En el plano teórico, las resoluciones del Tribunal Constitucional deberÃan estar exclusivamente orientadas a velar porque los actos del poder público no contravengan la norma constitucional. Pero varias actuaciones de los miembros del organismo revelan que esto se cumple poco
Con la declaratoria de inconstitucionalidad del acto administrativo que delegó a la iniciativa privada la prestación de servicios técnicos de administración y supervisión forestales, dictaminada el pasado 21 de octubre por una mayorÃa de siete vocales del Tribunal Constitucional (dos expresaron su desacuerdo), ese organismo dejó sin efecto un contrato de tercerización del control de la tala indiscriminada de árboles, celebrado entre el Ministerio del Ambiente y la verificadora suiza Societe General de Surveillance (SGS), el 22 de noviembre de 2002.
Esto se hizo con base en el decreto Nº 2609, firmado el 3 de mayo del año anterior, por el entonces presidente Gustavo Noboa, en el que disponÃa al Ministerio del Ambiente intervenir como representante del sector público en el proceso de delegación a la iniciativa privada de los servicios técnicos de administración y supervisión forestales.
El 22 de noviembre, la ministra del ramo, Lourdes Luque, mediante acuerdo 148, delegó a la SGS la prestación de los servicios (consta en el contrato), y establecÃa una tarifa aplicable de $2,70 por metro cúbico de madera en pie con corteza, proveniente de bosques y ecosistemas nativos, que debÃan cancelar los madereros a la SGS, sobre la base de las licencias de aprovechamiento forestal por emitir.
También se establecÃa una tarifa de $0,10, por metro cúbico de madera en pie con corteza, proveniente de plantaciones forestales. De esta forma, la SGS debÃa cobrar por administrar las licencias de aprovechamiento forestal, pero el Ministerio se reservaba las facultades de control y emisión de los permisos, por tanto no las delegaba.
A mediados de este año, los productores madereros presentaron una demanda de inconstitucionalidad del contrato, fundamentados en el artÃculo 249 de la Constitución, que no incluye al control forestal entre las áreas que el Estado puede delegar a la empresa privada. Previamente, la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC) y la ContralorÃa habÃan realizado varias observaciones al proceso de contratación llevado adelante por la ex ministra Lourdes Luque.
Estas fueron incorporadas al contrato en una adenda firmada el 13 de junio de este año por el ex ministro del Ambiente Edgar Isch, en el que también se rebajó a $2,50 la tarifa que debÃan pagar los madereros por el metro cúbico de la madera proveniente de bosques nativos.
La inconformidad de los madereros continuó: el 6 de julio, la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AIMA), señalaba que la adenda no modificaba "la base legal cuestionada del mismo (contrato), ni tomaba en cuenta la posición del sector forestal formal ni las observaciones del informe preliminar de la ContralorÃa...". Por esas mismas fechas, los pequeños madereros se tomaron violentamente las oficinas de la SGS de Santo Domingo, Esmeraldas y la AmazonÃa y realizaron un cierre de carreteras.
En medio de estos acontecimientos, el 9 de septiembre la Segunda Sala del TC declaró inconstitucional el acto administrativo que delegaba a la iniciativa privada el servicio de supervisión forestal y el pago de las tarifas a la SGS, por parte de los usuarios, es decir, los madereros.
Como el caso subió a conocimiento del Pleno, para "ayudar" a que el fallo fuese ratificada por los nueve integrantes del organismo, el 17 de septiembre, el diputado de Pastaza Franklin SanmartÃn, presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Amazónicos, envió al presidente del TC, Oswaldo Cevallos, una carta en la que respaldaba en su totalidad el dictamen de la segunda Sala.
En la misiva constan las firmas de otros 31 legisladores: Adolfo Bárcenas (DP), Héctor Orellana (Pachakutik), Felipe Tsenkush (Pachakutik), Rolo SanmartÃn (ID), Fidel Castro (Sociedad Patriótica), Rafael Chica (PRE), Aurelio Llori (ID).
También la suscribieron: Pascual del Cioppo (PSC), Abraham Romero (PSC), Pedro Valverde (PSC), Luis Fernando Torres (PSC), Hugo Ruiz (ID), Marco Morillo (ID), Ernesto Pazmiño (ID), Galo Ordóñez (PSC), Carmen Ocampo, Jacobo Sanmiguel (Patria Solidaria), Xavier Sandoval (PSC), Raúl RamÃrez (PSC), José Javier Varas (PSC), Rafael Erazo (MPD), Xavier Cajilema (MPD), Carlos Torres (PSC), Danny Cevallos, Luis MejÃa (PSC), Jorge Montero (CFP), Patricio Dávila (PSC), Zoila Ollague (PSC), Freddy Cruz (PRE), Ernesto Valle (PRE) y Jacqueline Silva (PSC).
