Es el acto arbitrario por el cual un gobierno o autoridad priva ilegÃtimamente a cualquier ciudadano del goce o propiedad de sus bienes. Esto es lo que está pretendiendo hacer la AGD, al embargar injustamente la fabrica Adelca, la que es producto del sacrificio de sus propietarios, y de centenares de personas que han trabajado en ella, durante caso cuarenta años de permanente esfuerzo.
En el Ecuador no hay precedentes de actos tan extremos, o procedimientos ilegales de esta magnitud. Ni en las peores dictaduras o en gobiernos arbitrarios, carentes de legitimidad, se han producido actos de esta naturaleza. La Constitución polÃtica del Estado los prohÃbe expresamente, en su artÃculo 33 del capÃtulo 4, que trata "De los derechos económicos, sociales y culturales", cuando dice "se prohÃbe toda confiscación".
Forjar un asiento contable, tres años después, es una acción ilegal y arbitraria, que deberá demandarse ante la ley. El Estado y los funcionarios responsables deberán, tarde o temprano, rendir cuentas y responder por ello. Los tribunales de justicia deberán enmendar la injusticia cometida, y obligar a quien corresponda a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con este atropello. Si no lo hacen, existen instancias superiores, en los tribunales internacionales que obligarán al Estado ecuatoriano a reparar este hecho.
El presidente de los Industriales del Pichincha, ha reclamado que no se permitiera por este acto ilegal. Exige que el Directorio de la AGD revea esta inconsulta decisión y retire el Ejército inmediatamente de los predios de Adelca. Esta noble institución armada del paÃs, constituida para garantizar la inviolabilidad de nuestras fronteras y la paz interna no puede ni debe ser utilizada para un fin tan ruin, como es el de despojar arbitrariamente de un bien a sus legÃtimos propietarios.
La seguridad jurÃdica que tanto reclamamos para atraer inversión extranjera, no puede faltar internamente; de otra forma no existirÃa garantÃa para las inversiones existentes, mucho menos para las futuras, tan necesarias para el desarrollo del paÃs. No se puede interpretar un hecho ocurrido a fines de 1998, y ordenar recién hoy incorporar un asiento contable, sin mayor sustento legal o real, creando una deuda inexistente de la familia Avellán, cuando en realidad, entre el Banco del Progreso y ellos no existió transacción alguna, ni de compra de acciones, menos de préstamo o endeudamiento.
El Banco del Progreso, por ley, estaba impedido de adquirir otra institución financiera. Por ello, los señores Aspiazu y Balda compraron las acciones de Cofiec a tÃtulo personal, y fueron ellos quienes dispusieron de los dineros que hoy se les reclama a los Avellán. Lo que sà cabe es que se exija que esas acciones que no se traspasaron oportunamente a los originales adquirientes, sean entregadas o consignadas a favor de la AGD, y de esa manera, esta institución recupere el bien, cuyo precio se pagó con dineros de los depositantes, independientemente que se les reclame penal por la indebida disposición de fondos ajenos.
Defiendo principios y el imperio de la justicia; lo que hoy se hace contra Adelca, mañana se lo puede repetir contra cualquier otra empresa nacional o extranjera.
En el Ecuador no hay precedentes de actos tan extremos, o procedimientos ilegales de esta magnitud. Ni en las peores dictaduras o en gobiernos arbitrarios, carentes de legitimidad, se han producido actos de esta naturaleza. La Constitución polÃtica del Estado los prohÃbe expresamente, en su artÃculo 33 del capÃtulo 4, que trata "De los derechos económicos, sociales y culturales", cuando dice "se prohÃbe toda confiscación".
Forjar un asiento contable, tres años después, es una acción ilegal y arbitraria, que deberá demandarse ante la ley. El Estado y los funcionarios responsables deberán, tarde o temprano, rendir cuentas y responder por ello. Los tribunales de justicia deberán enmendar la injusticia cometida, y obligar a quien corresponda a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados con este atropello. Si no lo hacen, existen instancias superiores, en los tribunales internacionales que obligarán al Estado ecuatoriano a reparar este hecho.
El presidente de los Industriales del Pichincha, ha reclamado que no se permitiera por este acto ilegal. Exige que el Directorio de la AGD revea esta inconsulta decisión y retire el Ejército inmediatamente de los predios de Adelca. Esta noble institución armada del paÃs, constituida para garantizar la inviolabilidad de nuestras fronteras y la paz interna no puede ni debe ser utilizada para un fin tan ruin, como es el de despojar arbitrariamente de un bien a sus legÃtimos propietarios.
La seguridad jurÃdica que tanto reclamamos para atraer inversión extranjera, no puede faltar internamente; de otra forma no existirÃa garantÃa para las inversiones existentes, mucho menos para las futuras, tan necesarias para el desarrollo del paÃs. No se puede interpretar un hecho ocurrido a fines de 1998, y ordenar recién hoy incorporar un asiento contable, sin mayor sustento legal o real, creando una deuda inexistente de la familia Avellán, cuando en realidad, entre el Banco del Progreso y ellos no existió transacción alguna, ni de compra de acciones, menos de préstamo o endeudamiento.
El Banco del Progreso, por ley, estaba impedido de adquirir otra institución financiera. Por ello, los señores Aspiazu y Balda compraron las acciones de Cofiec a tÃtulo personal, y fueron ellos quienes dispusieron de los dineros que hoy se les reclama a los Avellán. Lo que sà cabe es que se exija que esas acciones que no se traspasaron oportunamente a los originales adquirientes, sean entregadas o consignadas a favor de la AGD, y de esa manera, esta institución recupere el bien, cuyo precio se pagó con dineros de los depositantes, independientemente que se les reclame penal por la indebida disposición de fondos ajenos.
Defiendo principios y el imperio de la justicia; lo que hoy se hace contra Adelca, mañana se lo puede repetir contra cualquier otra empresa nacional o extranjera.
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