Quito. 13 nov 96. El Presidente del Congreso asegura
que el pedido de inconstitucionalidad no es procedente.
Emplazó a Bucaram a que dé su opinión sobre el caso.
Como un "acto personal" calificó Fabián Alarcón la
presentación de la demanda de inconstitucionalidad
del juicio político contra Sandra Correa.
Para el Presidente del Congreso, el hecho es de
responsabilidad exclusiva de Sandra Correa, Miguel
Salem y Víctor Sicouret, quienes concurrieron el
lunes por la tarde al Tribunal Constitucional (TC), y
no es imputable al Gobierno en su conjunto.
De esa manera, Alarcón busca dos cosas: evadir la
declaratoria de una pugna Ejecutivo-Legislativo y
que el presidente Bucaram se pronuncie y
desautorice la acción de los altos funcionarios,
"como lo hizo cuando se planteó la disolución del
Congreso".
"Solicito al Presidente que se pronuncie. Estoy
seguro que él actuará de acuerdo a sus convicciones
democráticas que siempre ha mantenido y defendido
y se pronunciará por la armonía de las funciones del
Estado".
Para Alarcón no hay conflicto entre las dos
funciones del Estado. Como muestra, dijo, "el
viernes conversé con el Presidente de la República
y se acordó realizar una reunión el 21 de este mes
para que el Congreso conozca las medidas
económicas". Por lo demás, Alarcón dijo que "es
inaceptable que se acuda al TC para dejar en
sus manos la constitucionalidad del juicio".
"El Congreso es independiente para realizar el
Control Político y el TC no puede ni siquiera
avocar conocimiento de la demanda". Para Alarcón,
"si la facultad de fiscalización desaparece,
prácticamente el Congreso desaparece".
Según el titular de la Legislatura, la Constitución le
da al TC la facultad de conocer la constitucionalidad
de las leyes y de los actos administrativos de la
función pública, "pero no de la fiscalización".
Además cuestionó el tiempo en el que se presentó
la demanda. "La inconstitucionalidad de un acto
solo se puede conocer cuando ha sido tomado y no
cuando se discute si se realiza o no", como es el caso
del juicio a Sandra Correa.
Paralelamente, ayer el diputado Gustavo Terán
(MPD) presentó la moción de censura y destitución
de la Ministra. En el documento se dice que Correa
en el proceso "no ha presentado ninguna prueba de
descargo". Las acusaciones van desde el plagio al
despido de maestros, pasando por el estar afiliada a
dos partidos al mismo tiempo.
El Presidente del Congreso tiene que fijar la hora y
fecha del juicio que, de acuerdo a la Ley, deberá
realizarse en 30 días a partir de ayer. Si 10
legisladores plantean una prórroga la interpelación
se realizará máximo en 90 días. Es decir, el juicio
máximo se realizaría el 12 de febrero.
Educación * Para reorganizar los colegios
Correa sí firmó el acuerdo
La Ministra desmintió que haya recibido un pedido
del Presidente para remover a los rectores. Sin
embargo, el oficio que envió a la Senda la contradice.
La orden de remoción del personal directivo y
docente de las instituciones educativas de 26
cantones de Guayas; Paján, en Manabí; y La troncal,
en Cañar, no se produjo porque el caso fue
denunciado a tiempo.
Para la Unión Nacional de Educadores (UNE), eso
impidió que el Gobierno logre colocar a los
militantes del PRE en los colegios fiscales.
Sin embargo, a decir del gremio, la Ministra de
Educación pretende legitimar los nuevos
nombramientos con las reformas a la Ley de
Carrera Docente y Escalafón del Magisterio que
presentará en los próximos días.
Ayer, Sandra Correa confirmó a este diario que el
acuerdo 1459 del 29 de octubre sí fue emitido
por ella. Este dispone la reorganización de los
planteles de educación media del país. No
obstante, Correa, visiblemente contrariada, dijo
que en ninguna parte del acuerdo se habla de
remoción de los rectores, vicerrectores o
inspectores y que se sustituyan por partidarios
del PRE.
"El acuerdo ministerial obedece estrictamente al
mandato legal y un propósito de transformar la
educación de la pobreza hacia la riqueza".
