La liquidación definitiva de Filanbanco prorrogada en esta semana por 30 días no finiquitará los laberintos que se armaron en los días previos al traspaso de esa institución al Estado y que, al parecer, fueron sostenidos y alimentados cuando la Agencia de Garantía de Depósitos administró la entidad financiera, por una sencilla razón: se mantuvieron los funcionarios contratados por los ex accionistas privados. Al menos eso revela un caso que se tramita en la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito.
El juicio colusorio se instauró con una demanda interpuesta por Kurt Freund, en contra de, entre otros, funcionarios de Filanbanco que actuaban como representantes de una empresa formada con un capital social mínimo y con accionistas cuyo destino se desconoce, y quienes, según documentos que se adjuntan al proceso, habrían actuado como simples testaferros de empresarios desconocidos.
El proceso colusorio revela nuevos ángulos de cómo se armaban las empresas de papel vinculadas con las instituciones financieras, que perjudicaron no solo a los depositantes, sino, colateralmente, a varias personas. Aquí se narrará cómo se tejió el perjuicio a un conocido empresario y cómo se ocultaron las personas involucradas.
El principal acusado en el juicio de colusión, que está próximo a obtener sentencia en la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, es Fabián Serrano Pérez quien, mediante su abogado, Bolívar Napoleón González, se negó a dialogar con BLANCO y NEGRO, alegando que el caso está en manos de las autoridades judiciales y que es en esa instancia donde debe resolverse.
El alegato del abogado es que su defendido fue víctima de extorsión por parte de funcionarios de Filanbanco que incrementaron una deuda hasta límites impagables.
La otra acusada es Patricia Victoria Montero Lince, que era vicepresidenta de la Sucursal Mayor de Quito del Filanbanco S.A. Montero había trabajado en la Corporación Financiera Nacional desde junio de 1978 hasta junio de 1981; después pasó al Banco de América, en donde laboró hasta octubre de 1984; posteriormente estuvo en Citibank, hasta agosto de 1987; después pasó al Banco Popular, en donde permaneció hasta marzo de 1993. El 1º de febrero ingresó a Filanbanco. Su número telefónico consta en la guía de este año, pero cuando BLANCO y NEGRO llamó solo se escuchaba ocupado o timbraba por largo tiempo, sin que se obtuviera respuesta alguna (se intentó durante tres días). Su anterior abogado, Fabián Borja Maldonado, dejó de patrocinarla cuando se decidió la liquidación de la entidad y su relación laboral con la institución terminó. Lo único que dijo Borja fue que la demanda no tenía ningún sustento jurídico.
Josy Medina de Mena, otra de las acusadas, fue gerente de Crédito en Banca Personal de la Sucursal Quito. Antes de llegar a Filanbanco estuvo en la Inmobiliaria Sur Compañía Limitada; en Davivienda; en Sarco S.A. y en Afiliados Voluntarios Pichincha.
Estuardo Mesías Mesías, otro acusado, era presidente de la compañía Balcomax, mientras que Laura Rubio Portilla, la última sindicada, era gerente de Balcomax, al tiempo que desempeñaba funciones en Filanbanco.
Todos están nombrados en la demanda interpuesta por una supuesta confabulación, para lograr que un edificio que en un principio pertenecía a tres socios, terminara en manos de una compañía panameña que tiene un representante en Ecuador, en un estudio jurídico en Guayaquil.
La historia revela algunos detalles de cómo se administraban los créditos y las deudas en una institución bancaria que está próxima a ser liquidada, por empresas consideradas de papel, como en el caso de Balcomax, y que fueron legalizadas por intermedio de presuntos testaferros, de cuyo rastro nada se sabe.
Según el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Balcomax fue constituida el 2 de abril de 1996, su expediente es el 73893, y su oficina se encuentra en Guayaquil. El plazo social fenece el 2 de abril de 2046.
La compañía empezó con un capital de 5 millones de sucres, unos $1 567 según la cotización promedio del dólar en ese año. El objeto social que registra en la Superintendencia de Compañías es la industrialización y comercialización de productos lácteos, que nada tiene que ver con la compra y venta de bienes raíces.
Una vez constituida la empresa, los presuntos accionistas de Balcomax designaron gerente general a Laura Mercedes Rubio Portilla, el 3 de mayo de 1996, y como primer presidente a Luis Navarrete (que sería reemplazado por Mesías), según la Superintendencia de Compañías.
