En 35 años, la exportación de crudo suma $40 mil millones. desde 1993 a 2005, las prefecturas y municipios amazónicos recibieron $569 millones.
El "boom petrolero" se desvanece en las cifras
De enero a julio de 2005 se hicieron aportes por casi al doble de lo proyectado para los organismos seccionales
El paro biprovincial de Sucumbíos y Orellana se apoyó en un "olvido secular" del Estado, contraponiendo dos elementos: la explotación petrolera durante 35 años versus el beneficio local por esta actividad.
Según la Asamblea Biprovincial, el crudo que se extrae, mayoritariamente de la región, ha tenido una "retribución mínima" en 35 años de explotación, comparada con los daños ambientales y el deterioro de vida de la población.
Esa retribución, en números, alcanza los $569 millones en asignaciones realizadas a las prefecturas y municipios de las seis provincias amazónicas desde 1993 hasta 2005. Frente a los $60 mil millones que -aseguran los dirigentes- el petróleo ha aportado al país desde 1972, según la estimación del analista Alberto Acosta por la exportación de crudo ($40 mil millones) y la venta de derivados.
La percepción del régimen parece ser otra. El ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, señaló que sí se han hecho aportes importantes a la región. Aunque no hay datos históricos globales de esos aportes, salvo el balance enero-julio de 2005, que muestra la situación actual de Sucumbíos y Orellana. Las cifras del Ministerio de Economía muestran para estos siete meses un ingreso importante de los diversos tipos de transferencias que duplican los promedios del año 2004 en relación a lo asignado a prefecturas y municipios.
Respecto a las transferencias efectuadas a través del Gobierno central y de las preasignaciones, el monto total entregado para Sucumbíos llegó a $18 773 306,67 y para Orellana, a $20 068 229,46. Lo que implica que, a fin de año, podrían duplicar sus ingresos en relación a años anteriores, sin contar los aportes derivados de los acuerdos entre las dos provincias con las empresas petroleras, luego del último paro.
Esos aportes deben añadirse al realizado por las empresas durante los últimos 13 años, en que empiezan a producir de forma independiente a través de los diversos tipos de contratos. Según el señalamiento de uno de los voceros de las compañías, el monto ascendería a $500 millones, dirigido en forma particular al nororiente. Aunque, ese monto no es aceptado por la Asamblea Biprovincial, que señala que que ese aporte ""solo llega a la mitad". (LB)
Donaciones suben los niveles de ingresos
El aporte por Impuesto a la Renta cobra fuerza
Los montos transferidos y preasignados, en el primer semestre de 2005, a Sucumbíos ($18 773 306,67) y Orellana ($20 068 229,46) integran algunos rubros. Uno se refiere al de las instituciones del Gobierno central por un total para Sucumbíos de $7 793 224,57 y para Orellana de $4 377 655,62. Los sectores de educación, salud y ambiente fueron los destinatarios de esos fondos. Allí se incluye el aporte de otras entidades estatales, como Udenor y el ECORAE.
Los organismos seccionales (incluyendo a las juntas parroquiales) recibieron $6 588 343,75 de Sucumbíos) y $5 060 177,38 de Orellana por concepto de la Ley del 15%, la Ley 0,10 ($0,50 por barril extraído en la Amazonía) y las leyes 040 y 122, los recursos de Fondepro y 2% de capital provincial (Coca y Nueva Loja).
Un tercer rubro corresponde a las donaciones del impuesto a la renta, a través de los prefecturas y los siete municipios de Sucumbíos y cuatro de Orellana. Los aportes, por ese concepto a favor de Orellana, suman $9 156 601,77, lo que representa casi el 50% del total recibido en el primer semestre de 2005 por el resto de asignaciones. Mientras que a Sucumbíos le significó un ingreso de $5 571 364,56, alrededor del 30%.
Las dos provincias también se beneficiarán en 2005 de los aportes a la Troncal Amazónica, por $28 millones para toda la región, que suman $188 millones asignados desde 2001 en que arrancó el proyecto. (LB)
La creación de las provincias eleva el gasto
Los recursos sirvieron para levantar la infraestructura administrativa y el equipamiento.
