La Comisión de Fiscalización del Congreso pidió actuar a la Contraloría, a la Fiscalía y al Ministerio de Gobierno a través de un interventor, al detectar indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal de la administración actual y las anteriores del Municipio de Atacames en el manejo de los terrenos de uso público.
El informe es el resultado de la indagación a la denuncia de Valentín Bolívar por la utilización ilegal de una calle y otras supuestas violaciones legales en la entrega de autorizaciones para la construcción del edificio Torresol, en Tonsupa, junto a la propiedad del denunciante (complejo Boga).
La versión de que se ceden calles y aún se venden especios públicos es compartida por varios moradores de la zona. No hay evidencias claras, aunque en el lugar se pueden ver trazados irregulares y varias vías que son cortadas por edificaciones, como en el sector de Boga.
El informe de Fiscalización señala que en el Cabildo existe "una total abstracción de normas legales, que ponen en alto riesgo los terrenos de uso público. Se cita a la Dirección de Planificación, en donde se destaca que "no se pudo determinar los planos oficiales ni los registros de los planos del denunciante".
En el tema específico del edificio Torresol, cuya edificación es impugnada en los tribunales, el informe señala que en un plano entregado por el Municipio se observa que existe planificado una calle que llega hasta la playa y que es la que conecta los terrenos posteriores entre el mar y la vía a Esmeraldas.
Documento que no es determinante para el alcalde Galo Sánchez, para quien nunca se determinó si existía o no la calle, pues en otros planos no consta la vía que separaría Torresol y Boga.
No obstante, el informe de la Comisión deja constancia de declaraciones a la prensa del alcalde en el sentido de que sí hubo la calle en mención, pero que habría sido vendida por la anterior administración. (LB)
La toma de calles es un tema nuevo en la zona
La CCCC también cuestionó donación de bienes privados
La Junta Parroquial de Tonsupa lleva una cronología de las invasiones; empieza con la toma de terrenos junto a la playa, hace 21 años; sigue la invasión de tierras destinadas, originalmente, al aeropuerto (propiedad de la DAC) y lotes al otro lado de la vía principal, hasta terminar hoy con la toma de terrenos reservados para el futuro cementerio.
Para legalizar las tierras, muchos optaron por iniciar un juicio de prescripción de dominio, por supuesto abandono del propietario legítimo. Otros vendieron de forma irregular su propiedad, algunos abandonaron sus tierras, las que fueron invadidas otra vez, señala Gustavo Loor, presidente de la Junta. Eso explica que exista, en muchos casos, más de un propietario de un solo terreno.
La mano de la autoridad también ha sido decisiva, incluso en los últimos años. Un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción de abril de 2002 establece indicios de responsabilidad penal y administrativa en contra de los miembros del Concejo al resolver la donación de bienes de particulares. Entre ellos, el terreno de Finanfondo que sirvió para levantar una iglesia en un área de alta plusvalía.
Pero los terrenos de uso público también están en riesgo. El último informe de la Comisión de Fiscalización menciona la aprobación de construcciones en calles, avenidas y parques. En 2003, a las denuncias de varios propietarios se sumó la decisión del Concejo de aprobar, en primera, en marzo, la construcción de un hotel sobre la antigua vía Atacames-La Perla-Súa. (LB)
La obra se levantó pese a pedidos en contra
El alcalde Sánchez asegura que hubo informes técnicos
La entrega de permisos para la construcción del edificio Torresol, sin tomar en cuenta las denuncias y los litigios legales que estaban de por medio, es otro de los cuestionamientos contra el alcalde de Atacames, Galo Sánchez.
El 8 de julio de 2002, Pablo Charpantier le escribe al alcalde para comunicarle que fue favorecido, en primera instancia, en un juicio de nulidad de sentencia del proceso por prescripción de dominio instaurado por Nelly Ester Cisternas, con el cual pudo acceder al terreno que posteriormente transfirió a Iván Serrano, representante de Torresol.
Con el juicio que le fue favorable en segunda instancia, Chapentier pretende la restitución del lote, cuya historia de dominio se remonta a 1967. En su misiva al titular municipal, le pide inhibirse de entregar permisos de construcción en el terreno en disputa. El inmueble está dentro de la propiedad que ostenta hoy Serrano.
