Pagina Negra De Los Ddhh

Quito. 07.01.94. Venezuela se ha destacado en América Latina, por
su tradición de gobiernos civiles ininterrumpidos durante los
últimos 35 años, dentro de la llamada democracia formal.

Sin embargo, está escribiendo su página negra en el respeto a los
derechos humanos, tal como lo atestiguan los motines en sus
cárceles, donde reinan la ley del más fuerte, el hacinamiento,
condiciones infrahumanas, la tortura y la corrupción, además de
las detenciones ilegales y las ejecuciones extrajudiciales.

Una grave deficiencia en el sistema es la existencia de la Ley de
Vagos y Maleantes que permite la detención arbitraria de una
persona durante cinco años sin apelación ni revisión judicial
posible, ni siquiera habeas corpus, aplicada a las personas que
las autoridades consideren un "peligro" para la sociedad.

HOY presenta el extracto de un informe de la organización
Amnistía Internacional (AI) publicado a fines del año pasado y
que se titula "Venezuela. El eclipse de los derechos humanos".

Sobrepoblación

Las condiciones penitenciarias son extremadamente duras en todo
el país, y alcanzan en muchos casos la categoría de trato cruel,
inhumano y degradante.

Tales condiciones incluyen hacinamiento agudo; el uso arbitrario
de las celdas de castigo; una alimentación inadecuada;
condiciones sanitarias deficientes; falta de asistencia médica,
medidas de seguridad apropiadas y programas de rehabilitación
adecuados.

En el momento de una visita de la delegación de Amnistía
Internacional a fines de enero de 1993 había aproximadamente
32.000 reclusos en las 32 prisiones y centros de detención del
país, que tienen capacidad para 12.000 personas.

El hacinamiento y la ausencia de las debidas medidas de seguridad
en las prisiones han ocasionado numerosas muertes. Por ejemplo,
en el Centro Penitenciario de Carabobo, una cárcel conocida como
El Tocuyito, los informes señalan un promedio de 14 presos
muertos al mes entre enero de 1989 y febrero de 1990, de los
cuales la mayoría murieron en incidentes violentos.

Pese a los anuncios oficiales a principios de 1993 según los
cuales iban a adoptarse medidas para evitar nuevas muertes, al
menos 29 reclusos murieron en la misma prisión entre enero y
junio de 1993.

El 20 de junio de 1993, seis reclusos del centro Penitenciario de
Barcelona, ubicado en la ciudad de Barcelona, murieron en el
curso de violentos disturbios. Según los informes recibidos, los
homicidios se produjeron en el curso de un enfrentamiento entre
las bandas rivales al no ser capaces los guardias de seguridad de
poner fin a una discusión. Al menos 21 reclusos resultaron
heridos de gravedad.

Muertes en los centros de menores

También resultan penosas las condiciones en muchos centros de
detención para menores. Por ejemplo, en mayo de 1991, los
informes señalan que un interno de 15 años del albergue Carolina
Uslar, de Antimano, permaneció 25 días recluido en una celda de
castigo. Según esta información, el joven pidió reiteradamente
que le sacaran de allí y murió tras prender fuego a los colchones
de su celda.

En agosto de 1991, un joven de 17 años murió en el mismo
establecimiento a consecuencia de las graves quemaduras sufridas
al protestar por las condiciones de detención.

Por otra parte, a muchos niños los encarcelan de forma ilegal en
prisiones de adultos.

En la visita a Venezuela, AI investigó las condiciones de cinco
prisiones: El Retén e Internado Judicial de Las Flores de Cati,
en Caracas; el Centro Penitenciario de Carabobo, también conocido
como El Tocuyito; el Centro Penitenciario de Valencia; la
Comandancia General de la Policía del Estado de Aragua, también
conocida como El Alayón, en Macaray y el Centro Agropecuario de
Reeducación Agrícola El Dorado, en el Estado de Bolívar.

Piso cubierto por excrementos

La visitas señalaron un elevado índice de superpoblación en todas
ellas. Por ejemplo, en el Retén de Catia, que tiene capacidad
para 900 reclusos, se encontraron 2.441 presos.

Algunas de las celdas visitadas estaban tan abarrotadas que los
reclusos ni siquiera podían tumbarse en el suelo a dormir. El
piso estaba cubierto por excrementos y aguas residuales, y la
comida era tan escasa como repugnante.

En El Dorado las autoridades sanitarias habían establecido varios
meses antes que el agua no era apta para el consumo humano, pero
los reclusos seguían bebiéndola. Un grupo de reclusos esperaba
tres meses para poder salir de sus celdas al campo deportivo, por
ejemplo.