Laura Rubio Portilla, para ese entonces, ya era funcionaria de Filanbanco. Los datos de afiliación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) revelan que Laura Rubio ingresó a trabajar en la entidad el 27 de marzo de 1991, en donde laboró hasta el 15 de enero de 1999, cuando el banco ya era administrado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Los dos accionistas de la empresa: Milton Tigrero Salvatierra y José Luis Rosales Arciniegas, serían además propietarios de alrededor de 700 empresas que fueron constituidas en la Notaría de Santa Elena, según una denuncia enviada por Kurt Freund a la Comisión Anticorrupción. Pese a que la empresa estaba domiciliada en Guayaquil, los dos presuntos empresarios no aparecen por ninguna parte, ni siquiera constan en la guía telefónica, y la dirección que consta en los archivos del SRI es la misma de la oficina jurídica que tiene en Guayaquil el notario de Santa Elena. (JT)
Un paseo por el edificio rematado en apenas 12 millones de sucres
El objeto del juicio colusorio es un edificio ubicado en la calle Pradera N8-28, entre Diego de Almagro y República, al norte de Quito. Según el informe del perito Manuel Silva, el inmueble motivo de la litis, está en un lote de terreno de forma regular, de 504 metros cuadrados. Es de topografía plana.
"El predio dispone de todas las obras de infraestructura y servicios, tales como calles asfaltadas, veredas de cemento, alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, teléfono, etcétera", dice el perito, en el informe remitido a los jueces de la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito.
En el lote se levantan 14 pisos: dos subsuelos, planta baja, entrepiso y 10 pisos altos, sin divisiones. Sus estructura es de hormigón armado, con losas de entrepiso y de cubierta, paredes texturizadas, ventanas de aluminio con vidrios panorámicos de color bronce.
Cada uno de los 10 pisos altos fue construido con las mismas características: plantas abiertas sin subdivisiones; pisos alisados, aptos para colocar terminados de alfombra u otro material; paredes enlucidas; barrederas; tumbados falsos tipo Amstrom, con luminarias que tienen difusores acrílicos de luz; instalaciones eléctricas y telefónicas empotradas en las paredes; dos medios baños, con pisos y paredes de cerámica; dos piezas sanitarias marca Edesa Galaxie, con grifería dorada y puertas de madera.
La planta baja es un solo local independiente del resto del edificio, con pisos de mármol, puerta de ingreso de vidrio, ventanales de aluminio con vidrios panorámicos claros. Esta planta también posee dos medios baños con pisos de mármol y dos piezas: inodoro de marca Kohler y lavamanos con pedestal, grifería dorada y varios accesorios.
Las puertas son de madera, paneladas y lacadas. (JT)
Mármol, adoquín, vidrio, bronce, todo abandonado
El entrepiso del edificio se encuentra totalmente alfombrado, en un solo ambiente, con barrederas de madera lacadas, ventanas de aluminio con vidrio color bronce. Dispone de un medio baño; gradas con huella y contrahuella de mármol y pasamano de madera, tipo tablón lacado.
El primer subsuelo, según el informe de los peritos, cuenta con una rampa de acceso. Tiene una puerta metálica a control remoto, y está dividido en 16 parqueaderos, con un área de circulación. Además, tiene cinco bodegas y un equipo de bombeo de agua potable compuesto por un tanque hidroneumático, con tres bombas y tres tableros de control. En el subsuelo dos existen nueve estacionamientos y cuatro bodegas.
La construcción cuenta con un área de adoquín de piedra abierta a la calle. El acceso a los 10 pisos se realiza por el costado oriental, cruzando un vestíbulo con baldosas tipo mármol, y mediante dos ascensores de marca Mitsubishi, con capacidad para ocho personas. Cada piso del edificio tiene un gabinete contraincendios con manguera y llave de control, y un extintor de polvo químico.
Toda esta edificación pasó a manos de la compañía Balcomax, empresa al parecer relacionada con Filanbanco, el 16 de mayo de 1996, por 12 millones de sucres, $3 761, calculados a la cotización promedio del dólar en ese año (3 190 sucres por cada dólar, según el informe estadístico del Banco Central). (JT)
Las piezas para armar el rompecabezas
Crónica de una serie de prácticas irregulares, que impiden hasta el momento arreglar la situación de los ex clientes del banco
Cuando se constituyó la compañía inmobiliaria Praderapark Sociedad Civil Comercial, el 21 de marzo de 1994, Kurt Freund nunca imaginó que terminaría perdiendo todo su capital, que le instaurarían juicios y que lo incluirían en la lista de clientes riesgosos en los bancos.
Una vez constituida la compañía, se adquirió el inmueble ubicado en la calle Pradera. La primera irregularidad que descubrió Vicente Arteaga, abogado de Freund, fue la escrituración del bien a favor de Fabián Serrano Pérez. Todos los trámites se realizaron con escrituras públicas.
Como propietario del inmueble y como gerente general de la compañía Serrano Pérez Asociados, Fabián Serrano se dirige ante el notario decimosexto del cantón Quito para vender y dar en completa enajenación el mismo inmueble a favor de sí mismo, pero ya en calidad de gerente de la compañía Praderapark. Es vendedor y comprador al mismo tiempo.
Para construir el edificio, Serrano, con la anuencia de Kurt Freund, recurrió a préstamos en Filanbanco S.A. y Filanbanco Trust & Banking Corp., donde se constituyó la primera hipoteca abierta a favor de esas instituciones. Lo que nunca conoció Freund fue la escritura que se suscribió ante Fernando Polo Elmir, notario vigesimoséptimo del cantón Quito, el 16 de mayo de 1996. En la misma Notaría se firmaron los contratos de cancelación de la hipoteca.
