Quito. 12 nov 96. Los diputados provinciales están
planeando quedarse cuatro años en vez de dos a
cambio de aprobar la reelección presidencial
inmediata?
Esa fue la denuncia del ex presidente Rodrigo Borja
a este diario. Pero ayer todos los legisladores
consultados aseguraron que no apoyarán este canje...
En ese sentido se pronunciaron algunos miembros
del Plenario y representantes de los diferentes
bloques del Congreso.
La razón fundamental, a criterio de la mayoría, para
no apoyar la autoprórroga es que no se respetaría la
voluntad de los ecuatorianos, que depositaron su
confianza en los diputados únicamente por dos años.
Esta propuesta está recogida en el proyecto de ley
presentado por Humberto Delgado (ex CFP, ex PSC
e Ind.), el 21 de octubre anterior. En efecto, el
diputado Delgado presentó esta propuesta y ahí se
establece, entre otras cosas, que los legisladores
provinciales duren cuatro años, con ello se
eliminarían las elecciones de medio período. En
consecuencia, los actuales diputados provinciales se
quedarían en sus funciones hasta el 31 de julio de
2000. Con ello se haría una ley retroactiva.
Otro punto del proyecto es que el Presidente de la
República podrá ser reelegido en forma inmediata,
por una sola vez.
La idea no puede ser acogida, dice el presidente del
Congreso, Fabián Alarcón, porque hay un mandato
electoral: "el pueblo escogió a los diputados por dos
años, como lo establece la Constitución, y eso debe
respetarse".
Si este principio no es respetado -opina Napoleón
Saltos de Nuevo País- se está destruyendo al
Congreso. "La desaparición de la Función Legislativa
se puede lograr por dos vías: con el uso de la fuerza,
como por ejemplo con la pretendida disolución del
Congreso o con la pérdida de su fuerza moral, a través
de la pretendida autoprórroga".
El jefe de bloque del MPD, Gustavo Terán, añade un
elemento, al decir que una propuesta de este tipo es
inmoral e inconstitucional. Y considera que la idea
podría haberse originado por las intenciones del
Gobierno de mantener a los diputados de su lado,
con el fin de garantizar la aprobación de leyes y
proyectos que permitan las privatizaciones.
"El MPD exige que se convoque a una consulta para
que se pregunte si los ecuatorianos están de acuerdo
con que se destine el 50 por ciento del presupuesto
al pago de la deuda externa".
La oposición al proyecto es compartida por Alvaro
Pérez (PSC). "Sería irse contra el país, la moral y la
ética de hacerse una cosa así. No la apoyaría. La
reelección presidencial no puede ser inmediata y
los diputados fueron elegidos por 2 años no por 4".
Según Pérez, para el caso de la reelección
presidencial inmediata podría ocurrir que se fomente
la mala utilización de los fondos públicos en asuntos
de campaña. Y, al contrario, se debe estimular que se
realice solo pasando un período.
Las voces aparentemente más conciliadoras en este
tema fueron las de José Cordero (DP) y Marco
Landázuri (ID).
El primero, a más de afirmar que no es procedente
el tema, porque atenta contra la norma constitucional,
considera que para viabilizar una reforma de este tipo,
habría que convocarse a una consulta, así se respetaría
la voluntad popular.
El segundo, en cambio, considera que es factible este
tipo de reformas, pero dejando en claro las reglas a
seguirse. Todo esto, dice Landázuri si se toma en
cuenta que los diputados provinciales son las únicas
autoridades electas que duran dos años en sus funciones.
En lo que respecta a la reelección presidencial, ésta ya
se aprobó en la Consulta Popular de 1995, y el Congreso
estableció que en el caso del Presidente debía ser
pasando un período.
Para dar paso a estas dos reformas, dice, habría que
establecer un control frente a la posible utilización de
fondos del Estado en las campañas. O una renovación
parcial del Congreso, a fin que no se llene de gente
recién llegada.
Carlos Vidal, diputado independiente, en cambio solo
apoyaría la reelección presidencial inmediata, pero si
se presenta como una reforma particular y no a cambio
de la prórroga de los diputados.
Vidal sostiene: "no se puede negociar una reforma
por otra".
Una reforma que sería legal pero no ética
La prórroga y la reelección presidencial estaría en
manos del Congreso. Los juristas Rodrigo Bucheli
y Milton Alava consideran que esto podría ser legal
pero no ético.