El Tribunal Constitucional respondió positivamente al "pedido" de casi la tercera parte de los congresistas: con siete votos favorables, el 21 de octubre de 2003 confirmó la resolución de la Segunda Sala.
¿La resolución fue jurÃdica o polÃtica? Aunque el presidente del organismo, Oswaldo Cevallos, no estuvo disponible para conversar con BLANCO Y NEGRO, el vocal Miguel Camba sostiene que este y todos los dictámenes "son estrictamente apegados a derecho". Pero la sospecha de que sus integrantes responderÃan a directrices de sus partidos polÃticos se asienta en el origen de las designaciones. El pasado 19 de marzo el Congreso Nacional designó a Milton Burbano, Simón Zavala (auspiciados por Sociedad Patriótica), Oswaldo Cevallos (PSC), Jaime Nogales (PSC), Miguel Camba (PSC), Luis Rojas (PSC) y Mauro Terán (Pachakutik), Enrique HerrerÃa (ID) y René de la Torre (DP). Los dos últimos no votaron en contra del control forestal. (AA)
El vocal Miguel Camba afirma que la resolución se tomó con total apego a las normas jurÃdicas, pero las dudas quedaron sembradas porque esta parece responder al pedido expreso de casi la tercera parte de diputados del Congreso
ALGUNOS "BOTONES" DE MUESTRA
Dictamen del TC borra un hecho
23 de agosto de 2000. El TC dictamina que el Congreso reinstale la sesión en la que una mayorÃa legislativa eligió presidenta a la diputada Susana González, con lo cual borró jurÃdicamente el hecho como si este nunca hubiera sucedido. Previamente, el PSC (afectado por la decisión legislativa) habÃa presentado un amparo ante el juez décimo de lo Penal de Pichincha, Luis Mora. Según el constitucionalista Gil Barragán, este no tenÃa por qué haberlo acogido. (AA)
Baja el IVA pero no los precios
1º de septiembre de 2001. El Tribunal Constitucional deja sin efecto la elevación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 12% al 14%, que estuvo vigente durante dos meses y medio (el 1º de junio de ese año fue publicada en el Registro Oficial), luego de que el Congreso no pudo convalidar ni desechar el aumento aprobado el 6 de mayo de ese año.
La rebaja del impuesto no significó para los consumidores una rebaja de los precios de los bienes, señalaron estudios económicos realizados en esos dÃas. (AA)
Tribunal retira multa a la DP
25 de septiembre de 2001. El TC deja sin efecto la multa de $6 200 000 impuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la Democracia Popular (DP), por una contribución de $3 100 000 del ex banquero Fernando Aspiazu a la campaña del ex presidente Jamil Mahuad. Al mismo tiempo, trasladó la multa a Eduardo Mahuad y Ramón Yulee, responsables económicos de la campaña que llevó al candidato de la DP a la Presidencia de la República. (AA)
Candidato sin firmas de respaldo
4 de septiembre de 2002. El TC habilita la candidatura del binomio presidencial del Movimiento Amauta Jatari, integrado por Antonio Vargas y Modesto Vela, que habÃa sido descalificada por el TSE debido a que no tenÃa el mÃnimo de firmas de respaldo.
La decisión del TC permitió inscribir las candidaturas, pero fue cuestionada por varios sectores polÃticos, especialmente Pachakutik, que apoyaba a Lucio Gutiérrez, porque se la catalogó de resolución orientada a disminuir la votación del actual mandatario. (AA)
Varias "papas calientes" en manos del TC
La mayorÃa de recursos de amparo se definen en esa instancia
El Tribunal Constitucional tiene "papas calientes" entre sus manos. Por lo inédito, la principal es la demanda de inconstitucionalidad planteada por el presidente Lucio Gutiérrez a la nueva Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que habÃa sido sancionada totalmente (sin ningún veto) por esa misma autoridad.
La impugnación gubernamental pretende dejar sin efecto las normas de esa Ley que permiten reliquidar a empleados del sector público que ya recibieron sus pagos por haber dejado de laborar para el Estado.
El tema de la designación de tres nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CJS) también tocará "colateralmente" al Tribunal, luego de que tres candidatos impugnaron, mediante amparo constitucional presentado ante un juez, el no haber sido calificados por parte de la comisión correspondiente. Si el juez no acogiese el recurso, por apelación deberá pasar al TC.
También deberá resolver el recurso de amparo interpuesto por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Instituto de Seguridad Social de la PolicÃa (Isspol), para determinar si las votaciones en la Junta Nacional de Acreedores de Filanbanco deben darse por acreencias o por representatividad, luego de que en la última reunión empataron la lista de las entidades oficiales y la que comprendÃa a las personas naturales.
