WASHINGTON. El ex presidente colombiano Ãlvaro Uribe tendrá que rendir testimonio sobre la presunta colusión de paramilitares con la empresa minera estadounidense Drummond en su paÃs, según una citación judicial conocida hoy.
Uribe recibió el llamamiento mediante el despacho de abogados Conrad & Scherer el miércoles, al concluir una charla en la Universidad de Georgetown, que lo invitó al recinto como académico distinguido.
El bufete legal dijo en un comunicado que Uribe tendrá que prestar testimonio preliminar en el caso Drummond en las oficinas de Conrad & Scherer en Washington el próximo 22 de noviembre. La comparecencia de Uribe será grabada.
Conrad & Scherer representa a cerca de 500 familiares de vÃctimas asesinadas por grupos paramilitares y que presentaron el año pasado una demanda contra Drummond ante un tribunal federal en Birmingham (Alabama).
El tribunal federal de Birmingham dictaminó el pasado 30 de abril que los demandantes presentaron un "alegato viable" contra Drummond.
Según los demandantes, Uribe tiene "conocimiento directo" de varios asuntos "clave" en el caso, incluyendo el alcance del apoyo militar para "proteger las instalaciones mineras de Drummond en Colombia", y la relación y nivel de cooperación entre fuerzas militares y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La demanda argumenta que Uribe tiene conocimiento del papel del Ejército colombiano en el encubrimiento de "crÃmenes de guerra" cometidos por las AUC, y los esfuerzos de su Gobierno para "suprimir evidencia de la relación de Drummond con las AUC".
"El apoyo directo de Drummond a una organización terrorista la convierte en cómplice y coconspirador de las AUC en sus ataques brutales a civiles inocentes, incluyendo a los parientes asesinados de los demandantes", señaló Conrad & Scherer.
En el comunicado, la empresa indicó que los demandantes "descubrieron pruebas significativas de que Drummond hizo un acuerdo explÃcito en 1999" con las AUC, según el cual la empresa le darÃa "financiación significativa y otros apoyos" para "escalar su guerra civil" contra la izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Charity Ryerson, una estudiante de derecho y activista que trabaja para la firma legal, le lanzó la citación a Uribe para que comparezca a las 09:00, el 22 de noviembre.
En declaraciones a Efe, Ryerson explicó que esperó a que Uribe saliera del edificio universitario y cuando éste, rodeado de agentes de seguridad, se negó a recibir el documento, ella lanzó el papel a sus pies.
Bajo las leyes estadounidenses, "basta con que el papel haga contacto fÃsico para que quede notificado", afirmó Ryerson.
Los asesores de Uribe en Washington no quisieron comentar sobre la citación ni sobre cómo responderá el ex mandatario.
Activistas de derechos humanos consultados por Efe consideraron que la citación es un paso importante para esclarecer el papel de los "paras" en los asesinatos de vÃctimas ajenas al conflicto armado en Colombia.
"Este suceso es significativo porque obliga a Uribe a que hable, oficialmente, sobre los vÃnculos de las Fuerzas Armadas colombianas con los paramilitares y su conexión con los brutales asesinatos de lÃderes sindicalistas", dijo Gimena Sánchez, titular del programa de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) sobre Colombia.
"Esto podrÃa conducir a interrogantes sobre la culpabilidad y responsabilidad de su Gobierno por estos crÃmenes y moldeará de forma significativa el debate" sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio de EE.UU. con Colombia, agregó.
Cuando Uribe rinda testimonio, "no podrá esconderse tras un guión de relaciones públicas y la manipulación sofisticada de las estadÃsticas", argumentó la activista.
Por su parte, Nico Udu-gama del grupo humanitario "School of the Americas Watch" (SOA Watch), calificó la citación como "una gran noticia" porque "por fin el pueblo colombiano sabrá la verdad sobre lo que ha ocurrido durante años y la colusión entre los paramilitares y las corporaciones multinacionales" en Colombia.
