Los bloques de oposición lograron, ayer, que el Congreso tome votación sobre el trámite de su proyecto de reformas para cesar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Al final de la sesión faltó un voto para que se apruebe.
La sesión empezó con una consigna de los diputados de la oposición. Esta fue que en la reunión se vote su propuesta para desenmascarar a quienes no apoyan el cese inmediato de la Suprema.
Claro que esta posición se manifestó después de que el Gobierno oficializara su desacuerdo con la propuesta.
A pesar de todo, el PSC, la ID, PK, PSE, dos diputados de la DP, los independientes Luis Mejía y Édgar Ortiz, además del roldosista Marco Proaño (quienes ajustaban los 50 votos) intentaron conseguir el respaldo adicional que sabían les hacía falta para aprobar la moción del socialista Enrique Ayala, quien propuso que el trámite inmediato del proyecto sea a través del segundo debate pendiente de la ley de Cooptación.
Por eso, los contactos con Augusto Guerrero (G7) y Jorge Montero (CFP) se intensificaron. La víspera ambos diputados se habían inclinado por el respaldo al proyecto de reformas al artículo 12 de la ley Orgánica de la Función Judicial.
La mayor presión de los diputados de oposición cayó sobre Guerrero quien, en Chimborazo, se comprometió públicamente a respaldar la propuesta de cesación inmediata de la CSJ.
Pese a ello, en el momento de la votación cambió de posición y se inclinó por la abstención.
Coincidentemente, esa fue la línea que emplearon los diputados del Gobierno, PRE, Prian, MPD, independientes y los otros dos diputados de la DP.
Tras la votación, uno de los diputados de la oposición, que estuvo encargado de las negociaciones, denunció que Montero condicionó su voto a que en el proyecto se incluya a un delegado del Congreso en la comisión que seleccionaría a los nuevos miembros de la Suprema.
Esta propuesta fue negada por los autores de las reformas.
Al final de la sesión, varios diputados indignados intentaron llegar al puesto de Guerrero, quien tuvo que ser sacado del salón, con resguardo de la Escolta Legislativa, en medio de los insultos de sus colegas.
Mientras tanto, el socialdemócrata Guillermo Haro denunciaba que el legislador independiente estaba atado al gobierno por los cargos que habría conseguido para sus parientes en la Superintendencia de Compañías y en el Tribunal Electoral de Chimborazo. Guerrero no negó tener esas cuotas y argumentó que sus parientes tienen derecho a trabajar
Pero el debate de ayer también demostró las diferencias entre los sectores afines al régimen, de donde salieron tres propuestas de reformas para reestructurar a la CSJ.
Una fue presentada por el G7 hace más de un mes y que, hasta ayer, contaba con 37 votos. Otra es de iniciativa del Ejecutivo, pero no puede entrar aún a debate porque no ha cumplido los 20 días para que se presente el informe.
Pero ayer nació una nueva alternativa del Prian, bloque que, aunque no llegó a presentarla oficialmente, la tiene lista para ingresarla a la secretaría del Congreso.
La propuesta de la oposición
El proyecto de reformas al artículo 12 de la ley Orgánica de la Función Judicial elaborado por la oposición contempla que tras su aprobación cesará inmediatamente la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El mecanismo de aprobación propuesto es el siguiente: utilizar el segundo debate de la ley de Cooptación para que las reformas sean despachadas en una sola discusión.
El mecanismo para reemplazar a los magistrados empieza por conformar un Comité de Calificación con cinco miembros. Este organismo se encargaría del concurso público con los candidatos a miembros de la Suprema. El puntaje obtenido en este proceso determinará quiénes serían los jueces que reemplazarán a los actuales magistrados. Entonces, el Comité es el responsable directo de nominar a los nuevos jueces y de definir la conformación de la Corte Suprema.
El Prian con propuesta gremial
Aunque el partido de Álvaro Noboa mantuvo casi todo el tiempo la tesis de que la Corte actual fue electa constitucionalmente, y por lo tanto debía mantenerse, la presión obligó a que también tome la iniciativa y prepare su proyecto de reformas.