Las instituciones oficiales tienen acreencias por alrededor de $260 millones, mientras el otro sector (representado por Oscar Ayerve), tendrÃa $80 millones.
Asimismo, los trabajadores de Andinatel presentaron un recurso de amparo constitucional para evitar que la telefónica no pasara a la administración privada, como plantea el Gobierno.
AsÃ, los próximos dÃas la actuación del TC estará en la mira de la ciudadanÃa, que espera que no se repitan fallos que puedan echar al traste procesos que constan en la agenda de modernización, como fue la declaratoria de inconstitucionalidad de ciertos artÃculos de la Ley de Seguridad Social que permitÃan la participación privada. (AA-LB)
POLEMICA
Revista The Economist afirma que la "presión de las madereras y sus lÃderes aliados del Congreso abatieron el esquema de control forestal"
"El sistema judicial ecuatoriano es conocido por ser politizado y corrupto". Asà analiza la revista británica The Economist la decisión del Tribunal Constitucional sobre el tema forestal, en su edición del pasado 30 de octubre, en la que destaca una nota sobre la deforestación en Ecuador y la falta de leyes para frenarla.
Tras relievar que este es el paÃs más biodiverso del mundo en relación con su superficie, la publicación señala que en Ecuador se están perdiendo los árboles a una velocidad mayor que en cualquier otro lugar en Sudamérica. "Y parece que el ritmo de la deforestación continuará", añade, al puntualizar que el TC, "ante la presión de las compañÃas madereras y sus lÃderes aliados del Congreso ecuatoriano, abatieron un innovador y eficiente esquema para tercerizar el control de la explotación forestal".
Con base en información oficial del Gobierno ecuatoriano, The Economist menciona que 150 mil hectáreas de bosques nativos son talados cada año, aunque fuentes no oficiales hablan del doble. Es decir que la mitad de los bosques se han perdido en las últimas tres décadas, muchos de ellos por la tala ilegal. La Asociación de Industriales de la Madera del Ecuador reconoce que el 70% de la madera vendida en el paÃs es talada de manera ilegal, como lo dijo a HOY el ministro del ramo, César Narváez, el pasado 13 de octubre.
El régimen dispone de recursos financieros limitados y el control forestal nunca ha tenido una alta prioridad. Es por ello que, hace cuatro años, el Ministerio del Ambiente, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Gobierno alemán, inició un esquema de delegación del control de la explotación forestal al sector privado y a grupos de la sociedad civil, señala la revista.
Agrega que "esto enfureció a ciertos madereros, pero el problema mayor empezó cuando el Gobierno contrató a la SGS (verificadora suiza) para administrar la entrega de licencias de aprovechamiento forestal y cobrar una tarifa sobre las ventas de madera".
Según The Economist, esta decisión del TC va a coartar los intentos del presidente Lucio Gutiérrez de modernizar el Estado, pues demostrarÃa la inseguridad jurÃdica que hay en el paÃs para los inversores externos. (AA).
La designación de los integrantes del Tribunal Constitucional es consecuencia de las alianzas partidistas en la Función Legislativa
El actual presidente del TC, Oswaldo Cevallos (PSC), nunca ha ocultado su vinculación polÃtica. "Desde el momento en que los magistrados han tomado posesión de su cargo en forma solemne ante el Congreso, han jurado dejar de lado cualquier ideologÃa o banderÃa polÃtica", declaraba el pasado 1º de abril.
Cevallos, junto al vocal Enrique HerrerÃa (ID), fueron designados en representación del Congreso, como parte del acuerdo de la mayorÃa integrada el 5 de enero de 2003 por ambos partidos, más el Prian, Socialismo, Democracia Popular y algunos independientes. También se acordó entonces que el Prian obtuviera la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El Congreso es uno de los seis colegios electorales que designan a los integrantes del TC. Los otros son la Presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia (CSJ), organismos seccionales (Concope y AME), cámaras de la Producción y centrales sindicales junto a los movimientos sociales, que elaboran ternas, desde las cuales el Congreso escoge a los siete vocales restantes.
De las ternas enviadas por la Presidencia, fueron designados Milton Burbano y Simón Zavala (cercanos a Sociedad Patriótica, con antecedentes socialistas), por la Corte Suprema de Justicia, se eligió a René de la Torre (DP) y Miguel Camba (PSC); en representación de los organismos seccionales el Congreso escogió a Jaime Nogales (PSC); por los empresarios, a Luis Rojas Bajaña (PSC); y, por las centrales sindicales, a Mauro Terán (Pachakutik).
El pasado 19 de marzo, luego de que Pachakutik logró "colarse" en el acuerdo, el jefe de esa bancada, Antonio Posso, mocionó la designación en "plancha" de los nueve vocales del TC. De esta forma pudo colocar al candidato cercano a su movimiento polÃtico, Mauro Terán.