"En forma por demás arbitraria e ilegal, sin el consentimiento ni el conocimiento de la Junta General de Accionistas, el señor Fabián Serrano, en contubernio con Patricia Montero, Josy Medina, Estuardo Mesías Mesías, y Laura Rubio Portilla, firman los contratos de cancelación de la hipoteca", dice Freund.
¿Qué alcances tiene la firma de esa escritura? El documento contiene los contratos en los cuales Patricia Montero Lince y Josy Medina de Mena, como funcionarias de Filanbanco y a nombre de Filanbanco Trust & Banking Corp. cancelan la hipoteca abierta que pesaba sobre el edificio. ¿Con qué fines?
Lo que sorprende a Freund es que luego de levantada la hipoteca abierta y la prohibición de enajenar el bien, Serrano, en calidad de gerente de Praderapark, vende el edificio a favor de la compañía Balcomax por 12 millones de sucres. "Mi cliente fue extorsionado por los funcionarios de Filanbanco que lo obligaron a entregarle todos los documentos", asegura ahora su abogado, Bolívar Napoléon González. Pero, el acusado se negó a dialogar con BLANCO y NEGRO. (JT)
Los actos pugnan con la más elemental lógica
Fue un proceso vertiginoso el que ocurrió el 16 de mayo de 1996, según el alegato del abogado acusador, Vicente Arteaga: ese día se inscribieron en Guayaquil los nombramientos del presidente y gerente general de Balcomax. Ese mismo día, Patricia Montero Lince y Josy Medina de Mena, en representación de Filanbanco y Filanbanco Trust & Banking Corp. cancelan la hipoteca abierta y la prohibición para enajenar el bien que firmó Praderapark para levantar el edificio y, acto seguido el gerente general de Praderapark, Fabián Serrano Pérez (sin el conocimiento de los socios, según Kurt Freund) decide vender el edificio a Balcomax, una compañía representada por dos funcionarios de Filanbanco, que habrían pagado de contado los 12 millones de sucres ante el notario vigesimoséptimo del cantón Quito, Fernando Polo Elmir.
El mismo procedimiento se utilizó para la posterior venta del edifico a Balcomax a favor de Sault Investment Inc., según consta en la cancelación parcial de la hipoteca que otorga Filanbanco (ya en poder de la Agencia de Garantía de Depósitos) a favor de Balcomax, el 22 de febrero de 2000, y la posterior compraventa que otorga Balcomax a favor de la compañía Sault Investment Inc., por $306 250 000, que habrían cancelado con certificados de depósitos reprogramables, de acuerdo con el representante de la empresa panameña en Ecuador, Carlos Ramos Andrade.
Paralelo a este rápido proceso de traspasos del Praderapark, Filanbanco y Filanbanco Trust & Banking Corp. instauraron procesos civiles por incumplimiento de deudas en contra de Kurt Freund.
"Todos estos hechos constituyen actos contradictorios que pugnan con la más elemental lógica, puesto que al existir dichas deudas no se explica cómo las instituciones financieras cancelan las hipotecas existentes sobre el bien inmueble materia de las negociaciones; y lo que es más grave, que permitan, faciliten y coadyuven a la transferencia del dominio del terreno y del edificio", dice el dictamen fiscal de Jorge German, quien acepta la demanda colusoria y declara nulos todos los contratos que llama fraudulentos; German dispone, además, el pago por daños y perjuicios (lucro cesante y daño emergente) a Kurt Freund. Solicitó la máxima pena estipulada para estos casos en contra de todos los sindicados. (JT).
Los CDR sirven para comprar
La inmobiliaria Sault Invesment Inc. fue constituida a inicios de 2000, después de adquirir el inmueble Praderapark. Tiene domicilio en Panamá, y pertenece a inversionistas que tenían dinero congelado en Filanbanco y que -en lugar de vender el papel con descuento en el mercado financiero- compraron bienes con certificados de depósitos.
Carlos Ramos Andrade, representante legal de la compañía panameña, aseguró que "los accionistas de Sault Invesment Inc. compraron el edificio pagando con certificados de depósitos. Filanbanco transfirió el dominio del inmueble a comienzos de junio del 2000", aseguró Ramos, quien argumenta que la empresa posee un bien que originalmente pertenecía a un deudor de Filanbanco (Balcomax), el cual no pudo pagar. "Hasta la fecha tratamos de venderlo o alquilarlo", dijo.
Los nuevos propietarios intentaron, sin éxito, vender el edificio a la Policía, compañías petroleras y a la Superintendencia de Telecomunicaciones en una subasta pública el año anterior. (CHM)
¿Son puras coincidencias?
