A pesar de los registros regulares, el comercio informal de armas y municiones aumenta, particularmente en Quito y en Guayaquil. La inseguridad pública favoreció la venta de armamento para las empresas privadas de seguridad.
Los vendedores legales ven amenazada la existencia de su negocio.
Operativos de control y seguridad, cumplidos a lo largo del año pasado, permitieron la captura y destrucción de 1 368 armas y 70 827 proyectiles calibre 762 corto. Además, se destruyeron 333 tacos de dinamita, 7 279 fulminantes, ocho rollos de cordón detonante y 100 bloques de pentolita.
Esa es la información que reposa en el Departamento de Control y Autorización del Uso de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Sin embargo, esa es solo una muestra de lo que ocurre en mercado de armas en Ecuador. Es decir, según los especialistas, de cada arma que se captura deberían existir ilegalmente entre cinco y 10. Con esta aproximación, es de suponer que hasta 10 mil armas están en poder de personas que obviamente no las registran en ese departamento de las FFAA. Todo eso sin contar con el sinnúmero de armas caseras, que sobre todo en las zonas rurales, se usan sin ningún tipo de control.
Paradójicamente, los vendedores legales de armas se sienten perjudicados por los controles excesivos, las restricciones establecidas por las FFAA y las decisiones de EEUU sobre la venta de armas y municiones a Ecuador tras la aplicación del Plan Colombia. A partir de abril de 2003, el Comando Conjunto de las FFAA prohibió la importación de municiones, sin importar la procedencia.
Consultados algunos de esos vendedores, que en Quito se encuentran en seis locales (la mayoría para proveer de armas para competencia y cacería), consideran que al restringir la venta y la importación legal se están favoreciendo el tráfico y el comercio ilegal. "Si van así las cosas este negocio desaparecerá en menos de un año", dice uno de ellos.
Claro, explica otro, al hacer la adquisición legal, por ejemplo de una pistola 9mm que cuesta $600, por importar y por impuestos se debe cancelar $300, el valor final es de $900, mientras en el mercado negro se encuentra por $500.
De todos modos, consideran que la situación de violencia que vive Ecuador no se ha manifestado en la adquisición de armas por parte de particulares ni tampoco en un incremento de adquisiciones por las empresas de seguridad privadas.
Fuentes policiales, en cambio, aseguran que la delincuencia aumenta considerablente en número y calidad del delito porque hay más facilidades para la adquisición de armamento que le permite actuar en actos de gran envergadura.
El Departamento de Control y Autorización del Uso de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha mejorado sus filtros de seguridad a fin de evitar el uso ilegal de armas en el país, explica el subdirector de Logística, coronel Luis Cruz. Funcionan 16 centros militares, a escala nacional, responsables de realizar controles de las armas que ingresen al país de forma ilegal y, también, de legalizar aquellas que se han adquirido según las disposiones legales, de acuerdo con la Ley de Fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, explosivos y accesorios.
El mayor control está dirigido a las compañías de seguridad privada, que han recibido el respectivo permiso de operación en el Ministerio de Gobierno. En Quito, se han registrado 552 compañías de seguridad y 217 sucursales a escala nacional.
El Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada (COSP) de la Policía Nacional informa que han sido detectados 32 empresas que funcionaban al margen de la Ley y 355 guardias de seguridad que laboraban sin la respectiva documentación. De igual manera, se decomisaron 631 armas de fuego, 11 chalecos antibala y un lote de proyectiles.
De hecho, para los comerciantes de armas y para los policías, debe haber un mejor control a las compañías de seguridad porque por esa vía se han detectado un número alto de delitos cometidos por los guardias privados, que fuera de su horario de trabajo participan de hechos delictivos individuales o grupales.
En la provincia de Bolívar, en el cantón San José de Chimbo (donde se concentra el 80% de los fabricantes de armas de todo el país), se instaló un organismo militar que se encargará del control y supervisión de todos los fabricantes que existen en esa provincia. Allí existen talleres artesanales en donde se fabrican especialmente revólveres y escopetas, tanto de cacería como de aquellas que son utilizadas por personal de las compañías de seguridad.
