Quito. 29 ene 96. La situación judicial y carcelaria del país
ha saltado al primer plano: se dicta y se levanta una prisión
preventiva contra un alto funcionario, el mercado cambiario se
afecta espectacularmente con la comparecencia de las
autoridades monetarias ante la Corte Suprema.
Paralelamente centenares de personas entran a la fuerza en la
penitenciaría de Guayaquil para exigir que se restablezcan las
actividades de los trabajadores penitenciarios que han
decretado un paro nacional, mientras en Quito, se reinicia un
paro en la cárcel de mujeres porque centenares de reclusas
conviven con sus hijos menores.
Son estas razones que señala el Centro de Estudios y Análisis
(CEA) para presentar un primer diagnóstico sobre la situación
carcelaria en el país en relación con las normas y
procedimientos penales.
Intentos por conocer el problema en su magnitud
Todos los ecuatorianos reclaman por los sistemas obsoletos y
corruptos de administración de justicia pero, ubica el CEA,
solo a partir de un censo carcelario realizado a fines de 1994
ha sido posible conocer con precisión cuál es la situación
real en el Ecuador y se han iniciado programas importantes
para revertir el caos imperante.
Por primera vez se conoce cuantos procesos se están tramitando
en el país y el total de detenidos que se aproxima a 10 mil
personas, la mayoría de las cuales (81,7%) al momento del
censo no reportó ningún documento de identificación o
pasaporte, lo que es realmente grave porque bien podría darse
la compra de servicios para que purgen las penas personas
diferentes a las que cometieron los delitos. Se ha podido
conocer los porcentajes de detenidos nacionales y extranjeros
y de éstos, más de la mitad proceden de Colombia, disputándose
un segundo lugar peruanos y españoles y un tercer lugar
norteamericanos y chilenos. Para el análisis de las
características de los delincuentes ha sido muy útil
establecer cómo el 50% de los presos se ubican entre los 24 a
37 años, hay un alto porcentaje de jóvenes (25%) mientras a
partir de los 50 años disminuye radicalmente.
Concomitantemente, la permanencia de los detenidos en las
cárceles concentra el más alto porcentaje entre 1 y 3 años,
resultando grave que por la lentitud en los trámites
judiciales un 60% de los detenidos está con prisión
preventiva, pues no han sido sentenciados.
CARCHI Y ESMERALDAS TIENEN MAS DETENIDOS
Es digno de todo elogio el trabajo que para modernizar la
administración de la justicia penal viene realizando un grupo
de trabajo conjunto de sector judicial ecuatoriano conformado
por la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General, el
Ministerio Fiscal, el Ministerio de Gobierno, la Presidencia
de la República, el CONADE y la Policía Nacional para iniciar
un Plan Piloto de capacitación a los jueces penales en sus
diferentes áreas de jurisdicción a fin de que administren
justicia con equidad y celeridad. En tal empeño, la ejecución
de dicho programa por parte de la Corporación Latinoamericana
de Desarrollo (CLD) constituye un aporte sin precedentes a la
transformación del sistema penal ecuatoriano.
El Censo Penitenciario de 1994 arroja datos trascendentales
que los ecuatorianos debemos analizar a profundidad para
adoptar soluciones idóneas de los problemas sociales y
culturales en los que tiene su origen la delincuencia. Es
preocupante que las provincias de Carchi y Esmeraldas tienen
la mayor densidad penitenciaria con alrededor de 14 presos por
cada 10 mil habitantes; hallándose muy cerca el Oro y
Pichincha con más de 12, muy cerca de aquellas Imbabura,
mientras Los Ríos, Guayas y Loja se hallan en un nivel
intermedio. Es reconfortante también que las provincias del
centro de la Sierra ecuatoriana con un alto porcentaje de
población indígena y campesina tienen los menores índices de
delincuencia.
El programa desarrollado por las autoridades y la CLD debe
continuar hasta sus últimas consecuencias y ello demanda la
colaboración de todos los jueces y adminstradores de justicia
para actualizar la situación de las causas penales, mientras
los centros de reclusión y prisión deben hacer lo propio
respecto a los detenidos. La Constitución de la República
prescribe la necesaria rehabilitación de los sentenciados,
pero tan importante como aquello es que el número de presos
sin sentencia disminuya para que la prisión preventiva sea la
excepción y la justicia fluya en forma transparente.
UN 42% DE DETENIDOS LO SON POR NARCOTRAFICO
Del total de detenidos en el Ecuador, casi un 42% lo son por
narcotráfico, ya se trate de tenencia y comercialización o
consumo. Alrededor de un 30% son delitos contra la propiedad,
poco más del 16% lo son contra las personas y ocupa un cuarto
lugar el grupo de delitos sexuales.
