Demandas laborales latentes, la quejas de los transportadores aéreos nacionales por falta de apoyo de las autoridades, los conflictos judiciales que afronta la autoridad aeronáutica y las controversias personales que se dilatan, entre otras dificultades, enredan el manejo del sector a escala nacional. Los problemas domésticos se dan en momentos clave para la recalificación del país por la autoridad aeronáutica de Estados Unidos.
Las autoridades de la Dirección de Aviación Civil (DAC) y del Consejo Nacional de la Aviación Civil (CNAC) presentaron el martes pasado la nueva visión de la institución para los próximos años y anunciaron la inminente recuperación de la "categoría 1" para el país, que concede la autoridad aeronáutica de EEUU. El acto duró unos 20 minutos.
Los buenos augurios del evento contrastan, sin embargo, con los temas pendientes de la actual administración, entre ellos, la solución a demandas laborales; la crisis que acusa el gremio de transportadores aéreos, que reclama falta de apoyo; los procesos judiciales que afronta la DAC, y controversias particulares de la autoridad aeronáutica que podrían comprometer su independencia.
Y es que el primer año de la actual administración no ha estado exento de polémica, y el Gobierno tampoco ha sido ajeno a ellas. En diciembre de 2003, algunos problemas llegaron a su clímax, lo que habría determinado -según conoció BLANCO Y NEGRO- que se ordenara una indagación por parte de la Presidencia da la República.
Este Diario tuvo acceso a varios documentos y consiguió los testimonios de varios involucrados que comprometen la gestión de la autoridad. El director de la DAC, Rafael Dávila, admitió conocer el tema y aseguró que el informe de la indagación presidencial le favorece.
A diciembre, ya eran públicas otras denuncias, como la que presentó el 22 de octubre de 2003 el presidente ejecutivo de la empresa Icaro, Guido Saltos, en la Comisión Anticorrupción, en la que acusa de presiones de ciertos funcionarios de la DAC y actitudes discriminatorias en contra de su compañía. Tras excusarse de conocer el tema, la Comisión comunicó al denunciante el traslado de la denuncia a la Secretaría General de la Administración, pues la DAC y el CNAC dependen de la Presidencia.
Saltos actualmente mantiene sus reclamos a Dávila y Jorge Naranjo, presidente del CNAC, ambos militantes de Sociedad Patriótica, para que cancelen una factura de vuelos realizados por el presidente Lucio Gutiérrez antes de su posesión.
Por otro lado, se hace evidente una pugna entre el director y el ex subdirector de la DAC, Iván Arellano, compañero de armas de Gutiérrez, quien fue removido el 1º de diciembre tras la adjudicación, supuestamente irregular, de mejoras en el aeropuerto de La Toma (Loja) a cargo de ese funcionario.
Lejos de bajar las tensiones, la remoción fue un detonante de los conflictos internos. La organización sindical no solo se solidarizó con Iván Arellano, al calificar su desempeño de "competente", sino que cuestionó la dirección de la institución. Aunque para Dávila el reclamo constituyó un tema estrictamente laboral, a lo interno de entidad tomó otros ribetes.
En carta al presidente Gutiérrez, del 12 de diciembre, la Asociación de Empleados de la Subsecretaría del Litoral señala que "de forma reiterada se solicitó al director transparencia en su proceder, pero que al parecer temas relativos a los empleados y otros son tomados con ligereza y poca capacidad, ocasionando a la DAC demandas millonarias sin precedentes".
Esa alusión tiene un precedente: los procesos judiciales instaurados en este año por la empresa Transacsa, que involucran demandas por más de $2 millones. El conflicto empezó con una acción de amparo que presentó la compañía a un juez de El Oro y que es ratificada por la Tercera Sala del Tribunal Constitucional (TC), que permitiría a la empresa obtener permisos de operación para sus helicópteros.
Como consecuencia del fallo, la DAC deberá entregar los permisos de operación de las naves, aun cuando en el proceso legal en el TC, la autoridad aeronáutica presentó argumentos técnicos en contra de ello. (LB)
Vuelos realizados por Lucio Gutiérrez están sin cancelar
Controversia con autoridades aeronáuticas se dilata por viajes del presidente antes de su posesión
Aunque Rafael Dávila y Jorge Naranjo, director y presidente de la Aviación Civil, respectivamente, aseguran que sus decisiones están apegadas a la ley y los reglamentos y se aplican a todas las compañías aéreas por igual, podría producirse un conflicto de intereses con Icaro, debido a una deuda que los ejecutivos mantienen con esa aerolínea desde los tiempos post electorales.