El documento, que aún no es ingresado oficialmente al Congreso, contempla que serán los abogados del país quienes elegirán a los nuevos miembros de la Suprema.
Para ello el proyecto prevé que serán los tribunales electorales los que califiquen los requisitos de los aspirantes a la Corte. Esta instancia será la responsable de conformar listas por distritos o a nivel provincial. Después de calificados los candidatos, las listas se someterían a elección directa por alrededor de 60.000 abogados inscritos en los registros a nivel nacional.
Aún no hay una fecha oficial para el ingreso de la propuesta al pleno del Parlamento. Pero se adelantaron los detalles.
El Gobierno con fórmula propia
El régimen también propuso un proyecto de reformas al artículo 12 de la ley Orgánica de la Función Judicial. La alternativa oficial contempla la reducción del número de magistrados que conforman la Suprema de 31 a 16. Además, se fija el límite de edad de 75 años. Actualmente los jueces son vitalicios (hasta su muerte).
Para la elección de los nuevos magistrados se establece la conformación de un colegio electoral con 13 miembros. Este se encargará de recolectar las carpetas de los aspirantes y someterlos a un concurso público y luego elegir a los nuevos magistrados con el voto de la mayoría de sus integrantes.
La propuesta también incluye que la Corte cesará con la aprobación de las reformas, tras lo que se declarará una vacancia judicial hasta que se elija a los nuevos magistrados. Adicionalmente, contiene la calificación de urgencia de una consulta popular para que sea el pueblo el que ratifique las reformas aprobadas
El G7 tiene un sistema mixto
Los independientes del denominado bloque G7 presentaron su proyecto el 3 de marzo. La propuesta establece un mecanismo mixto de selección de los nuevos magistrados. Para ello se fija un lapso mínimo de dos meses y una semana, sin contar con el tiempo necesario para la aprobación de las reformas.
La elección la haría un comité de selección de cinco miembros calificados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El nuevo organismo deberá revisar las carpetas de todos los candidatos y de ellos elegir a 62 que en la última etapa serán puestos a conocimiento del Congreso.
De la lista enviada, el Legislativo elegiría los 31 miembros titulares y los restantes pasarán a ser los conjueces de la Suprema. Con esto se dividen las responsabilidades del nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Análisis
Soldado advertido no muere en guerra
José Hernández
La goleada sigue. Sabiéndolo, el régimen alarga el juego y usa la división de la oposición menoscabada por dos hechos: ni tiene estrategia ni logra desentrañar la lógica con la que se mueve el coronel-presidente.
El resultado es claro: la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, Pachakutik y sus otros aliados en esta crisis se desgastan mientras nada se mueve alrededor de la Corte Suprema de Justicia. Y nada se mueve porque esa Corte hace parte de un tinglado que beneficia (política, electoral y económicamente) al PRE, al Prian, a Sociedad Patriótica, al MPD y a algunos diputados de alquiler. Si se cae la Corte (y así lo ha dicho la oposición), desaparece también el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo de la Judicatura, el Directorio del Banco Central ¡Gutiérrez, Bucaram, Álvaro Noboa y los camaradas del MPD no son conocidos por pegarse tiros en la nuca! Esa es la primera comprobación: hay un bloque político que, coyunturalmente, tiene un poder que jamás había captado. Ni lo van a negociar ni lo piensan devolver. Hacerlo es exponerse a las retaliaciones que, según Noboa y Bucaram, utilizó el PSC en el pasado.
Por eso, el régimen suma, cada día, nuevas exigencias para cesar la Corte de Castro Dáger. Y bien aconsejado, diversifica su discurso para que nadie sepa dónde está realmente la bolita. El Presidente habla en estos días en la televisión como estadista; su hermano guerrea; el ministro de Gobierno negocia, arma y desarma rompecabezas a su conveniencia. Nada avanza.