Las infracciones de tránsito desconocidas.- Más grave aún es
el desconocimiento generalizado de las contravenciones y
delitos de tránsito, considerando que el parque automotor
nacional leglamente registrado se aproxima a las 700 mil
unidades y que el número de conductores con licencia o sin
ella supera con creces ese número, desconciéndose que las
infracciones se causan por conducir en estado de embriaguez o
intoxicación, por el rebasamiento en zonas peligrosas (curvas
o pendientes), por la conducción con exceso de pasajeros o
carga, al apagar el motor en una pendiente, abandonarse o
descuidar animales en las vías, realizar servicios de
reparación en las vías, no efectuar cambios de luces, no
socorrer a las víctimas, estacionar o detenerse en zonas de
peligro, conducir sin autorización o con placas falsas,
confiar el vehículo a personas inexpertas y faltar el respeto
a las autoridades de tránsito. Desde luego que las
contravenciones anteriores se convierten en delitos con penas
de prisión cuando las circunstancias anteriores causan la
muerte o incapacidades permanentes o graves en las personas.
Delitos y corrupción en el sistema financiero.- Los hechos
ocurridos a fines del año anterior, con el cierre de algunas
casas de valores y liquidación de instituciones financieras no
han dejado de preocupar a millares de familias cuyos miembros
se sienten desprotegidos cuando advierten que han sido
afectados por estafas o perjuicos millonarios y por ello es
menester recordar que los ciudadanos por ignorancia pueden ser
víctimas de infracciones que cometen quienes efectúan
operaciones de intermediación financiera que no les
corresponde o incumplen la orden de suspensión de tales
operaciones, siendo igualmente grave ocultar la verdadera
situación a la Superintendencia de Bancos, practicar
liquidaciones forzosas por fraude, simular enajenaciones o
gravámenes en perjuicio de los acreedores o disponer o
comprometer los bienes que estos los dieron en custodia o
depósito.
Los delitos más comunes del narcotráfico.- Considerando que
el más alto porcentaje de sentenciados en el Ecuador
corresponde al narcotráfico es menester recordar que de
acuerdo con la Ley están penalizadas desde la siembra o
cultivo de plantas de las que se puede extraer elementos para
fabricar sustancias psicotrópicas, hasta el tráfico,
transporte y tenencia de estupefacientes. También lo están la
administración indebida de drogas que caucen enfermedades o la
muerte, la inducción a que lo hagan los deportistas, la receta
injustificada o su falsificación y el vincularse como
propietario o dependiente de establecimientos que vendan estos
elementos.
CARCHI Y ESMERALDAS TIENEN MAS DETENIDOS
Es digno de todo elogio el trabajo que para modernizar la
administración de la justicia penal viene realizando un grupo
de trabajo conjunto de sector judicial ecuatoriano conformado
por la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General, el
Ministerio Fiscal, el Ministerio de Gobierno, la Presidencia
de la República, el CONADE y la Policía Nacional para iniciar
un Plan Piloto de capacitación a los jueces penales en sus
diferentes áreas de jurisdicción a fin de que administren
justicia con equidad y celeridad. En tal empeño, la ejecución
de dicho programa por parte de la Corporación Latinoamericana
de Desarrollo (CLD) constituye un aporte sin precedentes a la
transformación del sistema penal ecuatoriano.
El Censo Penitenciario de 1994 arroja datos trascendentales
que los ecuatorianos debemos analizar a profundidad para
adoptar soluciones idóneas de los problemas sociales y
culturales en los que tiene su origen la delincuencia. Es
preocupante que las provincias de Carchi y Esmeraldas tienen
la mayor densidad penitenciaria con alrededor de 14 presos por
cada 10 mil habitantes; hallándose muy cerca el Oro y
Pichincha con más de 12, muy cerca de aquellas Imbabura,
mientras Los Ríos, Guayas y Loja se hallan en un nivel
intermedio. Es reconfortante también que las provincias del
centro de la Sierra ecuatoriana con un alto porcentaje de
población indígena y campesina tienen los menores índices de
delincuencia.
El programa desarrollado por las autoridades y la CLD debe
continuar hasta sus últimas consecuencias y ello demanda la
colaboración de todos los jueces y adminstradores de justicia
para actualizar la situación de las causas penales, mientras
los centros de reclusión y prisión deben hacer lo propio
respecto a los detenidos. La Constitución de la República
prescribe la necesaria rehabilitación de los sentenciados,
pero tan importante como aquello es que el número de presos
sin sentencia disminuya para que la prisión preventiva sea la
excepción y la justicia fluya en forma transparente. (DIARIO
HOY) (P. 6-A)
ha saltado al primer plano: se dicta y se levanta una prisión
preventiva contra un alto funcionario, el mercado cambiario se
afecta espectacularmente con la comparecencia de las
autoridades monetarias ante la Corte Suprema.
