Quito. 12 nov 96. Los diputados provinciales están
planeando quedarse cuatro años en vez de dos a
cambio de aprobar la reelección presidencial
inmediata?
Esa fue la denuncia del ex presidente Rodrigo Borja
a este diario. Pero ayer todos los legisladores
consultados aseguraron que no apoyarán este canje...
En ese sentido se pronunciaron algunos miembros
del Plenario y representantes de los diferentes
bloques del Congreso.
La razón fundamental, a criterio de la mayorÃa, para
no apoyar la autoprórroga es que no se respetarÃa la
voluntad de los ecuatorianos, que depositaron su
confianza en los diputados únicamente por dos años.
Esta propuesta está recogida en el proyecto de ley
presentado por Humberto Delgado (ex CFP, ex PSC
e Ind.), el 21 de octubre anterior. En efecto, el
diputado Delgado presentó esta propuesta y ahà se
establece, entre otras cosas, que los legisladores
provinciales duren cuatro años, con ello se
eliminarÃan las elecciones de medio perÃodo. En
consecuencia, los actuales diputados provinciales se
quedarÃan en sus funciones hasta el 31 de julio de
2000. Con ello se harÃa una ley retroactiva.
Otro punto del proyecto es que el Presidente de la
República podrá ser reelegido en forma inmediata,
por una sola vez.
La idea no puede ser acogida, dice el presidente del
Congreso, Fabián Alarcón, porque hay un mandato
electoral: "el pueblo escogió a los diputados por dos
años, como lo establece la Constitución, y eso debe
respetarse".
Si este principio no es respetado -opina Napoleón
Saltos de Nuevo PaÃs- se está destruyendo al
Congreso. "La desaparición de la Función Legislativa
se puede lograr por dos vÃas: con el uso de la fuerza,
como por ejemplo con la pretendida disolución del
Congreso o con la pérdida de su fuerza moral, a través
de la pretendida autoprórroga".
El jefe de bloque del MPD, Gustavo Terán, añade un
elemento, al decir que una propuesta de este tipo es
inmoral e inconstitucional. Y considera que la idea
podrÃa haberse originado por las intenciones del
Gobierno de mantener a los diputados de su lado,
con el fin de garantizar la aprobación de leyes y
proyectos que permitan las privatizaciones.
"El MPD exige que se convoque a una consulta para
que se pregunte si los ecuatorianos están de acuerdo
con que se destine el 50 por ciento del presupuesto
al pago de la deuda externa".
La oposición al proyecto es compartida por Alvaro
Pérez (PSC). "SerÃa irse contra el paÃs, la moral y la
ética de hacerse una cosa asÃ. No la apoyarÃa. La
reelección presidencial no puede ser inmediata y
los diputados fueron elegidos por 2 años no por 4".
Según Pérez, para el caso de la reelección
presidencial inmediata podrÃa ocurrir que se fomente
la mala utilización de los fondos públicos en asuntos
de campaña. Y, al contrario, se debe estimular que se
realice solo pasando un perÃodo.
Las voces aparentemente más conciliadoras en este
tema fueron las de José Cordero (DP) y Marco
Landázuri (ID).
El primero, a más de afirmar que no es procedente
el tema, porque atenta contra la norma constitucional,
considera que para viabilizar una reforma de este tipo,
habrÃa que convocarse a una consulta, asà se respetarÃa
la voluntad popular.
El segundo, en cambio, considera que es factible este
tipo de reformas, pero dejando en claro las reglas a
seguirse. Todo esto, dice Landázuri si se toma en
cuenta que los diputados provinciales son las únicas
autoridades electas que duran dos años en sus funciones.
En lo que respecta a la reelección presidencial, ésta ya
se aprobó en la Consulta Popular de 1995, y el Congreso
estableció que en el caso del Presidente debÃa ser
pasando un perÃodo.
Para dar paso a estas dos reformas, dice, habrÃa que
establecer un control frente a la posible utilización de
fondos del Estado en las campañas. O una renovación
parcial del Congreso, a fin que no se llene de gente
recién llegada.
Carlos Vidal, diputado independiente, en cambio solo
apoyarÃa la reelección presidencial inmediata, pero si
se presenta como una reforma particular y no a cambio
de la prórroga de los diputados.
Vidal sostiene: "no se puede negociar una reforma
por otra".
Una reforma que serÃa legal pero no ética
La prórroga y la reelección presidencial estarÃa en
manos del Congreso. Los juristas Rodrigo Bucheli
y Milton Alava consideran que esto podrÃa ser legal
pero no ético.