La autorización para portar armas se otorga en el Comando Conjunto de FFAA, luego de una calificación del individuo que la va a usar y de la verificación de la legalidad del arma y el uso que se dará a la misma.
La mayor cantidad de armas que existen en el país, en manos privadas, son de propiedad de las compañías de seguridad, las mismas que son controladas de manera permanente y cuyas matrículas respectivas son renovadas cada dos años.
Como otra medida de control, se tiene previsto realizar convenios con la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), a fin de verificar todo el armamento que ingrese al país. "Lamentablemente -sostiene el coronel Cruz- se buscan medios ilegales, especialmente por las fronteras que son tan permeables para el tráfico de armas, y es por eso que se han intensificado los operativos de control". (OP/XP)
En Guayaquil crece el mercado informal
Las pistolas y revólveres proceden principalmente de EEUU e Italia
En los mercados informales de Guayaquil es fácil comprar armas y municiones de grueso calibre, a precios impuestos por la calidad y la necesidad de cliente. A consecuencia del aumento paulatino de los delitos, los negocios dedicados a esta actividad han prosperado, dijeron a HOY ciudadanos vinculados a estas actividades que prefirieron el anonimato.
Un grupo de personas de condición económica baja, por ejemplo, consigue revólveres en la denominada "bahía" a $50 y $80. Son armas de plástico que a simple vista parecen un juguete, pero que con un relleno de metal en recámaras, tambores y cañones sirven para disparar balas calibre 22, que emplean la mayoría de los guardianes de los barrios de Guayaquil, aunque en ocasiones causan accidentes y hasta la muerte por su mala calidad.
Este tipo de armas emplea balas calibre 22, marcas Remington o Winchester, que tienen un costo entre $18 y $25 la caja de 50 unidades.
Hay también revólveres nacionales calibre 22 que los construyen artesanos manabitas y que se venden entre $200 y $300.
Los clientes exigentes buscan pistolas importadas de Europa a razón de $1 100, o escopetas calibre 12 entre $500 y $600 todas ellas marca Remington, Winchester o Blooster. También se venden los revólveres Smith and Weisson, entre $750 y $850 (más IVA), importados legalmente por casas distribuidoras, aunque en épocas de escasez llegan a costar hasta $1 100.
En el mercado informal de Guayaquil también se expenden armas "de segunda mano", como es el caso de las pistolas Bereta, en $900 aunque su precio regular es de $1 150.
La cantidad de personas que portan armas en forma ilegal también aumentó debido a que el ciudadano se ve abocado a no cumplir con los cada vez más exigentes requisitos exigidos por las Fuerzas Armadas para el registro de estos implementos. (AM).
¿Un mercado que negocia $15 millones?
Una cifra aproximada hablaría de 500 mil armas en todo el país
El mercado de armas en Ecuador está en una fase expansiva: entre los años 1998 y 2000 se otorgaron 35 693 permisos de porte de armas a la población civil, a un promedio anual de 11 897 permisos. En 1998 se otorgaron 6 085 y en 2000 esta cantidad se duplicó a 13 636.
Estas cifras, según un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), más los cálculos de los especialistas, llevarían a pensar que, en promedio, en todo el país se comercializan, entre el mercado formal y el ilegal, entre 10 mil y 50 mil armas al año.
Eso en dinero significaría que se negocian alrededor de $15 millones anualmente, sin contar las municiones, que son un rubro importante, pero del que no existen registros ni estudios específicos.
Claro, en promedio, un arma está en $300. Las más caras superan los $1 000 y las más baratas, la mayoría, entre $50 y $100.
De las consultas realizadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, los principales proveedores legales de armas son las casas de camping y cacería. Por ejemplo, en Quito existen seis: Polígono, Armas y Municiones Camping, Cimarrón, Capitán Peña, Sierra Nevada y Safari.
