EL CARIBE
Por: Enrique V. Iglesias*
Quito. 10 oct 97. 1.Una visión histórica sobre el BID
La vida del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado
en diciembre de 1959, con el objeto de contribuir al progreso
económico y social de América Latina y el Caribe, constituye
la cristalización de una antigua idea de esta región. Su
concepción original fue formulada en la Primera Conferencia
Internacional de Estados Americanos, celebrada en Washington,
D.C. en 1890. En aquella ocasión la propuesta presentada no
logró prosperar, pero la idea básica se mantuvo latente y
resurgió con distintos matices en ocasiones posteriores, hasta
alcanzar su aprobación.
En ese largo y reiterado proceso de insistencia por parte de
la mayoría de los países latinoamericanos, se destaca la
Reunión de los Ministros de Hacienda o Economía celebrada en
Petrópolis, Quintandinha, Brasil, en 1954, cuando se perfiló
un proyecto prácticamente definitivo. La aceptación política
de esta propuesta por parte de los Estados Unidos demoró hasta
el 2 de agosto de 1958.
Así, el BID nació como una entidad auténticamente regional,
dirigida a atender las necesidades del desarrollo de sus
países prestatarios y enraizada hondamente en la cultura,
tradiciones e instituciones de estos pueblos. Esta triple
condición permitió engendrar una institución única en su
género, cuya visión y actividades respondieron fielmente a las
preocupaciones y problemas de la realidad propia de cada país
de la región. Desde su nacimiento el BID se ha esforzado por
responder a los desafíos específicos del desarrollo de sus
países miembros prestatarios, incluso ayudándolos a
identificar y dar expresión a sus necesidades. Esa
plasticidad de las actividades solía ser referida
proverbialmente por su primer presidente, Don Felipe Herrera,
al señalar que el BID era "algo más que un Banco."
El rasgo distintivo más destacado de la Institución es que
constituye, en esencia, un esfuerzo cooperativo entre todos
sus países miembros, prestatarios y no prestatarios. Los
países de América Latina y el Caribe participan no sólo como
socios mayoritarios del capital del BID y a la vez como
beneficiarios de sus préstamos y cooperación técnica, sino que
también en la gestión operativa y administrativa del mismo.
Los países no prestatarios, por su parte, contribuyen con
cerca de la mitad del capital y con los fondos que el Banco
levanta en préstamo en sus mercados de capitales, a la vez que
se benefician con la colocación de sus productos de
exportación, especialmente maquinarias y equipos, y servicios
de tecnología, que son absorbidos en los proyectos y programas
de inversión que el Banco financia en la región. La expansión
de las exportaciones de estos países a la América Latina
obedece no sólo a la absorción de bienes y servicios en el
ámbito específico de la ejecución de los proyectos del BID,
sino que además al efecto multiplicado de estas inversiones
sobre el ingreso y las importaciones totales de cada país.
La familia del BID ha crecido extraordinariamente en el curso
de los 36 años transcurridos desde su fundación. Inicialmente
la Institución estuvo integrada por 19 países de América
Latina y el Caribe y por los Estados Unidos. Luego se
incorporaron otros ocho países del Continente Americano,
incluyendo al Canadá. Belice entró en 1992, como el país
miembro regional más reciente del BID. Desde el inicio de las
actividades del BID más y más países industrializados no
regionales se vincularon a la Institución, primeramente
mediante contribuciones especiales de recursos, a través de
fondos en administración y la apertura de sus mercados
financieros a la colocación de los bonos emitidos por el
Banco, y más tarde por la vía de su incorporación formal como
miembros plenos de la Organización, los primeros en 1974 con
la firma de la Declaración de Madrid, y el resto entre 1976 y
1986. El Banco tiene actualmente 46 países miembros, de los
cuales 28 son del Continente Americano y 18 son países no
regionales.
El crecimiento de la familia del BID tiene un significado muy
especial, que en gran medida refleja las relaciones cada vez
más estrechas que unen las economías de América Latina y el
Caribe con las de los Estados Unidos y Canadá y con el resto
del mundo industrializado, sin olvidar los lazos culturales y
políticos de larga historia que han existido entre muchos
países de la región y países de Europa Occidental. Tal vez un
índice estadístico ilustra parcialmente la significación de
las relaciones económicas entre estos países. En el plano del
comercio se estima que alrededor del 70 por ciento de las
exportaciones e importaciones de América Latina y el Caribe se
realizan con los Estados Unidos, Canadá y los países no
regionales miembros del BID. A ellos se suma una porción del
17 por ciento de las exportaciones e importaciones
constituidas por el comercio recíproco entre los propios
países de América Latina y el Caribe. América Latina y el
Caribe ha aumentado su importancia relativa como mercado para
las exportaciones de los Estados Unidos y Canadá, pasando del
11 por ciento del total en 1970 a cerca del 14 por ciento en
1994, llegando a ocupar el tercer lugar entre los mercados
principales de exportación de estos dos países y muy de cerca
del mercado europeo, que ocupó el segundo lugar con un 16 por
ciento del total. De mantenerse las tendencias históricas de
las cuotas de comercio correspondientes a estos dos mercados,
América Latina desplazará muy pronto a Europa del segundo
lugar, si acaso ello ya no ocurrió en 1995. Los vínculos
financieros y de la inversión privada entre los países
miembros del Banco son aun más intensos que aquellos que
prevalecen en la esfera del comercio, pero su ilustración será
objeto de análisis en otra ocasión.