¿Dónde está Balcomax? En los archivos del Servicio de Rentas Internas (SRI), con información actualizada hasta el 2 de enero de 2002, Balcomax no tiene un nombre comercial específico; la actividad económica que registra es "la explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas: explotación de criaderos de camarones, reproducción y cría de peces, explotación de criaderos de larvas de camarones, ostras, embriones de mejillones y otros moluscos".
Ahora, las coincidencias extrañas. La dirección de Balcomax que se registra en la base de datos del SRI es la calle Los Ríos Nº 811 y avenida Nueve de Octubre, en el centro de Guayaquil.
El hecho en sí no tendría importancia si no fuera porque en esa dirección no hay ninguna oficina de Balcomax, sino el despacho del notario del cantón de Santa Elena, en donde se realizó la protocolización de constitución de más de 700 compañías, incluida Balcomax. La representante legal de esta empresa, según los archivos del SRI, sigue siendo Laura Rubio Portillo. (JT)
El arte del notario para desaparecer de sus oficinas
Pese a que BLANCO Y NEGRO intentó obtener por seis ocasiones una entrevista con el notario primero del cantón Santa Elena, provincia del Guayas, abogado José Zambrano Salmón (quien desde 1992 ocupa el cargo y habría constituido alrededor de 700 compañías), no obtuvo respuesta.
Se conoció que Zambrano distribuye su tiempo entre su cómoda oficina, ubicada en la calle Los Ríos 811 y avenida Nueve de Octubre, en el centro de Guayaquil, y la notaría.
El martes anterior, a las 11:00, una secretaria de su estudio jurídico, en Guayaquil, informó que había salido a agilizar unos trámites pendientes. "Cuando llegue le daré su mensaje", dijo. Por la tarde, la secretaria dijo que "quizá regresaba a las 17:30".
Al día siguiente, a las 09:00, una de sus tres asistentes de la Notaría Primera de Santa Elena dijo que el abogado "tenía previsto realizar algunas diligencias en Salinas y que tal vez llegaba al medio día". Finalmente, dijeron que posiblemente regresaría por la tarde. "Dimos el mensaje al abogado, pero está muy ocupado", dijo la sexta vez una de las tres asistentes con las que desarrolla sus actividades. ¿Evasivas o arduo trabajo? (CHM)
ANALISIS
¿El edificio más barato del mundo?
El enredo es de tal magnitud, que se requiere de extremo cuidado, y de conocimientos legales para descifrar el entramado mediante el cual los bancos, incluso en manos de la estatal AGD, castigaron a clientes de la banca nacional y los despojaron no solo de sus ahorros sino de sus bienes.
El caso que denuncia hoy BLANCO y NEGRO, y que se refiere a un perjuicio del que fue víctima el empresario Kurt Freund, evidencia una nueva forma de atraco que se hizo desde la banca con la complicidad de notarios, quienes se apresuraron a constituir una empresa con apenas unos cuantos dólares de capital, cuya intencionalidad no tiene otro nombre sino el de hacerse de bienes que no les correspondían.
Eso aquí y en todas partes se llama robar, aunque para ello se hayan utilizado argucias legales, que tienen otras denominaciones.
En el caso en mención, sencillamente el empresario terminó perdiendo todo su dinero de la inmobiliaria que constituyó en 1994, y para cuya expansión había pedido un crédito a Filanbanco.
Ocho años después de un trajín por oficinas de abogados y de entregar miles de documentos, Kurt Freund no solo es deudor del banco, sino que consta en el listado de los clientes riesgosos de las instituciones financieras, que constituye en sí mismo otra forma de atentar contra las personas naturales.
La historia de la enajenación de un edificio de 14 pisos, que quedó en manos de una empresa de papel, es digna de una novela de misterio, pero sobre todo es un caso de corrupción.
En un abrir y cerrar de ojos, y en un solo día, funcionarios de Filanbanco le quitaron la propiedad a Freund y la trasladaron a terceras personas.
Hoy, una compañía panameña aparece como propietaria de un edificio de 14 pisos en una de las zonas más desarrolladas de Quito.
En este negociado, que con certeza no debe ser el único, ya que cientos de clientes de la banca han denunciado haber sido extorsionados, se terminó vendiendo el edificio en apenas $3 761 a una empresa que parece ser de papel. O sea que cada piso de una construcción con acabados de primera valía apenas $268; seguramente el edificio más barato del mundo.
¿A quién corresponde juzgar y castigar estos ilícitos?
Lamentablemente la legislación ecuatoriana, en especial aquella que tiene que ver con el funcionamiento de la AGD, no tiene nada claro en cuanto a una fiscalización, pero indudablemente le corresponde a la Función Judicial sentenciar, ya que el caso está en uno de los juzgados de Quito.
La acción de la justicia es la última esperanza para los perjudicados por este y otros casos vinculados con la corrupción bancaria, ya que su obligación es justamente administrar justicia.
