Quito. 26 mar 97. La Comisión Anticorrupción tambalea. Comienza
a tener dificultades y se respira cierto ambiente de frustración.
Ayer debió dedicar parte de su reunión ordinaria a analizar la
obstrucción que los jueces presentan frente a las denuncias. Esto
ocurre, cuando las encuestas de opinión llegan a la conclusión
de que, por primera vez en 15 años, la corrupción ocupa el primer
lugar entre las preocupaciones de los ecuatorianos, muy por
encima de sus angustias frente al costo de la vida.
"Vamos a tratar sobre las obstrucciones del poder judicial", dijo
Simón Espinosa, miembro de la Comisión Anticorrupción, al momento
de ingresar a la reunión de ayer en que debían continuar con la
discusión y análisis de las denuncias de los casos de corrupción
en los seis meses de Gobierno de Bucaram.
Espinosa no quiso proporcionar más detalles de las supuestas
"obstrucciones del poder judicial". No quiso referirse a casos
concretos en temas polémicos, como las Aduanas y los gastos
reservados, solo confirmó que hoy ofrecerá más información.
Entre tanto, Marcelo Merlo manifestó que el problema que enfrenta
la Comisión es que los jueces competentes exigen nombres de los
denunciantes de los diversos casos de corrupción, mientras que
el organismo determinó que se reservará proporcionar datos
personales.
Investigan a Segurital
La Guardia Pretoriana que bajo el nombre de 'Segurital" Cia,
Ltda. acompañaba al ex ministro de Energía, Alfredo Adum, se
encuentra ahora bajo la mira de los departamentos de Inteligencia
de la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas (FFAA), que otorgó el 'visto bueno' el 22 de febrero
de 1994 para su funcionamiento.
La denuncia de la presencia de una organización de fuerzas
paramilitares puso en alerta al Ministerio de Gobierno que a
través de su Departamento Legal estudia la posible suspensión del
permiso de operación de la Compañía "Segurital". La Unidad de
Investigaciones Especiales de la Policía (UIES) tiene a su cargo
el caso. En fuentes bien informadas se conoció que personal de
esta unidad realiza una investigación exhaustiva y, en los
próximos días, presentará un informe, a través del Comandante
General de Policía, al ministro de Gobierno, César Verduga, que
permita suspender definitivamente el permiso de operaciones que
fuera otorgado en agosto de 1995 por el entonces subsecretario
de Gobierno, Roberto Pasailague.
La Policía cuenta con una gran cantidad de información sobre las
actividades desarrolladas por los 'jefes' de Segurital. De
acuerdo a información reservada, que maneja el Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas, la importación de un sofisticado matute
de armas dispuesto por el cesado presidente Bucaram despertó
sospechas en los Departamentos de Inteligencia, que iniciaron las
investigaciones respectivas.
Asesor financiero para la corrupción
El diputado alterno del FRA, Patricio Almeida, asesoró a los
diputados José Avilés, Héctor Villamil y Germán Pozo, para que
inviertan los recursos extrapresupuestarios obtenidos del
Gobierno roldosista en la Fundación "Fundeproce".
HOY publica el extracto de una entrevista concedida a la radio
"11 de Noviembre" de Latacunga, en la que el diputado reconoce
haber ayudado a los diputados a invertir los recursos en la
Fundación en lugar de enviarlo a los organismos seccionales de
Napo, Pastaza y Cotopaxi, en su orden.
¿Usted sirvió de contacto entre esos diputados y "Fundeproce"?
Yo sabía que el Gobierno iba a darles partidas
extrapresupuestarias, por eso les hablé de la posibilidad de que
una sola unidad ejecutora -"Fundeproce"- realice sus proyectos.
¿Por qué no enviaron el dinero a los organismos seccionales?
Un diputado necesita tener confianza en sus equipos seccionales,
en estos casos no la había.
¿Acompañó a los diputados en la gestión?
La gestión la hicieron ellos, porque tenían contacto con el
Gobierno de Abdalá Bucaram
¿Pero los asesoró?
Yo les sugerí que mandaran los recursos a "Fundeproce".
¿Los fondos salieron a nombre de los diputados?