El ex presidente del Tribunal Constitucional Ernesto López asegura que ese acuerdo resultó perjudicial para el Gobierno, pues "cedió demasiado espacio" al PSC, lo que en la práctica repercute en las decisiones que adopta ese organismo. Esta posibilidad ha sido negada en reiteradas ocasiones por los lÃderes del PSC.
Esto se evidenció en la sesión del TC del pasado 21 de octubre, cuando los dos representantes del Ejecutivo, Milton Burbano y Simón Zavala, apoyaron la resolución que dejaba sin efecto el contrato con la verificadora SGS. (LB)
"Cuando el TC declara inconstitucional una Ley, toma una decisión polÃtica", dice el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales
Luis Fernando Torres, diputado socialcristiano y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, reconoce que el TC es un organismo polÃtico y, en consecuencia, sus resoluciones son de carácter polÃtico.
"Cuando ese Tribunal declara inconstitucional una Ley, toma una decisión polÃtica", manifiesta al puntualizar, como antecedente, que las Leyes que aprueba el Congreso también son el resultado de acuerdos polÃticos.
Para Torres la controversia que originan las resoluciones del TC no tienen que ver con el origen polÃtico de sus magistrados, sino con su capacidad profesional, "el nivel de los integrantes siempre ha sido mediocre, salvo pocas excepciones", manifiesta, al señalar que deberÃa elevarse el nivel de los requisitos para los candidatos a ocupar las vocalÃas.
En cambio, Ernesto López, constitucionalista y ex presidente del desaparecido Tribunal de GarantÃas Constitucionales (TGC), considera que los problemas del TC se circunscriben a la estructura y la propia organización del cuerpo colegiado.
López cuestiona que la responsabilidad de elaborar la mayorÃa de los fallos se haya delegado a tres magistrados que conforman cada una de las tres salas, lo que -a su juicio- trastoca el sentido constitucional del organismo. "Esto constituye una inconstitucionalidad", dice.
Actualmente, las salas pueden decidir en última instancia las demandas de inconstititucionalidad y los recursos de amparo, cuando hay unanimidad de criterios de sus integrantes.
Por ello, López considera que esa estructura permite que los procesos puedan verse sometidos a mayores presiones, pues es más fácil influir en tres jueces que en los nueve que conforman el Pleno del Tribunal Constitucional.
A diferencia de los dos analistas anteriores, el vocal Miguel Camba sostiene que el TC tiene el deber de velar por el respeto a las normas constitucionales, "pero no es un ente polÃtico", pues a pesar de que sus integrantes son designados por el Congreso, "las decisiones del Tribunal jamás pueden ser polÃticas", afirma.
Explica que la actuación del Tribunal Constitucional termina en el conocimiento de las demandas de inconstitucionalidad, pero "que de las resoluciones deriven consecuencias polÃticas, como un juicio polÃtico, es diferente, porque eso compete al Congreso resolverlo". (AA-LB)
PUNTO DE VISTA
No es cuestión solo de la polÃtica, sino de la ética
Se podrÃa decir que la génesis misma del Tribunal Constitucional le deja un amplio margen para que las decisiones, de última instancia, sean marcadas por la polÃtica.
Y es que consta en la Constitución de la República, que dispone que el Tribunal Constitucional estè conformado por representantes del Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, asà como de las Cámaras de la Producción y de organismos de la sociedad civil. Siendo asÃ, es "normal" que sus delegados obedezcan a las tendencias de quienes los nominaron.
Pero aquà se trata del máximo organismo constitucional, que tiene que dirimir asuntos constitucionales, por lo que deben quedar por fuera la polÃtica y los intereses de los nominadores de los integrantes del TC. De alli que, no se trata de pedir que el alto organismo sea reconstituido e integrado por personas que no tienen identidad alguna ni con la polÃtica ni con la sociedad, no. Aquà se trata de exigir que quienes fallan sobre materia técnica y constitucional, hagan prevalecer eso: la Constitución y la técnica y no los vaivenes de la polÃtica y peor las presiones, a sabiendas de que estas siempre provienen del lado de los poderosos.
Pero no es el TC actual el único que ha caÃdo en esta suerte de trampa, son los pasados, aunque antes se llamaba Tribunal de GarantÃas Constitucionales.
