EL CONGELAMIENTO DE TARIFAS NO CREA SUBSIDIOS SUFICIENTES
por Gonzalo Maldonado Albán
Quito. 15.09.90. (r)Es necesario evaluar si los recursos
sacrificados para cubrir este eventual subsidio tendrÃan un
mejor rendimiento que si se les destinara para financiar obras
de infraestructura, por ejemplo¯
El proyecto de ley de congelamiento de las tarifas de los
servicios públicos propuesto por el Congreso ecuatoriano está
concebido para aliviar el peso de la crisis a los sectores más
necesitados del paÃs.
Para el caso de las tarifas eléctricas se plantea congelar los
precios de este servicio en los rangos de consumo donde se
ubiquen justamente las familias de recursos económicos
escasos.
Al respecto cabe preguntarse lo siguiente: ¿el ahorro que se
generarÃa en las economÃas de las familias pobres a través de
esta medida es lo suficientemente alto como para qué provoque
un incremento notable en sus niveles de vida? En otras
palabras, ¿el monto del subsidio en el que se incurrirÃa es lo
suficientemente considerable como para que se justifique un
congelamiento de las tarifas del servicio eléctrico? De
acuerdo a funcionarios del Instituto Ecuatoriano de
Electrificación (INECEL), si se congelan las tarifas
eléctricas hasta un rango de consumo de 200 kilovatios-hora
por mes, este instituto perderÃa alrededor de 10 mil millones
de sucres por año.
La población que se beneficiarÃa con esta medida asciende
aproximadamente a un millón y medio de habitantes ubicados
básicamente en un área urbano-marginal. Si se dividen los 10
mil millones de sucres que dejarÃa de percibir INECEL, para el
millón y medio de habitantes que se beneficiarÃa con el
congelamiento de las tarifas eléctricas, se tendrá que cada
persona recibirá un subsidio de alrededor de 6.600 sucres por
año. Esto, en términos mensuales, significa que cada
beneficiario ahorrará, en promedio, apenas 555 sucres por mes,
recursos que, en el mejor de los casos le alcanzarÃa para
comprar una cajetilla de cigarillos adicional o, a lo sumo,
dos botellas más de coca-cola por mes. En ningún caso pues
estos ingresos adicionales podrÃan financiar una matrÃcula en
un establecimiento educativo o comprar medicinas en caso de
enfermedad.
¿Quién pagarÃa este subsidio?
Otorgar un subsidio significa, en definitiva, destinar un
monto determinado de recursos hacia un sector, en perjuicio de
otro. Desde esta perspectiva cabe preguntarse qué sector será
el elegido para pagar este subsidio.
En principio se podrÃa pensar que el Estado absorberÃa este
gasto. De ser asÃ, serÃa necesario evaluar si los recursos
sacrificados para cubrir este subsidio tendrÃan un mejor
rendimiento que si se les destinara para financiar obras de
infraestructura, por ejemplo. Es lo que los economistas llaman
el costo de oportunidad.
Otra alternativa serÃa incrementar aún más las tarifas de los
sectores industriales, comerciales y residenciales más
pudientes, para cubrir el monto del subsidio. Además de la
excesiva dispersión tarifaria que generarÃa esta medida, se
estarÃa alimentando un proceso inflacionario por el lado de
los costos de producción que, a la postre, harÃa inefectivo
cualquier subsidio.
El impacto de un congelamiento de tarifas
Según INECEL, a pesar de que su actual polÃtica de precios
prevé un incremento del 3% mensual en las tarifas del servicio
eléctrico, subsiste todavÃa un margen de algo más de 7 sucres
por kilovatio-hora que esta entidad absorbe como pérdida
(alrededor de 33.800 millones de sucres por año).
Con la estructura tarifaria vigente se alcanza apenas a cubrir
los costos de operación de INECEL y a servir parcialmente su
deuda; no se contempla ningún margen de contribución a la
inversión que asegure la continuidad del servicio eléctrico y,
más todavÃa, que financie en alguna medida las futuras obras
de infraestructura que permitan abastecer la demanda nacional
de este servicio.
Dadas asà las cosas, es evidente que el sector eléctrico se
encuentra en un proceso de descapitalización de graves
consecuencias. Se calcula, por ejemplo, que de no realizarse
las inversiones necesarias, el déficit de energÃa eléctrica
será de 50 mil kilovatios en 1992; de 100 mil kilovatios en
1993; y de 150 mil kilovatios en 1994. Este proceso de
descapitalización impedirÃa, además, que se dé un
mantenimiento adecuado al sistema nacional interconectado, con
lo que se producirÃan apagones generales con demasiada
frecuencia, generando pérdidas por un valor 20 veces superior
a la tarifa real que se deberÃa pagar. (A-2).
por Gonzalo Maldonado Albán
Quito. 15.09.90. (r)Es necesario evaluar si los recursos
sacrificados para cubrir este eventual subsidio tendrÃan un
mejor rendimiento que si se les destinara para financiar obras
de infraestructura, por ejemplo¯
El proyecto de ley de congelamiento de las tarifas de los
servicios públicos propuesto por el Congreso ecuatoriano está
concebido para aliviar el peso de la crisis a los sectores más
necesitados del paÃs.