Mientras tanto, el régimen midió a la oposición, exasperó a parte de la ciudadanía, convirtió a los que le tienden la mano (como Paco Moncayo) en supuestos golpistas y arregló el retorno de Bucaram. Esos escenarios prueban que Gutiérrez, presionado por su instinto de sobrevivencia y los compromisos con Noboa y Bucaram, aceptó y aupó la división política.
Esta es la segunda comprobación: el régimen le saca partido al enfrentamiento político. Lo necesita. Le permite manejar una lógica maniquea (patriotas y corruptos; pueblo y oligarquía ) que lo pone a buen recaudo del debate jurídico y ético que también atraviesa esta crisis. Además le facilita el procesamiento político de la situación. No se cuestiona. A las manifestaciones responde con contramanifestaciones. A las críticas con desdén o amenazas. En este contexto, el retorno del líder del PRE, lejos de calmar el juego, lo aviva. Porque Bucaram necesita la tarima para reestructurar su partido y reagrupar a sus seguidores. Y porque, a pesar de haber pasado ocho años fuera, él es la mejor prueba de que la política y los políticos no cambian: volvió igual.
Es decir, hará política contra los otros. Y para hacerla, para apoyar a Gutiérrez y honrar su promesa de no volver a dejar el país, necesita que no cambie la Corte. Ni se venga abajo el castillo de naipes que ha construido con Noboa y Gutiérrez. Por eso su estrategia será guerrear. Y llevar gente donde el régimen lo requiera. Bucaram y Gutiérrez aprendieron de Chávez.
Ante ese hecho, la oposición no tiene estrategia. Es la tercera comprobación. Ahora, contrariamente a lo que había ocurrido con Bucaram y Jamil Mahuad, no pudo forjar una mayoría en el Congreso ni obtuvo resultados de las movilizaciones callejeras. No solo perdió la iniciativa política sino que quedó expuesta ante el régimen facilitándole la tarea. El PSC cayó en el juego del ministro de Gobierno y espera una salida de la mano de Jaime Nebot. La ID ha dado un triste espectáculo en el que se mezcla la falta de norte con los apetitos electorales. El Partido Socialista no sabe cómo enderezar el entuerto que ayudó a crear. Pachakutik sigue huérfano de los indígenas. Algunos movimientos de la sociedad civil han ensayado formas de oposición, pero aún son incipientes.
Última comprobación: las formas políticas de representación suman cero en este momento. Y en el estado actual de cosas no se ve un escenario posible para salir de un atolladero de alto desgaste sobre todo para una sociedad que repudia el enfrentamiento.
Crónica
Siete horas de diálogo sin un consenso final
Antes de la sesión de ayer el Gobierno y la oposición rompieron el diálogo que mantenían para conseguir una propuesta conjunta para cesar a la CSJ.
La noche del lunes el ministro de Gobierno, Óscar Ayerve, por 7 horas se reunió con el PSC, ID, PSE e independientes, con quienes elaboró un proyecto de reformas. Para las 08:30 de ayer estaba fijada otra cita, donde el funcionario debía confirmar el respaldo del Gobierno, pero con su ausencia hizo entender lo contrario.
La reunión del lunes avanzó en medio de la desconfianza de los diputados hacia la representatividad de Ayerve. Incluso la cita estuvo a punto de terminar abruptamente cuando los legisladores se enteraron que a la misma hora los aliados del régimen se reunían con el presidente del Congreso, Omar Quintana, para bosquejar una nueva propuesta que contaría con el respaldo del Régimen.
Ayerve se vio obligado a concluir la redacción del documento, pese a que antes de ingresar a la cita había anunciado que asistiría también a la convocada por Quintana. Esto hizo que los legisladores adelanten que no tendrían el respaldo del régimen.
Durante la sesión de ayer el jefe del bloque de Gobierno, Gilmar Gutiérrez, ratificó las diferencias. Comentó que Ayerve es representante del Ejecutivo, que es colegislador y tiene la misma o más capacidad que el Congreso por lo que tiene que ser parte del acuerdo.