La Presidencia transfirió a la institución beneficiada, no a los
diputados.
¿Usted compró la casa donde funcionaba "Fundeproce" en Latacunga?
- No tengo escritura alguna de esa casa.
UN CHEQUE POR 600 MILLONES
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso,
Napoleón Saltos, agregará tres nombres a la lista de 23 diputados
y el ministro de Obras Públicas, Estuardo Hidalgo, quienes
declararán ante la Corte Suprema de Justicia sobre el destino de
280 mil millones de sucres, de partidas extrapresupuestarias
"gestionadas" ante el Gobierno de Abdalá Bucaram.
El lunes de la próxima semana, la Comisión de Fiscalización
presentará todos los documentos de sustento y abrirá expedientes
a los 26 diputados y el actual ministro.
Saltos no reveló los nombres de los otros legisladores que
engrosarían la lista de tramitadores, pero anunció que todos los
implicados tendrán derecho a ejercer su defensa.
Este diario tuvo acceso a la copia de un recibo de la Presidencia
de la República, en el que se señala que el diputado imbabureño
Ramiro Aguilar -que no consta en la lista de la Corte- recibió
un cheque de 600 millones de sucres para obras de infraestructura
comunitaria, el 4 de febrero de este año.
Saltos se reunió ayer con los directivos de la Cámara de la
Construcción y del Colegio de Ingenieros Civiles, quienes
apoyarán a la Comisión en las investigaciones sobre el Banco de
la Vivienda, Emetel y Ministerio de Obras Públicas.
Hoy lo hará con los miembros del Instituto de Altos Estudios
Nacionales, que apoyarán en el tema de las Aduanas.
El miedo a denunciar
Las preocupaciones mayores durante el día de ayer en la Comisión
Anticorrupción giró en torno a cómo enfrentar los obstáculos que,
los jueces, comienzan a poner a los trámites para perseguir la
corrupción.
Los jueces quieren nombres de los denunciantes y "antes de pedir
nombres los jueces deberían tomar en cuenta las denuncias que se
las realiza de manera documentada, porque no hay que olvidar que
mucha gente tiene miedo a que se publique su nombre, por posibles
represalias" afirmó Marcelo Merlo, miembro de la Comisión.
Por otra parte, en declaraciones a HOY, Simón Espinosa sostuvo
ayer que teme que los resultados de las denuncias e
investigaciones de la Comisión no arrojen ningún resultado
positivo y no caiga ningún pez gordo, por lo que instó a la
sociedad civil para que exija al poder judicial que se castigue
a los culpables y se corte de raíz la corrupción en el país.
Una amenaza a las investigaciones
Pero lo que está ocurriendo en la Comisión Anticorrupción es una
amenaza a todo el proceso de investigación y ya ha sido ventilado
en diversos espacios: se hace necesaria una legislación que
proteja a los denunciantes de la corrupción.
Se ha hablado incluso, y ya se estaría buscando que el Congreso
tramite un proyecto para conceder amnistía a quienes se hayan
visto obligados a pagar coimas y hayan sido chantajeados, y estén
dispuestos a denunciar a los responsables.
En ese sentido se pronunció el gerente del Banco del Estado,
general José Gallardo, al hacer un llamado a los colegios
profesionales para que presenten sus denuncias.
Mientras tanto, en el Congreso los diputados lavan diariamente
sus nombres constantes en las listas de la corrupción y las
acciones corren el riesgo de dilatarse en los tribunales de
justicia.
POLICIA BUSCA A CARLOS HIDALGO
La Policía Nacional busca intensamente al ex subsecretario de
Aduanas, Carlos Hidalgo y a 10 de sus ex colaboradores, quienes
tienen orden de detención emitida por la jueza décimo quinto de
lo penal, Silvia Orejuela, por el delito de concusión y cohecho.
La decisión de la jueza se tomó luego de las declaraciones
rendidas por Alejandro Muñoz, (a) "pepudo Alejo", jefe del cuerpo
de seguridad del defenestrado presidente Abdalá Bucaram. Muñoz
declaró ante la jueza que se cobraban altas sumas de dinero en
la tramitación de la documentación aduanera. (DIARIO HOY) (P.