Paralelamente centenares de personas entran a la fuerza en la
penitenciaría de Guayaquil para exigir que se restablezcan las
actividades de los trabajadores penitenciarios que han
decretado un paro nacional, mientras en Quito, se reinicia un
paro en la cárcel de mujeres porque centenares de reclusas
conviven con sus hijos menores.
Son estas razones que señala el Centro de Estudios y Análisis
(CEA) para presentar un primer diagnóstico sobre la situación
carcelaria en el país en relación con las normas y
procedimientos penales.
Intentos por conocer el problema en su magnitud
Todos los ecuatorianos reclaman por los sistemas obsoletos y
corruptos de administración de justicia pero, ubica el CEA,
solo a partir de un censo carcelario realizado a fines de 1994
ha sido posible conocer con precisión cuál es la situación
real en el Ecuador y se han iniciado programas importantes
para revertir el caos imperante.
Por primera vez se conoce cuantos procesos se están tramitando
en el país y el total de detenidos que se aproxima a 10 mil
personas, la mayoría de las cuales (81,7%) al momento del
censo no reportó ningún documento de identificación o
pasaporte, lo que es realmente grave porque bien podría darse
la compra de servicios para que purgen las penas personas
diferentes a las que cometieron los delitos. Se ha podido
conocer los porcentajes de detenidos nacionales y extranjeros
y de éstos, más de la mitad proceden de Colombia, disputándose
un segundo lugar peruanos y españoles y un tercer lugar
norteamericanos y chilenos. Para el análisis de las
características de los delincuentes ha sido muy útil
establecer cómo el 50% de los presos se ubican entre los 24 a
37 años, hay un alto porcentaje de jóvenes (25%) mientras a
partir de los 50 años disminuye radicalmente.
Concomitantemente, la permanencia de los detenidos en las
cárceles concentra el más alto porcentaje entre 1 y 3 años,
resultando grave que por la lentitud en los trámites
judiciales un 60% de los detenidos está con prisión
preventiva, pues no han sido sentenciados.
CARCHI Y ESMERALDAS TIENEN MAS DETENIDOS
Es digno de todo elogio el trabajo que para modernizar la
administración de la justicia penal viene realizando un grupo
de trabajo conjunto de sector judicial ecuatoriano conformado
por la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General, el
Ministerio Fiscal, el Ministerio de Gobierno, la Presidencia
de la República, el CONADE y la Policía Nacional para iniciar
un Plan Piloto de capacitación a los jueces penales en sus
diferentes áreas de jurisdicción a fin de que administren
justicia con equidad y celeridad. En tal empeño, la ejecución
de dicho programa por parte de la Corporación Latinoamericana
de Desarrollo (CLD) constituye un aporte sin precedentes a la
transformación del sistema penal ecuatoriano.
El Censo Penitenciario de 1994 arroja datos trascendentales
que los ecuatorianos debemos analizar a profundidad para
adoptar soluciones idóneas de los problemas sociales y
culturales en los que tiene su origen la delincuencia. Es
preocupante que las provincias de Carchi y Esmeraldas tienen
la mayor densidad penitenciaria con alrededor de 14 presos por
cada 10 mil habitantes; hallándose muy cerca el Oro y
Pichincha con más de 12, muy cerca de aquellas Imbabura,
mientras Los Ríos, Guayas y Loja se hallan en un nivel
intermedio. Es reconfortante también que las provincias del
centro de la Sierra ecuatoriana con un alto porcentaje de
población indígena y campesina tienen los menores índices de
delincuencia.
El programa desarrollado por las autoridades y la CLD debe
continuar hasta sus últimas consecuencias y ello demanda la
colaboración de todos los jueces y adminstradores de justicia
para actualizar la situación de las causas penales, mientras
los centros de reclusión y prisión deben hacer lo propio
respecto a los detenidos. La Constitución de la República
prescribe la necesaria rehabilitación de los sentenciados,
pero tan importante como aquello es que el número de presos
sin sentencia disminuya para que la prisión preventiva sea la
excepción y la justicia fluya en forma transparente.
UN 42% DE DETENIDOS LO SON POR NARCOTRAFICO
Del total de detenidos en el Ecuador, casi un 42% lo son por
narcotráfico, ya se trate de tenencia y comercialización o
consumo. Alrededor de un 30% son delitos contra la propiedad,
poco más del 16% lo son contra las personas y ocupa un cuarto
lugar el grupo de delitos sexuales.