Para Bucheli, la reelección inmediata del Presidente
tendría que ser aprobada por la mayoría de
legisladores, situación que dificultará la tarea del
Gobierno. Por eso, cree que "las declaraciones de
Rodrigo Borja tienen argumentos especulativos
netamente políticos. No hay un base real que
evidencie que eso vaya a ocurrir. Considero que es
demasiado prematuro ubicarnos a ese nivel: apenas
son tres meses del Gobierno".
"La reelección presidencial es un planteamiento
legítimo y una alternativa vigente en varios países
latinoamericanos y en los Estados Unidos. Pero,
en el caso de Ecuador no es aplicable porque no
tiene un sistema federal. No se aplicaría con eficacia
ni con prudencia porque en un sistema unitario se
requiere alternabilidad".
Bucheli, sostiene que si un Presidente se mantiene
en el poder por más de un período se trastrocaría
el sistema institucional, inclusive afectaría a la
Función Legislativa, en cuanto al período que los
diputados tienen para ejercer el control político.
Según Milton Alava, si se aprueba la reelección
será constitucional pero éticamente reprochable
desde el punto de vista ético. "Si para conseguir
ese objetivo se paga a los legisladores con el
alargamiento de su período de 2 a 4 años, se
estaría atentando la voluntad popular".
Para Bucheli, con el alargamiento del período
de los diputados y del Presidente se producirá
la deformación de la democracia. "Tanto es así
que cuando se volvió a la democracia se instauró
un período presidencial de cinco años y luego
de analizar las inconveniencias, mediante
reforma se rebajó a cuatro. Los doce meses
adicionales no concordaban con la estructura
política y jurídica actual". También se
produciría "anobia", es decir la ausencia de
normas.
Alava sostiene que, desde el punto de vista
político y ético, la autoprórroga ya fue
condenada en las ocasiones que se trató de
aprobar. Si se reforma la Constitución y se
establece que los actuales diputados durarán
dos años más sería una norma formalmente
constitucional. "Habría que ver si el fondo es
o no inconstitucional. Podría decirse que lo
es porque la elección de los legisladores fue
para un período determinado".
El proyecto es poco conocido
En los corredores del Congreso se dice que está
en circulación un papel en el que se solicita el
apoyo de los legisladores para tramitar este
proyecto. Como se trata de reformas
constitucionales, se necesitarían por lo menos 55
votos, de ahí que la negociación podría ser larga,
lenta y discreta.
Esta versión, sin embargo, no ha podido ser
confirmada. Los diputados consultados sobre
las negociaciones en este sentido, unánimemente,
respondieron que no tenían conocimiento sobre
esto. Incluso algunos no recordaban la existencia
del proyecto de Humberto Delgado, o haber
escuchado algo.
Ese es el caso de José Cordero (DP), Marco
Landázuri (ID), Alvaro Pérez (PSC), Carlos Vidal
(Ind.), Napoleón Saltos (Nuevo País) y Gustavo
Terán (MPD).
El Gobierno no da ningún detalle
El Gobierno ha guardado total silencio sobre las
palabras de Rodrigo Borja, en lo que respecta la
autoprórroga de los diputados y la reelección
presidencial inmediata.
Ayer nadie habló, ni quiso dar una versión oficial
al respecto.
El secretario de la Administración, Miguel Salem,
dijo que no ha leído la entrevista y no dio ningún
pronunciamiento.
Por la mañana, el funcionario estuvo en la
Comandancia General de la Policía Nacional y no
se refirió al tema.
Por la tarde, se reunió con el ministro de Industrias,
Jorge Marún, por lo que no respondió a los múltiples
requerimientos para contestar sobre el tema.
En el Ministerio de Gobierno, el encargado de
manejar las relaciones con el Congreso, tampoco
hubo una respuesta.
El ministro de Gobierno, Frank Vargas, está
enfermo con gripe por lo que no pudo ir al
Ministerio, y suspendió todas sus actividades
programadas.
Gustavo Larrea, subsecretario Administrativo,
afirmó que en el Ministerio de Gobierno se
desconoce el tema. Larrea insistió que el vocero
oficial es el Secretario de la Administración.
El asesor jurídico de la Presidencia, Marcos Borja,
tampoco quiso especificar. El aseguró que aún no
tiene nada concreto, y que no ha llegado ningún
proyecto. "Esperamos algo contundente, que debe
llegar esta semana". (FUENTE: EL COMERCIO,
P. A-3)
planeando quedarse cuatro años en vez de dos a
cambio de aprobar la reelección presidencial
inmediata?