La sesión empezó con una consigna de los diputados de la oposición. Esta fue que en la reunión se vote su propuesta para desenmascarar a quienes no apoyan el cese inmediato de la Suprema.
Claro que esta posición se manifestó después de que el Gobierno oficializara su desacuerdo con la propuesta.
A pesar de todo, el PSC, la ID, PK, PSE, dos diputados de la DP, los independientes Luis Mejía y Édgar Ortiz, además del roldosista Marco Proaño (quienes ajustaban los 50 votos) intentaron conseguir el respaldo adicional que sabían les hacía falta para aprobar la moción del socialista Enrique Ayala, quien propuso que el trámite inmediato del proyecto sea a través del segundo debate pendiente de la ley de Cooptación.
Por eso, los contactos con Augusto Guerrero (G7) y Jorge Montero (CFP) se intensificaron. La víspera ambos diputados se habían inclinado por el respaldo al proyecto de reformas al artículo 12 de la ley Orgánica de la Función Judicial.
La mayor presión de los diputados de oposición cayó sobre Guerrero quien, en Chimborazo, se comprometió públicamente a respaldar la propuesta de cesación inmediata de la CSJ.
Pese a ello, en el momento de la votación cambió de posición y se inclinó por la abstención.
Coincidentemente, esa fue la línea que emplearon los diputados del Gobierno, PRE, Prian, MPD, independientes y los otros dos diputados de la DP.
Tras la votación, uno de los diputados de la oposición, que estuvo encargado de las negociaciones, denunció que Montero condicionó su voto a que en el proyecto se incluya a un delegado del Congreso en la comisión que seleccionaría a los nuevos miembros de la Suprema.
Esta propuesta fue negada por los autores de las reformas.
Al final de la sesión, varios diputados indignados intentaron llegar al puesto de Guerrero, quien tuvo que ser sacado del salón, con resguardo de la Escolta Legislativa, en medio de los insultos de sus colegas.
Mientras tanto, el socialdemócrata Guillermo Haro denunciaba que el legislador independiente estaba atado al gobierno por los cargos que habría conseguido para sus parientes en la Superintendencia de Compañías y en el Tribunal Electoral de Chimborazo. Guerrero no negó tener esas cuotas y argumentó que sus parientes tienen derecho a trabajar
Pero el debate de ayer también demostró las diferencias entre los sectores afines al régimen, de donde salieron tres propuestas de reformas para reestructurar a la CSJ.
Una fue presentada por el G7 hace más de un mes y que, hasta ayer, contaba con 37 votos. Otra es de iniciativa del Ejecutivo, pero no puede entrar aún a debate porque no ha cumplido los 20 días para que se presente el informe.
Pero ayer nació una nueva alternativa del Prian, bloque que, aunque no llegó a presentarla oficialmente, la tiene lista para ingresarla a la secretaría del Congreso.
La propuesta de la oposición
El proyecto de reformas al artículo 12 de la ley Orgánica de la Función Judicial elaborado por la oposición contempla que tras su aprobación cesará inmediatamente la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El mecanismo de aprobación propuesto es el siguiente: utilizar el segundo debate de la ley de Cooptación para que las reformas sean despachadas en una sola discusión.
El mecanismo para reemplazar a los magistrados empieza por conformar un Comité de Calificación con cinco miembros. Este organismo se encargaría del concurso público con los candidatos a miembros de la Suprema. El puntaje obtenido en este proceso determinará quiénes serían los jueces que reemplazarán a los actuales magistrados. Entonces, el Comité es el responsable directo de nominar a los nuevos jueces y de definir la conformación de la Corte Suprema.
El Prian con propuesta gremial
Aunque el partido de Álvaro Noboa mantuvo casi todo el tiempo la tesis de que la Corte actual fue electa constitucionalmente, y por lo tanto debía mantenerse, la presión obligó a que también tome la iniciativa y prepare su proyecto de reformas.