A fines de 2002, Naranjo hizo un convenio verbal con Guido Saltos, presidente de Icaro, para que sus aviones transportaran por varios lugares del país al presidente electo, Lucio Gutiérrez, y acordaron el pago en función del "costo operacional rebajado", según la versión de Naranjo, pero Saltos aduce que el precio pactado era en relación con las "tarifas comerciales", es decir, más alto.
Cuando Naranjo ya era presidente del Consejo de Aviación Civil, el 17 de junio de 2003, Saltos le envió una factura por $45 041,92, con cargo a Aeromilitec, empresa de la que era accionista, antes de asumir el cargo, el actual director de la DAC, Rafael Dávila.
El 7 de agosto pasado, el directivo de Icaro envió otra carta a Naranjo, en la cual le informaba que el monto de la factura había sido objetado por el director de la DAC, ante lo cual señalaba que únicamente estaba cumpliendo su ofrecimiento de cobrar por los vuelos después de la posesión de Gutiérrez, con una rebaja del 50% en relación con los costos normales. Saltos precisa que la deuda era una responsabilidad compartida entre Dávila y Naranjo.
El 26 de noviembre, Saltos envió una tercera carta a Naranjo, en la que hizo una liquidación del pago pendiente a precio comercial más el interés por mora, por $129 736,20.
El pasado 23 de diciembre, Naranjo respondió a Saltos que, según sus cálculos, solo debían a Icaro $7 200 que debían ser cancelados (a medias) por él y Dávila, quien, por su parte, dijo a este Diario, que no ha contratado con Icaro vuelo alguno. (LB)
Convenio con la Coira para "vender" imagen institucional
El acuerdo, que quedó en suspenso, comprometía a los indígenas a mantener y construir pistas
A pesar de que el Consejo Nacional de Aviación Civil (CNAC) únicamente dicta políticas y no tiene funciones ejecutivas, su presidente, Jorge Naranjo, firmó un convenio de capacitación técnica y cooperación con la Confederación de Organizaciones Independientes de la Región Amazónica (Coira).
Naranjo defiende el convenio y lo califica de "simbólico y moral", pues dice que esto refleja la política de apoyo del presidente Lucio Gutiérrez a esa región del país.
Según el documento, el 28 de mayo de 2003, la DAC debía capacitar a 36 miembros de la Coira en meteorología, operaciones y comunicaciones aeronáuticas.
A cambio, la Coira se comprometía a promocionar "la imagen positiva" del CNAC y la DAC, además de realizar gestiones para adquirir avionetas para cada una de sus organizaciones filiales, construir y dar mantenimiento a las pistas de aterrizaje de la región y entregar alimentos a los asistentes a los cursos de capacitación.
Para poner en marcha el acuerdo, el 3 de junio anterior Naranjo impartió instrucciones al director del Instituto Aeronáutico para que gestionara la organización de los cursos.
El proceso se truncó cuando el entonces subdirector de la DAC, Iván Arellano, ordenó suspender los cursos pues no habría competencia del Consejo para realizar este tipo de convenios, ya que es un cuerpo colegiado y no una instancia ejecutiva.
La Coira también encontró problemas en la aplicación del convenio, cuando, el 24 de septiembre pasado, señaló que los dirigentes que lo firmaron no tomaron en cuenta las dificultades que tenían para construir y mantener pistas de aterrizaje. (LB)
Amparo obliga a dar permisos a la DAC
La empresa Transacsa acusó de una omisión administrativa
El 10 de junio de 2003, el juez octavo de Piñas, El Oro, aceptó un recurso de amparo de la empresa Transacsa, que argumentaba que el director de la DAC había incurrido en una omisión al no dar paso a la entrega de los permisos de operación de helicópteros de esa compañía.
Según la empresa, la omisión se originó en un supuesto silencio administrativo por parte del funcionario que no habría respondido en 60 días a la solicitud planteada para lograr los permisos.
Con el amparo, Transacsa pedía la ejecución del trámite, porque se sobreentendía que el silencio había dado paso al pedido. La DAC apeló y la causa pasó al Tribunal Constitucional (TC), cuya tercera Sala no solo ratificó la decisión del juez de Piñas, sino que dispuso a la DAC fijar un plazo para la entrega de la matrícula, el certificado de operador aéreo y cuanta autorización haga falta para operar los helicópteros.
Actualmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo juzga si hubo o no el silencio administrativo. (LB)
Los empleados advierten con medidas
El gremio fijó hasta fines de mes la respuesta a sus pedidos
Rafael Dávila, director de la Aviación Civil, asegura que los cuestionamientos de los empleados del Litoral son un problema laboral y presentó el respaldo desde varias provincias.
Jorge Castro, secretario general de la Asociación Sindical del Litoral, admite que en la carta del 12 de diciembre de 2003 al presidente estaban inmersas sus demandas laborales.
Las aspiraciones, dice, fueron señaladas al Gobierno en la reunión de principios de diciembre con el entonces secretario de la Administración, Carlos Pólit. El ofrecimiento de transmitir al presidente las peticiones y una reunión posterior con Dávila, suspendió una medida de hecho.
Los pedidos básicos de este sector son el pago de bonificaciones, el aumento de sueldos congelados desde 2001 y el reconocimiento de la asociación sindical. Las demadas son a escala nacional. De no atenderse, se advierte de una medida, que puede ser la toma de las terminales aéreas. (LB)
ENTREVISTA
Titular de la DAC defiende la gestión administrativa
Rafael Dávila dice que se actuó oportunamente en el tema de Transacsa
En la demanda de amparo de Transacsa se lo responsabiliza de un silencio administrativo.
No existió eso. Hubo varias reuniones con representantes de la empresa y hay documentos remitidos que certifican que se respondió oportunamente. En todo caso, eso debe determinarlo el Contencioso Administrativo.
Si el TC dio la razón al demandante, ¿cómo la DAC va a preparar informes que son contrarios a los que antes dijo?
No hay informes contrarios.
¿Entonces por qué la DAC no dio antes los permisos?
La DAC se negó porque no estaba claro el asunto del certificado tipo. Ellos presentan un amparo constitucional y este dice que se tienen que dar los permisos. Eso se está haciendo con el concurso de peritos para cada documento.
¿Cómo va a entregar el certificado tipo si eso lo da la fábrica?
La fábrica y un país que tenga el mismo helicóptero. Hay varios procedimientos siempre y cuando las leyes de la organización de la aviación civil internacional lo puedan prever.
¿En caso de un accidente, el Estado podría ser demandado?
La DAC no está dando ningún permiso. Es el TC, es un amparo constitucional.
Se ha señalado que usted está inhabilitado porque tiene intereses en el sector, como ser accionista de Aeromilitec.
Aeromilitec se dedica a las representaciones. No tiene ningún permiso de operación de la DAC o de realizar actividades conexas. Cedí mis acciones por ética. Esto y otras supuestas denuncias solo son parte del resentimiento. (LB)
PUNTO DE VISTA
Todos estamos subordinados a las leyes y a la ética
Todo funcionario público, o sea, aquella persona que recibe remuneración del Estado, lo que equivale a decir sueldo del pueblo, está obligado tanto a trabajar con eficiencia y honorabilidad, cuanto a rendir cuentas de sus actos.
Y es que, si como ocurre en sociedades más democráticas, la rendición de cuentas fuera en Ecuador una institución en la que militan todos quienes cumplen una tarea encomendada por alguien, a nadie causaría extrañeza cuando los medios de comunicación indagan por las gestiones de quienes tienen en sus manos altas responsabilidades.
Pero en Ecuador la rendición de cuentas es una institución honrada apenas por pocos funcionarios, ya sea elegidos en votación o nominados por la autoridad competente. Lo que equivale a decir que, aquí, no siempre se puede tener toda la verdad.
Confrontar las denuncias llegadas a BLANCO Y NEGRO en contra de la Dirección de Aviación Civil (DAC) no fue una tarea fácil, aunque cuando los directivos comprobaron que la política de este Diario es dar siempre la voz tanto a la parte acusadora como a la acusada, y que lo único que se buscaba era tener la verdad, la comunicación prosiguió de manera fluida.
Por eso, en temas tan delicados como la denuncia de un acuerdo privado entre las actuales autoridades de Aviación y la empresa Icaro, por servicios contratados para quien gobierna el país, desde la Presidencia de la República, es un tema que tendrá que ser dirimido lo más pronto posible. No solamente hay el riesgo de que se crea que hay abuso de poder, sino porque algunos podrían pensar que quienes manejan las políticas aeronáuticas, podrían perder la objetividad cuando se trate de ejercer autoridad ante la compañía Icaro, con cuyo ejecutivo hay una controversia.
