¿Y ahora?

El presidente ha dejado desconcertado al país con su última decisión de
suspender las alzas de las tarifas eléctricas y telefónicas. Ha dejado al
Ecuador frente al más dramático de todos los escenarios: paralizar el
proceso de modernización del sector eléctrico.
El país se enfrenta a la falta de imaginación y al dogmatismo de quienes
vieron en la privatización la única vía para modernizar y también de quienes
se vienen oponiendo al cambio. El presidente y su Gobierno se inscriben en
la primera postura. Derrotado el régimen por quienes se resisten a la
privatización, abandona el proceso para dejarle la responsabilidad al
próximo Gobierno. Pero lo abandona en las peores circunstancias: suspende
las alzas tarifarias establecidas justamente para facilitar la modernización
de las distribuidoras de energía. Habría que suponer que esos aumentos eran
indispensables para asegurar una rentabilidad que justificase la inversión y
el riesgo tomado.
Si ese era el argumento para aumentar las tarifas, su eliminación deja a las
empresas eléctricas en una situación dramática, condenadas a generar mayores
pérdidas e imposibilitadas de modernizarse. La decisión se vuelve contra el
mismo Gobierno y el Estado: aumentará el déficit generado por las
distribuidoras, con el agravante de un deterioro mayor del servicio de
energía. El déficit fiscal se traduce, a mediano plazo, en procesos
inflacionarios. Por donde se lo vea, pues, la decisión entraña más riesgos
que beneficios, riesgos a mediano y largo plazo, y algún beneficio y alivio
social a muy corto y efímero plazo.
Lo más grave, sin embargo, es haber paralizado la modernización eléctrica y
dejar todas las condiciones indispensables para que la batalla de los
últimos 15 años se perpetúe. Se podría pensar que las empresas eléctricas,
sin aumentos tarifarios, sin subsidios estatales (cuya eliminación anunció
el presidente) y sin garantías para préstamos, están obligadas a
modernizarse: modernizarse o morir, sería la consigna.
Pero el Gobierno ha dado nuevos argumentos a los antiprivatizadores. Ahora
podrán sostener que no hay las condiciones económicas para los procesos de
reingeniería y la reinversión. Pueden argumentar desde la misma lógica que
argumentan los empresarios privados: con las tarifas congeladas, no hay
estímulo alguno para invertir. Si la modernización -en cualquiera de sus
versiones- era viable solo con un horizonte claro de tarifas, entonces el
presidente y el Gobierno simplemente la ahogaron.
Si todos los pronósticos del mismo Gobierno para privatizar el sector
eléctrico eran ciertos, el panorama se vuelve literalmente oscuro, se cierne
sobre el país la amenaza de las tinieblas, la pérdida de competitividad, el
aumento de las pérdidas eléctricas, la necesidad de un mayor subsidio. Si es
cierto todo lo que ha dicho el Gobierno, entonces su decisión última le
lanza al país a un oscuro escenario.
¿Por qué actuó así el presidente? El drama social del país no justifica una
decisión que será, a la larga, estructuralmente más costosa que las mismas
alzas. ¿Por qué causarle tanto daño al país solo porque no funcionó la
privatización? En la práctica, la racionalidad de la decisión entraña la
siguiente lógica: puesto que fracasó la privatización, volvemos al
tradicionalismo político, cargado de enorme demagogia.
El Conam ha ofrecido, ahora, presentar otra propuesta, con la alternativa de
convocar a una licitación para transferir la actual administración de las
distribuidoras a administradoras internacionales que, sobre bases
establecidas, aseguren la eficiencia y posibiliten el cambio. Habrá que ver
en qué medida hay respuesta a esa convocación, después de la decisión
presidencial de mantener las tarifas políticas.