Es una resolución definitiva. Las denuncias sobre la injerencia política y de los servidores judiciales en un sector de los presidentes de los tribunales de Honor de los colegios de Abogados tuvieron más peso que la candidatura y la auto posesión de Marco Cordero, como el cuarto miembro del Comité de Calificación de la nueva Corte Suprema.

Carlos Estarellas, designado por las facultades de Derecho, comunicó la resolución de los tres miembros de la Comisión. “Solicitar al doctor Cordero que abandone la oficina que ocupa, pudiendo, como todo ciudadano, pedir audiencias para presentar inquietudes o propuestas”.

Mientras Estarellas leía el documento escrito a mano, lo escoltaba el coronel de Policía Hernán Páez, quien ha vivido de cerca la crisis de la Justicia, desde finales de noviembre del año pasado. El oficial de la Policía ha cumplido las órdenes de sus superiores para, en un principio, desalojar a los magistrados de la Suprema, reprimir a los manifestantes en contra de la Corte presidida por Guillermo Castro y para no dejar a ingresar a los magistrados de la última Corte al edificio, a inicios de abril.

La decisión de los tres miembros del Comité molestó a Cordero, quien ocupa una oficina en el séptimo piso del edificio donde funcionará la Corte Superior de Quito, al norte. A él lo acompañaban cuatro personas. “No me interesa lo que hayan dicho. Tendría que pedir lo mismo para ellos porque estamos en igualdad de condiciones. Vamos a poner en conocimiento las injerencias políticas”, dijo el elegido por un sector de los presidentes de los tribunales de Honor.

Por la mañana, el diplomático de carrera tenía la logística necesaria para movilizarse y una oficina para trabajar. Incluso, se le indicó que una judicial lo acompañaría como asistente. Todo esto fue facilitado por la Dirección Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, que es manejada por Olmedo Castro, y por la Administración del edificio.

Castro justificó sus decisiones luego de que los tres miembros del Comité dispusieron que el representante de los abogados abandonara el edificio. “Nosotros no resolvemos esos problemas, tenemos que dar facilidades, pero el Comité tiene la última palabra y ellos ordenan”, dijo.

Antes de las 13:00, los comisionados llamaron a Cordero para una reunión. El delegado de los tribunales de Honor llegó a la oficina de Carlos Estarellas, en el octavo piso. Luego de 20 minutos de reunión, dijo que “no tenía nada que declarar”.

Sin embargo, Rosendo López, Bolívar Torres y Estarellas informaron que Cordero defendió la legitimidad de su nombramiento. Ellos, por su parte, le comunicaron sobre sus decisiones pidiéndole que desalojara el edificio.

Aclararon que ellos no cuestionan la calidad profesional de Cordero, sino las dos resoluciones de los tribunales de Honor reunidos que fueron impugnadas mutuamente por no haber cumplido con los requisItos de la Ley.

Cordero anunció, según el comisionado Estarellas, que llegarán a protestar al edificio decenas de personas que exigirán que se mantenga en el puesto. Y dijo que “lo que se hace en Derecho se deshace en Derecho”, según Estarellas, refiriéndose a la convocatoria que hicieron a la sociedad civil para que presente candidatos al Comité.

La veeduría de las Redes de Justicia rechazó la actitud de Marco Cordero al autoposesionarse como cuarto miembro del Comité de Calificación. “Respaldamos la posición de los tres miembros del Comité, que en cumplimiento de la Ley rechazaron el intento abusivo de posesionar al cuarto miembro de manera ilegal.

Seguimos vigilantes frente a los intentos de injerencia y presión que no vienen solo de los partidos políticos sino de gremios como la Fenaje”, dice un comunicado avalado por Beatriz Bordes, Rocío Salgado y Marco Albuja.

Además, de estos líos que genera la presencia de Cordero, los delegados tienen que sortear otras dificultades. Uno de los tres comisionados, que prefirió que su nombre no fuera publicado, señaló que ha recibido tres llamadas para amenazarlo. “Siento que hay personas que no quieren que este Comité avance”, dijo.

Otra de las preocupaciones de los miembros es que las hojas de vida de candidatos no están llegando en la cantidad que esperaban. Hasta ayer por la tarde solo había las postulaciones de cuatro personas para ocupar la vacante. La última fue de Luis Vallejo López, postulado por la Universidad Técnica de Cotopaxi.