En síntesis, el BID ha constituido y continúa siendo cada vez
más un esfuerzo de cooperación internacional exitoso, que si
bien fue concebido originalmente para servir a las necesidades
del desarrollo económico y social de los países de América
Latina y el Caribe, sus actividades han derivado de hecho en
beneficios para todos y cada uno de sus países miembros,
regionales y no regionales. Por ello es que también podemos
afirmar ahora, al cabo de 35 años de operaciones, que nuestra
Institución es "algo más que un Banco."
2.La contribución del BID al desarrollo económico y social de
los países de América Latina y el Caribe
El BID, en sus treinta y cinco años de actividad, ha abordado
todos los campos de mayor prioridad del desarrollo económico y
social de los países de América Latina y el Caribe. En muchos
casos su actuación ha sido pionera, abriendo nuevos cauces al
financiamiento internacional para desarrollo y forjando
experiencias que más tarde, a veces con décadas de rezago, han
sido seguidos por otros organismos multilaterales y
consagradas como áreas legítimas del financiamiento
internacional. Entre ellas cabe señalar el financiamiento de
proyectos y programas de desarrollo social, principalmente en
los ámbitos de la educación, la salud, la vivienda, el
desarrollo urbano y rural integrado, y la reforma agraria.
Como se señaló anteriormente, la fuerte identificación del
Banco con los intereses y necesidades de los países
prestatarios, así como la simbiosis de éstos con la
Institución, creó un clima de entendimiento directo y una
profunda confianza y pertenencia mutua del Banco con los
gobiernos de la región, que ha sido un factor clave para
mantener un diálogo franco y permanente de política y de
formulación de los programas de actividad del BID. El Banco
ha tenido una presencia activa y continua en cada país
miembro, mediante sus oficinas de representación, abiertas
desde el mismo inicio de la asociación del país prestatario
con la Institución, y con las visitas frecuentes de las
misiones técnicas del Banco a los países, así como de las
autoridades oficiales de éstos a la Sede del Banco o a las
reuniones periódicas que éste organiza en distintos países
miembros. Toda esta interacción ha redundado en programas de
préstamos y cooperación técnica definidos de acuerdo mutuo,
con verdadero sentido de oportunidad, pertinencia y eficacia,
sin menoscabo de la soberanía nacional de los países miembros.
En sus 35 años de actividad, hasta fines de 1995, el Banco
otorgó a la América Latina y el Caribe 2.248 préstamos, por un
valor acumulado de $78.200 millones de dólares de poder
adquisitivo corriente (o su equivalente estimado de alrededor
de $122.400 millones de dólares de poder adquisitivo
comparable de 1995). Estos préstamos contribuyeron al
financiamiento de proyectos y programas en la región por un
monto total de $194.200 millones de dólares corrientes; esto
es, con un efecto catalítico directo sobre la inversión de dos
y media veces el financiamiento suministrado por el Banco.
Además, la cooperación técnica proporcionada por el Banco
ascendió a una cifra acumulada de $2.400 millones de dólares;
un poco más de la mitad (55%) en forma de donación, o de
recuperación contingente, y el resto como préstamos. A esto
se suman $191,7 millones de dólares en préstamos en el marco
del Programa de Financiamiento de Pequeños Proyectos y $157,4
millones de dólares de financiamiento suministrado con
recursos del Fondo Multilateral de Inversiones.
La asignación de los préstamos por sectores de destino
económico y social en la región ha seguido en el transcurso de
los años las orientaciones del desarrollo impresas por los
países miembros y por los parámetros de política establecidos
por los Gobernadores del Banco en oportunidad de cada
ejercicio de aumento de capital. Durante los años sesenta el
énfasis fue otorgado al financiamiento de la
industrialización, la urbanización, la modernización del agro,
los servicios sociales de vivienda, salud y educación y la
integración económica.
Durante la segunda década de actividades del Banco la
asignación de los recursos registró algunos cambios de
énfasis, particularmente en favor de los proyectos de energía,
a la vez que siguió las orientaciones de nuevas e innovadoras
políticas tendientes a mejorar las condiciones de equidad
entre los países y al interior de los mismos, a través de un
trato preferencial en sus préstamos a los países miembros de
menor desarrollo relativo y a los de mercado insuficiente,
iniciada en 1971, y a los grupos de más bajos ingresos en cada
país, primordialmente por la vía de proyectos generadores de
empleo productivo y del Programa para el Financiamiento de
Pequeños Proyectos, a partir de 1978. Hacia fines de los años
setenta y comienzos de los ochenta, los países
latinoamericanos lograron un acceso creciente a los mercados
financieros internacionales de carácter privado. El Banco
reforzó entonces su apoyo a los sectores menos atractivos para
el financiamiento privado, particularmente a proyectos de
infraestructura, que requerían inversiones públicas de gran
envergadura, y otros como el caso de proyectos de desarrollo
científico y tecnológico.
Hacia fines de la década de los años ochenta, y como reflejo
de las nuevas necesidades surgidas de la peor crisis económica
y financiera sufrida por la mayoría de los países de la región
desde la Gran Depresión, el Banco volcó una parte importante
de sus recursos y actividades al apoyo de las reformas
estructurales emprendidas por estos países. Para ello ha
venido ofreciendo préstamos sectoriales y de soporte a la
formulación de políticas macroeconómicas y a la adopción de
soluciones de las crisis de deuda externa.
El desglose sectorial de la cartera acumulada de préstamos
otorgados por el Banco en el período 1961-1995 permite
destacar los resultados principales siguientes: desarrollo
social (salud, saneamiento, desarrollo urbano, educación,
medio ambiente, fondos de inversión social y microempresa), un
23.4%; energía, 19,9%; agricultura y pesca, 15,6%; transporte
y comunicaciones, 13,4%; industria, minería y turismo, 11%;
planificación y reformas, 9,8%; ciencia y tecnología, 1,8%, y
otros, 5.1%. En la mayoría de los sectores en que opera, el
Banco ha concedido servicios de cooperación técnica,
paralelamente a los créditos otorgados, con el propósito de
crear y fortalecer la capacidad institucional necesaria para
el desarrollo económico y social de los países miembros
prestatarios.