La creación de las provincias de Sucumbíos (1988) y Orellana (1998) supuso la reformulación política de la Amazonía nororiental y el aumento de las necesidades presupuestarias: la administración pública inició desde cero, al haber sido Tena el centro político de Napo.
Esa herencia se refleja en que los recursos inicialmente entregados fueron destinados al levantamiento de la infraestructura administrativa y al equipamiento automotor, básicamente. La división política de Napo, además, supuso una subdivisión cantonal de las nuevas provincias, ampliando la dimensión presupuestaria. En Sucumbíos, con siete cantones, y Orellana, con cuatro.
Otra herencia de la concentración del poder político en Tena fueron las prácticas clientelares, con el aparecimiento de "caudillos" que llegaron a controlar la administración y alentar una bucrocracia creciente, ante las pocas alternativas de empleo.
Las cifras oficiales muestran ese problema, siendo las dos prefecturas un punto neurálgico. La actual administración del Consejo Provincial de Orellana recibió la entidad con 480 empleados.
Las limitaciones económicas fueron determinantes a la hora de conseguir fuentes de ingreso. Las áreas vitales, como vialidad de primer orden, salud, deporte, educación y seguridad fueron asumidas por el Gobierno, pero las estadísticas revelan los más bajos niveles.
La prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, implantó un "modelo alternativo" en su anterior administración municipal en el cantón Orellana, al dar importancia estratégica a los convenios con las empresas petroleras, en algunas ocasiones a partir de presiones, las cuales las reconoce y las ha puesto como una opción política ante sus colegas de la Biprovincial.
La nueva imagen de Coca habla por sí sola. En solo cuatro años se han logrado pavimentar más de 500 cuadras en donde antes de 1998 solo había lodo o polvo. Hay otras cantones que han imitado esos procesos con éxitos relativos.
Pese a ello, hay otros sectores que revelan que la dependencia de Napo siguió por varios años. El sistema judicial es uno de ellos, Orellana aún sigue atada en ciertas áreas a la judicatura de Tena. Y no ha estado ajeno de la política. Un ejemplo fue el juzgamiento del ex prefecto de Orellana, Daniel Lozada, quien fue juzgado por una de las salas de la Corte de Tena, dentro de una causa que se inició a partir de las acusciones de sus opositores. El traslado de esas judicaturas tuvo un costo aún no cuantificado para el Estado. (LB)
El "reparto" empezó sin mediar un plan
Antes de la división de Napo, la entrega de fondos no tuvo incidencia. Hay pocas obras emblemáticas
La distribución de los recursos estatales en el nororiente tiene dos momentos en la era petrolera, antes y después de la división de la provincia de Napo, pues en principio esta (su capital Tena y su área de influencia) concentró la atención de los gobiernos, por fuera de las prioridades petroleras.
En los setenta y ochenta, las diferencias entre Tena y la "periferia" se marcaron por las actividades conexas a la explotación petrolera y el control político de sus beneficios. Nueva Loja y Coca crecieron de los servicios y la mano de obra, mientras Tena, en función de la administración pública.
La expectativa por el boom petrolero alentó las prácticas clientelares y asistencialistas en el territorio original de Napo y los "caudillismos" nuevos, divididos por zonas (Tena, Nueva Loja y Coca).
De esos primeros años quedan pocos huellas de los petrodólares. En la dictadura militar se levantó una de las obras emblemáticas, el hospital de Tena, que tras una construcción compleja y conflictiva, se erigió en un objetivo político.
En lo vial, solo hasta mediados de los ochenta, a través de la ruta de los Guacamayos, los habitantes de Tena pudieron ir a Quito, conectándose en Baeza con la carretera Quito-Nueva Loja-Coca, que fue abierta para la construcción del Sote.
El terremoto de 1987 que desconectó Quito y Nueva Loja obligó al Estado a abrir una alternativa vial por Baeza, Hollín, Loreto y Coca. (LB)
Troncal Amazónica rompe el "mito vial"
Entre 2001 y 2005, el estado ha invertido un total de 188 millones en el mejoramiento de vías de la región
La Troncal Amazónica, a partir de 2001, marcó un hito en la vialidad de la región. Hasta esa fecha, el problema vial era la prioridad de los amazónicos, que se había desarrollado, por cuenta del Estado, una red principal incipiente.