No obstante, el Municipio dio paso a la construcción, según el alcalde, porque se presentaron todos los informes.
En la escritura del contrato de compraventa del 25 de mayo de 2000 de un terreno unificado que se da entre Miguel Rozas y Ester Cisternas, por un lado, e Iván Serrano, por otra, no consta la calle en mención. Tampoco está contenida la vía en los linderos del terreno transferido a Serrano por Diego Reyes y Patricia Salgado.
Este Diario intentó dialogar con Fabián Serrano, representante legal de Ivsecom SA, constructora de Torresol, pero él señaló que el martes daría su versión sobre el tema. (LB)
Otros datos
l Gustavo Loor, presidente de la Junta Parroquial, acusa al alcalde de no entregar fondos para gastos administrativos.
l El alcalde, médico de profesión, dice que es Loor quien no coordina el trabajo que debe ejecutarse en la parrroquia.
l El asfaltado de la vía principal, el bacheo de calles y el cerramiento de una escuela son obras que exhibe el alcalde.
Una iglesia se levanta en un terreno de particulares
Los pobladores solicitaron la entrega luego de fracasar una negociación con los dueños
En 1998, las crecientes del río minaron la estructura de la iglesia de Tonsupa. La crudeza del fenómeno de El Niño destruyó el símbolo de la fe de la parroquia. Seis años después, otro peligro se cierne sobre la nueva iglesia, solo que, esta vez, la tragedia puede derivarse de una decisión municipal.
El Concejo de Atacames, en la sesión del 5 de julio de 2001 (ratificada el 27 de agosto de ese año), decide donar un terreno de propiedad de Finanfondo al Vicariato de Esmeraldas, en un acto que, para la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), fue irregular al no haberse declarado el inmueble de utilidad pública y al no haberse dado la expropiación.
El comité pro construcción de la Iglesia levantó la edificación. Fue inaugurada el 6 de diciembre de 2002 con una fiesta popular y la presencia del obispo Eugenio Arellano, según reseña Gustavo Bermeo, presidente de dicho frente.
Pero el festejo popular fue sobresaltado por el pedido de los propietarios originales del terreno para que se les restituya. Incluso, la población tomó previsiones ante un posible juicio y una probable demolición, como instalar una alarma para que acuda todo el pueblo en caso de una emergencia.
Los pobladores deslindan responsabilidad en el trámite de donación. Hasta que se aprobó la donación, no se levantó un palo en el terreno, asegura Bermeo.
Las precauciones iniciales las mantienen a pesar de la oferta, confirmada a este diario, del alcalde Galo Sánchez para llegar a un acuerdo con Finanfondo con la entrega de otro terreno, en compensación a los 4 528 m2 donados al Vicariato, que están entre varios complejos turísticos. (LB)
Una expropiación que no llega y despierta dudas
Unas 600 familias dependen de un fallo favorable para legalizar sus terrenos
Unas 600 familias esperan la decisión judicial sobre la expropiación de una extensa área en el sector Los Albergues.
El juicio se inició en la administración anterior. No obstante, el actual alcalde, tras posesionarse, suscribió un convenio con los pobladores del asentamiento para lograr acuerdos directos con los propietarios legítimos (Asociación de Empleados de Portuaria), mientras seguía la expropiación.
Cuando se logró concretar el traspaso de apenas 15 escrituras, el convenio se suspendió, según los coordinadores, Jorge Mite y Amable Zambrano, quienes lograron legalizar su propiedad. Aunque para ellos y muchos vecinos que tuvieron otra suerte hay dudas, porque cualquiera que sea el fallo, la siuación legal sería confusa.
Al posesionarse las actuales autoridades, estos dirigentes constituyeron un comité promejoras, según dicen, por sugerencia de Galo Sánchez, ante la decisión de muchos posesionarios de alejarse de la pre cooperativa presidida por Elizabeht Echanique, por "un manejo poco claro", dice Zambrano. Hoy la dirigente está encargada de hacer el seguimiento del juicio de expropiación y es la única autorizada por el alcalde para hacer cualquier trámite, lo que ha levantado sospechas.
Según Sánchez, la delegación se hizo pensando en quienes no tienen aún sus escrituras. El juicio está en manos de la Corte de Esmeraldas, tras un segundo fallo en contra de la expropiación.