Nadie ha olvidado cómo, por resoluciòn del TC, se echó abajo una decisión sobre el aumento del IVA, aprobada por el Congreso, y que descuadró las cuentas fiscales. Esa es una vieja historia, que hoy tiene su punto culminante con el fallo a favor de las madereras. Por eso, una vez más, hay que decir que, para quienes tienen que fallar sobre materia constitucional, su decisión, aunque parece inevitable que estè marcada por polÃtica, debido al origen del organismo, lo mà s importante es guardar lo ético. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
Con la declaratoria de inconstitucionalidad del acto administrativo que delegó a la iniciativa privada la prestación de servicios técnicos de administración y supervisión forestales, dictaminada el pasado 21 de octubre por una mayorÃa de siete vocales del Tribunal Constitucional (dos expresaron su desacuerdo), ese organismo dejó sin efecto un contrato de tercerización del control de la tala indiscriminada de árboles, celebrado entre el Ministerio del Ambiente y la verificadora suiza Societe General de Surveillance (SGS), el 22 de noviembre de 2002.
Esto se hizo con base en el decreto Nº 2609, firmado el 3 de mayo del año anterior, por el entonces presidente Gustavo Noboa, en el que disponÃa al Ministerio del Ambiente intervenir como representante del sector público en el proceso de delegación a la iniciativa privada de los servicios técnicos de administración y supervisión forestales.
El 22 de noviembre, la ministra del ramo, Lourdes Luque, mediante acuerdo 148, delegó a la SGS la prestación de los servicios (consta en el contrato), y establecÃa una tarifa aplicable de $2,70 por metro cúbico de madera en pie con corteza, proveniente de bosques y ecosistemas nativos, que debÃan cancelar los madereros a la SGS, sobre la base de las licencias de aprovechamiento forestal por emitir.
También se establecÃa una tarifa de $0,10, por metro cúbico de madera en pie con corteza, proveniente de plantaciones forestales. De esta forma, la SGS debÃa cobrar por administrar las licencias de aprovechamiento forestal, pero el Ministerio se reservaba las facultades de control y emisión de los permisos, por tanto no las delegaba.
A mediados de este año, los productores madereros presentaron una demanda de inconstitucionalidad del contrato, fundamentados en el artÃculo 249 de la Constitución, que no incluye al control forestal entre las áreas que el Estado puede delegar a la empresa privada. Previamente, la Comisión de Control CÃvico de la Corrupción (CCCC) y la ContralorÃa habÃan realizado varias observaciones al proceso de contratación llevado adelante por la ex ministra Lourdes Luque.
Estas fueron incorporadas al contrato en una adenda firmada el 13 de junio de este año por el ex ministro del Ambiente Edgar Isch, en el que también se rebajó a $2,50 la tarifa que debÃan pagar los madereros por el metro cúbico de la madera proveniente de bosques nativos.
La inconformidad de los madereros continuó: el 6 de julio, la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AIMA), señalaba que la adenda no modificaba "la base legal cuestionada del mismo (contrato), ni tomaba en cuenta la posición del sector forestal formal ni las observaciones del informe preliminar de la ContralorÃa...". Por esas mismas fechas, los pequeños madereros se tomaron violentamente las oficinas de la SGS de Santo Domingo, Esmeraldas y la AmazonÃa y realizaron un cierre de carreteras.
En medio de estos acontecimientos, el 9 de septiembre la Segunda Sala del TC declaró inconstitucional el acto administrativo que delegaba a la iniciativa privada el servicio de supervisión forestal y el pago de las tarifas a la SGS, por parte de los usuarios, es decir, los madereros.
Como el caso subió a conocimiento del Pleno, para "ayudar" a que el fallo fuese ratificada por los nueve integrantes del organismo, el 17 de septiembre, el diputado de Pastaza Franklin SanmartÃn, presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Amazónicos, envió al presidente del TC, Oswaldo Cevallos, una carta en la que respaldaba en su totalidad el dictamen de la segunda Sala.
En la misiva constan las firmas de otros 31 legisladores: Adolfo Bárcenas (DP), Héctor Orellana (Pachakutik), Felipe Tsenkush (Pachakutik), Rolo SanmartÃn (ID), Fidel Castro (Sociedad Patriótica), Rafael Chica (PRE), Aurelio Llori (ID).
También la suscribieron: Pascual del Cioppo (PSC), Abraham Romero (PSC), Pedro Valverde (PSC), Luis Fernando Torres (PSC), Hugo Ruiz (ID), Marco Morillo (ID), Ernesto Pazmiño (ID), Galo Ordóñez (PSC), Carmen Ocampo, Jacobo Sanmiguel (Patria Solidaria), Xavier Sandoval (PSC), Raúl RamÃrez (PSC), José Javier Varas (PSC), Rafael Erazo (MPD), Xavier Cajilema (MPD), Carlos Torres (PSC), Danny Cevallos, Luis MejÃa (PSC), Jorge Montero (CFP), Patricio Dávila (PSC), Zoila Ollague (PSC), Freddy Cruz (PRE), Ernesto Valle (PRE) y Jacqueline Silva (PSC).
