UN RETO PARA LA INDUSTRIA
Quito. 21.11.90. Los presidentes de los cinco países andinos
mantendrán el 29 y 30 de noviembre en Bolivia la cuarta cumbre
presidencial desde que se comprometieron hace dos años en
Cartagena a dar un seguimiento permanente al proceso de
integración subregional.
El tema central de esta cumbre será el análisis de la
propuesta de Colombia y Venezuela para acelerar el proceso de
desgravación arancelaria acordado en diciembre pasado en la
reunión de Galápagos.
En aquella oportunidad, los cinco presidentes andinos se
comprometieron a crear un mercado común en 1995. Para ese
propósito, Colombia, Venezuela y Perú debían eliminar todas
las barreras comerciales en 1992, mientras Ecuador y Bolivia,
considerados países de menor desarrollo relativo, debían
hacerlo hasta 1992.
Sin embargo, Colombia y Venezuela, países que tienen las dos
mayores economías de la subregión, propondrán en Bolivia una
reducción de los plazos fijados en Galápagos, de tal manera
que esos dos países, más Perú, inicien inmediatamente la
desgravación arancelaria, mientras Bolivia y Ecuador lo hagan
hasta 1992.
Pese a que Ecuador aún no ha adoptado una posición oficial al
respecto, el ministro de Industrias, Jacinto Jouvín, expresó
este lunes que el país no está preparado para acelerar la
liberación comercial con el resto de países andinos, y
calificó la iniciativa colombiana y venezolana como "un tanto
apresurada".
El ministro consideró que antes de liberalizar el comercio es
necesario firmar acuerdos bilaterales de comercio
administrados entre los cincos países andinos.
En fuentes de la cancillería se dijo, sin embargo, que esta
semana habrá una reunión de los ministros de Relaciones
Exteriores, Finanzas e Industrias, y el presidente de la Junta
Monetaria, para definir la posición del Ecuador en la cumbre
de Bolivia.
Más que un problema de ingresos estatales, el arancel ha sido
en los últimos 20 años un instrumento de la política económica
del país para proteger los mercados internos e impulsar el
desarrollo industrial. Los ingresos arancelarios, según
cálculos oficiales, representan apenas el 11,4% de los
ingresos del presupuesto nacional.
La política arancelaria del Ecuador ha sido tan
proteccionista, que para importar un carro, por ejemplo, se
tiene que pagar, entre aranceles y otros impuestos, hasta el
300% del valor del vehículo. En Colombia, en cambio, se paga
el 188%, en Venezuela el 120%, en Perú el 130% y en Bolivia,
hasta hace dos años 20%, y ahora sólo el 5%.
No obstante, la Cámara de Industriales de Pichincha también es
contraria a acelerar los plazos de reducción arancelaria. La
propuesta colombiana y venezolana, según la Cámara, es
"inaceptable" en los actuales momentos, y de llevarse a la
práctica provocaría "una invasión de mercaderías procedentes
de otros países andinos, sin que exista la necesaria capacidad
nacional de respuesta".
Hay quienes sostiene que si el gobierno acepta finalmente
acelerar la desgravación arancelaria, para lo cual será
necesaria una concertación con los grupos empresariales,
deberá implementar paralelamente medidas para fortalecer el
aparato productivo nacional, y volverlo más competitivo.
En este marco, la liberalización de aranceles constituye un
reto para la industria ecuatoriana, en un proceso que parece
inevitable y que en buena medida ya se ha iniciado.
Así, desde 1985 Bolivia ha reducido progresivamente los
aranceles hasta fijarlos en 10% para los bienes de consumo y
en 5% para los de capital.
Venezuela, por su parte, tiene previsto fijar un arancel único
del 20% hasta 1993. Colombia situará de aquí a cinco años su
arancel en 15% de promedio, y Perú lo fijará en dos años en un
25%.
El Ecuador, por su parte, no ha definido una política general
de reducción arancelaria más allá de las ya hechas con la
reforma del año pasado, que los ubicaron en una banda que va
del 5 al 60%. (A-6).