Para Bucheli, la reelección inmediata del Presidente
tendrÃa que ser aprobada por la mayorÃa de
legisladores, situación que dificultará la tarea del
Gobierno. Por eso, cree que "las declaraciones de
Rodrigo Borja tienen argumentos especulativos
netamente polÃticos. No hay un base real que
evidencie que eso vaya a ocurrir. Considero que es
demasiado prematuro ubicarnos a ese nivel: apenas
son tres meses del Gobierno".
"La reelección presidencial es un planteamiento
legÃtimo y una alternativa vigente en varios paÃses
latinoamericanos y en los Estados Unidos. Pero,
en el caso de Ecuador no es aplicable porque no
tiene un sistema federal. No se aplicarÃa con eficacia
ni con prudencia porque en un sistema unitario se
requiere alternabilidad".
Bucheli, sostiene que si un Presidente se mantiene
en el poder por más de un perÃodo se trastrocarÃa
el sistema institucional, inclusive afectarÃa a la
Función Legislativa, en cuanto al perÃodo que los
diputados tienen para ejercer el control polÃtico.
Según Milton Alava, si se aprueba la reelección
será constitucional pero éticamente reprochable
desde el punto de vista ético. "Si para conseguir
ese objetivo se paga a los legisladores con el
alargamiento de su perÃodo de 2 a 4 años, se
estarÃa atentando la voluntad popular".
Para Bucheli, con el alargamiento del perÃodo
de los diputados y del Presidente se producirá
la deformación de la democracia. "Tanto es asÃ
que cuando se volvió a la democracia se instauró
un perÃodo presidencial de cinco años y luego
de analizar las inconveniencias, mediante
reforma se rebajó a cuatro. Los doce meses
adicionales no concordaban con la estructura
polÃtica y jurÃdica actual". También se
producirÃa "anobia", es decir la ausencia de
normas.
Alava sostiene que, desde el punto de vista
polÃtico y ético, la autoprórroga ya fue
condenada en las ocasiones que se trató de
aprobar. Si se reforma la Constitución y se
establece que los actuales diputados durarán
dos años más serÃa una norma formalmente
constitucional. "HabrÃa que ver si el fondo es
o no inconstitucional. PodrÃa decirse que lo
es porque la elección de los legisladores fue
para un perÃodo determinado".
El proyecto es poco conocido
En los corredores del Congreso se dice que está
en circulación un papel en el que se solicita el
apoyo de los legisladores para tramitar este
proyecto. Como se trata de reformas
constitucionales, se necesitarÃan por lo menos 55
votos, de ahà que la negociación podrÃa ser larga,
lenta y discreta.
Esta versión, sin embargo, no ha podido ser
confirmada. Los diputados consultados sobre
las negociaciones en este sentido, unánimemente,
respondieron que no tenÃan conocimiento sobre
esto. Incluso algunos no recordaban la existencia
del proyecto de Humberto Delgado, o haber
escuchado algo.
Ese es el caso de José Cordero (DP), Marco
Landázuri (ID), Alvaro Pérez (PSC), Carlos Vidal
(Ind.), Napoleón Saltos (Nuevo PaÃs) y Gustavo
Terán (MPD).
El Gobierno no da ningún detalle
El Gobierno ha guardado total silencio sobre las
palabras de Rodrigo Borja, en lo que respecta la
autoprórroga de los diputados y la reelección
presidencial inmediata.
Ayer nadie habló, ni quiso dar una versión oficial
al respecto.
El secretario de la Administración, Miguel Salem,
dijo que no ha leÃdo la entrevista y no dio ningún
pronunciamiento.
Por la mañana, el funcionario estuvo en la
Comandancia General de la PolicÃa Nacional y no
se refirió al tema.
Por la tarde, se reunió con el ministro de Industrias,
Jorge Marún, por lo que no respondió a los múltiples
requerimientos para contestar sobre el tema.
En el Ministerio de Gobierno, el encargado de
manejar las relaciones con el Congreso, tampoco
hubo una respuesta.
El ministro de Gobierno, Frank Vargas, está
enfermo con gripe por lo que no pudo ir al
Ministerio, y suspendió todas sus actividades
programadas.
Gustavo Larrea, subsecretario Administrativo,
afirmó que en el Ministerio de Gobierno se
desconoce el tema. Larrea insistió que el vocero
oficial es el Secretario de la Administración.
El asesor jurÃdico de la Presidencia, Marcos Borja,
tampoco quiso especificar. El aseguró que aún no
tiene nada concreto, y que no ha llegado ningún
proyecto. "Esperamos algo contundente, que debe
llegar esta semana". (FUENTE: EL COMERCIO,
P. A-3)
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Publicado el 12/Noviembre/1996 | 00:00