3-A)
a tener dificultades y se respira cierto ambiente de frustración.
Ayer debió dedicar parte de su reunión ordinaria a analizar la
obstrucción que los jueces presentan frente a las denuncias. Esto
ocurre, cuando las encuestas de opinión llegan a la conclusión
de que, por primera vez en 15 años, la corrupción ocupa el primer
lugar entre las preocupaciones de los ecuatorianos, muy por
encima de sus angustias frente al costo de la vida.
"Vamos a tratar sobre las obstrucciones del poder judicial", dijo
Simón Espinosa, miembro de la Comisión Anticorrupción, al momento
de ingresar a la reunión de ayer en que debían continuar con la
discusión y análisis de las denuncias de los casos de corrupción
en los seis meses de Gobierno de Bucaram.
Espinosa no quiso proporcionar más detalles de las supuestas
"obstrucciones del poder judicial". No quiso referirse a casos
concretos en temas polémicos, como las Aduanas y los gastos
reservados, solo confirmó que hoy ofrecerá más información.
Entre tanto, Marcelo Merlo manifestó que el problema que enfrenta
la Comisión es que los jueces competentes exigen nombres de los
denunciantes de los diversos casos de corrupción, mientras que
el organismo determinó que se reservará proporcionar datos
personales.
Investigan a Segurital
La Guardia Pretoriana que bajo el nombre de 'Segurital" Cia,
Ltda. acompañaba al ex ministro de Energía, Alfredo Adum, se
encuentra ahora bajo la mira de los departamentos de Inteligencia
de la Policía Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas (FFAA), que otorgó el 'visto bueno' el 22 de febrero
de 1994 para su funcionamiento.
La denuncia de la presencia de una organización de fuerzas
paramilitares puso en alerta al Ministerio de Gobierno que a
través de su Departamento Legal estudia la posible suspensión del
permiso de operación de la Compañía "Segurital". La Unidad de
Investigaciones Especiales de la Policía (UIES) tiene a su cargo
el caso. En fuentes bien informadas se conoció que personal de
esta unidad realiza una investigación exhaustiva y, en los
próximos días, presentará un informe, a través del Comandante
General de Policía, al ministro de Gobierno, César Verduga, que
permita suspender definitivamente el permiso de operaciones que
fuera otorgado en agosto de 1995 por el entonces subsecretario
de Gobierno, Roberto Pasailague.
La Policía cuenta con una gran cantidad de información sobre las
actividades desarrolladas por los 'jefes' de Segurital. De
acuerdo a información reservada, que maneja el Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas, la importación de un sofisticado matute
de armas dispuesto por el cesado presidente Bucaram despertó
sospechas en los Departamentos de Inteligencia, que iniciaron las
investigaciones respectivas.
Asesor financiero para la corrupción
El diputado alterno del FRA, Patricio Almeida, asesoró a los
diputados José Avilés, Héctor Villamil y Germán Pozo, para que
inviertan los recursos extrapresupuestarios obtenidos del
Gobierno roldosista en la Fundación "Fundeproce".
HOY publica el extracto de una entrevista concedida a la radio
"11 de Noviembre" de Latacunga, en la que el diputado reconoce
haber ayudado a los diputados a invertir los recursos en la
Fundación en lugar de enviarlo a los organismos seccionales de
Napo, Pastaza y Cotopaxi, en su orden.
¿Usted sirvió de contacto entre esos diputados y "Fundeproce"?
Yo sabía que el Gobierno iba a darles partidas
extrapresupuestarias, por eso les hablé de la posibilidad de que
una sola unidad ejecutora -"Fundeproce"- realice sus proyectos.
¿Por qué no enviaron el dinero a los organismos seccionales?
Un diputado necesita tener confianza en sus equipos seccionales,
en estos casos no la había.
¿Acompañó a los diputados en la gestión?
La gestión la hicieron ellos, porque tenían contacto con el
Gobierno de Abdalá Bucaram
¿Pero los asesoró?
Yo les sugerí que mandaran los recursos a "Fundeproce".
¿Los fondos salieron a nombre de los diputados?
La Presidencia transfirió a la institución beneficiada, no a los
diputados.