El documento, que aún no es ingresado oficialmente al Congreso, contempla que serán los abogados del país quienes elegirán a los nuevos miembros de la Suprema.
Para ello el proyecto prevé que serán los tribunales electorales los que califiquen los requisitos de los aspirantes a la Corte. Esta instancia será la responsable de conformar listas por distritos o a nivel provincial. Después de calificados los candidatos, las listas se someterían a elección directa por alrededor de 60.000 abogados inscritos en los registros a nivel nacional.
Aún no hay una fecha oficial para el ingreso de la propuesta al pleno del Parlamento. Pero se adelantaron los detalles.
El Gobierno con fórmula propia
El régimen también propuso un proyecto de reformas al artículo 12 de la ley Orgánica de la Función Judicial. La alternativa oficial contempla la reducción del número de magistrados que conforman la Suprema de 31 a 16. Además, se fija el límite de edad de 75 años. Actualmente los jueces son vitalicios (hasta su muerte).
Para la elección de los nuevos magistrados se establece la conformación de un colegio electoral con 13 miembros. Este se encargará de recolectar las carpetas de los aspirantes y someterlos a un concurso público y luego elegir a los nuevos magistrados con el voto de la mayoría de sus integrantes.
La propuesta también incluye que la Corte cesará con la aprobación de las reformas, tras lo que se declarará una vacancia judicial hasta que se elija a los nuevos magistrados. Adicionalmente, contiene la calificación de urgencia de una consulta popular para que sea el pueblo el que ratifique las reformas aprobadas
El G7 tiene un sistema mixto
Los independientes del denominado bloque G7 presentaron su proyecto el 3 de marzo. La propuesta establece un mecanismo mixto de selección de los nuevos magistrados. Para ello se fija un lapso mínimo de dos meses y una semana, sin contar con el tiempo necesario para la aprobación de las reformas.
La elección la haría un comité de selección de cinco miembros calificados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El nuevo organismo deberá revisar las carpetas de todos los candidatos y de ellos elegir a 62 que en la última etapa serán puestos a conocimiento del Congreso.
De la lista enviada, el Legislativo elegiría los 31 miembros titulares y los restantes pasarán a ser los conjueces de la Suprema. Con esto se dividen las responsabilidades del nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia.
Análisis
Soldado advertido no muere en guerra
José Hernández
La goleada sigue. Sabiéndolo, el régimen alarga el juego y usa la división de la oposición menoscabada por dos hechos: ni tiene estrategia ni logra desentrañar la lógica con la que se mueve el coronel-presidente.
El resultado es claro: la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, Pachakutik y sus otros aliados en esta crisis se desgastan mientras nada se mueve alrededor de la Corte Suprema de Justicia. Y nada se mueve porque esa Corte hace parte de un tinglado que beneficia (política, electoral y económicamente) al PRE, al Prian, a Sociedad Patriótica, al MPD y a algunos diputados de alquiler. Si se cae la Corte (y así lo ha dicho la oposición), desaparece también el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo de la Judicatura, el Directorio del Banco Central ¡Gutiérrez, Bucaram, Álvaro Noboa y los camaradas del MPD no son conocidos por pegarse tiros en la nuca! Esa es la primera comprobación: hay un bloque político que, coyunturalmente, tiene un poder que jamás había captado. Ni lo van a negociar ni lo piensan devolver. Hacerlo es exponerse a las retaliaciones que, según Noboa y Bucaram, utilizó el PSC en el pasado.
Por eso, el régimen suma, cada día, nuevas exigencias para cesar la Corte de Castro Dáger. Y bien aconsejado, diversifica su discurso para que nadie sepa dónde está realmente la bolita. El Presidente habla en estos días en la televisión como estadista; su hermano guerrea; el ministro de Gobierno negocia, arma y desarma rompecabezas a su conveniencia. Nada avanza.
