A La Espera De Los Papeles

A LA ESPERA DE LOS PAPELES. María Amparo Lasso

Sucumbios. 02.02.92. "A medias y sin zapatos", responde uno de
los residentes de las riberas del Putumayo, al comentar la
situación en la que se hallan los colombianos indocumentados
en Sucumbíos.

Asentados en los centros urbanos (Nueva Loja, Puerto El Carmen
y La Punta0 pero sobre todo en las riberas de los fronterizos
ríos San Miguel y Putumayo, estos pobladores ven con
incertidumbre su futuro inmediato.

Cuando llegaron, el año pasado, los policías de Migración a
Puerto El Carmen, la cabecera cantonal del Putumayo, colas
interminables se formaron frente a la oficina de este
organismo. Pensaron talvez que la legalización sería
inmediata. La euforia fue grande. Pues si de algo se habla en
las comunidades en estos días es de "los papeles". Están
esperándolos desde hace mucho tiempo. Y las esperanzas crecen.

"Para yo seguir adelante, para hacer el aporte al Estado, con
papeles ya podría yo hacer un préstamo al Banco de Fomento",
se ilusiona Edgar Antonio Calvache, presidente de la colonia
de Puerto El Carmen. El ha vivido toda una vida en frontera.
Dejó su finca hace tres años y bajó al pueblo por la escuela
para sus hijos. Antes, no sentía la urgencia de la
"legalidad". "En el campo uno de cualquier manera siembra su
maicito, se defiende en la comida, pero aquí uno sí necesita
su cédula de residencia, aquí en el pueblo, si no hay plata no
hay nada."

Con los papeles no solo avizoran una mejor condición
económica, también el cese de atropellos, de discriminación
en algunos casos. Quieren saberse apropiados de algo, sobre
todo de su tierra, que los ha alimentado por tanto tiempo;
lograr un sentido de pertenencia, talvez, y una mínima
protección del Estado.

Pero muchos siguen temiendo una deportación. De hecho, hay
sectores, entre ellos militares, que se oponen, de plano, a la
legalización. La situación de los migrantes en la zona se
complica porque se trata de una zona de Seguridad Nacional,
marginal, y receptora de factores de violencia de Colombia.

"La influencia del colombiano es tremenda, muchos de ellos no
son gente racional, los que vienen acá son lo último que
existe en Colombia y yo puedo comprobarlo. Cuando se habla de
defensa de los derechos humanos de colombianos dentro del área
y de que quieren extender permisos de residencia, deberíamos
pensar más de tres veces para decir sí....Cancillería debería
poner punto final a esto...", dijo en diálogo con HOY un jefe
militar de la zona.

Muchos se aferran a esa especie de derecho adquirido: el tener
familia ecuatoriana. Carlos Rosero, esposa colombiana, 20 años
de permanencia en Ecuador, 7 hijos ecuatorianos, es elocuente.
"Mi amparo son mis hijos, porque yo no creo que me van a echar
de aquí del Ecuador, si voy a Colombia, a los 15 días tendrían
que echarlos. Para mí lo importante es el buen comportamiento,
así, creo que uno puede vivir en cualquier país, después que
se porte bien..."

El embajador de Colombia en nuestro país reconoce que no puede
desconocerse la existencia de problemas de guerrilla y
narcotráfico en la región, pero "lo que no parece razonable es
suponer que todos los habitantes de una determinada
nacionalidad y solo ellos están vinculados a esas
actividades." Menos razonable aún, le parece "plantear como
estrategia para combatirlas, la negativa a regularizar la
permanecia de una altísimo porcentaje de la población, con lo
cual se impide saber quiénes son, qué hacen, y dónde se
encuentran. Lo lógico sería, por el contrario, tenerlos a
todos registrados legalmente."