La pregunta es: ¿cuántas armas están en poder de personas particulares en Ecuador? Ni los especialistas militares ni los estudiosos, se atreven a dar una respuesta de manera categórica, pero ambos dan un número aproximado: alrededor de 500 mil.
Y, ¿de dónde salen los mayores proveedores? Del mercado informal, tal como ocurre en Guayaquil, que, como puerto, es la entrada del contrabando.
Las mafias y bandas delincuenciales se proveen de armas y municiones de "distribuidores" que tienen su negocios camuflados con otro tipo de oferta: ropa, electrodomésticos e implementos de cacería deportiva o de andinismo.
En algunos casos, los delincuentes las obtienen de asaltar o comprar la dotación de policías y militares. (OP)
En el país hay 150 importadores de armas
Los requisitos legales son cada vez más estrictos y demorosos
Para otorgar un permiso de tenencia legal de un arma, el Comando Conjunto exige a una persona natural: cédula de indentidad, papeleta de votación, libreta militar, récord policial, examen médico y sicológico, dos fotos de frente y dos de perfil, dos cartas de honorabilidad y una justificación legal que señale por qué necesita portar esa arma.
Adicionalmente, existen procedimientos para que un comerciante entregue un arma a una persona que la compra en los locales debidamente autorizados por el organismo pertinente de FFAA.
En el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se encuentran registrados alrededor de 150 importadores de armas, de los cuales solo el 30% estaría en actividad.
Reglamentariamente una persona natural es autorizada para portar y utilizar hasta una pistola calibre 9 milímetros, y en revólver hasta calibre 38 y en escopetas desde el calibre 12 al 410. Este tipo de armamento es parte de la dotación de los guardias de seguridad privada.
Los guardias privados que se dedican a la transportación de valores están autorizados a portar subametralladoras calibre 9 milímetros.
Mientras tanto, existen regulaciones especiales para los deportistas que integran equipos de tiro: los nombres de sus socios son registrados en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Y para vender explosivos y municiones la única empresa autorizada es Explosen, de las FFAA. Allí se puede adquirir dinamita, explogel, cordón detonante, fulminantes, cápsulas eléctricas, que son utilizadas para actividades de tipo minero y aquellas que se dedican a la construcción de puentes, carreteras y las empresas que cumplen tareas de prospección sísmica en la Amazonía, en el campo petrolero. Todos ellos deben justificar de manera mensual la utilización. (XP).
ANALISIS
El impulso del miedo crea círculos viciosos
La inseguridad crea temores, y estos, defensas desesperadas, en muchas ocasiones. Como es obvio, para garantizar la vida se opta por la defensa armada.
Y por otro lado, a diario vemos en la televisión que la Policía captura a delincuentes que cuentan con fuertes dotaciones de armas y municiones. Como si nada, pasan las imágenes, sin percatarnos de que detrás hay un negocio productivo para un grupo minúsculo de ciudadanos.
A la vez, los controles militares y policiales parecerían una rutina, como aquello de pasar el trapo por la mesa: el polvo siempre volverá.
Entonces, ¿qué ocurre para que el negocio ilegal de armas en Ecuador se sostenga? Uno: por los puertos entra todo, incluido el armamento. Los filtros aduaneros son tan porosos que no ponen freno a nada.
Dos: la acción delictiva, frente a una percepción de inseguridad muy fuerte, reacciona con mejores armas y equipos. Por tanto, la oferta de armamento crece.
Las leyes del mercado indican que no hay crecimiento económico si no hay consumidores. Lo mismo pasa con este negocio: hemos llegado al extremo de ver en las calles hombres armados, con uniformes amenazadores, de modo que no sería incómodo ni pesaroso observar en la casa una pistola. Es decir, la necesidad de armarse, por parte de la Fuerza Pública, empresas privadas de seguridad y delincuentes están favoreciendo la existencia de un mercado productivo de armas. (OP) (BLANCO Y NEGRO)
Los vendedores legales ven amenazada la existencia de su negocio.