La funcionaria desmintió que haya recibido una
orden del Presidente de la República para que
sean designados los reemplazos "conforme los
listados adjuntos", según la comunicación enviada
el 30 de octubre por la subsecretaria
Administrativa, Alicia Coloma, al Subsecretario
Regional del Litoral.
"No he recibido ninguna petición de reemplazos
de la Senda ni del Presidente, simplemente es el
anhelo de la Senda de nutrir a este sistema con
base de datos de recursos humanos. Aquí no hay
botín político de nadie y si los he recibido más
pronto han tardado en decírmelo que los he
rechazado".
Sin embargo, Correa se contradice. El 30 de
octubre, la funcionaria envía el oficio 5426 a
José Zurita, secretario nacional de Desarrollo
Administrativo, Senda. En esa comunicación
se incluye el pedido del Presidente de la
República para designar a las autoridades de
los planteles de los 26 cantones de Guayas y
Paján y La Troncal en Manabí y Cañar,
respectivamente.
Correa, en ese oficio, reconoce que dispone la
reorganización de los planteles para que una
vez realizadas las reformas se cumplan las
designaciones del personal que dicho
funcionario le había solicitado.
¿Es una cuota política? Correa dijo que eso se
cumplirá una vez que se realicen las respectivas
reformas, jamás antes se viabilizará.
Correa insiste en que hay muchos ecuatorianos
valiosos que el rato que se los quiere no
aparecen. ¿Y cuál es el problema con una lista?,
preguntó. Acaso los señores están nombrados,
acaso no es legítimo que las personas anhelen
a un trabajo, si es que es así y si cumplen con la
ley cuál es el problema.
"Claramente le dije a Zurita que solo el
Congreso reforma la Ley, y que siempre deberá
anticiparse una reforma si es que se quiere".
Correa confirmó que va a presentar un proyecto
de leyes en el campo educativo, cultural y
deportivo al Presidente. Ese será el paraguas
legal para transformar la educación.
La Ministra también negó que haya ejercido
presiones para que las rectoras de los colegios
Guayaquil y 28 de Mayo renuncien a sus cargos.
Y volvió a acusar a los dirigentes del Movimiento
Popular Democrático de usar el tema para
desviar la atención sobre los malos manejos
económicos del Fondo de Cesantía del Magisterio.
(FUENTE: EL COMERCIO)
que el pedido de inconstitucionalidad no es procedente.
Emplazó a Bucaram a que dé su opinión sobre el caso.
Como un "acto personal" calificó Fabián Alarcón la
presentación de la demanda de inconstitucionalidad
del juicio político contra Sandra Correa.
Para el Presidente del Congreso, el hecho es de
responsabilidad exclusiva de Sandra Correa, Miguel
Salem y Víctor Sicouret, quienes concurrieron el
lunes por la tarde al Tribunal Constitucional (TC), y
no es imputable al Gobierno en su conjunto.
De esa manera, Alarcón busca dos cosas: evadir la
declaratoria de una pugna Ejecutivo-Legislativo y
que el presidente Bucaram se pronuncie y
desautorice la acción de los altos funcionarios,
"como lo hizo cuando se planteó la disolución del
Congreso".
"Solicito al Presidente que se pronuncie. Estoy
seguro que él actuará de acuerdo a sus convicciones
democráticas que siempre ha mantenido y defendido
y se pronunciará por la armonía de las funciones del
Estado".
Para Alarcón no hay conflicto entre las dos
funciones del Estado. Como muestra, dijo, "el
viernes conversé con el Presidente de la República
y se acordó realizar una reunión el 21 de este mes
para que el Congreso conozca las medidas
económicas". Por lo demás, Alarcón dijo que "es
inaceptable que se acuda al TC para dejar en
sus manos la constitucionalidad del juicio".
"El Congreso es independiente para realizar el
Control Político y el TC no puede ni siquiera
avocar conocimiento de la demanda". Para Alarcón,
"si la facultad de fiscalización desaparece,
prácticamente el Congreso desaparece".
Según el titular de la Legislatura, la Constitución le
da al TC la facultad de conocer la constitucionalidad
de las leyes y de los actos administrativos de la
función pública, "pero no de la fiscalización".
Además cuestionó el tiempo en el que se presentó
la demanda. "La inconstitucionalidad de un acto
solo se puede conocer cuando ha sido tomado y no
cuando se discute si se realiza o no", como es el caso
del juicio a Sandra Correa.