Un signo de inequívoca madurez nacional es reconocer la
riqueza del intercambio, más aún cuando ahora los procesos de
integración andina tienen un impulso superlativo. Como lo pone
monseñor Gonzalo López Marañón, obispo de Sucumbíos: "hay que
admitir como un legítimo derecho de los pueblos el poder
migrar. América Latina tiene la ventaja de ser un continente
más o menos homogéneo, con una situación económica similar,
con una cierta actitud ecuménica, abierta, que le permite
funcionar fraternalmente."

Proceso incierto

El año pasado y dada la magnitud de la migración colombiana a
Sucumbíos, el gobierno del presidente Borja decidió, en un
"gesto de buena voluntad", emprender la legalización de la
permanencia de los residentes colombianos. El proceso responde
más a una iniciativa política y está por fuera de la serie de
convenios binacionales sobre la situación de los
indocumentados, que en los últimos 27 años han suscrito
Ecuador y Colombia. Convenios que cobijaron a residentes de
ambas naciones. Porque la migración ecuatoriana a Ecuador ha
sido también importante. Aunque no se conoce la cantidad de
residentes ilegales ecuatorianos en el vecino país, informes
oficiales hablan de 16.000 ecuatorianos con permanencia legal
en Colombia y los ilegales podrían ser 2.000 ilegales. Según
el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia,
los indocumentados ecuatorianos sobrepasarían los 30.000.

El proceso de legalización de los indocumentados en Sucumbíos
está en marcha, pero, según pudo conocer HOY existe retraso y
un creciente escepticismo a niveles oficiales sobre una
culminación exitosa del mismo, en los meses que restan de
gobierno socialdemócrata.

¿Hacia un nuevo convenio binacional?

El primer paso en el proceso de legalizar la permanencia de
los residentes colombianos en Sucumbíos fue la designación de
una comisión de carácter técnico, que visitó la zona y
estableció la urgencia de un censo. Se estimaba que los
residentes ilegales en la zona llegarían a ser al menos unos
4.000, por lo que el gobierno colombiano entregó gratuitamente
ese número de pasaportes.

Según los resultados preliminares del censo, realizado por la
Policía de Migración, el consulado de Colombia en Nueva Loja y
el apoyo de ALDHU, el número podría ser menor. Hasta el
momento se han registrado 1.120 personas, según informó a HOY
el cónsul colombiano, Gabriel Pizano. Se ha completado el
proceso en un 70%. Explicó, sin embargo, que mucha gente no ha
acudido al registro por una serie de razones, entre ellas por
la falta de información y las dificultades de acceso.

Una vez que estén entregados todos los pasaportes, se
determinarán los requisitos que estos residentes deberán
cumplir, que serían al menos cuatro: comprobar medios de
subsistencia lícitos, no poseer antecedentes penales, tener
vínculos familiares con ecuatorianos más un mínimo período de
permanencia.

Pero todo este proceso requiere forzosamente de una
disposición legal que lo ampare. Todavía se están estudiando
las alternativas que o bien irían por el lado de la
legislación interna o por el de un nuevo convenio binacional.

En opinión del embajador de Colombia en Ecuador este es el
principal obstáculo. "Existe, según entiendo un proyecto de
derecto ejecutivo que establece mecanismos para legalizar la
permanencia de los extranjeros ilegales en la provincia de
Sucumbíos. Se me ha informado que la demora en la expedición
de este decreto obedece a la dificultad de armonizar una
medida de excepción, como la propuesta, con las normas
ordinarias de migración, que constituyen un mandato legal. Si
esto es así, estaría demostrada la urgente necesidad de
llegar, entre los dos gobiernos, a un convenio que permita
legalizar la situación de todos los residentes ilegales
ecuatorianos y colombianos, en uno y otro país."

Una fuente de la Cancillería ecuatoriana sostuvo que la sola
documentación no es solución al problema. "Tienen que haber
medidas complementarias. Si Ecuador va a asumir esa carga, se
puede pensar en que Colombia de el servicio de capacitación a
los migrantes." Pero el tiempo se agota y urge completar el
proceso d elegalización. Lo contrario, según una fuente
diplomática del vecino país, "crearía animosidades" y
amenazaría la integración.