Los otros temas denunciados también son delicados; por eso sería bueno para el país si las máximas autoridades de la Aviación propiciaran la solución de estos conflictos, subordinándose a las leyes y a la normativa que rige la institución y a la ética a la que estamos obligados todos. (TFF)
Las autoridades de la Dirección de Aviación Civil (DAC) y del Consejo Nacional de la Aviación Civil (CNAC) presentaron el martes pasado la nueva visión de la institución para los próximos años y anunciaron la inminente recuperación de la "categoría 1" para el país, que concede la autoridad aeronáutica de EEUU. El acto duró unos 20 minutos.
Los buenos augurios del evento contrastan, sin embargo, con los temas pendientes de la actual administración, entre ellos, la solución a demandas laborales; la crisis que acusa el gremio de transportadores aéreos, que reclama falta de apoyo; los procesos judiciales que afronta la DAC, y controversias particulares de la autoridad aeronáutica que podrían comprometer su independencia.
Y es que el primer año de la actual administración no ha estado exento de polémica, y el Gobierno tampoco ha sido ajeno a ellas. En diciembre de 2003, algunos problemas llegaron a su clímax, lo que habría determinado -según conoció BLANCO Y NEGRO- que se ordenara una indagación por parte de la Presidencia da la República.
Este Diario tuvo acceso a varios documentos y consiguió los testimonios de varios involucrados que comprometen la gestión de la autoridad. El director de la DAC, Rafael Dávila, admitió conocer el tema y aseguró que el informe de la indagación presidencial le favorece.
A diciembre, ya eran públicas otras denuncias, como la que presentó el 22 de octubre de 2003 el presidente ejecutivo de la empresa Icaro, Guido Saltos, en la Comisión Anticorrupción, en la que acusa de presiones de ciertos funcionarios de la DAC y actitudes discriminatorias en contra de su compañía. Tras excusarse de conocer el tema, la Comisión comunicó al denunciante el traslado de la denuncia a la Secretaría General de la Administración, pues la DAC y el CNAC dependen de la Presidencia.
Saltos actualmente mantiene sus reclamos a Dávila y Jorge Naranjo, presidente del CNAC, ambos militantes de Sociedad Patriótica, para que cancelen una factura de vuelos realizados por el presidente Lucio Gutiérrez antes de su posesión.
Por otro lado, se hace evidente una pugna entre el director y el ex subdirector de la DAC, Iván Arellano, compañero de armas de Gutiérrez, quien fue removido el 1º de diciembre tras la adjudicación, supuestamente irregular, de mejoras en el aeropuerto de La Toma (Loja) a cargo de ese funcionario.
Lejos de bajar las tensiones, la remoción fue un detonante de los conflictos internos. La organización sindical no solo se solidarizó con Iván Arellano, al calificar su desempeño de "competente", sino que cuestionó la dirección de la institución. Aunque para Dávila el reclamo constituyó un tema estrictamente laboral, a lo interno de entidad tomó otros ribetes.
En carta al presidente Gutiérrez, del 12 de diciembre, la Asociación de Empleados de la Subsecretaría del Litoral señala que "de forma reiterada se solicitó al director transparencia en su proceder, pero que al parecer temas relativos a los empleados y otros son tomados con ligereza y poca capacidad, ocasionando a la DAC demandas millonarias sin precedentes".
Esa alusión tiene un precedente: los procesos judiciales instaurados en este año por la empresa Transacsa, que involucran demandas por más de $2 millones. El conflicto empezó con una acción de amparo que presentó la compañía a un juez de El Oro y que es ratificada por la Tercera Sala del Tribunal Constitucional (TC), que permitiría a la empresa obtener permisos de operación para sus helicópteros.
Como consecuencia del fallo, la DAC deberá entregar los permisos de operación de las naves, aun cuando en el proceso legal en el TC, la autoridad aeronáutica presentó argumentos técnicos en contra de ello. (LB)
Vuelos realizados por Lucio Gutiérrez están sin cancelar
Controversia con autoridades aeronáuticas se dilata por viajes del presidente antes de su posesión
Aunque Rafael Dávila y Jorge Naranjo, director y presidente de la Aviación Civil, respectivamente, aseguran que sus decisiones están apegadas a la ley y los reglamentos y se aplican a todas las compañías aéreas por igual, podría producirse un conflicto de intereses con Icaro, debido a una deuda que los ejecutivos mantienen con esa aerolínea desde los tiempos post electorales.