Hasta 1998, los 26 años de explotación petrolera habían significado para Sucumbíos y Orellana un equivalente a un kilómetro por año de pavimento, los 26 kilómetros de asfalto de la vía Nueva Loja-Quito. Previa a la construcción del ramal amazónico, se adelantaron algunos tramos bajo créditos internacionales, como el tramo Lumbaqui-La Bonita y Cuyabeno-Puerto El Carmen.
La Troncal Amazónica, con avances en diferentes niveles en las seis provincias y una inversiíon de $188 millones hasta 2005, ha cambiado el aspecto de Sucumbíos y Orellana, que esperan la terminación de dos tramos: Loreto-Kilómetro 24 (Napo) y los aproximadamente 8 kilómetros en El Reventador, en Sucumbíos.
El avance de la red secudandaria, en ambas provincias, ha ido de la mano del desarrollo de la actividad petrolera. Entre 1 000 pozos petroleros en el distrito Amazónico, se menciona que deben concurrir un número similar de vías, que forman un circuito complejo.
Por eso, según una fuente de la Asamblea Biprovincial, un punto de exigencia a las petroleras es el asfaltado de la red secundaria, pues eso ayudaría a suplir las limitaciones de los organismos seccionales. (LB)
El Ecorae es la "joya de la corona" de la región
Conflictos políticos y legales son el pan del día. La entidad recibe el 10% de los $0,50 de cada barril extraído
El diputado Julio González (PK), uno de los dirigentes del paro petrolero, denunció una serie de supuestas irregularidades de Álex Hurtado Borbúa, ex secretario ejecutivo del Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica (Ecorae). Entre sus acusaciones estaban las de haber privilegiado el manejo político de la institución para favorecer a los aliados del Gobierno de Lucio Gutiérrez, primo hermano de Hurtado.
Pero, la politización de ese organismo técnico estatal no es una noticia nueva, salvo por las connotaciones que tuvo la administración de Hurtado, pues constituye -para González- un caso emblemático del uso clientelar de esta entidad.
Sus fondos y ese peso específico, en una zona que acusa de carencias, parecen haber convertido al Ecorae en "la joya de la corona" de la región. Hoy, tras la salida de Hurtado, 12 candidatos se disputan ese puesto. Desde su creación, en 1992, con la promulgación de la Ley 010, hasta 2004, el organismo recibió $39 604 183,42 correspondiente al 10% de $0,10 a $0,50 de cada barril de crudo extraído de la Amazonía. Ese monto podría tener un adicional para 2005 de $10 millones.
Por eso, el Ecorae ha estado envuelto en conflictos políticos y legales. La última gestión hizo su propia historia.
La administración de Hurtado fue cuestionada desde su nombramiento, en 2002, en el Gobierno de Gustavo Noboa. Su candidatura estuvo impulsada por la ex ministra de Ambiente Lourdes Luque, consuegra de Noboa y hoy asesora de Alfredo Palacio, quien admitió hace dos años a BLANCO Y NEGRO que contactó con Hurtado para hablar del cargo. Tras derogar una obligatoriedad inicial de tener título académico, Hurtado -que no lo tenía- fue designado como secretario ejecutivo. Un nombramiento que fue ratificado en una segunda designación, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo a favor de un amparo presentado por otro candidato contra lo actuado.
Tampoco sirvieron los cuestionamientos contra Hurtado, a inicio de su gestión, por los procesos legales y las imputaciones de Contraloría y la Comisión Anticorrupción a su gestión como alcalde de Tena.
Con la asunción de Lucio Gutiérrez, las denuncias contra Hurtado cobraron más fuerza. Y fue el mismo González quien elaboró un informe, que fue reiterado a la actual ministra de Ambiente, Anita Albán, sobre una inequidad en la distribución de los recursos de la entidad. La inversión entre marzo de 2002 y septiembre de 2003 señala que Napo receptó el 44% del total, mientras el 56% se repartió entre las otras provincias en un margen entre 7% y 14%. Asimismo, se denunció un "dudoso" financiamiento de organizaciones indígenas y campesinas, por $90 mil.