El Tribunal Constitucional respondió positivamente al "pedido" de casi la tercera parte de los congresistas: con siete votos favorables, el 21 de octubre de 2003 confirmó la resolución de la Segunda Sala.
¿La resolución fue jurÃdica o polÃtica? Aunque el presidente del organismo, Oswaldo Cevallos, no estuvo disponible para conversar con BLANCO Y NEGRO, el vocal Miguel Camba sostiene que este y todos los dictámenes "son estrictamente apegados a derecho". Pero la sospecha de que sus integrantes responderÃan a directrices de sus partidos polÃticos se asienta en el origen de las designaciones. El pasado 19 de marzo el Congreso Nacional designó a Milton Burbano, Simón Zavala (auspiciados por Sociedad Patriótica), Oswaldo Cevallos (PSC), Jaime Nogales (PSC), Miguel Camba (PSC), Luis Rojas (PSC) y Mauro Terán (Pachakutik), Enrique HerrerÃa (ID) y René de la Torre (DP). Los dos últimos no votaron en contra del control forestal. (AA)
El vocal Miguel Camba afirma que la resolución se tomó con total apego a las normas jurÃdicas, pero las dudas quedaron sembradas porque esta parece responder al pedido expreso de casi la tercera parte de diputados del Congreso
ALGUNOS "BOTONES" DE MUESTRA
Dictamen del TC borra un hecho
23 de agosto de 2000. El TC dictamina que el Congreso reinstale la sesión en la que una mayorÃa legislativa eligió presidenta a la diputada Susana González, con lo cual borró jurÃdicamente el hecho como si este nunca hubiera sucedido. Previamente, el PSC (afectado por la decisión legislativa) habÃa presentado un amparo ante el juez décimo de lo Penal de Pichincha, Luis Mora. Según el constitucionalista Gil Barragán, este no tenÃa por qué haberlo acogido. (AA)
Baja el IVA pero no los precios
1º de septiembre de 2001. El Tribunal Constitucional deja sin efecto la elevación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 12% al 14%, que estuvo vigente durante dos meses y medio (el 1º de junio de ese año fue publicada en el Registro Oficial), luego de que el Congreso no pudo convalidar ni desechar el aumento aprobado el 6 de mayo de ese año.
La rebaja del impuesto no significó para los consumidores una rebaja de los precios de los bienes, señalaron estudios económicos realizados en esos dÃas. (AA)
Tribunal retira multa a la DP
25 de septiembre de 2001. El TC deja sin efecto la multa de $6 200 000 impuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la Democracia Popular (DP), por una contribución de $3 100 000 del ex banquero Fernando Aspiazu a la campaña del ex presidente Jamil Mahuad. Al mismo tiempo, trasladó la multa a Eduardo Mahuad y Ramón Yulee, responsables económicos de la campaña que llevó al candidato de la DP a la Presidencia de la República. (AA)
Candidato sin firmas de respaldo
4 de septiembre de 2002. El TC habilita la candidatura del binomio presidencial del Movimiento Amauta Jatari, integrado por Antonio Vargas y Modesto Vela, que habÃa sido descalificada por el TSE debido a que no tenÃa el mÃnimo de firmas de respaldo.
La decisión del TC permitió inscribir las candidaturas, pero fue cuestionada por varios sectores polÃticos, especialmente Pachakutik, que apoyaba a Lucio Gutiérrez, porque se la catalogó de resolución orientada a disminuir la votación del actual mandatario. (AA)
Varias "papas calientes" en manos del TC
La mayorÃa de recursos de amparo se definen en esa instancia
El Tribunal Constitucional tiene "papas calientes" entre sus manos. Por lo inédito, la principal es la demanda de inconstitucionalidad planteada por el presidente Lucio Gutiérrez a la nueva Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que habÃa sido sancionada totalmente (sin ningún veto) por esa misma autoridad.
La impugnación gubernamental pretende dejar sin efecto las normas de esa Ley que permiten reliquidar a empleados del sector público que ya recibieron sus pagos por haber dejado de laborar para el Estado.
El tema de la designación de tres nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CJS) también tocará "colateralmente" al Tribunal, luego de que tres candidatos impugnaron, mediante amparo constitucional presentado ante un juez, el no haber sido calificados por parte de la comisión correspondiente. Si el juez no acogiese el recurso, por apelación deberá pasar al TC.
También deberá resolver el recurso de amparo interpuesto por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Instituto de Seguridad Social de la PolicÃa (Isspol), para determinar si las votaciones en la Junta Nacional de Acreedores de Filanbanco deben darse por acreencias o por representatividad, luego de que en la última reunión empataron la lista de las entidades oficiales y la que comprendÃa a las personas naturales.
Las instituciones oficiales tienen acreencias por alrededor de $260 millones, mientras el otro sector (representado por Oscar Ayerve), tendrÃa $80 millones.
