Graves acusaciones ha realizado Eliseo Gómez, representante de la firma petrolera Repsol-YPF, durante una ceremonia en que se presentaba a Andy Paterson, flamante nuevo presidente del consorcio OCP.
Lo que ha llamado la atención, además de lo escandaloso de su denuncia, es que él se haya negado a señalar nombres, a pesar de que los periodistas así lo requirieron. Por ello, inmediatamente, la Comisión Anticorrupción lo ha citado para que este día consigne en ese organismo los nombres de 100 funcionarios del Estado que, según Gómez, “quieren aprovecharse de la situación para conseguir sus prebendas y, como en épocas anteriores, tratan de extorsionar y buscar interpretaciones personales a los contratos”.
Gravísimo, pues de sus palabras alguien puede inferir una acusación indirecta en contra de Elsa de Mena, directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), funcionaria cuya honestidad y verticalidad es reconocida. El denunciante, en el contexto de su acusación, añadió que la falta de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por parte del SRI ha sido la gota que ha colmado el vaso de las firmas petroleras, “porque se han negado, de un plumazo, $180 millones”.
Conflictos de esta naturaleza son usuales en un sistema democrático y de libre empresa. Implican la confrontación entre el interés público y el privado. Cuando se dan, las leyes tienen previstos mecanismos que permiten superar las diferencias, para garantizar la inversión, y los derechos y deberes que están en juego en los negocios particulares.
Este de la devolución del IVA es un asunto que se ha venido complicando en los últimos meses. Respecto de ello, la directora del SRI ha dicho que no es posible que las petroleras pretendan obtener doble beneficio, de los contratos de participación y del crédito tributario, y que, en todo caso, el SRI acatará una resolución del Tribunal Fiscal, que resuelva el contencioso.
Es clave que Eliseo Gómez concurra hoy a la Comisión Anticorrupción a concretar su denuncia. Le hará un gran servicio al país, pues hay que suponer que tiene sustento documental de lo que ha llegado a decir. En la lucha contra la corrupción es de suma importancia señalar nombres y apellidos; caso contrario, las aseveraciones se convierten en rumores peligrosos que contribuyen a una fragilidad institucional y a que, en ese ambiente, los corruptos continuen actuando en la impunidad.
No obstante, será inadmisible que las petroleras, como cualquier grupo económico, pretendan hacer uso de presiones políticas ante la opinión pública para conseguir objetivos que consideran legítimos. Este Diario espera que este no sea el caso. Asimismo, aplaudirá que esas empresas se sumen a la difícil lucha contra la corrupción en el Ecuador.
Muchas denuncias y acusaciones, lamentablemente sin pruebas documentales o testimoniales, se reciben en los periódicos. Hacen referencia a procedimientos torcidos a los que deben someterse los inversionistas del exterior en las aduanas, en oficinas públicas y ministerios, lo que les impide desarrollar con normalidad su actividad productiva.
Todo esto ha contribuido a desfigurar la imagen del país, sin duda. Ecuador está entre aquellos a los que perjudica una percepción negativa, que hay que cambiar: esa es una tarea de todos, entre los que debe contarse Eliseo Gómez.
EXPLORED
en Ciudad Quito

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