Otra faceta fundamental de las actividades del Banco la
constituye la movilización de recursos desde los mercados
financieros internacionales y a través de múltiples arreglos
complementarios, como son, principalmente, los fondos en
fideicomiso y el mecanismo de cofinanciamiento.
Para solventar los desembolsos correspondientes a los créditos
otorgados a los países miembros prestatarios, el Banco
mantiene una cartera de empréstitos obtenidos en los mercados
financieros internacionales por la vía de la colocación de
bonos, cuyo monto global, estructura de costos y vencimientos,
y denominación por monedas, varía conforme a las necesidades
financieras del Banco y a las mejores oportunidades que
brindan los mercados. Por ejemplo, a fines de 1995, el monto
global de los empréstitos pendientes del Banco, expresados en
su equivalente en dólares, alcanzó la cifra de US$26.338
millones.
Desde la creación del Banco, los fondos fiduciarios encargados
a su administración han constituido una fuente importante de
financiamiento adicional al suministrado por la Institución a
través de sus préstamos hechos con recursos de sus fondos de
capital ordinario y de operaciones especiales. El primer
fondo fiduciario fue establecido por los Estados Unidos en
1961. Desde entonces numerosos otros fondos han sido
confiados en administración al Banco, tanto por los países
miembros no prestatarios como por los prestatarios. Entre
ellos se destacan el Fondo Venezolano de Fideicomiso, el Fondo
Sueco para Pequeños Proyectos, el Fondo Canadiense, el Fondo
del Reino Unido, el Fondo de Cooperación Técnica y Pequeños
Proyectos, el Fondo Argentino, el Fondo V Centenario y el
Fondo de la Comunidad Económica Europea. Una información más
completa sobre estos fondos aparece en el cuadro que se
acompaña al final de este artículo.
Las operaciones de cofinanciamiento, por su parte, han
constituido un valioso mecanismo de adición de recursos para
contribuir a solventar las inversiones apoyadas por los
préstamos del Banco. En los años más recientes, con la
disminución de los recursos blandos del Fondo para Operaciones
Especiales del Banco, las fuentes de cofinanciamiento han
venido a cumplir también una función de apoyo en la tarea de
movilizar fondos en condiciones concesionales, que son
requeridos especialmente en la implementación de los programas
de reforma social en América Latina y el Caribe. Las
operaciones de cofinanciamiento en 1995 ascendieron a cerca de
US$145 millones provenientes de fuentes oficiales,
principalmente de países europeos y la OPEP; más US$340
millones aportados por Japón. A esto se agregan operaciones
de financiamiento paralelo a que el Banco Mundial concurrió
con US$2.550 millones.
3.El Banco frente a los nuevos desafíos del desarrollo
latinoamericano en los años noventa.
El cambio en las condiciones económicas fundamentales de los
países latinoamericanos y del Caribe hacia fines de los años
ochenta y en lo que va transcurrido de los noventa ha sido
realmente extraordinario. Las reformas estructurales
emprendidas por la gran mayoría de los países han calado muy
profundamente en la realidad regional, creando nuevas
oportunidades y planteando nuevos problemas. La
liberalización de los mercados y de los sistemas de precios;
la apertura comercial, y la redefinición del papel del Estado
y su dimensionamiento han transformado radicalmente el
funcionamiento de las economías. Algunos frutos importantes
de estas reformas y de las políticas de estabilización que les
han acompañado incluyen la eliminación de fuertes procesos
inflacionarios y el logro de una progresiva estabilidad de los
precios internos; una recuperación de la confianza depositada
por los inversionistas e instituciones financieras extranjeras
en las perspectivas económicas de la región; una disminución
apreciable de los déficit fiscales y un mejoramiento de la
disciplina fiscal y de la gestión del sector público, y una
recuperación paulatina del crecimiento económico en la mayoría
de los países.
Sin embargo, junto a esos avances, se observa la persistencia
y, en algunos frentes, un agravamiento de los desequilibrios,
además que un retroceso en las carencias sociales.
Los déficit externos relativamente crónicos de la mayoría de
los países de la región se agudizaron significativamente como
reflejo de un crecimiento extraordinario de las importaciones,
mucho mayor que el de las exportaciones, inducido
principalmente por la apertura comercial y la recuperación
económica. Incluso algunos países que tradicionalmente
gozaron de superávit o equilibrios de la cuenta corriente han
enfrentado posiciones deficitarias agudas en los años
recientes. Una parte del aumento de las importaciones ha
consistido en maquinarias y equipos e insumos intermedios
absorbidos por la recuperación de la inversión y de la
actividad económica, pero otra parte significativa ha
respondido al fuerte incremento de los gastos en consumo
corriente.
Correlativamente con esta expansión del déficit externo y de
los gastos en consumo, el ahorro privado en América Latina y
el Caribe ha disminuido en medida apreciable. La brecha entre
ahorro e inversión ha sido cubierta, inclusive en exceso, por
una vigorosa entrada de capitales externos, en su mayor parte
originados en fuentes financieras internacionales de carácter
privado, cuyo monto total ascendió a un promedio anual de
US$58.000 millones en 1992-1994.
Una parte importante de los recursos ha ingresado en la forma
de inversiones directas, por una cuantía equivalente al 20 por
ciento del total, a la vez que otra cifra parecida
correspondió a inversiones de cartera y otros financiamientos
a corto plazo, atraídos por las elevadas tasas de interés
internas en la región y por las oportunidades de rentabilidad
surgidas de la recuperación de los precios de los valores
bursátiles y de otros títulos transados en los mercados de
capitales locales, los que en algunos países registraron alzas
extraordinarias en los últimos años.