Para hoy, día en que termina el plazo de entrega de postulaciones a las 18:30, se anunció que la Asamblea de Mujeres, que exige que se elija a una mujer para el cargo y propondrá a Luzmila Rodríguez, Berenice Pólit y Ana Abril.

Más seguridad

Los argumentos de Cordero

La amplia experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores es la carta de defensa de Marco Cordero. Él asegura que su vida laboral sirve como libre ejercicio profesional de la abogacía, uno de los requisitos para ingresar al Comité, pero que no es aceptado por la veeduría.

La seguridad reforzada

El Comité, por las amenazas y por el anuncio de una movilización, pidió a la Policía que incremente la seguridad en el edificio de La Pradera.

La Fenaje visita al Comité calificador

Luego de que Bolívar Torres, Carlos Estarellas y Rosendo López decidieron no dar más tiempo para que el representante de los tribunales Honor de los colegios de Abogados no sea tomado en cuenta, por mandato de la Ley, invitaron a la sociedad civil.

Esto ocasionó que el gremio de los juristas se reuna por tercera ocasión, el viernes en Quito, para ratificarse en lo actuado en Guaranda y en la representación de Marco Cordero para el Comité Calificador.

El acta de respaldo a Cordero, quien según la veeduría de las redes de Justicia no cumple con los requisitos para el cargo, fue firmada por 13 presidentes de los tribunales de Honor del país. En la resolución exigieron a los tres miembros del Comité que Cordero se sume al trabajo del grupo.

Los trabajadores judiciales tampoco están de acuerdo con la actuación del Comité y critica a uno de sus miembros. Luis Muñoz, líder de ese gremio que agrupa unos 4 000 trabajadores, señaló que el Comité está pasando de ilegalidad en ilegalidad. “Entre los Abogados fue elegido Marco Cordero. Elegir otro es otra ilegalidad de muchas ilegalidades.

Hoy a las 11:00, los dirigentes de la Federación de Judiciales van al Comité para ser escuchados. En el gremio se analiza la posibilidad de que los judiciales sean veedores, a más de las redes de Justicia y de la Asamblea de Mujeres. El Comité debió haberse constituído el pasado miércoles.

El representante de los juristas persiste en integrar el Comité

Uno de los sectores más interesados en la conformación de la nueva Corte Suprema aún no puede sortear la división. Por segunda ocasión en este mes, los presidentes de los tribunales de Honor de los Colegios de Abogados proponen diferentes candidatos para ocupar la vacante en el Comité Calificador.

El Comité está integrado por Bolívar Torres, Carlos Estarellas y Rosendo López.

Ayer, ocho titulares de tribunales se reunieron en el Colegio de Abogados de Quito y decidieron postular a tres personas para que ocupen el puesto de la Comisión: el imbabureño Julio César Trujillo (afín a Pachakutik), la cuencana María Teresa Rodas y el guayaquileño John Dunn Barreiro.

Gustavo Medina, presidente del Tribunal de Quito, hizo el anuncio. Él, además, señaló que esas postulaciones las hacían como miembros de la sociedad civil y no como uno de los grupos que debían tener su representante en el Comité.

La división entre los abogados es evidente. El viernes pasado, 13 titulares de tribunales ratificaron su apoyo al representante Marco Cordero. En la resolución, que fue firmada por los asistentes, exigieron a los tres miembros del Comité que Cordero se sume a ellos, para que así funcione.

El comisionado Bolívar Torres aseguró que ese día recibió la hoja de vida y otros documentos de la delegación de Cordero. Y aclaró que eso no implica que sea el nuevo integrante del Comité y que participará como un aspirante más de la sociedad civil.

Sin embargo, el viernes, el Departamento de Relaciones Publicas del organismo comunicó a los medios de prensa de la “posesión de Marco Cordero como el cuarto integrante”.

La veeduría de las Redes de Justicia indicó que “la ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial señala que dentro de los 20 días posteriores a la expedición de esta ley se constituirá el comité; este plazo se cumplió el miércoles pasado. Lamentablemente, los presidentes de los Tribunales de Honor de los Colegios de Abogados, por una división interna, no pudieron nombrar a un solo representante en forma mayoritaria”.

Estas ONG también criticaron la candidatura de Cordero porque no cumple con los requisitos legales para ocupar un puesto en la Comisión.