Esa fue la denuncia del ex presidente Rodrigo Borja
a este diario. Pero ayer todos los legisladores
consultados aseguraron que no apoyarán este canje...
En ese sentido se pronunciaron algunos miembros
del Plenario y representantes de los diferentes
bloques del Congreso.
La razón fundamental, a criterio de la mayoría, para
no apoyar la autoprórroga es que no se respetaría la
voluntad de los ecuatorianos, que depositaron su
confianza en los diputados únicamente por dos años.
Esta propuesta está recogida en el proyecto de ley
presentado por Humberto Delgado (ex CFP, ex PSC
e Ind.), el 21 de octubre anterior. En efecto, el
diputado Delgado presentó esta propuesta y ahí se
establece, entre otras cosas, que los legisladores
provinciales duren cuatro años, con ello se
eliminarían las elecciones de medio período. En
consecuencia, los actuales diputados provinciales se
quedarían en sus funciones hasta el 31 de julio de
2000. Con ello se haría una ley retroactiva.
Otro punto del proyecto es que el Presidente de la
República podrá ser reelegido en forma inmediata,
por una sola vez.
La idea no puede ser acogida, dice el presidente del
Congreso, Fabián Alarcón, porque hay un mandato
electoral: "el pueblo escogió a los diputados por dos
años, como lo establece la Constitución, y eso debe
respetarse".
Si este principio no es respetado -opina Napoleón
Saltos de Nuevo País- se está destruyendo al
Congreso. "La desaparición de la Función Legislativa
se puede lograr por dos vías: con el uso de la fuerza,
como por ejemplo con la pretendida disolución del
Congreso o con la pérdida de su fuerza moral, a través
de la pretendida autoprórroga".
El jefe de bloque del MPD, Gustavo Terán, añade un
elemento, al decir que una propuesta de este tipo es
inmoral e inconstitucional. Y considera que la idea
podría haberse originado por las intenciones del
Gobierno de mantener a los diputados de su lado,
con el fin de garantizar la aprobación de leyes y
proyectos que permitan las privatizaciones.
"El MPD exige que se convoque a una consulta para
que se pregunte si los ecuatorianos están de acuerdo
con que se destine el 50 por ciento del presupuesto
al pago de la deuda externa".
La oposición al proyecto es compartida por Alvaro
Pérez (PSC). "Sería irse contra el país, la moral y la
ética de hacerse una cosa así. No la apoyaría. La
reelección presidencial no puede ser inmediata y
los diputados fueron elegidos por 2 años no por 4".
Según Pérez, para el caso de la reelección
presidencial inmediata podría ocurrir que se fomente
la mala utilización de los fondos públicos en asuntos
de campaña. Y, al contrario, se debe estimular que se
realice solo pasando un período.
Las voces aparentemente más conciliadoras en este
tema fueron las de José Cordero (DP) y Marco
Landázuri (ID).
El primero, a más de afirmar que no es procedente
el tema, porque atenta contra la norma constitucional,
considera que para viabilizar una reforma de este tipo,
habría que convocarse a una consulta, así se respetaría
la voluntad popular.
El segundo, en cambio, considera que es factible este
tipo de reformas, pero dejando en claro las reglas a
seguirse. Todo esto, dice Landázuri si se toma en
cuenta que los diputados provinciales son las únicas
autoridades electas que duran dos años en sus funciones.
En lo que respecta a la reelección presidencial, ésta ya
se aprobó en la Consulta Popular de 1995, y el Congreso
estableció que en el caso del Presidente debía ser
pasando un período.
Para dar paso a estas dos reformas, dice, habría que
establecer un control frente a la posible utilización de
fondos del Estado en las campañas. O una renovación
parcial del Congreso, a fin que no se llene de gente
recién llegada.
Carlos Vidal, diputado independiente, en cambio solo
apoyaría la reelección presidencial inmediata, pero si
se presenta como una reforma particular y no a cambio
de la prórroga de los diputados.
Vidal sostiene: "no se puede negociar una reforma
por otra".
Una reforma que sería legal pero no ética
La prórroga y la reelección presidencial estaría en
manos del Congreso. Los juristas Rodrigo Bucheli
y Milton Alava consideran que esto podría ser legal
pero no ético.