Quito. 21.11.90. Los presidentes de los cinco países andinos
mantendrán el 29 y 30 de noviembre en Bolivia la cuarta cumbre
presidencial desde que se comprometieron hace dos años en
Cartagena a dar un seguimiento permanente al proceso de
integración subregional.
El tema central de esta cumbre será el análisis de la
propuesta de Colombia y Venezuela para acelerar el proceso de
desgravación arancelaria acordado en diciembre pasado en la
reunión de Galápagos.
En aquella oportunidad, los cinco presidentes andinos se
comprometieron a crear un mercado común en 1995. Para ese
propósito, Colombia, Venezuela y Perú debían eliminar todas
las barreras comerciales en 1992, mientras Ecuador y Bolivia,
considerados países de menor desarrollo relativo, debían
hacerlo hasta 1992.
Sin embargo, Colombia y Venezuela, países que tienen las dos
mayores economías de la subregión, propondrán en Bolivia una
reducción de los plazos fijados en Galápagos, de tal manera
que esos dos países, más Perú, inicien inmediatamente la
desgravación arancelaria, mientras Bolivia y Ecuador lo hagan
hasta 1992.
Pese a que Ecuador aún no ha adoptado una posición oficial al
respecto, el ministro de Industrias, Jacinto Jouvín, expresó
este lunes que el país no está preparado para acelerar la
liberación comercial con el resto de países andinos, y
calificó la iniciativa colombiana y venezolana como "un tanto
apresurada".
El ministro consideró que antes de liberalizar el comercio es
necesario firmar acuerdos bilaterales de comercio
administrados entre los cincos países andinos.
En fuentes de la cancillería se dijo, sin embargo, que esta
semana habrá una reunión de los ministros de Relaciones
Exteriores, Finanzas e Industrias, y el presidente de la Junta
Monetaria, para definir la posición del Ecuador en la cumbre
de Bolivia.
Más que un problema de ingresos estatales, el arancel ha sido
en los últimos 20 años un instrumento de la política económica
del país para proteger los mercados internos e impulsar el
desarrollo industrial. Los ingresos arancelarios, según
cálculos oficiales, representan apenas el 11,4% de los
ingresos del presupuesto nacional.
La política arancelaria del Ecuador ha sido tan
proteccionista, que para importar un carro, por ejemplo, se
tiene que pagar, entre aranceles y otros impuestos, hasta el
300% del valor del vehículo. En Colombia, en cambio, se paga
el 188%, en Venezuela el 120%, en Perú el 130% y en Bolivia,
hasta hace dos años 20%, y ahora sólo el 5%.
No obstante, la Cámara de Industriales de Pichincha también es
contraria a acelerar los plazos de reducción arancelaria. La
propuesta colombiana y venezolana, según la Cámara, es
"inaceptable" en los actuales momentos, y de llevarse a la
práctica provocaría "una invasión de mercaderías procedentes
de otros países andinos, sin que exista la necesaria capacidad
nacional de respuesta".
Hay quienes sostiene que si el gobierno acepta finalmente
acelerar la desgravación arancelaria, para lo cual será
necesaria una concertación con los grupos empresariales,
deberá implementar paralelamente medidas para fortalecer el
aparato productivo nacional, y volverlo más competitivo.
En este marco, la liberalización de aranceles constituye un
reto para la industria ecuatoriana, en un proceso que parece
inevitable y que en buena medida ya se ha iniciado.
Así, desde 1985 Bolivia ha reducido progresivamente los
aranceles hasta fijarlos en 10% para los bienes de consumo y
en 5% para los de capital.
Venezuela, por su parte, tiene previsto fijar un arancel único
del 20% hasta 1993. Colombia situará de aquí a cinco años su
arancel en 15% de promedio, y Perú lo fijará en dos años en un
25%.
El Ecuador, por su parte, no ha definido una política general
de reducción arancelaria más allá de las ya hechas con la
reforma del año pasado, que los ubicaron en una banda que va
del 5 al 60%. (A-6).
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