Quito. 12 oct 2000. Ninguna empresa de Peñafiel ha sido intervenida por
las autoridades
El listado de los componentes del Grupo Peñafiel recoge un total de 70
empresas que, de una manera u otra, vienen a constituir el patrimonio del
ex presidente del Banco de Préstamos.
Petróleos, floricultura, finanzas, comercio automotriz, venta de ropa,
servicios navieros, bienes raíces, extracción mineral, turismo,
distribución de productos químicos, importación y venta de plantas
eléctricas, son entre otras las actividades que alimentaban las arcas del
magnate, Alejandro Peñafiel Salgado, jefe del grupo empresarial. Esas
solo en Ecuador.
A pesar de que en contra de Peñafiel existen varias demandas por los
perjuicios ocasionados por los 140 mil clientes del Banco de Préstamos,
todas estas empresas siguen funcionando. Ninguna ha sido intervenida o
confiscada por la AGD.
El titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Carlos González,
explica que el mecanismo usado por el ex banquero -ahora libre en España,
luego de su frustrada extradición- consiste en vender las empresas y
bienes a sus empleados.
Afirma que el conserje de Peñafiel, en Tripetrol, Luis NN, aparece como
presidente de la empresa inmobiliaria Plancien, con patrimonio superior a
90 millones de dólares.
Este caso se repite y según el diputado, los organismos de control no han
hecho mucho por desenmascarar a quien se burla del pueblo ecuatoriano,
del Gobierno y de la justicia internacional.
Según revela una investigación hecha por la Comisión de Fiscalización, el
mecanismo, a través del cual funciona el testaferrismo del ex banquero,
tiene varios componentes.
Primero, Peñafiel constituía la empresa, luego la traspasaba a manos de
alguno de sus familiares más cercanos (hermanos o cuñados), para
finalmente endosarla a cualquiera de sus empleados. El objetivo: lograr
la aprobación de millonarios créditos del Banco de Préstamos en favor de
estas compañías sin la menor observación de la Superintendencia de
Bancos. Esto permitía que el dinero de los ahorristas se esfume.
González relata como uno de los casos más llamativos el de la empresa
Sortitus SA, encargada de diseñar un sistema de sorteos para el Consejo
Provincial de Pichincha. Esta firma recibió un crédito del Banco de
Préstamos, para lo cual presentó como garante a Megagrof.
Según la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías a
la Comisión, además de Peñafiel y Jaime Durán Barba el tercer accionista
de Sortitus era la empresa Megagrof. Hasta ahí parecía todo normal,
explica González, a no ser por la presencia en sociedad comercial del
banquero y el ex secretario general de la Administración.
Pero cuando la comisión investigó sobre Megagrof, descubrió que esta
empresa constituida en Nassau, tenía como principal accionista a Sortitus
SA.
González cree que todas estás pruebas permitirían condenar al ex
banquero, residente ahora en las Islas Canarias, España. (DM)
Los negocios petroleros se han ido a pique.
Los negocios petroleros de la familia Peñafiel en el Ecuador se fueron a
pique, por el incumplimiento de los contratos y el derrocamiento del
gobierno de Abdalá Bucaram, en cuya administración gozó de privilegios.
Petroecuador acaba de notificar a la compañía Tripetrol, de propiedad de
los Peñafiel, la caducidad del contrato de participación para la
exploración y explotación del bloque 28 de la región amazónica.
El trámite se encuentra en proceso de resolución en el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.
La causa radica en que Tripetrol, a partir del 28 de septiembre de 1995
en que la subsecretaría de Medio Ambiente aprobó el estudio de impacto
ambiental, debía realizar un programa mínimo exploratorio, cuya opción
planteada en la oferta fue únicamente de trabajos sísmicos, sin
perforación de pozos. El programa contemplaba un plazo de cinco años para
ejecutarse, venció el 28 de septiembre del 2000 sin que hasta esa fecha
haya cumplido con lo estipulado.
Antes, Tripetrol declaró fuerza mayor en el bloque, a raíz del secuestro
por parte de las comunidades indígenas de la amazonía de uno de sus
técnicos, Franklin Paredes. Pero hasta la fecha, tampoco se ha procedido
a levantar el pedido.