A fines de 2002, Naranjo hizo un convenio verbal con Guido Saltos, presidente de Icaro, para que sus aviones transportaran por varios lugares del país al presidente electo, Lucio Gutiérrez, y acordaron el pago en función del "costo operacional rebajado", según la versión de Naranjo, pero Saltos aduce que el precio pactado era en relación con las "tarifas comerciales", es decir, más alto.
Cuando Naranjo ya era presidente del Consejo de Aviación Civil, el 17 de junio de 2003, Saltos le envió una factura por $45 041,92, con cargo a Aeromilitec, empresa de la que era accionista, antes de asumir el cargo, el actual director de la DAC, Rafael Dávila.
El 7 de agosto pasado, el directivo de Icaro envió otra carta a Naranjo, en la cual le informaba que el monto de la factura había sido objetado por el director de la DAC, ante lo cual señalaba que únicamente estaba cumpliendo su ofrecimiento de cobrar por los vuelos después de la posesión de Gutiérrez, con una rebaja del 50% en relación con los costos normales. Saltos precisa que la deuda era una responsabilidad compartida entre Dávila y Naranjo.
El 26 de noviembre, Saltos envió una tercera carta a Naranjo, en la que hizo una liquidación del pago pendiente a precio comercial más el interés por mora, por $129 736,20.
El pasado 23 de diciembre, Naranjo respondió a Saltos que, según sus cálculos, solo debían a Icaro $7 200 que debían ser cancelados (a medias) por él y Dávila, quien, por su parte, dijo a este Diario, que no ha contratado con Icaro vuelo alguno. (LB)
Convenio con la Coira para "vender" imagen institucional
El acuerdo, que quedó en suspenso, comprometía a los indígenas a mantener y construir pistas
A pesar de que el Consejo Nacional de Aviación Civil (CNAC) únicamente dicta políticas y no tiene funciones ejecutivas, su presidente, Jorge Naranjo, firmó un convenio de capacitación técnica y cooperación con la Confederación de Organizaciones Independientes de la Región Amazónica (Coira).
Naranjo defiende el convenio y lo califica de "simbólico y moral", pues dice que esto refleja la política de apoyo del presidente Lucio Gutiérrez a esa región del país.
Según el documento, el 28 de mayo de 2003, la DAC debía capacitar a 36 miembros de la Coira en meteorología, operaciones y comunicaciones aeronáuticas.
A cambio, la Coira se comprometía a promocionar "la imagen positiva" del CNAC y la DAC, además de realizar gestiones para adquirir avionetas para cada una de sus organizaciones filiales, construir y dar mantenimiento a las pistas de aterrizaje de la región y entregar alimentos a los asistentes a los cursos de capacitación.
Para poner en marcha el acuerdo, el 3 de junio anterior Naranjo impartió instrucciones al director del Instituto Aeronáutico para que gestionara la organización de los cursos.
El proceso se truncó cuando el entonces subdirector de la DAC, Iván Arellano, ordenó suspender los cursos pues no habría competencia del Consejo para realizar este tipo de convenios, ya que es un cuerpo colegiado y no una instancia ejecutiva.
La Coira también encontró problemas en la aplicación del convenio, cuando, el 24 de septiembre pasado, señaló que los dirigentes que lo firmaron no tomaron en cuenta las dificultades que tenían para construir y mantener pistas de aterrizaje. (LB)
Amparo obliga a dar permisos a la DAC
La empresa Transacsa acusó de una omisión administrativa
El 10 de junio de 2003, el juez octavo de Piñas, El Oro, aceptó un recurso de amparo de la empresa Transacsa, que argumentaba que el director de la DAC había incurrido en una omisión al no dar paso a la entrega de los permisos de operación de helicópteros de esa compañía.
Según la empresa, la omisión se originó en un supuesto silencio administrativo por parte del funcionario que no habría respondido en 60 días a la solicitud planteada para lograr los permisos.
Con el amparo, Transacsa pedía la ejecución del trámite, porque se sobreentendía que el silencio había dado paso al pedido. La DAC apeló y la causa pasó al Tribunal Constitucional (TC), cuya tercera Sala no solo ratificó la decisión del juez de Piñas, sino que dispuso a la DAC fijar un plazo para la entrega de la matrícula, el certificado de operador aéreo y cuanta autorización haga falta para operar los helicópteros.
Actualmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo juzga si hubo o no el silencio administrativo. (LB)
Los empleados advierten con medidas
El gremio fijó hasta fines de mes la respuesta a sus pedidos
Rafael Dávila, director de la Aviación Civil, asegura que los cuestionamientos de los empleados del Litoral son un problema laboral y presentó el respaldo desde varias provincias.