Las duras condiciones penitenciarias de El Dorado son similares
aún hoy a las descritas hace décadas por Henri Charriere en su
libro Papillon. El autor estuvo preso en El Dorado entre 1944 y
1945, en aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes luego de su
escape épico de una prisión en la Guayana Francesa.

Además, de acuerdo con los informes, los guardias golpean
brutalmente a los presos a la mínima infracción de disciplina,
empleando métodos brutales que a menudo constituyen tortura, como
son los golpes con 'peinillas' o con culatas de rifle.

El nivel de corrupción de las autoridades penitenciarias de los
guardias es altísimo. Por ejemplo, es práctica corriente que los
guardias exijan dinero a los presos a cambio de trasladarlos a
celdas "mejores". Además, se señala que un importante porcentaje
de los fondos destinados a las prisiones, que ya son escasos,
nunca llega a su destino, debido a la corrupción existente.

PRESO 15 AÑOS POR CASI NADA: JOSE ANTONIO

El ejemplo de John Antonio Páez ilustra lo injusto de la Ley de
Vagos y Maleantes. De 33 años y procedente de Maracay, estado de
Aragua, J. Antonio Páez fue arrestado por primera vez en 1974 por
la Policía Técnica Judicial.

Según el informe, le obligaron a confesar, bajo tortura mediante
picana eléctrica y semiasfixia con una bolsa de plástico, que
había cometido el robo que le imputaban.

Luego de cumplir una condena de seis año de cárcel, regresó a su
trabajo en Maracay.

En diciembre de 1980 fue arrestado en esa ciudad durante una
redada policial y detenido en aplicación de la Ley de Vagos y
Maleantes debido a su expediente criminal. Le transfirieron a El
Dorado, donde permaneció hasta enero de 1982, cuando fue puesto
en libertad por buena conducta.

Cadena de arbitrarieades

John Antonio regresó con su familia y a su trabajo en Maracay,
pero en abril de 1984 fue detenido durante una redada policial y,
basándose en el mismo expediente criminal fue "sentenciado", en
aplicación en la citada ley, a cinco años de prisión en El
Dorado.

Volvió a quedar en libertad antes de concluida su condena, por
buen comportamiento.

En agosto de 1986 regresó a su pueblo y en julio de 1987 fue
nuevamente detenido en una redada policial. Según informes,
cuando John Antonio se quejó de esta detención arbitraria, la
policía le golpeó con bastones y culatas de rifle, como
consecuencia de lo cual requirió asistencia médica en un
hospital.

Volvieron a aplicarle la Ley de Vagos y Maleante y a enviarle a
El Dorado, donde permaneció hasta abril de 1990. El 19 de octubre
de 1991, John Antonio fue nuevamente víctima de las frecuentes
redadas policiales en Maracay.

Siempre basándose en el mismo antiguo expediente criminal, las
autoridades lo enviaron una vez más a El Dorado, a donde llegó el
26 de noviembre de 1991.

El 11 de noviembre de 1992 comenzó una huelga de hambre con otros
reclusos, exigiendo la presencia de un representante de la
Fiscalía General para denunciar su detención arbitraria y la
tortura y los malos tratos sufridos.

John Antonio fue puesto en libertad de El Dorado el 13 de
diciembre de 1992 y regresó a su pueblo.

Comenzó a participar en una campaña contra la Ley de Vagos y
Maleantes, pero el 22 de enero de 1993, la Policía Metropolitana
lo detuvo arbitrariamente y lo transfirió a la Comandancia de la
Policía estatal, donde se le aplicó la Ley de Vagos y Maleantes,
siempre basándose en su antiguo expediente criminal.

John Antonio no estaba desempleado ese momento e iba a integrarse
a un nuevo grupo de teatro la semana siguiente.

Tortura sitemática

John Antonio contó a los delegados de AI que le visitaron en
enero de 1993 en la prisión de El Alayón, en Maracay, que había
sido sistemáticamente torturado después de cada arresto.

La tortura consistió en aplicarle la picana eléctrica en partes
sensibles del cuerpo, propinarle palizas, golpes y peinillazos, y
en amenazarle de muerte.

Fue examinado por un médico de AI quien encontró varias lesiones
que corroboraban sus denuncias de tortura, entre ellas
contusiones y cortaduras como las producidas por las peinillas.

A pesar de que John Antonio Páez quedó en libertad sin cargos en
febrero de 1993, los responsables de su tortura no han
comparecido ante la justicia. AI teme que pueda ser
arbitrariamente arrestado de nuevo y que vuelvan a torturarlo. La
terrible experiencia que él padeció no es la única.