Tanto el aumento extraordinario del déficit corriente de
balanza de pagos y su contraparte de contracción del ahorro
interno, así como la presencia de elevados flujos de fondos
financieros internacionales privados, de tipo especulativo y a
corto plazo, han acentuado la vulnerabilidad externa de muchas
de las economías de la región, dejándolas expuestas a los
riesgos y dificultades de la inestabilidad de expectativas de
los inversionistas extranjeros y de las condiciones políticas
o sociales internas. Las recientes experiencias de México y
Argentina y, en menor medida, de otras economías de la región
ilustran la interacción de factores de inestabilidad interna y
externa que han probado ser capaces de arrastrar a serias
crisis financieras y económicas.
Hay otros aspectos del devenir económico y social de los
países de la región que registran, asimismo, una trayectoria
desfavorable y que plantean los mayores desafíos a los
esfuerzos de desarrollo de estos países y a la cooperación
económica internacional, inclusive a las instituciones como el
BID. Entre ellos se destaca el agravamiento de la brecha
social.
Debemos reconocer, en primer lugar, que el retraso social en
muchos países de la región y su agravamiento en los quince
años pasados constituyen un serio entrabamiento al crecimiento
y la modernización económica y a la consolidación de las
conquistas democráticas. Se estima que unos 200 millones de
personas --el 46 por ciento de la población de América Latina
y el Caribe-- carecen de los medios necesarios para satisfacer
sus necesidades básicas y que 94 millones de ellos se
encuentran en situación de extrema pobreza.
En segundo lugar, cabe observar que las condiciones sociales
imperantes en los países de la región varían ampliamente, con
índices de desigualdad aguda, por lo que sería equivocado el
pretender la formulación de un diagnóstico simple y, más grave
aun, el proponer políticas únicas o de validez general. Cada
país es una realidad social, política, institucional y
económica distinta, a la vez que las demandas de equidad y
progreso social son también diferentes en cada caso.
Sin embargo, pensamos que hay algunos elementos de base que
son comunes en esa compleja y tan diversa problemática; los
cuales podrían servir de fundamento pare enunciar ciertos
principios generales de política. Una premisa de partida es
reconocer que el desarrollo económico sostenido presupone una
creciente participación e integración social, que elimine
factores de exclusión y que incorpore a todos los estamentos
sociales en los esfuerzos comunes de modernización productiva.
Ello significa un esfuerzo deliberado y especial para
incorporar a los sectores más pobres a la modernidad. La
reforma social requiere para estos fines un renovado y
fortalecido diálogo nacional, conducente al logro de un sólido
consenso político.
El Banco Interamericano de Desarrollo, que desde su nacimiento
atendió con prioridad las necesidades de orden social, ha
recibido de sus gobiernos un mandato renovado y una mayor
dotación de recursos financieros para llevar adelante una
acción reforzada de apoyo a la reforma social y a la reducción
de la pobreza, como parte primordial de su compromiso de
contribuir a los esfuerzos de desarrollo sustentable en la
región. Nuestra programación de actividades nos proyecta a
una amplia gama de tareas, que incluye los ámbitos de la
educación, la salud, el saneamiento ambiental, la nutrición,
el desarrollo urbano y rural, la creación de empleo,
especialmente en los sectores de microempresas y pequeñas
empresas, y la modernización del Estado. El énfasis de
nuestra acción continuará puesto en los grupos sociales de
ingresos más bajos, mediante programas y proyectos de
educación preescolar y básica, salud primaria y materno
infantil, nutrición, mejoramiento de barrios pobres y fomento
de la capacidad productiva de los pequeños agricultores y las
microempresas.
4.Conclusiones
El Banco Interamericano de Desarrollo siempre ha sido y
continúa siendo una institución innovadora en el ámbito de la
cooperación financiera y técnica para el desarrollo de los
países de América Latina y el Caribe. Para la mayoría de
estos países, especialmente los de tamaño intermedio y menor,
el BID ha sido la principal fuente de financiamiento oficial
internacional y un agente protagónico de su desarrollo,
constantemente presente para atender sus variadas necesidades
económicas, sociales e institucionales. Esa vocación
innovadora del Banco nunca se ha perdido. Al contrario, ella
ha sido reforzada en los años recientes en respuesta a los
nuevos desafíos planteados por la crisis de la década pasada y
por las demandas surgidas de la rápida transformación
productiva e institucional impulsada por las reformas
estructurales.
Los países de América Latina y el Caribe, por su parte, han
demostrado reiteradamente una extraordinaria capacidad de
sacrificio y una gran disciplina social para enfrentar los
retos de los rápidos y profundos procesos de cambio y las
crisis de ajuste de sus economías. Ellos cuentan, además, con
una base muy rica de recursos naturales, una abundante fuerza
de trabajo y un conjunto de valores e instituciones propicias
al desarrollo. La introducción de medidas de política que
aseguren una mayor equidad distributiva de los costos y
beneficios económicos y sociales del desarrollo es ahora un
requisito de importancia crítica para continuar por el camino
de progreso y modernización que se han propuesto estos países.
La historia del Banco y su decidida voluntad de cooperación y
compromiso con el desarrollo regional auguran el reforzamiento
de esta relación simbiótica entre sus países miembros y la
Institución. Constituimos un esfuerzo común de cooperación y
enfrentamos los mismos desafíos.
*Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y de la
Cooperación Interamericana de Inversiones. (Texto tomado del
Ministerio de Relaciones Exteriores)
Por: Enrique V. Iglesias*
Quito. 10 oct 97. 1.Una visión histórica sobre el BID
La vida del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado
en diciembre de 1959, con el objeto de contribuir al progreso
económico y social de América Latina y el Caribe, constituye
la cristalización de una antigua idea de esta región. Su
concepción original fue formulada en la Primera Conferencia
Internacional de Estados Americanos, celebrada en Washington,
D.C. en 1890. En aquella ocasión la propuesta presentada no
logró prosperar, pero la idea básica se mantuvo latente y
resurgió con distintos matices en ocasiones posteriores, hasta
alcanzar su aprobación.
En ese largo y reiterado proceso de insistencia por parte de
la mayoría de los países latinoamericanos, se destaca la
Reunión de los Ministros de Hacienda o Economía celebrada en
Petrópolis, Quintandinha, Brasil, en 1954, cuando se perfiló
un proyecto prácticamente definitivo. La aceptación política
de esta propuesta por parte de los Estados Unidos demoró hasta
el 2 de agosto de 1958.
Así, el BID nació como una entidad auténticamente regional,
dirigida a atender las necesidades del desarrollo de sus
países prestatarios y enraizada hondamente en la cultura,
tradiciones e instituciones de estos pueblos. Esta triple
condición permitió engendrar una institución única en su
género, cuya visión y actividades respondieron fielmente a las
preocupaciones y problemas de la realidad propia de cada país
de la región. Desde su nacimiento el BID se ha esforzado por
responder a los desafíos específicos del desarrollo de sus
países miembros prestatarios, incluso ayudándolos a
identificar y dar expresión a sus necesidades. Esa
plasticidad de las actividades solía ser referida
proverbialmente por su primer presidente, Don Felipe Herrera,
al señalar que el BID era "algo más que un Banco."
El rasgo distintivo más destacado de la Institución es que
constituye, en esencia, un esfuerzo cooperativo entre todos
sus países miembros, prestatarios y no prestatarios. Los
países de América Latina y el Caribe participan no sólo como
socios mayoritarios del capital del BID y a la vez como
beneficiarios de sus préstamos y cooperación técnica, sino que
también en la gestión operativa y administrativa del mismo.
Los países no prestatarios, por su parte, contribuyen con
cerca de la mitad del capital y con los fondos que el Banco
levanta en préstamo en sus mercados de capitales, a la vez que
se benefician con la colocación de sus productos de
exportación, especialmente maquinarias y equipos, y servicios
de tecnología, que son absorbidos en los proyectos y programas
de inversión que el Banco financia en la región. La expansión
de las exportaciones de estos países a la América Latina
obedece no sólo a la absorción de bienes y servicios en el
ámbito específico de la ejecución de los proyectos del BID,
sino que además al efecto multiplicado de estas inversiones
sobre el ingreso y las importaciones totales de cada país.
La familia del BID ha crecido extraordinariamente en el curso
de los 36 años transcurridos desde su fundación. Inicialmente
la Institución estuvo integrada por 19 países de América
Latina y el Caribe y por los Estados Unidos. Luego se
incorporaron otros ocho países del Continente Americano,
incluyendo al Canadá. Belice entró en 1992, como el país
miembro regional más reciente del BID. Desde el inicio de las
actividades del BID más y más países industrializados no
regionales se vincularon a la Institución, primeramente
mediante contribuciones especiales de recursos, a través de
fondos en administración y la apertura de sus mercados
financieros a la colocación de los bonos emitidos por el
Banco, y más tarde por la vía de su incorporación formal como
miembros plenos de la Organización, los primeros en 1974 con
la firma de la Declaración de Madrid, y el resto entre 1976 y
1986. El Banco tiene actualmente 46 países miembros, de los
cuales 28 son del Continente Americano y 18 son países no
regionales.
El crecimiento de la familia del BID tiene un significado muy
especial, que en gran medida refleja las relaciones cada vez
más estrechas que unen las economías de América Latina y el
Caribe con las de los Estados Unidos y Canadá y con el resto
del mundo industrializado, sin olvidar los lazos culturales y
políticos de larga historia que han existido entre muchos
países de la región y países de Europa Occidental. Tal vez un
índice estadístico ilustra parcialmente la significación de
las relaciones económicas entre estos países. En el plano del
comercio se estima que alrededor del 70 por ciento de las
exportaciones e importaciones de América Latina y el Caribe se
realizan con los Estados Unidos, Canadá y los países no
regionales miembros del BID. A ellos se suma una porción del
17 por ciento de las exportaciones e importaciones
constituidas por el comercio recíproco entre los propios
países de América Latina y el Caribe. América Latina y el
Caribe ha aumentado su importancia relativa como mercado para
las exportaciones de los Estados Unidos y Canadá, pasando del
11 por ciento del total en 1970 a cerca del 14 por ciento en
1994, llegando a ocupar el tercer lugar entre los mercados
principales de exportación de estos dos países y muy de cerca
del mercado europeo, que ocupó el segundo lugar con un 16 por
ciento del total. De mantenerse las tendencias históricas de
las cuotas de comercio correspondientes a estos dos mercados,
América Latina desplazará muy pronto a Europa del segundo
lugar, si acaso ello ya no ocurrió en 1995. Los vínculos
financieros y de la inversión privada entre los países
miembros del Banco son aun más intensos que aquellos que
prevalecen en la esfera del comercio, pero su ilustración será
objeto de análisis en otra ocasión.