El único contrato vigente es para la exploración y explotación del bloque
1 en la Costa. Subsiste por la compañía Canadá Grande que compró el 50%
de las acciones a Tripetrol y conformó un consorcio. Canadá Grande se
convirtió en operadora del bloque.
El contrato inicial fue de prestación de servicios, modificado luego al
de participación.
Igualmente, las compañías Totisa y Tripetrol, se convirtieron en las
principales clientes de Petroecuador en la compraventa de crudo a
contratos a largo plazo, aún en el mismo gobierno de Alarcón, que sucedió
a Bucaram y en el anterior a este. En los últimos 2 años no han realizado
transacciones. (TH)
Ex banquero se defiende
Desde España, a través de Jorge Barros, gerente general de la empresa
Tripetrol, Alejandro Peñafiel asevera que desde el 11 de septiembre de
1998 ha sido objeto de una persecución política, apoyada en supuestos
delitos económicos de los que me considero inocente.
El ex banquero asegura que desde que salió del Ecuador tiene un domicilio
conocido en España y que el Gobierno ecuatoriano jamás pidió a ese Estado
su extradición, aún sigue sin hacerlo, aunque España y Ecuador tienen un
Tratado de Extradición.
En la relación de hechos ocurridos, Peñafiel explica que el Gobierno
ecuatoriano en lugar de solicitar esa extradición a España prefirió
aprovechar su tránsito por Beirut y solicitar la extradición al Gobierno
de Líbano.
Según Peñafiel, el alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) reconoció que hay indicios muy serios de que soy
objeto de persecución política en Ecuador, que mi integridad personal
peligraría si fuese enviado a Ecuador y no tendría allí un juicio justo.
Por ello, Naciones Unidas pidió al Líbano que no me extraditase, con base
en la Convención de Ginebra de 1951 para los refugiados.
Líbano, que no es firmante de esa convención, desoyó a Naciones Unidas y
accedió a la extradición.
Expresa que las autoridades españolas están siendo sometidas a una
presión asfixiante, incluida la presencia del presidente y del canciller
ecuatorianos, solo para obtener mi cabeza, que se ha convertido en trofeo
para unos gobernantes que creen poder así justificarse ante el sufrido
pueblo ecuatoriano. (Texto tomado de El Expreso)
las autoridades
El listado de los componentes del Grupo Peñafiel recoge un total de 70
empresas que, de una manera u otra, vienen a constituir el patrimonio del
ex presidente del Banco de Préstamos.
Petróleos, floricultura, finanzas, comercio automotriz, venta de ropa,
servicios navieros, bienes raíces, extracción mineral, turismo,
distribución de productos químicos, importación y venta de plantas
eléctricas, son entre otras las actividades que alimentaban las arcas del
magnate, Alejandro Peñafiel Salgado, jefe del grupo empresarial. Esas
solo en Ecuador.
A pesar de que en contra de Peñafiel existen varias demandas por los
perjuicios ocasionados por los 140 mil clientes del Banco de Préstamos,
todas estas empresas siguen funcionando. Ninguna ha sido intervenida o
confiscada por la AGD.
El titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Carlos González,
explica que el mecanismo usado por el ex banquero -ahora libre en España,
luego de su frustrada extradición- consiste en vender las empresas y
bienes a sus empleados.
Afirma que el conserje de Peñafiel, en Tripetrol, Luis NN, aparece como
presidente de la empresa inmobiliaria Plancien, con patrimonio superior a
90 millones de dólares.
Este caso se repite y según el diputado, los organismos de control no han
hecho mucho por desenmascarar a quien se burla del pueblo ecuatoriano,
del Gobierno y de la justicia internacional.
Según revela una investigación hecha por la Comisión de Fiscalización, el
mecanismo, a través del cual funciona el testaferrismo del ex banquero,
tiene varios componentes.
Primero, Peñafiel constituía la empresa, luego la traspasaba a manos de
alguno de sus familiares más cercanos (hermanos o cuñados), para
finalmente endosarla a cualquiera de sus empleados. El objetivo: lograr
la aprobación de millonarios créditos del Banco de Préstamos en favor de
estas compañías sin la menor observación de la Superintendencia de
Bancos. Esto permitía que el dinero de los ahorristas se esfume.