La Junta Parroquial de Tonsupa hace un seguimiento del proceso legal. Esta instancia, encabezada por Gustavo Loor, criticó a la gestión del burgomaestre, al "no haber presentado informes de las obras realizadas en la jurisdicción". (LB)
El informe es el resultado de la indagación a la denuncia de Valentín Bolívar por la utilización ilegal de una calle y otras supuestas violaciones legales en la entrega de autorizaciones para la construcción del edificio Torresol, en Tonsupa, junto a la propiedad del denunciante (complejo Boga).
La versión de que se ceden calles y aún se venden especios públicos es compartida por varios moradores de la zona. No hay evidencias claras, aunque en el lugar se pueden ver trazados irregulares y varias vías que son cortadas por edificaciones, como en el sector de Boga.
El informe de Fiscalización señala que en el Cabildo existe "una total abstracción de normas legales, que ponen en alto riesgo los terrenos de uso público. Se cita a la Dirección de Planificación, en donde se destaca que "no se pudo determinar los planos oficiales ni los registros de los planos del denunciante".
En el tema específico del edificio Torresol, cuya edificación es impugnada en los tribunales, el informe señala que en un plano entregado por el Municipio se observa que existe planificado una calle que llega hasta la playa y que es la que conecta los terrenos posteriores entre el mar y la vía a Esmeraldas.
Documento que no es determinante para el alcalde Galo Sánchez, para quien nunca se determinó si existía o no la calle, pues en otros planos no consta la vía que separaría Torresol y Boga.
No obstante, el informe de la Comisión deja constancia de declaraciones a la prensa del alcalde en el sentido de que sí hubo la calle en mención, pero que habría sido vendida por la anterior administración. (LB)
La CCCC también cuestionó donación de bienes privados
La Junta Parroquial de Tonsupa lleva una cronología de las invasiones; empieza con la toma de terrenos junto a la playa, hace 21 años; sigue la invasión de tierras destinadas, originalmente, al aeropuerto (propiedad de la DAC) y lotes al otro lado de la vía principal, hasta terminar hoy con la toma de terrenos reservados para el futuro cementerio.
Para legalizar las tierras, muchos optaron por iniciar un juicio de prescripción de dominio, por supuesto abandono del propietario legítimo. Otros vendieron de forma irregular su propiedad, algunos abandonaron sus tierras, las que fueron invadidas otra vez, señala Gustavo Loor, presidente de la Junta. Eso explica que exista, en muchos casos, más de un propietario de un solo terreno.
La mano de la autoridad también ha sido decisiva, incluso en los últimos años. Un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción de abril de 2002 establece indicios de responsabilidad penal y administrativa en contra de los miembros del Concejo al resolver la donación de bienes de particulares. Entre ellos, el terreno de Finanfondo que sirvió para levantar una iglesia en un área de alta plusvalía.
Pero los terrenos de uso público también están en riesgo. El último informe de la Comisión de Fiscalización menciona la aprobación de construcciones en calles, avenidas y parques. En 2003, a las denuncias de varios propietarios se sumó la decisión del Concejo de aprobar, en primera, en marzo, la construcción de un hotel sobre la antigua vía Atacames-La Perla-Súa. (LB)
El alcalde Sánchez asegura que hubo informes técnicos
La entrega de permisos para la construcción del edificio Torresol, sin tomar en cuenta las denuncias y los litigios legales que estaban de por medio, es otro de los cuestionamientos contra el alcalde de Atacames, Galo Sánchez.
El 8 de julio de 2002, Pablo Charpantier le escribe al alcalde para comunicarle que fue favorecido, en primera instancia, en un juicio de nulidad de sentencia del proceso por prescripción de dominio instaurado por Nelly Ester Cisternas, con el cual pudo acceder al terreno que posteriormente transfirió a Iván Serrano, representante de Torresol.
Con el juicio que le fue favorable en segunda instancia, Chapentier pretende la restitución del lote, cuya historia de dominio se remonta a 1967. En su misiva al titular municipal, le pide inhibirse de entregar permisos de construcción en el terreno en disputa. El inmueble está dentro de la propiedad que ostenta hoy Serrano.
No obstante, el Municipio dio paso a la construcción, según el alcalde, porque se presentaron todos los informes.