En síntesis, el BID ha constituido y continúa siendo cada vez
más un esfuerzo de cooperación internacional exitoso, que si
bien fue concebido originalmente para servir a las necesidades
del desarrollo económico y social de los países de América
Latina y el Caribe, sus actividades han derivado de hecho en
beneficios para todos y cada uno de sus países miembros,
regionales y no regionales. Por ello es que también podemos
afirmar ahora, al cabo de 35 años de operaciones, que nuestra
Institución es "algo más que un Banco."
2.La contribución del BID al desarrollo económico y social de
los países de América Latina y el Caribe
El BID, en sus treinta y cinco años de actividad, ha abordado
todos los campos de mayor prioridad del desarrollo económico y
social de los países de América Latina y el Caribe. En muchos
casos su actuación ha sido pionera, abriendo nuevos cauces al
financiamiento internacional para desarrollo y forjando
experiencias que más tarde, a veces con décadas de rezago, han
sido seguidos por otros organismos multilaterales y
consagradas como áreas legítimas del financiamiento
internacional. Entre ellas cabe señalar el financiamiento de
proyectos y programas de desarrollo social, principalmente en
los ámbitos de la educación, la salud, la vivienda, el
desarrollo urbano y rural integrado, y la reforma agraria.
Como se señaló anteriormente, la fuerte identificación del
Banco con los intereses y necesidades de los países
prestatarios, así como la simbiosis de éstos con la
Institución, creó un clima de entendimiento directo y una
profunda confianza y pertenencia mutua del Banco con los
gobiernos de la región, que ha sido un factor clave para
mantener un diálogo franco y permanente de política y de
formulación de los programas de actividad del BID. El Banco
ha tenido una presencia activa y continua en cada país
miembro, mediante sus oficinas de representación, abiertas
desde el mismo inicio de la asociación del país prestatario
con la Institución, y con las visitas frecuentes de las
misiones técnicas del Banco a los países, así como de las
autoridades oficiales de éstos a la Sede del Banco o a las
reuniones periódicas que éste organiza en distintos países
miembros. Toda esta interacción ha redundado en programas de
préstamos y cooperación técnica definidos de acuerdo mutuo,
con verdadero sentido de oportunidad, pertinencia y eficacia,
sin menoscabo de la soberanía nacional de los países miembros.
En sus 35 años de actividad, hasta fines de 1995, el Banco
otorgó a la América Latina y el Caribe 2.248 préstamos, por un
valor acumulado de $78.200 millones de dólares de poder
adquisitivo corriente (o su equivalente estimado de alrededor
de $122.400 millones de dólares de poder adquisitivo
comparable de 1995). Estos préstamos contribuyeron al
financiamiento de proyectos y programas en la región por un
monto total de $194.200 millones de dólares corrientes; esto
es, con un efecto catalítico directo sobre la inversión de dos
y media veces el financiamiento suministrado por el Banco.
Además, la cooperación técnica proporcionada por el Banco
ascendió a una cifra acumulada de $2.400 millones de dólares;
un poco más de la mitad (55%) en forma de donación, o de
recuperación contingente, y el resto como préstamos. A esto
se suman $191,7 millones de dólares en préstamos en el marco
del Programa de Financiamiento de Pequeños Proyectos y $157,4
millones de dólares de financiamiento suministrado con
recursos del Fondo Multilateral de Inversiones.
La asignación de los préstamos por sectores de destino
económico y social en la región ha seguido en el transcurso de
los años las orientaciones del desarrollo impresas por los
países miembros y por los parámetros de política establecidos
por los Gobernadores del Banco en oportunidad de cada
ejercicio de aumento de capital. Durante los años sesenta el
énfasis fue otorgado al financiamiento de la
industrialización, la urbanización, la modernización del agro,
los servicios sociales de vivienda, salud y educación y la
integración económica.
Durante la segunda década de actividades del Banco la
asignación de los recursos registró algunos cambios de
énfasis, particularmente en favor de los proyectos de energía,
a la vez que siguió las orientaciones de nuevas e innovadoras
políticas tendientes a mejorar las condiciones de equidad
entre los países y al interior de los mismos, a través de un
trato preferencial en sus préstamos a los países miembros de
menor desarrollo relativo y a los de mercado insuficiente,
iniciada en 1971, y a los grupos de más bajos ingresos en cada
país, primordialmente por la vía de proyectos generadores de
empleo productivo y del Programa para el Financiamiento de
Pequeños Proyectos, a partir de 1978. Hacia fines de los años
setenta y comienzos de los ochenta, los países
latinoamericanos lograron un acceso creciente a los mercados
financieros internacionales de carácter privado. El Banco
reforzó entonces su apoyo a los sectores menos atractivos para
el financiamiento privado, particularmente a proyectos de
infraestructura, que requerían inversiones públicas de gran
envergadura, y otros como el caso de proyectos de desarrollo
científico y tecnológico.
Hacia fines de la década de los años ochenta, y como reflejo
de las nuevas necesidades surgidas de la peor crisis económica
y financiera sufrida por la mayoría de los países de la región
desde la Gran Depresión, el Banco volcó una parte importante
de sus recursos y actividades al apoyo de las reformas
estructurales emprendidas por estos países. Para ello ha
venido ofreciendo préstamos sectoriales y de soporte a la
formulación de políticas macroeconómicas y a la adopción de
soluciones de las crisis de deuda externa.
El desglose sectorial de la cartera acumulada de préstamos
otorgados por el Banco en el período 1961-1995 permite
destacar los resultados principales siguientes: desarrollo
social (salud, saneamiento, desarrollo urbano, educación,
medio ambiente, fondos de inversión social y microempresa), un
23.4%; energía, 19,9%; agricultura y pesca, 15,6%; transporte
y comunicaciones, 13,4%; industria, minería y turismo, 11%;
planificación y reformas, 9,8%; ciencia y tecnología, 1,8%, y
otros, 5.1%. En la mayoría de los sectores en que opera, el
Banco ha concedido servicios de cooperación técnica,
paralelamente a los créditos otorgados, con el propósito de
crear y fortalecer la capacidad institucional necesaria para
el desarrollo económico y social de los países miembros
prestatarios.