Para el caso de las tarifas eléctricas se plantea congelar los
precios de este servicio en los rangos de consumo donde se
ubiquen justamente las familias de recursos económicos
escasos.
Al respecto cabe preguntarse lo siguiente: ¿el ahorro que se
generarÃa en las economÃas de las familias pobres a través de
esta medida es lo suficientemente alto como para qué provoque
un incremento notable en sus niveles de vida? En otras
palabras, ¿el monto del subsidio en el que se incurrirÃa es lo
suficientemente considerable como para que se justifique un
congelamiento de las tarifas del servicio eléctrico? De
acuerdo a funcionarios del Instituto Ecuatoriano de
Electrificación (INECEL), si se congelan las tarifas
eléctricas hasta un rango de consumo de 200 kilovatios-hora
por mes, este instituto perderÃa alrededor de 10 mil millones
de sucres por año.
La población que se beneficiarÃa con esta medida asciende
aproximadamente a un millón y medio de habitantes ubicados
básicamente en un área urbano-marginal. Si se dividen los 10
mil millones de sucres que dejarÃa de percibir INECEL, para el
millón y medio de habitantes que se beneficiarÃa con el
congelamiento de las tarifas eléctricas, se tendrá que cada
persona recibirá un subsidio de alrededor de 6.600 sucres por
año. Esto, en términos mensuales, significa que cada
beneficiario ahorrará, en promedio, apenas 555 sucres por mes,
recursos que, en el mejor de los casos le alcanzarÃa para
comprar una cajetilla de cigarillos adicional o, a lo sumo,
dos botellas más de coca-cola por mes. En ningún caso pues
estos ingresos adicionales podrÃan financiar una matrÃcula en
un establecimiento educativo o comprar medicinas en caso de
enfermedad.
¿Quién pagarÃa este subsidio?
Otorgar un subsidio significa, en definitiva, destinar un
monto determinado de recursos hacia un sector, en perjuicio de
otro. Desde esta perspectiva cabe preguntarse qué sector será
el elegido para pagar este subsidio.
En principio se podrÃa pensar que el Estado absorberÃa este
gasto. De ser asÃ, serÃa necesario evaluar si los recursos
sacrificados para cubrir este subsidio tendrÃan un mejor
rendimiento que si se les destinara para financiar obras de
infraestructura, por ejemplo. Es lo que los economistas llaman
el costo de oportunidad.
Otra alternativa serÃa incrementar aún más las tarifas de los
sectores industriales, comerciales y residenciales más
pudientes, para cubrir el monto del subsidio. Además de la
excesiva dispersión tarifaria que generarÃa esta medida, se
estarÃa alimentando un proceso inflacionario por el lado de
los costos de producción que, a la postre, harÃa inefectivo
cualquier subsidio.
El impacto de un congelamiento de tarifas
Según INECEL, a pesar de que su actual polÃtica de precios
prevé un incremento del 3% mensual en las tarifas del servicio
eléctrico, subsiste todavÃa un margen de algo más de 7 sucres
por kilovatio-hora que esta entidad absorbe como pérdida
(alrededor de 33.800 millones de sucres por año).
Con la estructura tarifaria vigente se alcanza apenas a cubrir
los costos de operación de INECEL y a servir parcialmente su
deuda; no se contempla ningún margen de contribución a la
inversión que asegure la continuidad del servicio eléctrico y,
más todavÃa, que financie en alguna medida las futuras obras
de infraestructura que permitan abastecer la demanda nacional
de este servicio.
Dadas asà las cosas, es evidente que el sector eléctrico se
encuentra en un proceso de descapitalización de graves
consecuencias. Se calcula, por ejemplo, que de no realizarse
las inversiones necesarias, el déficit de energÃa eléctrica
será de 50 mil kilovatios en 1992; de 100 mil kilovatios en
1993; y de 150 mil kilovatios en 1994. Este proceso de
descapitalización impedirÃa, además, que se dé un
mantenimiento adecuado al sistema nacional interconectado, con
lo que se producirÃan apagones generales con demasiada
frecuencia, generando pérdidas por un valor 20 veces superior
a la tarifa real que se deberÃa pagar. (A-2).
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