Asimismo, los trabajadores de Andinatel presentaron un recurso de amparo constitucional para evitar que la telefónica no pasara a la administración privada, como plantea el Gobierno.
AsÃ, los próximos dÃas la actuación del TC estará en la mira de la ciudadanÃa, que espera que no se repitan fallos que puedan echar al traste procesos que constan en la agenda de modernización, como fue la declaratoria de inconstitucionalidad de ciertos artÃculos de la Ley de Seguridad Social que permitÃan la participación privada. (AA-LB)
POLEMICA
Revista The Economist afirma que la "presión de las madereras y sus lÃderes aliados del Congreso abatieron el esquema de control forestal"
"El sistema judicial ecuatoriano es conocido por ser politizado y corrupto". Asà analiza la revista británica The Economist la decisión del Tribunal Constitucional sobre el tema forestal, en su edición del pasado 30 de octubre, en la que destaca una nota sobre la deforestación en Ecuador y la falta de leyes para frenarla.
Tras relievar que este es el paÃs más biodiverso del mundo en relación con su superficie, la publicación señala que en Ecuador se están perdiendo los árboles a una velocidad mayor que en cualquier otro lugar en Sudamérica. "Y parece que el ritmo de la deforestación continuará", añade, al puntualizar que el TC, "ante la presión de las compañÃas madereras y sus lÃderes aliados del Congreso ecuatoriano, abatieron un innovador y eficiente esquema para tercerizar el control de la explotación forestal".
Con base en información oficial del Gobierno ecuatoriano, The Economist menciona que 150 mil hectáreas de bosques nativos son talados cada año, aunque fuentes no oficiales hablan del doble. Es decir que la mitad de los bosques se han perdido en las últimas tres décadas, muchos de ellos por la tala ilegal. La Asociación de Industriales de la Madera del Ecuador reconoce que el 70% de la madera vendida en el paÃs es talada de manera ilegal, como lo dijo a HOY el ministro del ramo, César Narváez, el pasado 13 de octubre.
El régimen dispone de recursos financieros limitados y el control forestal nunca ha tenido una alta prioridad. Es por ello que, hace cuatro años, el Ministerio del Ambiente, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Gobierno alemán, inició un esquema de delegación del control de la explotación forestal al sector privado y a grupos de la sociedad civil, señala la revista.
Agrega que "esto enfureció a ciertos madereros, pero el problema mayor empezó cuando el Gobierno contrató a la SGS (verificadora suiza) para administrar la entrega de licencias de aprovechamiento forestal y cobrar una tarifa sobre las ventas de madera".
Según The Economist, esta decisión del TC va a coartar los intentos del presidente Lucio Gutiérrez de modernizar el Estado, pues demostrarÃa la inseguridad jurÃdica que hay en el paÃs para los inversores externos. (AA).
La designación de los integrantes del Tribunal Constitucional es consecuencia de las alianzas partidistas en la Función Legislativa
El actual presidente del TC, Oswaldo Cevallos (PSC), nunca ha ocultado su vinculación polÃtica. "Desde el momento en que los magistrados han tomado posesión de su cargo en forma solemne ante el Congreso, han jurado dejar de lado cualquier ideologÃa o banderÃa polÃtica", declaraba el pasado 1º de abril.
Cevallos, junto al vocal Enrique HerrerÃa (ID), fueron designados en representación del Congreso, como parte del acuerdo de la mayorÃa integrada el 5 de enero de 2003 por ambos partidos, más el Prian, Socialismo, Democracia Popular y algunos independientes. También se acordó entonces que el Prian obtuviera la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El Congreso es uno de los seis colegios electorales que designan a los integrantes del TC. Los otros son la Presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia (CSJ), organismos seccionales (Concope y AME), cámaras de la Producción y centrales sindicales junto a los movimientos sociales, que elaboran ternas, desde las cuales el Congreso escoge a los siete vocales restantes.
De las ternas enviadas por la Presidencia, fueron designados Milton Burbano y Simón Zavala (cercanos a Sociedad Patriótica, con antecedentes socialistas), por la Corte Suprema de Justicia, se eligió a René de la Torre (DP) y Miguel Camba (PSC); en representación de los organismos seccionales el Congreso escogió a Jaime Nogales (PSC); por los empresarios, a Luis Rojas Bajaña (PSC); y, por las centrales sindicales, a Mauro Terán (Pachakutik).
El pasado 19 de marzo, luego de que Pachakutik logró "colarse" en el acuerdo, el jefe de esa bancada, Antonio Posso, mocionó la designación en "plancha" de los nueve vocales del TC. De esta forma pudo colocar al candidato cercano a su movimiento polÃtico, Mauro Terán.