Asimismo, es de absoluta responsabilidad de sus autoridades, así como del Consejo Nacional de la Judicatura, vigilar el trabajo de los notarios, quienes no pueden, como en este caso, crear empresas de papel. (TFF)
(BLANCO Y NEGRO 09 DE MARZO DE 2002)
El juicio colusorio se instauró con una demanda interpuesta por Kurt Freund, en contra de, entre otros, funcionarios de Filanbanco que actuaban como representantes de una empresa formada con un capital social mínimo y con accionistas cuyo destino se desconoce, y quienes, según documentos que se adjuntan al proceso, habrían actuado como simples testaferros de empresarios desconocidos.
El proceso colusorio revela nuevos ángulos de cómo se armaban las empresas de papel vinculadas con las instituciones financieras, que perjudicaron no solo a los depositantes, sino, colateralmente, a varias personas. Aquí se narrará cómo se tejió el perjuicio a un conocido empresario y cómo se ocultaron las personas involucradas.
El principal acusado en el juicio de colusión, que está próximo a obtener sentencia en la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, es Fabián Serrano Pérez quien, mediante su abogado, Bolívar Napoleón González, se negó a dialogar con BLANCO y NEGRO, alegando que el caso está en manos de las autoridades judiciales y que es en esa instancia donde debe resolverse.
El alegato del abogado es que su defendido fue víctima de extorsión por parte de funcionarios de Filanbanco que incrementaron una deuda hasta límites impagables.
La otra acusada es Patricia Victoria Montero Lince, que era vicepresidenta de la Sucursal Mayor de Quito del Filanbanco S.A. Montero había trabajado en la Corporación Financiera Nacional desde junio de 1978 hasta junio de 1981; después pasó al Banco de América, en donde laboró hasta octubre de 1984; posteriormente estuvo en Citibank, hasta agosto de 1987; después pasó al Banco Popular, en donde permaneció hasta marzo de 1993. El 1º de febrero ingresó a Filanbanco. Su número telefónico consta en la guía de este año, pero cuando BLANCO y NEGRO llamó solo se escuchaba ocupado o timbraba por largo tiempo, sin que se obtuviera respuesta alguna (se intentó durante tres días). Su anterior abogado, Fabián Borja Maldonado, dejó de patrocinarla cuando se decidió la liquidación de la entidad y su relación laboral con la institución terminó. Lo único que dijo Borja fue que la demanda no tenía ningún sustento jurídico.
Josy Medina de Mena, otra de las acusadas, fue gerente de Crédito en Banca Personal de la Sucursal Quito. Antes de llegar a Filanbanco estuvo en la Inmobiliaria Sur Compañía Limitada; en Davivienda; en Sarco S.A. y en Afiliados Voluntarios Pichincha.
Estuardo Mesías Mesías, otro acusado, era presidente de la compañía Balcomax, mientras que Laura Rubio Portilla, la última sindicada, era gerente de Balcomax, al tiempo que desempeñaba funciones en Filanbanco.
Todos están nombrados en la demanda interpuesta por una supuesta confabulación, para lograr que un edificio que en un principio pertenecía a tres socios, terminara en manos de una compañía panameña que tiene un representante en Ecuador, en un estudio jurídico en Guayaquil.
La historia revela algunos detalles de cómo se administraban los créditos y las deudas en una institución bancaria que está próxima a ser liquidada, por empresas consideradas de papel, como en el caso de Balcomax, y que fueron legalizadas por intermedio de presuntos testaferros, de cuyo rastro nada se sabe.
Según el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Balcomax fue constituida el 2 de abril de 1996, su expediente es el 73893, y su oficina se encuentra en Guayaquil. El plazo social fenece el 2 de abril de 2046.
La compañía empezó con un capital de 5 millones de sucres, unos $1 567 según la cotización promedio del dólar en ese año. El objeto social que registra en la Superintendencia de Compañías es la industrialización y comercialización de productos lácteos, que nada tiene que ver con la compra y venta de bienes raíces.
Una vez constituida la empresa, los presuntos accionistas de Balcomax designaron gerente general a Laura Mercedes Rubio Portilla, el 3 de mayo de 1996, y como primer presidente a Luis Navarrete (que sería reemplazado por Mesías), según la Superintendencia de Compañías.
Laura Rubio Portilla, para ese entonces, ya era funcionaria de Filanbanco. Los datos de afiliación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) revelan que Laura Rubio ingresó a trabajar en la entidad el 27 de marzo de 1991, en donde laboró hasta el 15 de enero de 1999, cuando el banco ya era administrado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Los dos accionistas de la empresa: Milton Tigrero Salvatierra y José Luis Rosales Arciniegas, serían además propietarios de alrededor de 700 empresas que fueron constituidas en la Notaría de Santa Elena, según una denuncia enviada por Kurt Freund a la Comisión Anticorrupción. Pese a que la empresa estaba domiciliada en Guayaquil, los dos presuntos empresarios no aparecen por ninguna parte, ni siquiera constan en la guía telefónica, y la dirección que consta en los archivos del SRI es la misma de la oficina jurídica que tiene en Guayaquil el notario de Santa Elena. (JT)
Un paseo por el edificio rematado en apenas 12 millones de sucres
El objeto del juicio colusorio es un edificio ubicado en la calle Pradera N8-28, entre Diego de Almagro y República, al norte de Quito. Según el informe del perito Manuel Silva, el inmueble motivo de la litis, está en un lote de terreno de forma regular, de 504 metros cuadrados. Es de topografía plana.