En el Colegio de los juristas en libre ejercicio se han denunciado, desde hace varias semanas, injerencias políticas del Prian, de Álvaro Noboa, y de los trabajadores judiciales, por medio del líder sindical Luis Muñoz. Pero estas supuestas manipulaciones no han sido comprobadas.

Muñoz es uno de los más duros críticos de las actuaciones del Comité. Ayer, se reunió con la Asamblea de los judiciales para tomar decisiones sobre el trabajo de la Comisión Calificadora y definir una posición.

El líder del gremio, que agrupa unos 4 000 trabajadores, señaló que el Comité está pasando de una ilegalidad a otra. “Nuevamente hay intereses grandes. Nicolás Cassis entró como chimbador. Entre los Abogados fue elegido Marco Cordero. Elegir otro es otra ilegalidad de muchas”.

Muñoz cuestiona a dos de los miembros del Comité. “El doctor Rosendo López es político, fue diputado del Congreso ¿No que se quería dejar la politización? Carlos Estarellas fue intendente por un partido político. Es gente que ha hecho política. Están engañando al país y a sus ideas”, dijo.

Los dardos del judicial también apuntan a los veedores. Entre estos dos grupos las relaciones no han sido fluidas sino muy conflictivas. Eso porque los judiciales sostienen que las donaciones para mejoras a la justicia no deben llegar al país por medio de las ONG, sino a través del Ministerio de Economía y con un control estatal riguroso. Una de las personas que ha figurado entre los observadores es Valeria Merino, directora de Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD).

“No sé quién le ha nombrado como veedora porque ella representa intereses económicos de las transnacionales que han trabajado en muchos países en la modernización del Poder Judicial. No sabemos a qué sociedad civil representa. Su empresa no es sociedad civil”, dijo Muñoz.

“Yo no soy representante de ninguna empresa: Transparencia Internacional es una ONG mundial y el representante en el país es CLD”, respondió Valeria Merino.

Ayer, por la tarde, Marco Cordero estaba en las oficinas donde funcionará el Comité Calificador, en el nuevo edificio de la Corte Superior de Quito, en la calle La Pradera.

A las 16:00, él esperaba ser atendido por los delegados de la comisión, pero decidió tomar posesión por sí solo. Se sentó en los sillones de una de las oficinas sin la autorización de los tres comisionados.

Los postulantes

Último plazo, mañana a las 18:00
Las postulaciones se recibirán hasta mañana en el octavo piso del nuevo edificio de la Corte de Quito, en la calle La Pradera y av. República. Los documentos deben ir acompañados con el nombre de la organización que apoya.

El Colegio de Quito cuestiona
Fabián Jaramillo, presidente de los Abogados de Quito, dijo que el Comité se aparta de la Ley por excluir a Nicolás Cassis. Además, que este mecanismo vulnera el artículo 202 de la Constitución.

La hora de la sociedad civil...
Análisis de diario El Comercio

Las dificultades para integrar el Comité Calificador de la nueva Corte reflejan el peso que siguen teniendo los partidos y los gremios en un tema que, tras la crisis experimentada en los últimos meses, debiera tener un alto componente cívico. Pero también han sido la oportunidad para que la sociedad se vea forzada a una mayor participación.

El desacuerdo entre los presidentes de los tribunales de Honor de los Colegios de Abogados para designar en el plazo previsto a su delegado al Comité, a más de evidenciar los intereses en juego, trajo otra vez a la “negociación” a la dirigencia de los empleados judiciales, pese a que éstos fueron expresamente excluidos del proceso.

Esa presión -conocida de primera mano por quienes han tenido que transar en busca de poder dentro de la Función Judicial- no debiera tener ningún efecto en un momento en el cual se intenta proceder de modo transparente y la denominada sociedad civil participa no solo desde las veedurías sino desde las organizaciones interesadas en mejorar la administración de justicia.

Esas organizaciones trabajan actualmente en una propuesta de reglamento para el funcionamiento del Comité Calificador en la etapa siguiente, y también han presentado postulantes para designar al miembro faltante, una vez que los Colegios de Abogados no pudieron hacerlo.

De modo coincidente, el Presidente del Congreso decidió pedir a la sociedad civil que proponga nombres para integrar la terna de la cual será elegido el Contralor. Esa y las otras oportunidades deben ser bien administradas.
EXPLORED
en Ciudad Quito

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