Otra faceta fundamental de las actividades del Banco la
constituye la movilización de recursos desde los mercados
financieros internacionales y a través de múltiples arreglos
complementarios, como son, principalmente, los fondos en
fideicomiso y el mecanismo de cofinanciamiento.
Para solventar los desembolsos correspondientes a los créditos
otorgados a los países miembros prestatarios, el Banco
mantiene una cartera de empréstitos obtenidos en los mercados
financieros internacionales por la vía de la colocación de
bonos, cuyo monto global, estructura de costos y vencimientos,
y denominación por monedas, varía conforme a las necesidades
financieras del Banco y a las mejores oportunidades que
brindan los mercados. Por ejemplo, a fines de 1995, el monto
global de los empréstitos pendientes del Banco, expresados en
su equivalente en dólares, alcanzó la cifra de US$26.338
millones.
Desde la creación del Banco, los fondos fiduciarios encargados
a su administración han constituido una fuente importante de
financiamiento adicional al suministrado por la Institución a
través de sus préstamos hechos con recursos de sus fondos de
capital ordinario y de operaciones especiales. El primer
fondo fiduciario fue establecido por los Estados Unidos en
1961. Desde entonces numerosos otros fondos han sido
confiados en administración al Banco, tanto por los países
miembros no prestatarios como por los prestatarios. Entre
ellos se destacan el Fondo Venezolano de Fideicomiso, el Fondo
Sueco para Pequeños Proyectos, el Fondo Canadiense, el Fondo
del Reino Unido, el Fondo de Cooperación Técnica y Pequeños
Proyectos, el Fondo Argentino, el Fondo V Centenario y el
Fondo de la Comunidad Económica Europea. Una información más
completa sobre estos fondos aparece en el cuadro que se
acompaña al final de este artículo.
Las operaciones de cofinanciamiento, por su parte, han
constituido un valioso mecanismo de adición de recursos para
contribuir a solventar las inversiones apoyadas por los
préstamos del Banco. En los años más recientes, con la
disminución de los recursos blandos del Fondo para Operaciones
Especiales del Banco, las fuentes de cofinanciamiento han
venido a cumplir también una función de apoyo en la tarea de
movilizar fondos en condiciones concesionales, que son
requeridos especialmente en la implementación de los programas
de reforma social en América Latina y el Caribe. Las
operaciones de cofinanciamiento en 1995 ascendieron a cerca de
US$145 millones provenientes de fuentes oficiales,
principalmente de países europeos y la OPEP; más US$340
millones aportados por Japón. A esto se agregan operaciones
de financiamiento paralelo a que el Banco Mundial concurrió
con US$2.550 millones.
3.El Banco frente a los nuevos desafíos del desarrollo
latinoamericano en los años noventa.
El cambio en las condiciones económicas fundamentales de los
países latinoamericanos y del Caribe hacia fines de los años
ochenta y en lo que va transcurrido de los noventa ha sido
realmente extraordinario. Las reformas estructurales
emprendidas por la gran mayoría de los países han calado muy
profundamente en la realidad regional, creando nuevas
oportunidades y planteando nuevos problemas. La
liberalización de los mercados y de los sistemas de precios;
la apertura comercial, y la redefinición del papel del Estado
y su dimensionamiento han transformado radicalmente el
funcionamiento de las economías. Algunos frutos importantes
de estas reformas y de las políticas de estabilización que les
han acompañado incluyen la eliminación de fuertes procesos
inflacionarios y el logro de una progresiva estabilidad de los
precios internos; una recuperación de la confianza depositada
por los inversionistas e instituciones financieras extranjeras
en las perspectivas económicas de la región; una disminución
apreciable de los déficit fiscales y un mejoramiento de la
disciplina fiscal y de la gestión del sector público, y una
recuperación paulatina del crecimiento económico en la mayoría
de los países.
Sin embargo, junto a esos avances, se observa la persistencia
y, en algunos frentes, un agravamiento de los desequilibrios,
además que un retroceso en las carencias sociales.
Los déficit externos relativamente crónicos de la mayoría de
los países de la región se agudizaron significativamente como
reflejo de un crecimiento extraordinario de las importaciones,
mucho mayor que el de las exportaciones, inducido
principalmente por la apertura comercial y la recuperación
económica. Incluso algunos países que tradicionalmente
gozaron de superávit o equilibrios de la cuenta corriente han
enfrentado posiciones deficitarias agudas en los años
recientes. Una parte del aumento de las importaciones ha
consistido en maquinarias y equipos e insumos intermedios
absorbidos por la recuperación de la inversión y de la
actividad económica, pero otra parte significativa ha
respondido al fuerte incremento de los gastos en consumo
corriente.
Correlativamente con esta expansión del déficit externo y de
los gastos en consumo, el ahorro privado en América Latina y
el Caribe ha disminuido en medida apreciable. La brecha entre
ahorro e inversión ha sido cubierta, inclusive en exceso, por
una vigorosa entrada de capitales externos, en su mayor parte
originados en fuentes financieras internacionales de carácter
privado, cuyo monto total ascendió a un promedio anual de
US$58.000 millones en 1992-1994.
Una parte importante de los recursos ha ingresado en la forma
de inversiones directas, por una cuantía equivalente al 20 por
ciento del total, a la vez que otra cifra parecida
correspondió a inversiones de cartera y otros financiamientos
a corto plazo, atraídos por las elevadas tasas de interés
internas en la región y por las oportunidades de rentabilidad
surgidas de la recuperación de los precios de los valores
bursátiles y de otros títulos transados en los mercados de
capitales locales, los que en algunos países registraron alzas
extraordinarias en los últimos años.