Operativos de control y seguridad, cumplidos a lo largo del año pasado, permitieron la captura y destrucción de 1 368 armas y 70 827 proyectiles calibre 762 corto. Además, se destruyeron 333 tacos de dinamita, 7 279 fulminantes, ocho rollos de cordón detonante y 100 bloques de pentolita.
Esa es la información que reposa en el Departamento de Control y Autorización del Uso de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA).
Sin embargo, esa es solo una muestra de lo que ocurre en mercado de armas en Ecuador. Es decir, según los especialistas, de cada arma que se captura deberían existir ilegalmente entre cinco y 10. Con esta aproximación, es de suponer que hasta 10 mil armas están en poder de personas que obviamente no las registran en ese departamento de las FFAA. Todo eso sin contar con el sinnúmero de armas caseras, que sobre todo en las zonas rurales, se usan sin ningún tipo de control.
Paradójicamente, los vendedores legales de armas se sienten perjudicados por los controles excesivos, las restricciones establecidas por las FFAA y las decisiones de EEUU sobre la venta de armas y municiones a Ecuador tras la aplicación del Plan Colombia. A partir de abril de 2003, el Comando Conjunto de las FFAA prohibió la importación de municiones, sin importar la procedencia.
Consultados algunos de esos vendedores, que en Quito se encuentran en seis locales (la mayoría para proveer de armas para competencia y cacería), consideran que al restringir la venta y la importación legal se están favoreciendo el tráfico y el comercio ilegal. "Si van así las cosas este negocio desaparecerá en menos de un año", dice uno de ellos.
Claro, explica otro, al hacer la adquisición legal, por ejemplo de una pistola 9mm que cuesta $600, por importar y por impuestos se debe cancelar $300, el valor final es de $900, mientras en el mercado negro se encuentra por $500.
De todos modos, consideran que la situación de violencia que vive Ecuador no se ha manifestado en la adquisición de armas por parte de particulares ni tampoco en un incremento de adquisiciones por las empresas de seguridad privadas.
Fuentes policiales, en cambio, aseguran que la delincuencia aumenta considerablente en número y calidad del delito porque hay más facilidades para la adquisición de armamento que le permite actuar en actos de gran envergadura.
El Departamento de Control y Autorización del Uso de Armas del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha mejorado sus filtros de seguridad a fin de evitar el uso ilegal de armas en el país, explica el subdirector de Logística, coronel Luis Cruz. Funcionan 16 centros militares, a escala nacional, responsables de realizar controles de las armas que ingresen al país de forma ilegal y, también, de legalizar aquellas que se han adquirido según las disposiones legales, de acuerdo con la Ley de Fabricación, importación, exportación, comercialización y tenencia de armas, explosivos y accesorios.
El mayor control está dirigido a las compañías de seguridad privada, que han recibido el respectivo permiso de operación en el Ministerio de Gobierno. En Quito, se han registrado 552 compañías de seguridad y 217 sucursales a escala nacional.
El Departamento de Control de Organizaciones de Seguridad Privada (COSP) de la Policía Nacional informa que han sido detectados 32 empresas que funcionaban al margen de la Ley y 355 guardias de seguridad que laboraban sin la respectiva documentación. De igual manera, se decomisaron 631 armas de fuego, 11 chalecos antibala y un lote de proyectiles.
De hecho, para los comerciantes de armas y para los policías, debe haber un mejor control a las compañías de seguridad porque por esa vía se han detectado un número alto de delitos cometidos por los guardias privados, que fuera de su horario de trabajo participan de hechos delictivos individuales o grupales.
En la provincia de Bolívar, en el cantón San José de Chimbo (donde se concentra el 80% de los fabricantes de armas de todo el país), se instaló un organismo militar que se encargará del control y supervisión de todos los fabricantes que existen en esa provincia. Allí existen talleres artesanales en donde se fabrican especialmente revólveres y escopetas, tanto de cacería como de aquellas que son utilizadas por personal de las compañías de seguridad.
