivamente derecho al
lote y le otorga la posesión. Justifica su decisión en
términos de que conoce "el orden de sucesión hereditario del
terreno": ley de la costumbre que puede ser ratificada por la
memoria de "los antiguos de la parcialidad". Segundo acto
del conflicto, otro comunero descontento por la decisión del
cacique apela a la justicia del Estado ecuatoriano: recurre al
juez municipal de Otavalo. El juez sube a la comunidad,
recorre el lote y, en juicio oral, aplica su criterio: rechaza
la sentencia del cacique. Impone la ley del Estado sobre la
ley de la costumbre. Desestima el derecho oral que rige en la
comunidad, entre los indígenas. Al hacerlo, claro, degrada la
autoridad del cacique de Pijal e impone su autoridad blanco
mestiza. ¿Con qué derecho? Con la fuerza de un Estado que no
es indígena, sino blanco mestizo, un Estado que se construyó
sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Luego de la
Independencia nadie les averiguó si querían formar parte del
proyecto de estado-nación ecuatoriana: eran los dominados y
explotados coloniales, sin voz ni voto durante siglos, tal
como siguieron siéndolo hasta hoy en día.
Puerto Francisco de Orellana, más conocido como Coca, 1985.
Entrevisto al jefe de la oficina local del IERAC, un empleado
blanco mestizo. Las comunidades quichuas del río Napo piden
la legalización de sus tierras comunales. El señor me explica
que no ejecutará la entrega aún si la orden viene desde Quito
porque no se ajusta a la Ley de Colonización dictada en 1973
por el gobierno militar. Me doy cuenta cuan lejos estoy de la
capital, aquí es otro mundo, la periferia del estado nacional,
el lugar de contacto con los pueblos indígenas. Argumenta: si
los indígenas quieren pedir tierras "que lo hagan como
cualquier colono, así reza la ley, no hay por qué establecer
diferencias". Argumento: los indígenas no son colonos, ellos
han vivido siempre aquí, tienen derechos de posesión
ancestrales, la tierra para los pueblos amazónicos no son
lotes de cultivo sino un espacio vital, no buscan tierra para
deforestar, su modo de vida y de subsistencia están en la
relación con el bosque. El tono sube algunos decibeles. La
entrevista termina con una retahíla de los consabidos
argumentos de soterrado trasfondo racista, lugares comunes que
escuchamos todos los días: los indios son vagos, tienen
abandonadas las tierras, no trabajan, no despejan la selva
como los colonos blancos. Por último, exacerbado, enfático y
con prepotente comportamiento ancestral de hacendado ratifica:
es inaceptable, es ilegal, sus pretenciones van contra la
soberanía del Estado. No tiene sentido seguir discutiendo.
Me marcho, tomo canoa y entrevisto a dirigentes indígenas de
las comunidades. Me dicen que ellos linderaron las tierras de
cada comunidad para protegerse de la expropiación a la que se
ven sometidos, que ya no tienen dónde ir, que lo hicieron de
acuerdo al espacio ocupado por la costumbre de sus pueblos,
con sus autoridades. Explican que con idas y venidas costosas
a Quito se les prometió la legalización de sus territorios.
Que algunas veces, luego de largo conflicto con las
autoridades estatales, ciertas comunidades efectivamente
recibieron tierras pero no las que pedían sino las que, a su
criterio, los funcionarios del IERAC local tuvieron a bien
fijarles. Siempre menos, retaceadas. Reflexiono, seguimos
con el acato pero no ejecuto... y Quito está tan lejos.
Recuerdo mi propia experiencia en países extranjeros, lo duro,
difícil e inferiorizante que es moverse donde la lengua
dominante no es la materna, las lógicas de pensamiento ajenas,
las leyes y los juegos de poder desconocidos, las mentalidades
tan distintas. Pero los indígenas no son extranjeros ¿o sí lo
serán en nuestro estado nacional blanco mestizo ecuatoriano?
La herencia colonial Transcurrió un siglo y medio entre los
dos casos. Sin embargo, entre ambos se extiende una admirable
continuidad de comportamientos, de respuestas, de decisiones.
El estado nacional desconoce la ley de la costumbre de los
pueblos que habitan el Ecuador, ignora las decisiones de las
autoridades comunales, los funcionarios estatales blanco
mestizos avasallan a los dirigentes étnicos e imponen sus
criterios, desconocen como irracional la ley de la costumbre,
hablan en nombre de la soberanía del estado nación, de la
Constitución de la República, de la unidad. ¿Cuál es aquel
hilo que enlaza tan admirablemente ambas situaciones? Me
rindo a la evidencia: el Ecuador se construyó sustentado en
una estructura de dominación colonial interna. Los pueblos
indígenas fueron desde el inicio de la República poblaciones
colonizadas por el estado nacional, por nosotros los blanco
mestizos. Es esta relación de fuerza, esta relación de
dominación que muchas veces condujo a matar indios, su
proyecto y la realidad de comportamientos que acarrea lo que
hoy en día está en crisis. Los pueblos indígenas dicen basta,
tienen sus organizaciones, sus dirigentes, hablan, luchan,
presentan propuestas, piden negociar. Rechazan una situación
de objetos de velada dominación colonial. Son sujetos que
reivindican un real derecho colectivo de ciudadanía pero no
aculturándose, sino en una nueva igualdad que reconozca su
diferencia como pueblos. Necesitamos un nuevo proyecto, la
reformulación de un estado nacional democratizado,
decentralizado, respetuoso de los derechos individuales y
colectivos, que corresponda realmente a los pueblos que lo
componen.
(*) Autor de varios libros, actualmente es investigador del
Centro de Documentación e Información de los Movimientos
Sociales del Ecuador (CEDIME) (C-1).
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