Tanto el aumento extraordinario del déficit corriente de
balanza de pagos y su contraparte de contracción del ahorro
interno, así como la presencia de elevados flujos de fondos
financieros internacionales privados, de tipo especulativo y a
corto plazo, han acentuado la vulnerabilidad externa de muchas
de las economías de la región, dejándolas expuestas a los
riesgos y dificultades de la inestabilidad de expectativas de
los inversionistas extranjeros y de las condiciones políticas
o sociales internas. Las recientes experiencias de México y
Argentina y, en menor medida, de otras economías de la región
ilustran la interacción de factores de inestabilidad interna y
externa que han probado ser capaces de arrastrar a serias
crisis financieras y económicas.
Hay otros aspectos del devenir económico y social de los
países de la región que registran, asimismo, una trayectoria
desfavorable y que plantean los mayores desafíos a los
esfuerzos de desarrollo de estos países y a la cooperación
económica internacional, inclusive a las instituciones como el
BID. Entre ellos se destaca el agravamiento de la brecha
social.
Debemos reconocer, en primer lugar, que el retraso social en
muchos países de la región y su agravamiento en los quince
años pasados constituyen un serio entrabamiento al crecimiento
y la modernización económica y a la consolidación de las
conquistas democráticas. Se estima que unos 200 millones de
personas --el 46 por ciento de la población de América Latina
y el Caribe-- carecen de los medios necesarios para satisfacer
sus necesidades básicas y que 94 millones de ellos se
encuentran en situación de extrema pobreza.
En segundo lugar, cabe observar que las condiciones sociales
imperantes en los países de la región varían ampliamente, con
índices de desigualdad aguda, por lo que sería equivocado el
pretender la formulación de un diagnóstico simple y, más grave
aun, el proponer políticas únicas o de validez general. Cada
país es una realidad social, política, institucional y
económica distinta, a la vez que las demandas de equidad y
progreso social son también diferentes en cada caso.
Sin embargo, pensamos que hay algunos elementos de base que
son comunes en esa compleja y tan diversa problemática; los
cuales podrían servir de fundamento pare enunciar ciertos
principios generales de política. Una premisa de partida es
reconocer que el desarrollo económico sostenido presupone una
creciente participación e integración social, que elimine
factores de exclusión y que incorpore a todos los estamentos
sociales en los esfuerzos comunes de modernización productiva.
Ello significa un esfuerzo deliberado y especial para
incorporar a los sectores más pobres a la modernidad. La
reforma social requiere para estos fines un renovado y
fortalecido diálogo nacional, conducente al logro de un sólido
consenso político.
El Banco Interamericano de Desarrollo, que desde su nacimiento
atendió con prioridad las necesidades de orden social, ha
recibido de sus gobiernos un mandato renovado y una mayor
dotación de recursos financieros para llevar adelante una
acción reforzada de apoyo a la reforma social y a la reducción
de la pobreza, como parte primordial de su compromiso de
contribuir a los esfuerzos de desarrollo sustentable en la
región. Nuestra programación de actividades nos proyecta a
una amplia gama de tareas, que incluye los ámbitos de la
educación, la salud, el saneamiento ambiental, la nutrición,
el desarrollo urbano y rural, la creación de empleo,
especialmente en los sectores de microempresas y pequeñas
empresas, y la modernización del Estado. El énfasis de
nuestra acción continuará puesto en los grupos sociales de
ingresos más bajos, mediante programas y proyectos de
educación preescolar y básica, salud primaria y materno
infantil, nutrición, mejoramiento de barrios pobres y fomento
de la capacidad productiva de los pequeños agricultores y las
microempresas.
4.Conclusiones
El Banco Interamericano de Desarrollo siempre ha sido y
continúa siendo una institución innovadora en el ámbito de la
cooperación financiera y técnica para el desarrollo de los
países de América Latina y el Caribe. Para la mayoría de
estos países, especialmente los de tamaño intermedio y menor,
el BID ha sido la principal fuente de financiamiento oficial
internacional y un agente protagónico de su desarrollo,
constantemente presente para atender sus variadas necesidades
económicas, sociales e institucionales. Esa vocación
innovadora del Banco nunca se ha perdido. Al contrario, ella
ha sido reforzada en los años recientes en respuesta a los
nuevos desafíos planteados por la crisis de la década pasada y
por las demandas surgidas de la rápida transformación
productiva e institucional impulsada por las reformas
estructurales.
Los países de América Latina y el Caribe, por su parte, han
demostrado reiteradamente una extraordinaria capacidad de
sacrificio y una gran disciplina social para enfrentar los
retos de los rápidos y profundos procesos de cambio y las
crisis de ajuste de sus economías. Ellos cuentan, además, con
una base muy rica de recursos naturales, una abundante fuerza
de trabajo y un conjunto de valores e instituciones propicias
al desarrollo. La introducción de medidas de política que
aseguren una mayor equidad distributiva de los costos y
beneficios económicos y sociales del desarrollo es ahora un
requisito de importancia crítica para continuar por el camino
de progreso y modernización que se han propuesto estos países.
La historia del Banco y su decidida voluntad de cooperación y
compromiso con el desarrollo regional auguran el reforzamiento
de esta relación simbiótica entre sus países miembros y la
Institución. Constituimos un esfuerzo común de cooperación y
enfrentamos los mismos desafíos.
*Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y de la
Cooperación Interamericana de Inversiones. (Texto tomado del
Ministerio de Relaciones Exteriores)
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