Paralelamente, ayer el diputado Gustavo Terán
(MPD) presentó la moción de censura y destitución
de la Ministra. En el documento se dice que Correa
en el proceso "no ha presentado ninguna prueba de
descargo". Las acusaciones van desde el plagio al
despido de maestros, pasando por el estar afiliada a
dos partidos al mismo tiempo.
El Presidente del Congreso tiene que fijar la hora y
fecha del juicio que, de acuerdo a la Ley, deberá
realizarse en 30 días a partir de ayer. Si 10
legisladores plantean una prórroga la interpelación
se realizará máximo en 90 días. Es decir, el juicio
máximo se realizaría el 12 de febrero.
Educación * Para reorganizar los colegios
Correa sí firmó el acuerdo
La Ministra desmintió que haya recibido un pedido
del Presidente para remover a los rectores. Sin
embargo, el oficio que envió a la Senda la contradice.
La orden de remoción del personal directivo y
docente de las instituciones educativas de 26
cantones de Guayas; Paján, en Manabí; y La troncal,
en Cañar, no se produjo porque el caso fue
denunciado a tiempo.
Para la Unión Nacional de Educadores (UNE), eso
impidió que el Gobierno logre colocar a los
militantes del PRE en los colegios fiscales.
Sin embargo, a decir del gremio, la Ministra de
Educación pretende legitimar los nuevos
nombramientos con las reformas a la Ley de
Carrera Docente y Escalafón del Magisterio que
presentará en los próximos días.
Ayer, Sandra Correa confirmó a este diario que el
acuerdo 1459 del 29 de octubre sí fue emitido
por ella. Este dispone la reorganización de los
planteles de educación media del país. No
obstante, Correa, visiblemente contrariada, dijo
que en ninguna parte del acuerdo se habla de
remoción de los rectores, vicerrectores o
inspectores y que se sustituyan por partidarios
del PRE.
"El acuerdo ministerial obedece estrictamente al
mandato legal y un propósito de transformar la
educación de la pobreza hacia la riqueza".
La funcionaria desmintió que haya recibido una
orden del Presidente de la República para que
sean designados los reemplazos "conforme los
listados adjuntos", según la comunicación enviada
el 30 de octubre por la subsecretaria
Administrativa, Alicia Coloma, al Subsecretario
Regional del Litoral.
"No he recibido ninguna petición de reemplazos
de la Senda ni del Presidente, simplemente es el
anhelo de la Senda de nutrir a este sistema con
base de datos de recursos humanos. Aquí no hay
botín político de nadie y si los he recibido más
pronto han tardado en decírmelo que los he
rechazado".
Sin embargo, Correa se contradice. El 30 de
octubre, la funcionaria envía el oficio 5426 a
José Zurita, secretario nacional de Desarrollo
Administrativo, Senda. En esa comunicación
se incluye el pedido del Presidente de la
República para designar a las autoridades de
los planteles de los 26 cantones de Guayas y
Paján y La Troncal en Manabí y Cañar,
respectivamente.
Correa, en ese oficio, reconoce que dispone la
reorganización de los planteles para que una
vez realizadas las reformas se cumplan las
designaciones del personal que dicho
funcionario le había solicitado.
¿Es una cuota política? Correa dijo que eso se
cumplirá una vez que se realicen las respectivas
reformas, jamás antes se viabilizará.
Correa insiste en que hay muchos ecuatorianos
valiosos que el rato que se los quiere no
aparecen. ¿Y cuál es el problema con una lista?,
preguntó. Acaso los señores están nombrados,
acaso no es legítimo que las personas anhelen
a un trabajo, si es que es así y si cumplen con la
ley cuál es el problema.
"Claramente le dije a Zurita que solo el
Congreso reforma la Ley, y que siempre deberá
anticiparse una reforma si es que se quiere".
Correa confirmó que va a presentar un proyecto
de leyes en el campo educativo, cultural y
deportivo al Presidente. Ese será el paraguas
legal para transformar la educación.
La Ministra también negó que haya ejercido
presiones para que las rectoras de los colegios
Guayaquil y 28 de Mayo renuncien a sus cargos.
Y volvió a acusar a los dirigentes del Movimiento
Popular Democrático de usar el tema para
desviar la atención sobre los malos manejos
económicos del Fondo de Cesantía del Magisterio.
(FUENTE: EL COMERCIO)
Más en el