LOS CUATRO ERRORES, por Benjamín Ortiz Brennan

Quito. 12.11.90. (Opinión). La Constitución vigente tiene
múltiples errores, pero cuatro son más visibles. Allí están
como los cuatro jinetes de un apocalipsis jurídico. Más de una
vez han creado un ambiente de fin del mundo en torno al estado
de derecho.

La no reelección, el congreso unicameral, las elecciones
legislativas a medio período y el régimen de partidos
expresaron la sana intención de la nueva generación de
políticos de refrescar y modernizar la democracia pero el
experimento ha resultado fallido. El fantasma de Velasco
Ibarra se pasea por la no reelección que convirtió a la
política en oficio de aventureros e improvisados.

Se creyó por entonces, quizá candorosamente, que el
Velasquismo pudo evitarse con una norma constitucional que
prohiba la reelección. Sin embargo, el fenómeno del
caudillismo tiene raíces más profundas.

En el caso del Velasquismo fue la respuesta al fraude
electoral establecido como práctica cuotidiana por los
gobiernos liberales. Fue también la alternativa a la
incapacidad de los políticos de salón de llegar a las masas y
a las perversiones del fanatismo anticlerical. Disposición
inútil frente a la potencia de un líder de esa dimensión.

El primer congreso velasquista habría reunido los votos
suficientes para abolir la norma que pretendiera impedir que
el profeta vuelva al poder. En cambio, la ley vigente obliga a
descubrir nuevos diputados, alcaldes, prefectos, concejales y
consejeros cada dos o cuatro años. Deja a los ex presidentes
de la república, que pudieran ser los grandes conductores de
la política si conservaran su posibilidad de volver al poder,
en calidad de pitonisas: adivinan el futuro y crian cada cual
un delfín a su sombra, buscando que se le parezca tanto como
sea posible.

La equivocación de que "muchas leyes" equivale a "buenas
leyes" llevó a construir un congreso ágil, unicameral, que
tramite todo a la velocidad del rayo. Institución anómala en
un régimen presidencial como el ecuatoriano, porque concede a
la legislatura un poder político excesivo sobre el ejecutivo.

Ese poder en el sistema parlamentario está mediatizado por dos
instituciones que no existen en el Ecuador: el derecho a
formar gobierno por el partido que tiene mayoría en el
Congreso y la potestad del primer ministro de disolver el
parlamento y convocar a nuevas elecciones.

Nuestro Congreso unicameral ha servido para que con una
levantada de dedo se tumben Cortes Supremas o se cambien las
normas de convivencia básica. Con tales embrollos, en la
última crisis la única solución fue sacar a escobazos al
presidente del Congreso ¿se acuerdan de Averroes? en forma no
muy ortodoxa.

Habrá que volver algún día a las dos cámaras y terminar con
las dictaduras de las mayorías repentinas. Las elecciones
legislativas a medio período, incorporadas con posterioridad
al nacimiento de la nueva Constitución, parecen inventadas
para que el país se vuelva del todo ingobernable. No solo que
hay un poderoso Congreso unicameral, sino que se fabrica una
oposición mayoritaria a los dos años -ningún presidente
conserva la popularidad para ganar esas elecciones-. El
gobierno queda atado de pies y manos, cercado por la ferocidad
de los que quieren su fracaso para llegar al poder en los
próximos comicios.

Un sistema que desafía al sentido común también es proclive a
la ilegalidad y a la corrupción. En este panorama, la
afiliación partidista forzosa para participar en la vida
pública, a través de la Ley de Partidos, se ha convertido en
un tráfico de camisetas y prebendas que han desacreditado a la
política, una actividad que acaso no sea la más noble como
quisiéramos que lo fuera, pero que es indispensable para el
funcionamiento de la sociedad.

Un jesuíta de mis tiempos de colegio, ante estos hechos, se
hubiera puesto el dedo sobre la sien y diría: hay que hacer
algo. (A-4).

EXPLORED
en Ciudad Quito

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