"El predio dispone de todas las obras de infraestructura y servicios, tales como calles asfaltadas, veredas de cemento, alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, teléfono, etcétera", dice el perito, en el informe remitido a los jueces de la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito.
En el lote se levantan 14 pisos: dos subsuelos, planta baja, entrepiso y 10 pisos altos, sin divisiones. Sus estructura es de hormigón armado, con losas de entrepiso y de cubierta, paredes texturizadas, ventanas de aluminio con vidrios panorámicos de color bronce.
Cada uno de los 10 pisos altos fue construido con las mismas características: plantas abiertas sin subdivisiones; pisos alisados, aptos para colocar terminados de alfombra u otro material; paredes enlucidas; barrederas; tumbados falsos tipo Amstrom, con luminarias que tienen difusores acrílicos de luz; instalaciones eléctricas y telefónicas empotradas en las paredes; dos medios baños, con pisos y paredes de cerámica; dos piezas sanitarias marca Edesa Galaxie, con grifería dorada y puertas de madera.
La planta baja es un solo local independiente del resto del edificio, con pisos de mármol, puerta de ingreso de vidrio, ventanales de aluminio con vidrios panorámicos claros. Esta planta también posee dos medios baños con pisos de mármol y dos piezas: inodoro de marca Kohler y lavamanos con pedestal, grifería dorada y varios accesorios.
Las puertas son de madera, paneladas y lacadas. (JT)
Mármol, adoquín, vidrio, bronce, todo abandonado
El entrepiso del edificio se encuentra totalmente alfombrado, en un solo ambiente, con barrederas de madera lacadas, ventanas de aluminio con vidrio color bronce. Dispone de un medio baño; gradas con huella y contrahuella de mármol y pasamano de madera, tipo tablón lacado.
El primer subsuelo, según el informe de los peritos, cuenta con una rampa de acceso. Tiene una puerta metálica a control remoto, y está dividido en 16 parqueaderos, con un área de circulación. Además, tiene cinco bodegas y un equipo de bombeo de agua potable compuesto por un tanque hidroneumático, con tres bombas y tres tableros de control. En el subsuelo dos existen nueve estacionamientos y cuatro bodegas.
La construcción cuenta con un área de adoquín de piedra abierta a la calle. El acceso a los 10 pisos se realiza por el costado oriental, cruzando un vestíbulo con baldosas tipo mármol, y mediante dos ascensores de marca Mitsubishi, con capacidad para ocho personas. Cada piso del edificio tiene un gabinete contraincendios con manguera y llave de control, y un extintor de polvo químico.
Toda esta edificación pasó a manos de la compañía Balcomax, empresa al parecer relacionada con Filanbanco, el 16 de mayo de 1996, por 12 millones de sucres, $3 761, calculados a la cotización promedio del dólar en ese año (3 190 sucres por cada dólar, según el informe estadístico del Banco Central). (JT)
Las piezas para armar el rompecabezas
Crónica de una serie de prácticas irregulares, que impiden hasta el momento arreglar la situación de los ex clientes del banco
Cuando se constituyó la compañía inmobiliaria Praderapark Sociedad Civil Comercial, el 21 de marzo de 1994, Kurt Freund nunca imaginó que terminaría perdiendo todo su capital, que le instaurarían juicios y que lo incluirían en la lista de clientes riesgosos en los bancos.
Una vez constituida la compañía, se adquirió el inmueble ubicado en la calle Pradera. La primera irregularidad que descubrió Vicente Arteaga, abogado de Freund, fue la escrituración del bien a favor de Fabián Serrano Pérez. Todos los trámites se realizaron con escrituras públicas.
Como propietario del inmueble y como gerente general de la compañía Serrano Pérez Asociados, Fabián Serrano se dirige ante el notario decimosexto del cantón Quito para vender y dar en completa enajenación el mismo inmueble a favor de sí mismo, pero ya en calidad de gerente de la compañía Praderapark. Es vendedor y comprador al mismo tiempo.
Para construir el edificio, Serrano, con la anuencia de Kurt Freund, recurrió a préstamos en Filanbanco S.A. y Filanbanco Trust & Banking Corp., donde se constituyó la primera hipoteca abierta a favor de esas instituciones. Lo que nunca conoció Freund fue la escritura que se suscribió ante Fernando Polo Elmir, notario vigesimoséptimo del cantón Quito, el 16 de mayo de 1996. En la misma Notaría se firmaron los contratos de cancelación de la hipoteca.