También se cuestionó que el nuevo aeropuerto de Tena, encargado al Ecorae, vaya a servir para reforzar los controles aéreos del Plan Colombia. Hurtado fue removido pero anticipó su apelación. Pero no es la última queja, pues otros dos ex secretarios fueron removidos luego de un cambio de Gobierno. (LB)
PUNTO DE VISTA
El cuento de la gallina de los huevos de oro
Este informe revela que, en los últimos años, la Amazonía, y en particular Sucumbíos y Orellana, percibieron ingresos mayores y que el flujo de recursos para esas provincias estaba marcado, sin lugar a dudas, por una tendencia ascendente. Y, no obstante, se lanzaron a un paro que ocasionó graves perjuicios para todos.
Es posible inferir, por lo anterior, que en los líderes provinciales cuajó una lógica aritmética, sustentada en la disolución del Feirep (por el ex ministro de Economía, Rafael Correa, y el Congreso Nacional) y en el hecho de que el crudo registró valores impensables en el mercado mundial. Y sucedió como en el cuento de la gallina de los huevos de oro: en el momento de precios más altos, el Ecuador dejó de exportar petróleo. ¡De Ripley!
Las cifras que se publican en estas páginas informan, también, que gran parte de los recursos se han destinado al gasto corriente y a obras "visibles" (de efecto político-electoral), más que a las de salud o educación. Esto, sumado a la voracidad burocrática y a la cultura de no rendición de cuentas, como por ejemplo en Ecorae: tras la destitución de su último secretario ejecutivo, hay 12 candidatos para reemplazarlo.
De modo que se presenta un escenario de provincias contaminadas por la política tradicional del país, curtidas por los paros, que han acumulado demandas razonables y necesidades que vienen de mucho tiempo atrás, mientras "venden" la imagen de un "olvido" que es menos grave, si se lo compara con otras regiones o provincias del país. Y, para colmo, imbuidas, en la coyuntura, de un provincialismo que se ajusta a las expectativas electorales de corto plazo. (DCM) (Blanco y Negro)
El "boom petrolero" se desvanece en las cifras
De enero a julio de 2005 se hicieron aportes por casi al doble de lo proyectado para los organismos seccionales
El paro biprovincial de Sucumbíos y Orellana se apoyó en un "olvido secular" del Estado, contraponiendo dos elementos: la explotación petrolera durante 35 años versus el beneficio local por esta actividad.
Según la Asamblea Biprovincial, el crudo que se extrae, mayoritariamente de la región, ha tenido una "retribución mínima" en 35 años de explotación, comparada con los daños ambientales y el deterioro de vida de la población.
Esa retribución, en números, alcanza los $569 millones en asignaciones realizadas a las prefecturas y municipios de las seis provincias amazónicas desde 1993 hasta 2005. Frente a los $60 mil millones que -aseguran los dirigentes- el petróleo ha aportado al país desde 1972, según la estimación del analista Alberto Acosta por la exportación de crudo ($40 mil millones) y la venta de derivados.
La percepción del régimen parece ser otra. El ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, señaló que sí se han hecho aportes importantes a la región. Aunque no hay datos históricos globales de esos aportes, salvo el balance enero-julio de 2005, que muestra la situación actual de Sucumbíos y Orellana. Las cifras del Ministerio de Economía muestran para estos siete meses un ingreso importante de los diversos tipos de transferencias que duplican los promedios del año 2004 en relación a lo asignado a prefecturas y municipios.
Respecto a las transferencias efectuadas a través del Gobierno central y de las preasignaciones, el monto total entregado para Sucumbíos llegó a $18 773 306,67 y para Orellana, a $20 068 229,46. Lo que implica que, a fin de año, podrían duplicar sus ingresos en relación a años anteriores, sin contar los aportes derivados de los acuerdos entre las dos provincias con las empresas petroleras, luego del último paro.