Mientras tanto, el régimen midió a la oposición, exasperó a parte de la ciudadanía, convirtió a los que le tienden la mano (como Paco Moncayo) en supuestos golpistas y arregló el retorno de Bucaram. Esos escenarios prueban que Gutiérrez, presionado por su instinto de sobrevivencia y los compromisos con Noboa y Bucaram, aceptó y aupó la división política.
Esta es la segunda comprobación: el régimen le saca partido al enfrentamiento político. Lo necesita. Le permite manejar una lógica maniquea (patriotas y corruptos; pueblo y oligarquía ) que lo pone a buen recaudo del debate jurídico y ético que también atraviesa esta crisis. Además le facilita el procesamiento político de la situación. No se cuestiona. A las manifestaciones responde con contramanifestaciones. A las críticas con desdén o amenazas. En este contexto, el retorno del líder del PRE, lejos de calmar el juego, lo aviva. Porque Bucaram necesita la tarima para reestructurar su partido y reagrupar a sus seguidores. Y porque, a pesar de haber pasado ocho años fuera, él es la mejor prueba de que la política y los políticos no cambian: volvió igual.
Es decir, hará política contra los otros. Y para hacerla, para apoyar a Gutiérrez y honrar su promesa de no volver a dejar el país, necesita que no cambie la Corte. Ni se venga abajo el castillo de naipes que ha construido con Noboa y Gutiérrez. Por eso su estrategia será guerrear. Y llevar gente donde el régimen lo requiera. Bucaram y Gutiérrez aprendieron de Chávez.
Ante ese hecho, la oposición no tiene estrategia. Es la tercera comprobación. Ahora, contrariamente a lo que había ocurrido con Bucaram y Jamil Mahuad, no pudo forjar una mayoría en el Congreso ni obtuvo resultados de las movilizaciones callejeras. No solo perdió la iniciativa política sino que quedó expuesta ante el régimen facilitándole la tarea. El PSC cayó en el juego del ministro de Gobierno y espera una salida de la mano de Jaime Nebot. La ID ha dado un triste espectáculo en el que se mezcla la falta de norte con los apetitos electorales. El Partido Socialista no sabe cómo enderezar el entuerto que ayudó a crear. Pachakutik sigue huérfano de los indígenas. Algunos movimientos de la sociedad civil han ensayado formas de oposición, pero aún son incipientes.
Última comprobación: las formas políticas de representación suman cero en este momento. Y en el estado actual de cosas no se ve un escenario posible para salir de un atolladero de alto desgaste sobre todo para una sociedad que repudia el enfrentamiento.
Crónica
Siete horas de diálogo sin un consenso final
Antes de la sesión de ayer el Gobierno y la oposición rompieron el diálogo que mantenían para conseguir una propuesta conjunta para cesar a la CSJ.
La noche del lunes el ministro de Gobierno, Óscar Ayerve, por 7 horas se reunió con el PSC, ID, PSE e independientes, con quienes elaboró un proyecto de reformas. Para las 08:30 de ayer estaba fijada otra cita, donde el funcionario debía confirmar el respaldo del Gobierno, pero con su ausencia hizo entender lo contrario.
La reunión del lunes avanzó en medio de la desconfianza de los diputados hacia la representatividad de Ayerve. Incluso la cita estuvo a punto de terminar abruptamente cuando los legisladores se enteraron que a la misma hora los aliados del régimen se reunían con el presidente del Congreso, Omar Quintana, para bosquejar una nueva propuesta que contaría con el respaldo del Régimen.
Ayerve se vio obligado a concluir la redacción del documento, pese a que antes de ingresar a la cita había anunciado que asistiría también a la convocada por Quintana. Esto hizo que los legisladores adelanten que no tendrían el respaldo del régimen.
Durante la sesión de ayer el jefe del bloque de Gobierno, Gilmar Gutiérrez, ratificó las diferencias. Comentó que Ayerve es representante del Ejecutivo, que es colegislador y tiene la misma o más capacidad que el Congreso por lo que tiene que ser parte del acuerdo.
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