"En forma por demás arbitraria e ilegal, sin el consentimiento ni el conocimiento de la Junta General de Accionistas, el señor Fabián Serrano, en contubernio con Patricia Montero, Josy Medina, Estuardo Mesías Mesías, y Laura Rubio Portilla, firman los contratos de cancelación de la hipoteca", dice Freund.
¿Qué alcances tiene la firma de esa escritura? El documento contiene los contratos en los cuales Patricia Montero Lince y Josy Medina de Mena, como funcionarias de Filanbanco y a nombre de Filanbanco Trust & Banking Corp. cancelan la hipoteca abierta que pesaba sobre el edificio. ¿Con qué fines?
Lo que sorprende a Freund es que luego de levantada la hipoteca abierta y la prohibición de enajenar el bien, Serrano, en calidad de gerente de Praderapark, vende el edificio a favor de la compañía Balcomax por 12 millones de sucres. "Mi cliente fue extorsionado por los funcionarios de Filanbanco que lo obligaron a entregarle todos los documentos", asegura ahora su abogado, Bolívar Napoléon González. Pero, el acusado se negó a dialogar con BLANCO y NEGRO. (JT)
Los actos pugnan con la más elemental lógica
Fue un proceso vertiginoso el que ocurrió el 16 de mayo de 1996, según el alegato del abogado acusador, Vicente Arteaga: ese día se inscribieron en Guayaquil los nombramientos del presidente y gerente general de Balcomax. Ese mismo día, Patricia Montero Lince y Josy Medina de Mena, en representación de Filanbanco y Filanbanco Trust & Banking Corp. cancelan la hipoteca abierta y la prohibición para enajenar el bien que firmó Praderapark para levantar el edificio y, acto seguido el gerente general de Praderapark, Fabián Serrano Pérez (sin el conocimiento de los socios, según Kurt Freund) decide vender el edificio a Balcomax, una compañía representada por dos funcionarios de Filanbanco, que habrían pagado de contado los 12 millones de sucres ante el notario vigesimoséptimo del cantón Quito, Fernando Polo Elmir.
El mismo procedimiento se utilizó para la posterior venta del edifico a Balcomax a favor de Sault Investment Inc., según consta en la cancelación parcial de la hipoteca que otorga Filanbanco (ya en poder de la Agencia de Garantía de Depósitos) a favor de Balcomax, el 22 de febrero de 2000, y la posterior compraventa que otorga Balcomax a favor de la compañía Sault Investment Inc., por $306 250 000, que habrían cancelado con certificados de depósitos reprogramables, de acuerdo con el representante de la empresa panameña en Ecuador, Carlos Ramos Andrade.
Paralelo a este rápido proceso de traspasos del Praderapark, Filanbanco y Filanbanco Trust & Banking Corp. instauraron procesos civiles por incumplimiento de deudas en contra de Kurt Freund.
"Todos estos hechos constituyen actos contradictorios que pugnan con la más elemental lógica, puesto que al existir dichas deudas no se explica cómo las instituciones financieras cancelan las hipotecas existentes sobre el bien inmueble materia de las negociaciones; y lo que es más grave, que permitan, faciliten y coadyuven a la transferencia del dominio del terreno y del edificio", dice el dictamen fiscal de Jorge German, quien acepta la demanda colusoria y declara nulos todos los contratos que llama fraudulentos; German dispone, además, el pago por daños y perjuicios (lucro cesante y daño emergente) a Kurt Freund. Solicitó la máxima pena estipulada para estos casos en contra de todos los sindicados. (JT).
Los CDR sirven para comprar
La inmobiliaria Sault Invesment Inc. fue constituida a inicios de 2000, después de adquirir el inmueble Praderapark. Tiene domicilio en Panamá, y pertenece a inversionistas que tenían dinero congelado en Filanbanco y que -en lugar de vender el papel con descuento en el mercado financiero- compraron bienes con certificados de depósitos.
Carlos Ramos Andrade, representante legal de la compañía panameña, aseguró que "los accionistas de Sault Invesment Inc. compraron el edificio pagando con certificados de depósitos. Filanbanco transfirió el dominio del inmueble a comienzos de junio del 2000", aseguró Ramos, quien argumenta que la empresa posee un bien que originalmente pertenecía a un deudor de Filanbanco (Balcomax), el cual no pudo pagar. "Hasta la fecha tratamos de venderlo o alquilarlo", dijo.
Los nuevos propietarios intentaron, sin éxito, vender el edificio a la Policía, compañías petroleras y a la Superintendencia de Telecomunicaciones en una subasta pública el año anterior. (CHM)
¿Son puras coincidencias?
¿Dónde está Balcomax? En los archivos del Servicio de Rentas Internas (SRI), con información actualizada hasta el 2 de enero de 2002, Balcomax no tiene un nombre comercial específico; la actividad económica que registra es "la explotación de criaderos de peces y granjas piscícolas: explotación de criaderos de camarones, reproducción y cría de peces, explotación de criaderos de larvas de camarones, ostras, embriones de mejillones y otros moluscos".