La autorización para portar armas se otorga en el Comando Conjunto de FFAA, luego de una calificación del individuo que la va a usar y de la verificación de la legalidad del arma y el uso que se dará a la misma.
La mayor cantidad de armas que existen en el país, en manos privadas, son de propiedad de las compañías de seguridad, las mismas que son controladas de manera permanente y cuyas matrículas respectivas son renovadas cada dos años.
Como otra medida de control, se tiene previsto realizar convenios con la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), a fin de verificar todo el armamento que ingrese al país. "Lamentablemente -sostiene el coronel Cruz- se buscan medios ilegales, especialmente por las fronteras que son tan permeables para el tráfico de armas, y es por eso que se han intensificado los operativos de control". (OP/XP)
En Guayaquil crece el mercado informal
Las pistolas y revólveres proceden principalmente de EEUU e Italia
En los mercados informales de Guayaquil es fácil comprar armas y municiones de grueso calibre, a precios impuestos por la calidad y la necesidad de cliente. A consecuencia del aumento paulatino de los delitos, los negocios dedicados a esta actividad han prosperado, dijeron a HOY ciudadanos vinculados a estas actividades que prefirieron el anonimato.
Un grupo de personas de condición económica baja, por ejemplo, consigue revólveres en la denominada "bahía" a $50 y $80. Son armas de plástico que a simple vista parecen un juguete, pero que con un relleno de metal en recámaras, tambores y cañones sirven para disparar balas calibre 22, que emplean la mayoría de los guardianes de los barrios de Guayaquil, aunque en ocasiones causan accidentes y hasta la muerte por su mala calidad.
Este tipo de armas emplea balas calibre 22, marcas Remington o Winchester, que tienen un costo entre $18 y $25 la caja de 50 unidades.
Hay también revólveres nacionales calibre 22 que los construyen artesanos manabitas y que se venden entre $200 y $300.
Los clientes exigentes buscan pistolas importadas de Europa a razón de $1 100, o escopetas calibre 12 entre $500 y $600 todas ellas marca Remington, Winchester o Blooster. También se venden los revólveres Smith and Weisson, entre $750 y $850 (más IVA), importados legalmente por casas distribuidoras, aunque en épocas de escasez llegan a costar hasta $1 100.
En el mercado informal de Guayaquil también se expenden armas "de segunda mano", como es el caso de las pistolas Bereta, en $900 aunque su precio regular es de $1 150.
La cantidad de personas que portan armas en forma ilegal también aumentó debido a que el ciudadano se ve abocado a no cumplir con los cada vez más exigentes requisitos exigidos por las Fuerzas Armadas para el registro de estos implementos. (AM).
¿Un mercado que negocia $15 millones?
Una cifra aproximada hablaría de 500 mil armas en todo el país
El mercado de armas en Ecuador está en una fase expansiva: entre los años 1998 y 2000 se otorgaron 35 693 permisos de porte de armas a la población civil, a un promedio anual de 11 897 permisos. En 1998 se otorgaron 6 085 y en 2000 esta cantidad se duplicó a 13 636.
Estas cifras, según un estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), más los cálculos de los especialistas, llevarían a pensar que, en promedio, en todo el país se comercializan, entre el mercado formal y el ilegal, entre 10 mil y 50 mil armas al año.
Eso en dinero significaría que se negocian alrededor de $15 millones anualmente, sin contar las municiones, que son un rubro importante, pero del que no existen registros ni estudios específicos.
Claro, en promedio, un arma está en $300. Las más caras superan los $1 000 y las más baratas, la mayoría, entre $50 y $100.
De las consultas realizadas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, los principales proveedores legales de armas son las casas de camping y cacería. Por ejemplo, en Quito existen seis: Polígono, Armas y Municiones Camping, Cimarrón, Capitán Peña, Sierra Nevada y Safari.