En la escritura del contrato de compraventa del 25 de mayo de 2000 de un terreno unificado que se da entre Miguel Rozas y Ester Cisternas, por un lado, e Iván Serrano, por otra, no consta la calle en mención. Tampoco está contenida la vía en los linderos del terreno transferido a Serrano por Diego Reyes y Patricia Salgado.
Este Diario intentó dialogar con Fabián Serrano, representante legal de Ivsecom SA, constructora de Torresol, pero él señaló que el martes daría su versión sobre el tema. (LB)
Otros datos
l Gustavo Loor, presidente de la Junta Parroquial, acusa al alcalde de no entregar fondos para gastos administrativos.
l El alcalde, médico de profesión, dice que es Loor quien no coordina el trabajo que debe ejecutarse en la parrroquia.
l El asfaltado de la vía principal, el bacheo de calles y el cerramiento de una escuela son obras que exhibe el alcalde.
Los pobladores solicitaron la entrega luego de fracasar una negociación con los dueños
En 1998, las crecientes del río minaron la estructura de la iglesia de Tonsupa. La crudeza del fenómeno de El Niño destruyó el símbolo de la fe de la parroquia. Seis años después, otro peligro se cierne sobre la nueva iglesia, solo que, esta vez, la tragedia puede derivarse de una decisión municipal.
El Concejo de Atacames, en la sesión del 5 de julio de 2001 (ratificada el 27 de agosto de ese año), decide donar un terreno de propiedad de Finanfondo al Vicariato de Esmeraldas, en un acto que, para la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), fue irregular al no haberse declarado el inmueble de utilidad pública y al no haberse dado la expropiación.
El comité pro construcción de la Iglesia levantó la edificación. Fue inaugurada el 6 de diciembre de 2002 con una fiesta popular y la presencia del obispo Eugenio Arellano, según reseña Gustavo Bermeo, presidente de dicho frente.
Pero el festejo popular fue sobresaltado por el pedido de los propietarios originales del terreno para que se les restituya. Incluso, la población tomó previsiones ante un posible juicio y una probable demolición, como instalar una alarma para que acuda todo el pueblo en caso de una emergencia.
Los pobladores deslindan responsabilidad en el trámite de donación. Hasta que se aprobó la donación, no se levantó un palo en el terreno, asegura Bermeo.
Las precauciones iniciales las mantienen a pesar de la oferta, confirmada a este diario, del alcalde Galo Sánchez para llegar a un acuerdo con Finanfondo con la entrega de otro terreno, en compensación a los 4 528 m2 donados al Vicariato, que están entre varios complejos turísticos. (LB)
Unas 600 familias dependen de un fallo favorable para legalizar sus terrenos
Unas 600 familias esperan la decisión judicial sobre la expropiación de una extensa área en el sector Los Albergues.
El juicio se inició en la administración anterior. No obstante, el actual alcalde, tras posesionarse, suscribió un convenio con los pobladores del asentamiento para lograr acuerdos directos con los propietarios legítimos (Asociación de Empleados de Portuaria), mientras seguía la expropiación.
Cuando se logró concretar el traspaso de apenas 15 escrituras, el convenio se suspendió, según los coordinadores, Jorge Mite y Amable Zambrano, quienes lograron legalizar su propiedad. Aunque para ellos y muchos vecinos que tuvieron otra suerte hay dudas, porque cualquiera que sea el fallo, la siuación legal sería confusa.
Al posesionarse las actuales autoridades, estos dirigentes constituyeron un comité promejoras, según dicen, por sugerencia de Galo Sánchez, ante la decisión de muchos posesionarios de alejarse de la pre cooperativa presidida por Elizabeht Echanique, por "un manejo poco claro", dice Zambrano. Hoy la dirigente está encargada de hacer el seguimiento del juicio de expropiación y es la única autorizada por el alcalde para hacer cualquier trámite, lo que ha levantado sospechas.
Según Sánchez, la delegación se hizo pensando en quienes no tienen aún sus escrituras. El juicio está en manos de la Corte de Esmeraldas, tras un segundo fallo en contra de la expropiación.
La Junta Parroquial de Tonsupa hace un seguimiento del proceso legal. Esta instancia, encabezada por Gustavo Loor, criticó a la gestión del burgomaestre, al "no haber presentado informes de las obras realizadas en la jurisdicción". (LB)
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