En años anteriores, Conrad & Scherer, junto a varias organizaciones, demandaron a compañÃas como Drummond, Oxy, Coca-Cola, Chiquita Brands en Colombia y a Dyncorp y Chevron Texaco en Ecuador, por crÃmenes contra sindicalistas y miembros de organizaciones sociales. (EFE)
Uribe recibió el llamamiento mediante el despacho de abogados Conrad & Scherer el miércoles, al concluir una charla en la Universidad de Georgetown, que lo invitó al recinto como académico distinguido.
El bufete legal dijo en un comunicado que Uribe tendrá que prestar testimonio preliminar en el caso Drummond en las oficinas de Conrad & Scherer en Washington el próximo 22 de noviembre. La comparecencia de Uribe será grabada.
Conrad & Scherer representa a cerca de 500 familiares de vÃctimas asesinadas por grupos paramilitares y que presentaron el año pasado una demanda contra Drummond ante un tribunal federal en Birmingham (Alabama).
El tribunal federal de Birmingham dictaminó el pasado 30 de abril que los demandantes presentaron un "alegato viable" contra Drummond.
Según los demandantes, Uribe tiene "conocimiento directo" de varios asuntos "clave" en el caso, incluyendo el alcance del apoyo militar para "proteger las instalaciones mineras de Drummond en Colombia", y la relación y nivel de cooperación entre fuerzas militares y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La demanda argumenta que Uribe tiene conocimiento del papel del Ejército colombiano en el encubrimiento de "crÃmenes de guerra" cometidos por las AUC, y los esfuerzos de su Gobierno para "suprimir evidencia de la relación de Drummond con las AUC".
"El apoyo directo de Drummond a una organización terrorista la convierte en cómplice y coconspirador de las AUC en sus ataques brutales a civiles inocentes, incluyendo a los parientes asesinados de los demandantes", señaló Conrad & Scherer.
En el comunicado, la empresa indicó que los demandantes "descubrieron pruebas significativas de que Drummond hizo un acuerdo explÃcito en 1999" con las AUC, según el cual la empresa le darÃa "financiación significativa y otros apoyos" para "escalar su guerra civil" contra la izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Charity Ryerson, una estudiante de derecho y activista que trabaja para la firma legal, le lanzó la citación a Uribe para que comparezca a las 09:00, el 22 de noviembre.
En declaraciones a Efe, Ryerson explicó que esperó a que Uribe saliera del edificio universitario y cuando éste, rodeado de agentes de seguridad, se negó a recibir el documento, ella lanzó el papel a sus pies.
Bajo las leyes estadounidenses, "basta con que el papel haga contacto fÃsico para que quede notificado", afirmó Ryerson.
Los asesores de Uribe en Washington no quisieron comentar sobre la citación ni sobre cómo responderá el ex mandatario.
Activistas de derechos humanos consultados por Efe consideraron que la citación es un paso importante para esclarecer el papel de los "paras" en los asesinatos de vÃctimas ajenas al conflicto armado en Colombia.
"Este suceso es significativo porque obliga a Uribe a que hable, oficialmente, sobre los vÃnculos de las Fuerzas Armadas colombianas con los paramilitares y su conexión con los brutales asesinatos de lÃderes sindicalistas", dijo Gimena Sánchez, titular del programa de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) sobre Colombia.
"Esto podrÃa conducir a interrogantes sobre la culpabilidad y responsabilidad de su Gobierno por estos crÃmenes y moldeará de forma significativa el debate" sobre la ratificación del Tratado de Libre Comercio de EE.UU. con Colombia, agregó.
Cuando Uribe rinda testimonio, "no podrá esconderse tras un guión de relaciones públicas y la manipulación sofisticada de las estadÃsticas", argumentó la activista.
Por su parte, Nico Udu-gama del grupo humanitario "School of the Americas Watch" (SOA Watch), calificó la citación como "una gran noticia" porque "por fin el pueblo colombiano sabrá la verdad sobre lo que ha ocurrido durante años y la colusión entre los paramilitares y las corporaciones multinacionales" en Colombia.
En años anteriores, Conrad & Scherer, junto a varias organizaciones, demandaron a compañÃas como Drummond, Oxy, Coca-Cola, Chiquita Brands en Colombia y a Dyncorp y Chevron Texaco en Ecuador, por crÃmenes contra sindicalistas y miembros de organizaciones sociales. (EFE)
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