Las infracciones de tránsito desconocidas.- Más grave aún es
el desconocimiento generalizado de las contravenciones y
delitos de tránsito, considerando que el parque automotor
nacional leglamente registrado se aproxima a las 700 mil
unidades y que el número de conductores con licencia o sin
ella supera con creces ese número, desconciéndose que las
infracciones se causan por conducir en estado de embriaguez o
intoxicación, por el rebasamiento en zonas peligrosas (curvas
o pendientes), por la conducción con exceso de pasajeros o
carga, al apagar el motor en una pendiente, abandonarse o
descuidar animales en las vías, realizar servicios de
reparación en las vías, no efectuar cambios de luces, no
socorrer a las víctimas, estacionar o detenerse en zonas de
peligro, conducir sin autorización o con placas falsas,
confiar el vehículo a personas inexpertas y faltar el respeto
a las autoridades de tránsito. Desde luego que las
contravenciones anteriores se convierten en delitos con penas
de prisión cuando las circunstancias anteriores causan la
muerte o incapacidades permanentes o graves en las personas.
Delitos y corrupción en el sistema financiero.- Los hechos
ocurridos a fines del año anterior, con el cierre de algunas
casas de valores y liquidación de instituciones financieras no
han dejado de preocupar a millares de familias cuyos miembros
se sienten desprotegidos cuando advierten que han sido
afectados por estafas o perjuicos millonarios y por ello es
menester recordar que los ciudadanos por ignorancia pueden ser
víctimas de infracciones que cometen quienes efectúan
operaciones de intermediación financiera que no les
corresponde o incumplen la orden de suspensión de tales
operaciones, siendo igualmente grave ocultar la verdadera
situación a la Superintendencia de Bancos, practicar
liquidaciones forzosas por fraude, simular enajenaciones o
gravámenes en perjuicio de los acreedores o disponer o
comprometer los bienes que estos los dieron en custodia o
depósito.
Los delitos más comunes del narcotráfico.- Considerando que
el más alto porcentaje de sentenciados en el Ecuador
corresponde al narcotráfico es menester recordar que de
acuerdo con la Ley están penalizadas desde la siembra o
cultivo de plantas de las que se puede extraer elementos para
fabricar sustancias psicotrópicas, hasta el tráfico,
transporte y tenencia de estupefacientes. También lo están la
administración indebida de drogas que caucen enfermedades o la
muerte, la inducción a que lo hagan los deportistas, la receta
injustificada o su falsificación y el vincularse como
propietario o dependiente de establecimientos que vendan estos
elementos.
CARCHI Y ESMERALDAS TIENEN MAS DETENIDOS
Es digno de todo elogio el trabajo que para modernizar la
administración de la justicia penal viene realizando un grupo
de trabajo conjunto de sector judicial ecuatoriano conformado
por la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General, el
Ministerio Fiscal, el Ministerio de Gobierno, la Presidencia
de la República, el CONADE y la Policía Nacional para iniciar
un Plan Piloto de capacitación a los jueces penales en sus
diferentes áreas de jurisdicción a fin de que administren
justicia con equidad y celeridad. En tal empeño, la ejecución
de dicho programa por parte de la Corporación Latinoamericana
de Desarrollo (CLD) constituye un aporte sin precedentes a la
transformación del sistema penal ecuatoriano.
El Censo Penitenciario de 1994 arroja datos trascendentales
que los ecuatorianos debemos analizar a profundidad para
adoptar soluciones idóneas de los problemas sociales y
culturales en los que tiene su origen la delincuencia. Es
preocupante que las provincias de Carchi y Esmeraldas tienen
la mayor densidad penitenciaria con alrededor de 14 presos por
cada 10 mil habitantes; hallándose muy cerca el Oro y
Pichincha con más de 12, muy cerca de aquellas Imbabura,
mientras Los Ríos, Guayas y Loja se hallan en un nivel
intermedio. Es reconfortante también que las provincias del
centro de la Sierra ecuatoriana con un alto porcentaje de
población indígena y campesina tienen los menores índices de
delincuencia.
El programa desarrollado por las autoridades y la CLD debe
continuar hasta sus últimas consecuencias y ello demanda la
colaboración de todos los jueces y adminstradores de justicia
para actualizar la situación de las causas penales, mientras
los centros de reclusión y prisión deben hacer lo propio
respecto a los detenidos. La Constitución de la República
prescribe la necesaria rehabilitación de los sentenciados,
pero tan importante como aquello es que el número de presos
sin sentencia disminuya para que la prisión preventiva sea la
excepción y la justicia fluya en forma transparente. (DIARIO
HOY) (P. 6-A)
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