Esos aportes deben añadirse al realizado por las empresas durante los últimos 13 años, en que empiezan a producir de forma independiente a través de los diversos tipos de contratos. Según el señalamiento de uno de los voceros de las compañías, el monto ascendería a $500 millones, dirigido en forma particular al nororiente. Aunque, ese monto no es aceptado por la Asamblea Biprovincial, que señala que que ese aporte ""solo llega a la mitad". (LB)
Donaciones suben los niveles de ingresos
El aporte por Impuesto a la Renta cobra fuerza
Los montos transferidos y preasignados, en el primer semestre de 2005, a Sucumbíos ($18 773 306,67) y Orellana ($20 068 229,46) integran algunos rubros. Uno se refiere al de las instituciones del Gobierno central por un total para Sucumbíos de $7 793 224,57 y para Orellana de $4 377 655,62. Los sectores de educación, salud y ambiente fueron los destinatarios de esos fondos. Allí se incluye el aporte de otras entidades estatales, como Udenor y el ECORAE.
Los organismos seccionales (incluyendo a las juntas parroquiales) recibieron $6 588 343,75 de Sucumbíos) y $5 060 177,38 de Orellana por concepto de la Ley del 15%, la Ley 0,10 ($0,50 por barril extraído en la Amazonía) y las leyes 040 y 122, los recursos de Fondepro y 2% de capital provincial (Coca y Nueva Loja).
Un tercer rubro corresponde a las donaciones del impuesto a la renta, a través de los prefecturas y los siete municipios de Sucumbíos y cuatro de Orellana. Los aportes, por ese concepto a favor de Orellana, suman $9 156 601,77, lo que representa casi el 50% del total recibido en el primer semestre de 2005 por el resto de asignaciones. Mientras que a Sucumbíos le significó un ingreso de $5 571 364,56, alrededor del 30%.
Las dos provincias también se beneficiarán en 2005 de los aportes a la Troncal Amazónica, por $28 millones para toda la región, que suman $188 millones asignados desde 2001 en que arrancó el proyecto. (LB)
La creación de las provincias eleva el gasto
Los recursos sirvieron para levantar la infraestructura administrativa y el equipamiento.
La creación de las provincias de Sucumbíos (1988) y Orellana (1998) supuso la reformulación política de la Amazonía nororiental y el aumento de las necesidades presupuestarias: la administración pública inició desde cero, al haber sido Tena el centro político de Napo.
Esa herencia se refleja en que los recursos inicialmente entregados fueron destinados al levantamiento de la infraestructura administrativa y al equipamiento automotor, básicamente. La división política de Napo, además, supuso una subdivisión cantonal de las nuevas provincias, ampliando la dimensión presupuestaria. En Sucumbíos, con siete cantones, y Orellana, con cuatro.
Otra herencia de la concentración del poder político en Tena fueron las prácticas clientelares, con el aparecimiento de "caudillos" que llegaron a controlar la administración y alentar una bucrocracia creciente, ante las pocas alternativas de empleo.
Las cifras oficiales muestran ese problema, siendo las dos prefecturas un punto neurálgico. La actual administración del Consejo Provincial de Orellana recibió la entidad con 480 empleados.
Las limitaciones económicas fueron determinantes a la hora de conseguir fuentes de ingreso. Las áreas vitales, como vialidad de primer orden, salud, deporte, educación y seguridad fueron asumidas por el Gobierno, pero las estadísticas revelan los más bajos niveles.
La prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, implantó un "modelo alternativo" en su anterior administración municipal en el cantón Orellana, al dar importancia estratégica a los convenios con las empresas petroleras, en algunas ocasiones a partir de presiones, las cuales las reconoce y las ha puesto como una opción política ante sus colegas de la Biprovincial.
La nueva imagen de Coca habla por sí sola. En solo cuatro años se han logrado pavimentar más de 500 cuadras en donde antes de 1998 solo había lodo o polvo. Hay otras cantones que han imitado esos procesos con éxitos relativos.