¿Usted compró la casa donde funcionaba "Fundeproce" en Latacunga?
- No tengo escritura alguna de esa casa.
UN CHEQUE POR 600 MILLONES
El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso,
Napoleón Saltos, agregará tres nombres a la lista de 23 diputados
y el ministro de Obras Públicas, Estuardo Hidalgo, quienes
declararán ante la Corte Suprema de Justicia sobre el destino de
280 mil millones de sucres, de partidas extrapresupuestarias
"gestionadas" ante el Gobierno de Abdalá Bucaram.
El lunes de la próxima semana, la Comisión de Fiscalización
presentará todos los documentos de sustento y abrirá expedientes
a los 26 diputados y el actual ministro.
Saltos no reveló los nombres de los otros legisladores que
engrosarían la lista de tramitadores, pero anunció que todos los
implicados tendrán derecho a ejercer su defensa.
Este diario tuvo acceso a la copia de un recibo de la Presidencia
de la República, en el que se señala que el diputado imbabureño
Ramiro Aguilar -que no consta en la lista de la Corte- recibió
un cheque de 600 millones de sucres para obras de infraestructura
comunitaria, el 4 de febrero de este año.
Saltos se reunió ayer con los directivos de la Cámara de la
Construcción y del Colegio de Ingenieros Civiles, quienes
apoyarán a la Comisión en las investigaciones sobre el Banco de
la Vivienda, Emetel y Ministerio de Obras Públicas.
Hoy lo hará con los miembros del Instituto de Altos Estudios
Nacionales, que apoyarán en el tema de las Aduanas.
El miedo a denunciar
Las preocupaciones mayores durante el día de ayer en la Comisión
Anticorrupción giró en torno a cómo enfrentar los obstáculos que,
los jueces, comienzan a poner a los trámites para perseguir la
corrupción.
Los jueces quieren nombres de los denunciantes y "antes de pedir
nombres los jueces deberían tomar en cuenta las denuncias que se
las realiza de manera documentada, porque no hay que olvidar que
mucha gente tiene miedo a que se publique su nombre, por posibles
represalias" afirmó Marcelo Merlo, miembro de la Comisión.
Por otra parte, en declaraciones a HOY, Simón Espinosa sostuvo
ayer que teme que los resultados de las denuncias e
investigaciones de la Comisión no arrojen ningún resultado
positivo y no caiga ningún pez gordo, por lo que instó a la
sociedad civil para que exija al poder judicial que se castigue
a los culpables y se corte de raíz la corrupción en el país.
Una amenaza a las investigaciones
Pero lo que está ocurriendo en la Comisión Anticorrupción es una
amenaza a todo el proceso de investigación y ya ha sido ventilado
en diversos espacios: se hace necesaria una legislación que
proteja a los denunciantes de la corrupción.
Se ha hablado incluso, y ya se estaría buscando que el Congreso
tramite un proyecto para conceder amnistía a quienes se hayan
visto obligados a pagar coimas y hayan sido chantajeados, y estén
dispuestos a denunciar a los responsables.
En ese sentido se pronunció el gerente del Banco del Estado,
general José Gallardo, al hacer un llamado a los colegios
profesionales para que presenten sus denuncias.
Mientras tanto, en el Congreso los diputados lavan diariamente
sus nombres constantes en las listas de la corrupción y las
acciones corren el riesgo de dilatarse en los tribunales de
justicia.
POLICIA BUSCA A CARLOS HIDALGO
La Policía Nacional busca intensamente al ex subsecretario de
Aduanas, Carlos Hidalgo y a 10 de sus ex colaboradores, quienes
tienen orden de detención emitida por la jueza décimo quinto de
lo penal, Silvia Orejuela, por el delito de concusión y cohecho.
La decisión de la jueza se tomó luego de las declaraciones
rendidas por Alejandro Muñoz, (a) "pepudo Alejo", jefe del cuerpo
de seguridad del defenestrado presidente Abdalá Bucaram. Muñoz
declaró ante la jueza que se cobraban altas sumas de dinero en
la tramitación de la documentación aduanera. (DIARIO HOY) (P.
3-A)
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