El tribunal administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente Juan Manuel Santos que se abstenga de ejecutar la sanción hasta que haya una decisión de fondo.
El izquierdista Gustavo Petro, que ha llamado a la movilización popular para defender su permanencia en la Alcaldía de Bogotá, celebró ayer una acción jurídica a su favor.
Lo hizo cuando fue informado de que su destitución e inhabilitación política por 15 años, dispuesta por el procurador Alejandro Ordóñez, quedó suspendida temporalmente por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según informó el magistrado José María Armenta.
Esa resolución, basada en una acción de tutela, ordena al presidente Juan Manuel Santos que se abstenga de dar cumplimiento a la sanción hasta que haya una decisión de fondo. La medida contra Petro requiere del aval del mandatario para ser ejecutada.
Petro celebró la noticia y aseguró que es una muestra de que, “si la justicia y las multitudes van de la mano, se pueden detener la tiranía y la arbitrariedad, se puede construir realmente una Colombia democrática".
Además, el alcalde llamó a sus seguidores a seguir en alerta y a demostrárle su apoyo con manifestaciones en las calles de la capital colombiana de cerca de
8 millones de habitantes.
Luis Fontalvo, abogado de Petro, explicó a la prensa que la medida adoptada por el tribunal tiene carácter temporal, es decir, cautelar, y busca evitar daños inminentes que tendría que asumir el Estado colombiano.
Esa tutela debe tramitarse para establecer si hubo vulneración de los derechos fundamentales del alcalde. El tribunal tiene un plazo de 10 días para decidir sobre el fondo de la tutela.
Petro, exguerrillero y economista de 53 años, fue elegido para gobernar Bogotá de 2012 a 2016.
Sin embargo, la Procuraduría, que controla a los funcionarios públicos, le sancionó el 9 de diciembre con destitución e inhabilitación, en un caso de dolo en el manejo del sistema de recolección de basura de Bogotá.
Según la Procuraduría, Petro cometió tres faltas disciplinarias gravísimas. Dos de ellas a título de dolo, al modificar a fines de 2012 el sistema de recolección de basura, que pasó de ser una concesión adjudicada a compañías privadas a estar manejado por la empresa pública de aguas.
Horas antes de que el tribunal anunciara la suspensión temporal de la sanción contra Petro, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez, había anunciado que el presidente Santos ejecutaría la destitución a menos que se emitiera una orden judicial contraria.
Tras el anuncio de la sanción en diciembre, que produjo masivas manifestaciones en las calles de Bogotá, la defensa de Petro recurrió el fallo ante la misma Procuraduría -que procedió a confirmarla el lunes- y presentó un recurso ante el tribunal administrativo de Cundinamarca.
Además, el alcalde llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aún no se ha pronunciado.
En paralelo, para el 2 de marzo se ha convocado un referéndum revocatorio del mandato de Petro. La Alcaldía de Bogotá es el cargo de elección popular más importante en Colombia después de la Presidencia. (AFP)
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