Venezuela: la frontera entre vida y muerte se borra en la cárcel

La masacre de más de un centenar de presos el lunes en la tercera
cárcel de Venezuela puso en el tapete, una vez más, el horror que
se vive en las prisiones de este país, donde se borra la frontera
entre la vida y la muerte.

El penalista Elio Gómez Grillo, autor de varios libros sobre
temas penitenciarios describió las prisiones como "centros de
carnicería humana. Antros seguros para la muerte".

Datos extraoficiales indican que en 1993 murieron más de cien
personas en motines, fugas y asesinatos en las cárceles. Las
cifras excluyen los 63 muertos en noviembre de 1992 por un motín
en el capitalino retén de Catia y los 105 de esta semana en la
cárcel nacional de Maracaibo.

"En las prisiones se lucha diariamente por la supervivencia. Al
recluso no solo se le priva de la libertad. También se le
condena al hambre, a dormir en el suelo, al maltrato psicológico
y físico, a la insalubridad y al abuso sexual", señaló.

La última masacre

Esto, ningún hombre lo merece, "por mayor que sea el delito",
acotó el criminólogo.

Versiones iniciales sobre la masacre perpetrada en la cárcel de
Maracaibo en la localidad de Sabaneta, a 674 kilómetros al oeste
de Caracas, indican que la revuelta se inició con el choque entre
dos bandas de reclusos.

Testigos señalaron que la banda líder encerró a un grupo de
presos en dos pabellones y les prendió fuego, ante los ojos de
los vigilantes que se negaron a abrir las puertas de las áreas en
llamas y posteriormente huyeron.

La histórica y dolorosa situación de las cárceles, ha sido
reconocida por los diferentes gobiernos, pero ninguno ha tomado
acciones concretas para solucionarla.

Cuatro cárceles iban a ser las únicas obras de infraestructura
que se construirían en 1993, bajo el gobierno de Carlos Andrés
Pérez, pero la turbulencia política y la agudización de la crisis
económica paralizó estos proyectos.

El gobierno actual, encabezado por el presidente Ramón Velásquez,
rechazó asumir la responsabilidad sobre la matanza de Sabaneta y
la calificó como el resultado de la historia crisis del sistema
penitenciario.

Con una actitud fatalista, tanto Velásquez como el ministro de
Justicia, Fermín Mármol, acotaron que las muertes eran producto
de la espiral de violencia que se vive en el país, mientras que
los medios de comunicación iniciaron una campaña para buscar
respuestas a la dolorosa situación.

Cifras del ministerio de Justicia indican que actualmente están
hacinados en los 32 centros penitenciarios del país 32.000 presos
en un espacio para 12.000 personas.

Un 70 por ciento de los reclusos espera sentencia y poco más de
20 por ciento cumple su pena. Los restantes ya han pagado su
condena, pero siguen presos por los trámites burocráticos.

El informe de Amnistía Internacional sobre Venezuela, difundido
en noviembre, expresó que las condiciones penitenciarias son
extremadamente duras.

Corrupción judicial

Para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos
humanos el principales problema es la extendida corrupción en el
sistema judicial, especialmente entre las autoridades de las
cárceles, que permiten un sistema de privilegios y el ingreso a
los penales de armas, licores y drogas.

En la última requisa efectuada en Sabaneta en julio se
decomisaron cuatro pistolas calibre 38, tres revólveres, seis
puñales de fabricación carcelaria y un rifle.

Mientras, en una reciente inspección en el capitalino retén de
Catia, la principal cárcel del país, se incautaron 400 chuzos
(armas rudimentarias), 700 envoltorios de cocaína, 150 paquetes
de marihuana y 100 bolsas de "crack" (pasta de cocaína).

El fiscal general, Ramón Escovar, denunció que el ejecutivo se
excusa alegando que no hay fondos para construir nuevas cárceles,
pero señaló que "debe buscarse dinero donde no hay", pues la
situación penitenciaria traspasa las puertas de las prisiones y
se han convertido en un problema de seguridad nacional.

Para Gómez Grillo, el primer paso que debe darse en aras de
solucionar el problema es "reconocer el fracaso del ministerio de
Justicia. Es preciso descentralizar las cárceles del país y
dárselas a cada gobernación.

Así se acabará con "la maquinaria podrida y petrificada, formada
por la burocracia y partidización del sistema penitenciario",
afirmó.

El experto subrayó que el segundo paso debe ser la construcción
de nuevas cárceles. ( 9A) (IPS)