El ex presidente del Tribunal Constitucional Ernesto López asegura que ese acuerdo resultó perjudicial para el Gobierno, pues "cedió demasiado espacio" al PSC, lo que en la práctica repercute en las decisiones que adopta ese organismo. Esta posibilidad ha sido negada en reiteradas ocasiones por los lÃderes del PSC.
Esto se evidenció en la sesión del TC del pasado 21 de octubre, cuando los dos representantes del Ejecutivo, Milton Burbano y Simón Zavala, apoyaron la resolución que dejaba sin efecto el contrato con la verificadora SGS. (LB)
"Cuando el TC declara inconstitucional una Ley, toma una decisión polÃtica", dice el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales
Luis Fernando Torres, diputado socialcristiano y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, reconoce que el TC es un organismo polÃtico y, en consecuencia, sus resoluciones son de carácter polÃtico.
"Cuando ese Tribunal declara inconstitucional una Ley, toma una decisión polÃtica", manifiesta al puntualizar, como antecedente, que las Leyes que aprueba el Congreso también son el resultado de acuerdos polÃticos.
Para Torres la controversia que originan las resoluciones del TC no tienen que ver con el origen polÃtico de sus magistrados, sino con su capacidad profesional, "el nivel de los integrantes siempre ha sido mediocre, salvo pocas excepciones", manifiesta, al señalar que deberÃa elevarse el nivel de los requisitos para los candidatos a ocupar las vocalÃas.
En cambio, Ernesto López, constitucionalista y ex presidente del desaparecido Tribunal de GarantÃas Constitucionales (TGC), considera que los problemas del TC se circunscriben a la estructura y la propia organización del cuerpo colegiado.
López cuestiona que la responsabilidad de elaborar la mayorÃa de los fallos se haya delegado a tres magistrados que conforman cada una de las tres salas, lo que -a su juicio- trastoca el sentido constitucional del organismo. "Esto constituye una inconstitucionalidad", dice.
Actualmente, las salas pueden decidir en última instancia las demandas de inconstititucionalidad y los recursos de amparo, cuando hay unanimidad de criterios de sus integrantes.
Por ello, López considera que esa estructura permite que los procesos puedan verse sometidos a mayores presiones, pues es más fácil influir en tres jueces que en los nueve que conforman el Pleno del Tribunal Constitucional.
A diferencia de los dos analistas anteriores, el vocal Miguel Camba sostiene que el TC tiene el deber de velar por el respeto a las normas constitucionales, "pero no es un ente polÃtico", pues a pesar de que sus integrantes son designados por el Congreso, "las decisiones del Tribunal jamás pueden ser polÃticas", afirma.
Explica que la actuación del Tribunal Constitucional termina en el conocimiento de las demandas de inconstitucionalidad, pero "que de las resoluciones deriven consecuencias polÃticas, como un juicio polÃtico, es diferente, porque eso compete al Congreso resolverlo". (AA-LB)
PUNTO DE VISTA
No es cuestión solo de la polÃtica, sino de la ética
Se podrÃa decir que la génesis misma del Tribunal Constitucional le deja un amplio margen para que las decisiones, de última instancia, sean marcadas por la polÃtica.
Y es que consta en la Constitución de la República, que dispone que el Tribunal Constitucional estè conformado por representantes del Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, asà como de las Cámaras de la Producción y de organismos de la sociedad civil. Siendo asÃ, es "normal" que sus delegados obedezcan a las tendencias de quienes los nominaron.
Pero aquà se trata del máximo organismo constitucional, que tiene que dirimir asuntos constitucionales, por lo que deben quedar por fuera la polÃtica y los intereses de los nominadores de los integrantes del TC. De alli que, no se trata de pedir que el alto organismo sea reconstituido e integrado por personas que no tienen identidad alguna ni con la polÃtica ni con la sociedad, no. Aquà se trata de exigir que quienes fallan sobre materia técnica y constitucional, hagan prevalecer eso: la Constitución y la técnica y no los vaivenes de la polÃtica y peor las presiones, a sabiendas de que estas siempre provienen del lado de los poderosos.
Pero no es el TC actual el único que ha caÃdo en esta suerte de trampa, son los pasados, aunque antes se llamaba Tribunal de GarantÃas Constitucionales.
Nadie ha olvidado cómo, por resoluciòn del TC, se echó abajo una decisión sobre el aumento del IVA, aprobada por el Congreso, y que descuadró las cuentas fiscales. Esa es una vieja historia, que hoy tiene su punto culminante con el fallo a favor de las madereras. Por eso, una vez más, hay que decir que, para quienes tienen que fallar sobre materia constitucional, su decisión, aunque parece inevitable que estè marcada por polÃtica, debido al origen del organismo, lo mà s importante es guardar lo ético. (TFF) (BLANCO Y NEGRO)
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