Jorge Castro, secretario general de la Asociación Sindical del Litoral, admite que en la carta del 12 de diciembre de 2003 al presidente estaban inmersas sus demandas laborales.
Las aspiraciones, dice, fueron señaladas al Gobierno en la reunión de principios de diciembre con el entonces secretario de la Administración, Carlos Pólit. El ofrecimiento de transmitir al presidente las peticiones y una reunión posterior con Dávila, suspendió una medida de hecho.
Los pedidos básicos de este sector son el pago de bonificaciones, el aumento de sueldos congelados desde 2001 y el reconocimiento de la asociación sindical. Las demadas son a escala nacional. De no atenderse, se advierte de una medida, que puede ser la toma de las terminales aéreas. (LB)
ENTREVISTA
Titular de la DAC defiende la gestión administrativa
Rafael Dávila dice que se actuó oportunamente en el tema de Transacsa
En la demanda de amparo de Transacsa se lo responsabiliza de un silencio administrativo.
No existió eso. Hubo varias reuniones con representantes de la empresa y hay documentos remitidos que certifican que se respondió oportunamente. En todo caso, eso debe determinarlo el Contencioso Administrativo.
Si el TC dio la razón al demandante, ¿cómo la DAC va a preparar informes que son contrarios a los que antes dijo?
No hay informes contrarios.
¿Entonces por qué la DAC no dio antes los permisos?
La DAC se negó porque no estaba claro el asunto del certificado tipo. Ellos presentan un amparo constitucional y este dice que se tienen que dar los permisos. Eso se está haciendo con el concurso de peritos para cada documento.
¿Cómo va a entregar el certificado tipo si eso lo da la fábrica?
La fábrica y un país que tenga el mismo helicóptero. Hay varios procedimientos siempre y cuando las leyes de la organización de la aviación civil internacional lo puedan prever.
¿En caso de un accidente, el Estado podría ser demandado?
La DAC no está dando ningún permiso. Es el TC, es un amparo constitucional.
Se ha señalado que usted está inhabilitado porque tiene intereses en el sector, como ser accionista de Aeromilitec.
Aeromilitec se dedica a las representaciones. No tiene ningún permiso de operación de la DAC o de realizar actividades conexas. Cedí mis acciones por ética. Esto y otras supuestas denuncias solo son parte del resentimiento. (LB)
PUNTO DE VISTA
Todos estamos subordinados a las leyes y a la ética
Todo funcionario público, o sea, aquella persona que recibe remuneración del Estado, lo que equivale a decir sueldo del pueblo, está obligado tanto a trabajar con eficiencia y honorabilidad, cuanto a rendir cuentas de sus actos.
Y es que, si como ocurre en sociedades más democráticas, la rendición de cuentas fuera en Ecuador una institución en la que militan todos quienes cumplen una tarea encomendada por alguien, a nadie causaría extrañeza cuando los medios de comunicación indagan por las gestiones de quienes tienen en sus manos altas responsabilidades.
Pero en Ecuador la rendición de cuentas es una institución honrada apenas por pocos funcionarios, ya sea elegidos en votación o nominados por la autoridad competente. Lo que equivale a decir que, aquí, no siempre se puede tener toda la verdad.
Confrontar las denuncias llegadas a BLANCO Y NEGRO en contra de la Dirección de Aviación Civil (DAC) no fue una tarea fácil, aunque cuando los directivos comprobaron que la política de este Diario es dar siempre la voz tanto a la parte acusadora como a la acusada, y que lo único que se buscaba era tener la verdad, la comunicación prosiguió de manera fluida.
Por eso, en temas tan delicados como la denuncia de un acuerdo privado entre las actuales autoridades de Aviación y la empresa Icaro, por servicios contratados para quien gobierna el país, desde la Presidencia de la República, es un tema que tendrá que ser dirimido lo más pronto posible. No solamente hay el riesgo de que se crea que hay abuso de poder, sino porque algunos podrían pensar que quienes manejan las políticas aeronáuticas, podrían perder la objetividad cuando se trate de ejercer autoridad ante la compañía Icaro, con cuyo ejecutivo hay una controversia.
Los otros temas denunciados también son delicados; por eso sería bueno para el país si las máximas autoridades de la Aviación propiciaran la solución de estos conflictos, subordinándose a las leyes y a la normativa que rige la institución y a la ética a la que estamos obligados todos. (TFF)
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