Para Bucheli, la reelección inmediata del Presidente
tendría que ser aprobada por la mayoría de
legisladores, situación que dificultará la tarea del
Gobierno. Por eso, cree que "las declaraciones de
Rodrigo Borja tienen argumentos especulativos
netamente políticos. No hay un base real que
evidencie que eso vaya a ocurrir. Considero que es
demasiado prematuro ubicarnos a ese nivel: apenas
son tres meses del Gobierno".
"La reelección presidencial es un planteamiento
legítimo y una alternativa vigente en varios países
latinoamericanos y en los Estados Unidos. Pero,
en el caso de Ecuador no es aplicable porque no
tiene un sistema federal. No se aplicaría con eficacia
ni con prudencia porque en un sistema unitario se
requiere alternabilidad".
Bucheli, sostiene que si un Presidente se mantiene
en el poder por más de un período se trastrocaría
el sistema institucional, inclusive afectaría a la
Función Legislativa, en cuanto al período que los
diputados tienen para ejercer el control político.
Según Milton Alava, si se aprueba la reelección
será constitucional pero éticamente reprochable
desde el punto de vista ético. "Si para conseguir
ese objetivo se paga a los legisladores con el
alargamiento de su período de 2 a 4 años, se
estaría atentando la voluntad popular".
Para Bucheli, con el alargamiento del período
de los diputados y del Presidente se producirá
la deformación de la democracia. "Tanto es así
que cuando se volvió a la democracia se instauró
un período presidencial de cinco años y luego
de analizar las inconveniencias, mediante
reforma se rebajó a cuatro. Los doce meses
adicionales no concordaban con la estructura
política y jurídica actual". También se
produciría "anobia", es decir la ausencia de
normas.
Alava sostiene que, desde el punto de vista
político y ético, la autoprórroga ya fue
condenada en las ocasiones que se trató de
aprobar. Si se reforma la Constitución y se
establece que los actuales diputados durarán
dos años más sería una norma formalmente
constitucional. "Habría que ver si el fondo es
o no inconstitucional. Podría decirse que lo
es porque la elección de los legisladores fue
para un período determinado".
El proyecto es poco conocido
En los corredores del Congreso se dice que está
en circulación un papel en el que se solicita el
apoyo de los legisladores para tramitar este
proyecto. Como se trata de reformas
constitucionales, se necesitarían por lo menos 55
votos, de ahí que la negociación podría ser larga,
lenta y discreta.
Esta versión, sin embargo, no ha podido ser
confirmada. Los diputados consultados sobre
las negociaciones en este sentido, unánimemente,
respondieron que no tenían conocimiento sobre
esto. Incluso algunos no recordaban la existencia
del proyecto de Humberto Delgado, o haber
escuchado algo.
Ese es el caso de José Cordero (DP), Marco
Landázuri (ID), Alvaro Pérez (PSC), Carlos Vidal
(Ind.), Napoleón Saltos (Nuevo País) y Gustavo
Terán (MPD).
El Gobierno no da ningún detalle
El Gobierno ha guardado total silencio sobre las
palabras de Rodrigo Borja, en lo que respecta la
autoprórroga de los diputados y la reelección
presidencial inmediata.
Ayer nadie habló, ni quiso dar una versión oficial
al respecto.
El secretario de la Administración, Miguel Salem,
dijo que no ha leído la entrevista y no dio ningún
pronunciamiento.
Por la mañana, el funcionario estuvo en la
Comandancia General de la Policía Nacional y no
se refirió al tema.
Por la tarde, se reunió con el ministro de Industrias,
Jorge Marún, por lo que no respondió a los múltiples
requerimientos para contestar sobre el tema.
En el Ministerio de Gobierno, el encargado de
manejar las relaciones con el Congreso, tampoco
hubo una respuesta.
El ministro de Gobierno, Frank Vargas, está
enfermo con gripe por lo que no pudo ir al
Ministerio, y suspendió todas sus actividades
programadas.
Gustavo Larrea, subsecretario Administrativo,
afirmó que en el Ministerio de Gobierno se
desconoce el tema. Larrea insistió que el vocero
oficial es el Secretario de la Administración.
El asesor jurídico de la Presidencia, Marcos Borja,
tampoco quiso especificar. El aseguró que aún no
tiene nada concreto, y que no ha llegado ningún
proyecto. "Esperamos algo contundente, que debe
llegar esta semana". (FUENTE: EL COMERCIO,
P. A-3)
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