BOGOTÃ. Un juez colombiano otorgó hoy la libertad provisional a otros siete militares implicados en ejecuciones extrajudiciales de jóvenes civiles que habÃan sido presentados como guerrilleros muertos en combate, con lo que se eleva a 31 el número de uniformados liberados por vencimiento de términos judiciales.
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, calificó de "escándalo internacional" la puesta en libertad de estos militares, mientras las familias de las vÃctimas anunciaron que llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El juez Fernando Sarmiento, de la localidad de Soacha, vecina de Bogotá y donde se sigue el caso más emblemático de los llamados "falsos positivos", consideró que su decisión se ajusta a la Ley y "no aduce impunidad".
La decisión de otorgar hoy la libertad a un teniente coronel, un cabo y cinco soldados responde a los mismos motivos por los que se actuó de igual forma con otros 24 militares, de los cuales seis de ellos recobraron su libertad ayer, otros 17 a principios de enero y uno más en diciembre pasado.
Los jueces que han ido tomando estas decisiones, entre ellos Sarmiento, establecieron que se habÃan superado los 90 dÃas previstos en la Ley para que la FiscalÃa llamara a los militares a juicio en una vista oral.
"Si en este momento se están dando los presupuestos legales suficientes para otorgarles la libertad por vencimiento de término no podemos ser testarudos en ese sentido", manifestó el juez.
Agregó que "la decisión que se está tomando en este momento es una connotación objetiva, que es sólo vencimiento de términos, y no admite otro tipo de consideraciones".
Asimismo, pidió a los familiares de las vÃctimas "comprensión" y dijo que éstas sólo podrán aducir impunidad cuando haya una sentencia.
"Esto es un escándalo para nuestras instituciones, para la credibilidad internacional y ello implica una debilidad de nuestras instituciones y para la administración de justicia", señaló, por su lado, el procurador general a la emisora La W, cuya dependencia se encarga de controlar el comportamiento de los funcionarios públicos.
Ordóñez responsabilizó al Consejo General de la Judicatura de demorarse cuatro meses en determinar dónde serÃan juzgados los militares.
Por su lado, la activista Lilia Solano, directora del Proyecto Justicia y Vida, una organización no gubernamental que acompaña a las vÃctimas de Soacha, anunció a Efe que ante la impunidad planteada por la justicia colombiana llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
"Es absolutamente aberrante lo que está pasando", denunció Solano, quien pidió apoyo a la comunidad internacional para que no queden en la impunidad estos crÃmenes. (EFE)
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, calificó de "escándalo internacional" la puesta en libertad de estos militares, mientras las familias de las vÃctimas anunciaron que llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El juez Fernando Sarmiento, de la localidad de Soacha, vecina de Bogotá y donde se sigue el caso más emblemático de los llamados "falsos positivos", consideró que su decisión se ajusta a la Ley y "no aduce impunidad".
La decisión de otorgar hoy la libertad a un teniente coronel, un cabo y cinco soldados responde a los mismos motivos por los que se actuó de igual forma con otros 24 militares, de los cuales seis de ellos recobraron su libertad ayer, otros 17 a principios de enero y uno más en diciembre pasado.
Los jueces que han ido tomando estas decisiones, entre ellos Sarmiento, establecieron que se habÃan superado los 90 dÃas previstos en la Ley para que la FiscalÃa llamara a los militares a juicio en una vista oral.
"Si en este momento se están dando los presupuestos legales suficientes para otorgarles la libertad por vencimiento de término no podemos ser testarudos en ese sentido", manifestó el juez.
Agregó que "la decisión que se está tomando en este momento es una connotación objetiva, que es sólo vencimiento de términos, y no admite otro tipo de consideraciones".
Asimismo, pidió a los familiares de las vÃctimas "comprensión" y dijo que éstas sólo podrán aducir impunidad cuando haya una sentencia.
"Esto es un escándalo para nuestras instituciones, para la credibilidad internacional y ello implica una debilidad de nuestras instituciones y para la administración de justicia", señaló, por su lado, el procurador general a la emisora La W, cuya dependencia se encarga de controlar el comportamiento de los funcionarios públicos.
Ordóñez responsabilizó al Consejo General de la Judicatura de demorarse cuatro meses en determinar dónde serÃan juzgados los militares.
Por su lado, la activista Lilia Solano, directora del Proyecto Justicia y Vida, una organización no gubernamental que acompaña a las vÃctimas de Soacha, anunció a Efe que ante la impunidad planteada por la justicia colombiana llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
"Es absolutamente aberrante lo que está pasando", denunció Solano, quien pidió apoyo a la comunidad internacional para que no queden en la impunidad estos crÃmenes. (EFE)
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