Con un manifiesto propósito de hacer notar la gravedad de la situación, las Cámaras de la Producción publicaron un manifiesto el mismo día viernes 26 de julio, cuando los presidentes de los países sudamericanos se reunían en Guayaquil, manifiesto en el que exigen al Gobierno nacional el retiro del Ecuador del Acuerdo de Cartagena, suscrito en mayo de 1969.
Resulta un tanto difícil entender esta exigencia cuando la tendencia mundial contempla, como prioridad inevitable, mayores niveles de integración y libre comercio entre las naciones. Se la hace argumentando que no hemos alcanzado una distribución equitativa de los beneficios del proceso de integración; que se han puesto toda clase de trabas al ingreso de productos ecuatorianos en la subregión y que, durante las tres décadas de vigencia del Acuerdo, el resultado es negativo para el Ecuador en más de $3 600 millones, excluyendo las ventas de petróleo.
Los reclamos se originan en las maniobras a las que Colombia y Venezuela han recurrido permanentemente para anular o neutralizar las supuestas ventajas y tratamiento preferencial que el Ecuador y Bolivia tenían como países de menor desarrollo relativo. Son múltiples y repetitivas todo tipo de experiencias, como aquellas en que el diferencial arancelario que favorece el origen de las materias primas de la subregión, termina mejorando el margen del proveedor; o los casos en que los precios de exportación de productos terminados a Ecuador, constituyen evidentes muestras de abierto dumping, al venderse en Ecuador hasta en la mitad de los precios vigentes en los mercados internos de esos dos países, con un afán claro de aniquilar al productor ecuatoriano; o las trabas sanitarias o de normas para permitir el libre ingreso de nuestros productos a esos mercados.
Los incumplimientos de los socios andinos han sido diversos; pero también nuestras falencias y omisiones. El Ministerio de Industrias, Comercio e Integración ha sido desmantelado, y su papel como agente negociador, disminuido a la mínima expresión. El Ministerio de Relaciones Exteriores nunca comprendió su responsabilidad en coadyuvar al logro de resultados concretos y ventajas tangibles para mejorar nuestra posición. A su vez, poco han ayudado nuestros frecuentes cambios de Gobiernos. Carentes de políticas y objetivos nacionales que promuevan mejores condiciones de competitividad y eficiencia, estos no han ofrecido el necesario apoyo a las actividades productivas. Nuestros empresarios tampoco han procurado financiar mejor sus empresas, o adquirir oportunamente nuevas o mejores tecnologías de producción, esperanzados siempre en que el Estado concurriera finalmente en su auxilio, para enfrentar problemas que solo ellos deben resolver.
No debemos retirarnos del Pacto Andino, pero sí exigir mejor aplicación de los mecanismos acordados y, en pleno ejercicio de nuestra soberanía, establecer políticas arancelarias que permitan el ingreso de nuevas maquinarias sin arancel y materias primas de terceros países, a precios similares o inferiores que los de la subregión. Por ello, lograr convenios bilaterales y abrir nuestro
comercio con otros países deben ser otros objetivos impostergables para contrarrestar nuestras dificultades en la Comunidad Andina.
Resulta un tanto difícil entender esta exigencia cuando la tendencia mundial contempla, como prioridad inevitable, mayores niveles de integración y libre comercio entre las naciones. Se la hace argumentando que no hemos alcanzado una distribución equitativa de los beneficios del proceso de integración; que se han puesto toda clase de trabas al ingreso de productos ecuatorianos en la subregión y que, durante las tres décadas de vigencia del Acuerdo, el resultado es negativo para el Ecuador en más de $3 600 millones, excluyendo las ventas de petróleo.
Los reclamos se originan en las maniobras a las que Colombia y Venezuela han recurrido permanentemente para anular o neutralizar las supuestas ventajas y tratamiento preferencial que el Ecuador y Bolivia tenían como países de menor desarrollo relativo. Son múltiples y repetitivas todo tipo de experiencias, como aquellas en que el diferencial arancelario que favorece el origen de las materias primas de la subregión, termina mejorando el margen del proveedor; o los casos en que los precios de exportación de productos terminados a Ecuador, constituyen evidentes muestras de abierto dumping, al venderse en Ecuador hasta en la mitad de los precios vigentes en los mercados internos de esos dos países, con un afán claro de aniquilar al productor ecuatoriano; o las trabas sanitarias o de normas para permitir el libre ingreso de nuestros productos a esos mercados.
Los incumplimientos de los socios andinos han sido diversos; pero también nuestras falencias y omisiones. El Ministerio de Industrias, Comercio e Integración ha sido desmantelado, y su papel como agente negociador, disminuido a la mínima expresión. El Ministerio de Relaciones Exteriores nunca comprendió su responsabilidad en coadyuvar al logro de resultados concretos y ventajas tangibles para mejorar nuestra posición. A su vez, poco han ayudado nuestros frecuentes cambios de Gobiernos. Carentes de políticas y objetivos nacionales que promuevan mejores condiciones de competitividad y eficiencia, estos no han ofrecido el necesario apoyo a las actividades productivas. Nuestros empresarios tampoco han procurado financiar mejor sus empresas, o adquirir oportunamente nuevas o mejores tecnologías de producción, esperanzados siempre en que el Estado concurriera finalmente en su auxilio, para enfrentar problemas que solo ellos deben resolver.
No debemos retirarnos del Pacto Andino, pero sí exigir mejor aplicación de los mecanismos acordados y, en pleno ejercicio de nuestra soberanía, establecer políticas arancelarias que permitan el ingreso de nuevas maquinarias sin arancel y materias primas de terceros países, a precios similares o inferiores que los de la subregión. Por ello, lograr convenios bilaterales y abrir nuestro
comercio con otros países deben ser otros objetivos impostergables para contrarrestar nuestras dificultades en la Comunidad Andina.
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