Pese a ello, hay otros sectores que revelan que la dependencia de Napo siguió por varios años. El sistema judicial es uno de ellos, Orellana aún sigue atada en ciertas áreas a la judicatura de Tena. Y no ha estado ajeno de la política. Un ejemplo fue el juzgamiento del ex prefecto de Orellana, Daniel Lozada, quien fue juzgado por una de las salas de la Corte de Tena, dentro de una causa que se inició a partir de las acusciones de sus opositores. El traslado de esas judicaturas tuvo un costo aún no cuantificado para el Estado. (LB)
El "reparto" empezó sin mediar un plan
Antes de la división de Napo, la entrega de fondos no tuvo incidencia. Hay pocas obras emblemáticas
La distribución de los recursos estatales en el nororiente tiene dos momentos en la era petrolera, antes y después de la división de la provincia de Napo, pues en principio esta (su capital Tena y su área de influencia) concentró la atención de los gobiernos, por fuera de las prioridades petroleras.
En los setenta y ochenta, las diferencias entre Tena y la "periferia" se marcaron por las actividades conexas a la explotación petrolera y el control político de sus beneficios. Nueva Loja y Coca crecieron de los servicios y la mano de obra, mientras Tena, en función de la administración pública.
La expectativa por el boom petrolero alentó las prácticas clientelares y asistencialistas en el territorio original de Napo y los "caudillismos" nuevos, divididos por zonas (Tena, Nueva Loja y Coca).
De esos primeros años quedan pocos huellas de los petrodólares. En la dictadura militar se levantó una de las obras emblemáticas, el hospital de Tena, que tras una construcción compleja y conflictiva, se erigió en un objetivo político.
En lo vial, solo hasta mediados de los ochenta, a través de la ruta de los Guacamayos, los habitantes de Tena pudieron ir a Quito, conectándose en Baeza con la carretera Quito-Nueva Loja-Coca, que fue abierta para la construcción del Sote.
El terremoto de 1987 que desconectó Quito y Nueva Loja obligó al Estado a abrir una alternativa vial por Baeza, Hollín, Loreto y Coca. (LB)
Troncal Amazónica rompe el "mito vial"
Entre 2001 y 2005, el estado ha invertido un total de 188 millones en el mejoramiento de vías de la región
La Troncal Amazónica, a partir de 2001, marcó un hito en la vialidad de la región. Hasta esa fecha, el problema vial era la prioridad de los amazónicos, que se había desarrollado, por cuenta del Estado, una red principal incipiente.
Hasta 1998, los 26 años de explotación petrolera habían significado para Sucumbíos y Orellana un equivalente a un kilómetro por año de pavimento, los 26 kilómetros de asfalto de la vía Nueva Loja-Quito. Previa a la construcción del ramal amazónico, se adelantaron algunos tramos bajo créditos internacionales, como el tramo Lumbaqui-La Bonita y Cuyabeno-Puerto El Carmen.
La Troncal Amazónica, con avances en diferentes niveles en las seis provincias y una inversiíon de $188 millones hasta 2005, ha cambiado el aspecto de Sucumbíos y Orellana, que esperan la terminación de dos tramos: Loreto-Kilómetro 24 (Napo) y los aproximadamente 8 kilómetros en El Reventador, en Sucumbíos.
El avance de la red secudandaria, en ambas provincias, ha ido de la mano del desarrollo de la actividad petrolera. Entre 1 000 pozos petroleros en el distrito Amazónico, se menciona que deben concurrir un número similar de vías, que forman un circuito complejo.
Por eso, según una fuente de la Asamblea Biprovincial, un punto de exigencia a las petroleras es el asfaltado de la red secundaria, pues eso ayudaría a suplir las limitaciones de los organismos seccionales. (LB)
El Ecorae es la "joya de la corona" de la región
Conflictos políticos y legales son el pan del día. La entidad recibe el 10% de los $0,50 de cada barril extraído
El diputado Julio González (PK), uno de los dirigentes del paro petrolero, denunció una serie de supuestas irregularidades de Álex Hurtado Borbúa, ex secretario ejecutivo del Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica (Ecorae). Entre sus acusaciones estaban las de haber privilegiado el manejo político de la institución para favorecer a los aliados del Gobierno de Lucio Gutiérrez, primo hermano de Hurtado.
Pero, la politización de ese organismo técnico estatal no es una noticia nueva, salvo por las connotaciones que tuvo la administración de Hurtado, pues constituye -para González- un caso emblemático del uso clientelar de esta entidad.