González relata como uno de los casos más llamativos el de la empresa
Sortitus SA, encargada de diseñar un sistema de sorteos para el Consejo
Provincial de Pichincha. Esta firma recibió un crédito del Banco de
Préstamos, para lo cual presentó como garante a Megagrof.
Según la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías a
la Comisión, además de Peñafiel y Jaime Durán Barba el tercer accionista
de Sortitus era la empresa Megagrof. Hasta ahí parecía todo normal,
explica González, a no ser por la presencia en sociedad comercial del
banquero y el ex secretario general de la Administración.
Pero cuando la comisión investigó sobre Megagrof, descubrió que esta
empresa constituida en Nassau, tenía como principal accionista a Sortitus
SA.
González cree que todas estás pruebas permitirían condenar al ex
banquero, residente ahora en las Islas Canarias, España. (DM)
Los negocios petroleros se han ido a pique.
Los negocios petroleros de la familia Peñafiel en el Ecuador se fueron a
pique, por el incumplimiento de los contratos y el derrocamiento del
gobierno de Abdalá Bucaram, en cuya administración gozó de privilegios.
Petroecuador acaba de notificar a la compañía Tripetrol, de propiedad de
los Peñafiel, la caducidad del contrato de participación para la
exploración y explotación del bloque 28 de la región amazónica.
El trámite se encuentra en proceso de resolución en el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.
La causa radica en que Tripetrol, a partir del 28 de septiembre de 1995
en que la subsecretaría de Medio Ambiente aprobó el estudio de impacto
ambiental, debía realizar un programa mínimo exploratorio, cuya opción
planteada en la oferta fue únicamente de trabajos sísmicos, sin
perforación de pozos. El programa contemplaba un plazo de cinco años para
ejecutarse, venció el 28 de septiembre del 2000 sin que hasta esa fecha
haya cumplido con lo estipulado.
Antes, Tripetrol declaró fuerza mayor en el bloque, a raíz del secuestro
por parte de las comunidades indígenas de la amazonía de uno de sus
técnicos, Franklin Paredes. Pero hasta la fecha, tampoco se ha procedido
a levantar el pedido.
El único contrato vigente es para la exploración y explotación del bloque
1 en la Costa. Subsiste por la compañía Canadá Grande que compró el 50%
de las acciones a Tripetrol y conformó un consorcio. Canadá Grande se
convirtió en operadora del bloque.
El contrato inicial fue de prestación de servicios, modificado luego al
de participación.
Igualmente, las compañías Totisa y Tripetrol, se convirtieron en las
principales clientes de Petroecuador en la compraventa de crudo a
contratos a largo plazo, aún en el mismo gobierno de Alarcón, que sucedió
a Bucaram y en el anterior a este. En los últimos 2 años no han realizado
transacciones. (TH)
Ex banquero se defiende
Desde España, a través de Jorge Barros, gerente general de la empresa
Tripetrol, Alejandro Peñafiel asevera que desde el 11 de septiembre de
1998 ha sido objeto de una persecución política, apoyada en supuestos
delitos económicos de los que me considero inocente.
El ex banquero asegura que desde que salió del Ecuador tiene un domicilio
conocido en España y que el Gobierno ecuatoriano jamás pidió a ese Estado
su extradición, aún sigue sin hacerlo, aunque España y Ecuador tienen un
Tratado de Extradición.
En la relación de hechos ocurridos, Peñafiel explica que el Gobierno
ecuatoriano en lugar de solicitar esa extradición a España prefirió
aprovechar su tránsito por Beirut y solicitar la extradición al Gobierno
de Líbano.
Según Peñafiel, el alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (Acnur) reconoció que hay indicios muy serios de que soy
objeto de persecución política en Ecuador, que mi integridad personal
peligraría si fuese enviado a Ecuador y no tendría allí un juicio justo.
Por ello, Naciones Unidas pidió al Líbano que no me extraditase, con base
en la Convención de Ginebra de 1951 para los refugiados.
Líbano, que no es firmante de esa convención, desoyó a Naciones Unidas y
accedió a la extradición.
Expresa que las autoridades españolas están siendo sometidas a una
presión asfixiante, incluida la presencia del presidente y del canciller
ecuatorianos, solo para obtener mi cabeza, que se ha convertido en trofeo
para unos gobernantes que creen poder así justificarse ante el sufrido
pueblo ecuatoriano. (Texto tomado de El Expreso)
Más en el