Ahora, las coincidencias extrañas. La dirección de Balcomax que se registra en la base de datos del SRI es la calle Los Ríos Nº 811 y avenida Nueve de Octubre, en el centro de Guayaquil.
El hecho en sí no tendría importancia si no fuera porque en esa dirección no hay ninguna oficina de Balcomax, sino el despacho del notario del cantón de Santa Elena, en donde se realizó la protocolización de constitución de más de 700 compañías, incluida Balcomax. La representante legal de esta empresa, según los archivos del SRI, sigue siendo Laura Rubio Portillo. (JT)
El arte del notario para desaparecer de sus oficinas
Pese a que BLANCO Y NEGRO intentó obtener por seis ocasiones una entrevista con el notario primero del cantón Santa Elena, provincia del Guayas, abogado José Zambrano Salmón (quien desde 1992 ocupa el cargo y habría constituido alrededor de 700 compañías), no obtuvo respuesta.
Se conoció que Zambrano distribuye su tiempo entre su cómoda oficina, ubicada en la calle Los Ríos 811 y avenida Nueve de Octubre, en el centro de Guayaquil, y la notaría.
El martes anterior, a las 11:00, una secretaria de su estudio jurídico, en Guayaquil, informó que había salido a agilizar unos trámites pendientes. "Cuando llegue le daré su mensaje", dijo. Por la tarde, la secretaria dijo que "quizá regresaba a las 17:30".
Al día siguiente, a las 09:00, una de sus tres asistentes de la Notaría Primera de Santa Elena dijo que el abogado "tenía previsto realizar algunas diligencias en Salinas y que tal vez llegaba al medio día". Finalmente, dijeron que posiblemente regresaría por la tarde. "Dimos el mensaje al abogado, pero está muy ocupado", dijo la sexta vez una de las tres asistentes con las que desarrolla sus actividades. ¿Evasivas o arduo trabajo? (CHM)
ANALISIS
¿El edificio más barato del mundo?
El enredo es de tal magnitud, que se requiere de extremo cuidado, y de conocimientos legales para descifrar el entramado mediante el cual los bancos, incluso en manos de la estatal AGD, castigaron a clientes de la banca nacional y los despojaron no solo de sus ahorros sino de sus bienes.
El caso que denuncia hoy BLANCO y NEGRO, y que se refiere a un perjuicio del que fue víctima el empresario Kurt Freund, evidencia una nueva forma de atraco que se hizo desde la banca con la complicidad de notarios, quienes se apresuraron a constituir una empresa con apenas unos cuantos dólares de capital, cuya intencionalidad no tiene otro nombre sino el de hacerse de bienes que no les correspondían.
Eso aquí y en todas partes se llama robar, aunque para ello se hayan utilizado argucias legales, que tienen otras denominaciones.
En el caso en mención, sencillamente el empresario terminó perdiendo todo su dinero de la inmobiliaria que constituyó en 1994, y para cuya expansión había pedido un crédito a Filanbanco.
Ocho años después de un trajín por oficinas de abogados y de entregar miles de documentos, Kurt Freund no solo es deudor del banco, sino que consta en el listado de los clientes riesgosos de las instituciones financieras, que constituye en sí mismo otra forma de atentar contra las personas naturales.
La historia de la enajenación de un edificio de 14 pisos, que quedó en manos de una empresa de papel, es digna de una novela de misterio, pero sobre todo es un caso de corrupción.
En un abrir y cerrar de ojos, y en un solo día, funcionarios de Filanbanco le quitaron la propiedad a Freund y la trasladaron a terceras personas.
Hoy, una compañía panameña aparece como propietaria de un edificio de 14 pisos en una de las zonas más desarrolladas de Quito.
En este negociado, que con certeza no debe ser el único, ya que cientos de clientes de la banca han denunciado haber sido extorsionados, se terminó vendiendo el edificio en apenas $3 761 a una empresa que parece ser de papel. O sea que cada piso de una construcción con acabados de primera valía apenas $268; seguramente el edificio más barato del mundo.
¿A quién corresponde juzgar y castigar estos ilícitos?
Lamentablemente la legislación ecuatoriana, en especial aquella que tiene que ver con el funcionamiento de la AGD, no tiene nada claro en cuanto a una fiscalización, pero indudablemente le corresponde a la Función Judicial sentenciar, ya que el caso está en uno de los juzgados de Quito.
La acción de la justicia es la última esperanza para los perjudicados por este y otros casos vinculados con la corrupción bancaria, ya que su obligación es justamente administrar justicia.
Asimismo, es de absoluta responsabilidad de sus autoridades, así como del Consejo Nacional de la Judicatura, vigilar el trabajo de los notarios, quienes no pueden, como en este caso, crear empresas de papel. (TFF)
(BLANCO Y NEGRO 09 DE MARZO DE 2002)
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