Sus fondos y ese peso específico, en una zona que acusa de carencias, parecen haber convertido al Ecorae en "la joya de la corona" de la región. Hoy, tras la salida de Hurtado, 12 candidatos se disputan ese puesto. Desde su creación, en 1992, con la promulgación de la Ley 010, hasta 2004, el organismo recibió $39 604 183,42 correspondiente al 10% de $0,10 a $0,50 de cada barril de crudo extraído de la Amazonía. Ese monto podría tener un adicional para 2005 de $10 millones.
Por eso, el Ecorae ha estado envuelto en conflictos políticos y legales. La última gestión hizo su propia historia.
La administración de Hurtado fue cuestionada desde su nombramiento, en 2002, en el Gobierno de Gustavo Noboa. Su candidatura estuvo impulsada por la ex ministra de Ambiente Lourdes Luque, consuegra de Noboa y hoy asesora de Alfredo Palacio, quien admitió hace dos años a BLANCO Y NEGRO que contactó con Hurtado para hablar del cargo. Tras derogar una obligatoriedad inicial de tener título académico, Hurtado -que no lo tenía- fue designado como secretario ejecutivo. Un nombramiento que fue ratificado en una segunda designación, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo a favor de un amparo presentado por otro candidato contra lo actuado.
Tampoco sirvieron los cuestionamientos contra Hurtado, a inicio de su gestión, por los procesos legales y las imputaciones de Contraloría y la Comisión Anticorrupción a su gestión como alcalde de Tena.
Con la asunción de Lucio Gutiérrez, las denuncias contra Hurtado cobraron más fuerza. Y fue el mismo González quien elaboró un informe, que fue reiterado a la actual ministra de Ambiente, Anita Albán, sobre una inequidad en la distribución de los recursos de la entidad. La inversión entre marzo de 2002 y septiembre de 2003 señala que Napo receptó el 44% del total, mientras el 56% se repartió entre las otras provincias en un margen entre 7% y 14%. Asimismo, se denunció un "dudoso" financiamiento de organizaciones indígenas y campesinas, por $90 mil.
También se cuestionó que el nuevo aeropuerto de Tena, encargado al Ecorae, vaya a servir para reforzar los controles aéreos del Plan Colombia. Hurtado fue removido pero anticipó su apelación. Pero no es la última queja, pues otros dos ex secretarios fueron removidos luego de un cambio de Gobierno. (LB)
PUNTO DE VISTA
El cuento de la gallina de los huevos de oro
Este informe revela que, en los últimos años, la Amazonía, y en particular Sucumbíos y Orellana, percibieron ingresos mayores y que el flujo de recursos para esas provincias estaba marcado, sin lugar a dudas, por una tendencia ascendente. Y, no obstante, se lanzaron a un paro que ocasionó graves perjuicios para todos.
Es posible inferir, por lo anterior, que en los líderes provinciales cuajó una lógica aritmética, sustentada en la disolución del Feirep (por el ex ministro de Economía, Rafael Correa, y el Congreso Nacional) y en el hecho de que el crudo registró valores impensables en el mercado mundial. Y sucedió como en el cuento de la gallina de los huevos de oro: en el momento de precios más altos, el Ecuador dejó de exportar petróleo. ¡De Ripley!
Las cifras que se publican en estas páginas informan, también, que gran parte de los recursos se han destinado al gasto corriente y a obras "visibles" (de efecto político-electoral), más que a las de salud o educación. Esto, sumado a la voracidad burocrática y a la cultura de no rendición de cuentas, como por ejemplo en Ecorae: tras la destitución de su último secretario ejecutivo, hay 12 candidatos para reemplazarlo.
De modo que se presenta un escenario de provincias contaminadas por la política tradicional del país, curtidas por los paros, que han acumulado demandas razonables y necesidades que vienen de mucho tiempo atrás, mientras "venden" la imagen de un "olvido" que es menos grave, si se lo compara con otras regiones o provincias del país. Y, para colmo, imbuidas, en la coyuntura, de un provincialismo que se ajusta a las expectativas electorales de corto plazo. (DCM) (Blanco y Negro)
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