La pregunta es: ¿cuántas armas están en poder de personas particulares en Ecuador? Ni los especialistas militares ni los estudiosos, se atreven a dar una respuesta de manera categórica, pero ambos dan un número aproximado: alrededor de 500 mil.
Y, ¿de dónde salen los mayores proveedores? Del mercado informal, tal como ocurre en Guayaquil, que, como puerto, es la entrada del contrabando.
Las mafias y bandas delincuenciales se proveen de armas y municiones de "distribuidores" que tienen su negocios camuflados con otro tipo de oferta: ropa, electrodomésticos e implementos de cacería deportiva o de andinismo.
En algunos casos, los delincuentes las obtienen de asaltar o comprar la dotación de policías y militares. (OP)
En el país hay 150 importadores de armas
Los requisitos legales son cada vez más estrictos y demorosos
Para otorgar un permiso de tenencia legal de un arma, el Comando Conjunto exige a una persona natural: cédula de indentidad, papeleta de votación, libreta militar, récord policial, examen médico y sicológico, dos fotos de frente y dos de perfil, dos cartas de honorabilidad y una justificación legal que señale por qué necesita portar esa arma.
Adicionalmente, existen procedimientos para que un comerciante entregue un arma a una persona que la compra en los locales debidamente autorizados por el organismo pertinente de FFAA.
En el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se encuentran registrados alrededor de 150 importadores de armas, de los cuales solo el 30% estaría en actividad.
Reglamentariamente una persona natural es autorizada para portar y utilizar hasta una pistola calibre 9 milímetros, y en revólver hasta calibre 38 y en escopetas desde el calibre 12 al 410. Este tipo de armamento es parte de la dotación de los guardias de seguridad privada.
Los guardias privados que se dedican a la transportación de valores están autorizados a portar subametralladoras calibre 9 milímetros.
Mientras tanto, existen regulaciones especiales para los deportistas que integran equipos de tiro: los nombres de sus socios son registrados en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Y para vender explosivos y municiones la única empresa autorizada es Explosen, de las FFAA. Allí se puede adquirir dinamita, explogel, cordón detonante, fulminantes, cápsulas eléctricas, que son utilizadas para actividades de tipo minero y aquellas que se dedican a la construcción de puentes, carreteras y las empresas que cumplen tareas de prospección sísmica en la Amazonía, en el campo petrolero. Todos ellos deben justificar de manera mensual la utilización. (XP).
ANALISIS
El impulso del miedo crea círculos viciosos
La inseguridad crea temores, y estos, defensas desesperadas, en muchas ocasiones. Como es obvio, para garantizar la vida se opta por la defensa armada.
Y por otro lado, a diario vemos en la televisión que la Policía captura a delincuentes que cuentan con fuertes dotaciones de armas y municiones. Como si nada, pasan las imágenes, sin percatarnos de que detrás hay un negocio productivo para un grupo minúsculo de ciudadanos.
A la vez, los controles militares y policiales parecerían una rutina, como aquello de pasar el trapo por la mesa: el polvo siempre volverá.
Entonces, ¿qué ocurre para que el negocio ilegal de armas en Ecuador se sostenga? Uno: por los puertos entra todo, incluido el armamento. Los filtros aduaneros son tan porosos que no ponen freno a nada.
Dos: la acción delictiva, frente a una percepción de inseguridad muy fuerte, reacciona con mejores armas y equipos. Por tanto, la oferta de armamento crece.
Las leyes del mercado indican que no hay crecimiento económico si no hay consumidores. Lo mismo pasa con este negocio: hemos llegado al extremo de ver en las calles hombres armados, con uniformes amenazadores, de modo que no sería incómodo ni pesaroso observar en la casa una pistola. Es decir, la necesidad de armarse, por parte de la Fuerza Pública, empresas privadas de seguridad y delincuentes están favoreciendo la existencia de un mercado productivo de armas. (OP) (BLANCO Y NEGRO)
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