El recién creado Consejo de Seguridad Pública decidió desclasificar el convenio por el que EEUU estableció una base militar en la ciudad costera de Manta, para su investigación por parte de una Comisión de la Verdad, informó hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero.
Cordero, integrante del Consejo junto a otras autoridades del Gobierno, la Justicia, las Fuerzas Armadas y la policía, señaló a radio Quito que se "desclasificó el convenio de la base de Manta a los más de diez años" de su firma "porque la propia Comisión de la Verdad lo pedía".
Ese convenio militar, suscrito en 1999, finalizó el pasado noviembre, aunque EEUU decidió adelantar su salida del país tras el anuncio del Gobierno del presidente Rafael Correa de no renovar el acuerdo, por lo que el 18 de septiembre pasado las autoridades estadounidenses hicieron entrega de las instalaciones militares.
La presencia de EEUU en Manta generó una polémica entre organizaciones sociales y de derechos humanos que consideraron que se trataba de un mecanismo para involucrar a Ecuador en el Plan Colombia, de lucha contra el narcotráfico y la guerrilla en ese país.
Además, los militares estadounidenses de esa base fueron objeto de denuncias sobre su supuesta participación en el hundimiento de barcos con inmigrantes, algo que investiga una comisión de la Asamblea.
También hay informes que señalan que las instalaciones militares estadounidenses en Manta fueron fundamentales para procesar la información que llevó a Colombia a bombardear un enclave ecuatoriano donde se encontraba un campamento clandestino de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En esa operación, el 1 de marzo de 2008, murieron 26 personas, entre ellas el entonces vocero internacional de las FARC, alias "Raúl Reyes", y el hecho derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá, al considerar Ecuador que se había violado su soberanía territorial.
Ambos países intentan ahora recomponer su relación mediante un diálogo político directo que, de momento, ha logrado la designación de encargados de negocios en las respectivas representaciones diplomáticas.
El nuevo Consejo de Seguridad del Estado, conformado oficialmente ayer, pretende contribuir a elaborar "una nueva política de seguridad con la visión de que la seguridad es un asunto de todos los ciudadanos y ciudadanas y no solo de la Fuerza Pública", explicó el presidente Correa, al tomar juramento a sus integrantes.
En su entrevista con Radio Quito, Cordero añadió que el Consejo también decidió desclasificar información relacionada con acontecimientos políticos de los últimos diez años a petición de la misma Comisión de la Verdad, creada por el Gobierno para investigar presuntos abusos contra los derechos humanos en periodos anteriores.
El presidente de la Asamblea detalló que el Consejo tenía un pedido para desclasificar información relacionada con la guerra del Cenepa, que libraron Ecuador y Perú en 1995 por la disputa de una zona que se mantuvo por décadas sin demarcación en la frontera amazónica común.
No obstante, esa petición fue negada por considerar que "hay temas que, pese a nuestra muy buena relación con Perú, podían afectar sensiblemente, dañinamente, las relaciones diplomáticas con el pueblo peruano", debido al poco tiempo que ha pasado desde la firma de la paz, en octubre de 1998, precisó Cordero. (EFE)
Cordero, integrante del Consejo junto a otras autoridades del Gobierno, la Justicia, las Fuerzas Armadas y la policía, señaló a radio Quito que se "desclasificó el convenio de la base de Manta a los más de diez años" de su firma "porque la propia Comisión de la Verdad lo pedía".
Ese convenio militar, suscrito en 1999, finalizó el pasado noviembre, aunque EEUU decidió adelantar su salida del país tras el anuncio del Gobierno del presidente Rafael Correa de no renovar el acuerdo, por lo que el 18 de septiembre pasado las autoridades estadounidenses hicieron entrega de las instalaciones militares.
La presencia de EEUU en Manta generó una polémica entre organizaciones sociales y de derechos humanos que consideraron que se trataba de un mecanismo para involucrar a Ecuador en el Plan Colombia, de lucha contra el narcotráfico y la guerrilla en ese país.
Además, los militares estadounidenses de esa base fueron objeto de denuncias sobre su supuesta participación en el hundimiento de barcos con inmigrantes, algo que investiga una comisión de la Asamblea.
También hay informes que señalan que las instalaciones militares estadounidenses en Manta fueron fundamentales para procesar la información que llevó a Colombia a bombardear un enclave ecuatoriano donde se encontraba un campamento clandestino de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En esa operación, el 1 de marzo de 2008, murieron 26 personas, entre ellas el entonces vocero internacional de las FARC, alias "Raúl Reyes", y el hecho derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá, al considerar Ecuador que se había violado su soberanía territorial.
Ambos países intentan ahora recomponer su relación mediante un diálogo político directo que, de momento, ha logrado la designación de encargados de negocios en las respectivas representaciones diplomáticas.
El nuevo Consejo de Seguridad del Estado, conformado oficialmente ayer, pretende contribuir a elaborar "una nueva política de seguridad con la visión de que la seguridad es un asunto de todos los ciudadanos y ciudadanas y no solo de la Fuerza Pública", explicó el presidente Correa, al tomar juramento a sus integrantes.
En su entrevista con Radio Quito, Cordero añadió que el Consejo también decidió desclasificar información relacionada con acontecimientos políticos de los últimos diez años a petición de la misma Comisión de la Verdad, creada por el Gobierno para investigar presuntos abusos contra los derechos humanos en periodos anteriores.
El presidente de la Asamblea detalló que el Consejo tenía un pedido para desclasificar información relacionada con la guerra del Cenepa, que libraron Ecuador y Perú en 1995 por la disputa de una zona que se mantuvo por décadas sin demarcación en la frontera amazónica común.
No obstante, esa petición fue negada por considerar que "hay temas que, pese a nuestra muy buena relación con Perú, podían afectar sensiblemente, dañinamente, las relaciones diplomáticas con el pueblo peruano", debido al poco tiempo que ha pasado desde la firma de la paz, en octubre de 1998, precisó Cordero. (EFE)
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