Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) afectados por una sanción disciplinaria del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha rechazaron la resolución, y anunciaron dos estrategias jurídicas para enfrentar la decisión.

El martes en la noche, el Tribunal sancionó con tres meses de suspensión en el ejercicio profesional a 22 de los magistrados de la Corte, que fueron denunciados por sus antecesores “por violar la Constitución al posesionarse”.

La CSJ no pudo reunirse ayer, en su sesión ordinaria, luego de una amenaza de bomba en el palacio de Justicia. Sin embargo, parte de los jueces aludidos en la resolución se reunieron para analizar su defensa. La cita fue en el despacho de la magistrada Angelita Albán. Acudieron Francisco Icaza, Jorge Fantoni Camba, Ramiro Román, Gonzalo Muñoz, Bolívar Guerrero, Norberto Fuentes, Rossy Nevárez, Tito Livio Mendoza, Ernesto Velásquez y Gerardo Vásquez.

Dos estrategias legales fueron analizadas por los jueces: la primera, que el Colegio de Pichincha no tiene competencia sobre por lo menos cinco de los sancionados, afiliados a un colegio de otra provincia, el de Guayas.

La segunda, que el presidente del Tribunal de Honor, el abogado Pablo Ortiz García, ya habría adelantado criterios sobre la situación de la Corte en varios programas de televisión y en su columna de opinión del diario El Comercio.

Para Gonzalo Muñoz, es pertinente presentar una demanda contra Ortiz por prevaricato.

Además, según Angelita Albán, los magistrados no han sido notificados oficialmente de la decisión del Tribunal de Honor. Cuando esto suceda, prepararán una apelación conjunta ante el Directorio de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador.

Francisco Icaza y Jorge Fantoni Camba se sumaron a la tesis de que hubo prevaricato y de que no había competencia para juzgarlos. Los jueces no descartan tampoco una demanda por daños y perjuicios contra Pablo Ortiz García, y dijeron que interpondrán la apelación en el plazo pertinente. Todos estuvieron de acuerdo en que la resolución no les impide seguir ocupando sus cargos, tal como alega Ortiz.

Entre tanto, la Corte tenía previsto reunirse a las 16:00 de ayer para resolver sobre el caso de los vocales del Consejo de la Judicatura, Germánico Maya y José Robayo, acusados de promover el paro judicial.

Entrevista

Guillermo Castro: Yo no dejaré nada pendiente

¿Pensó estar involucrado en una circunstancia así?: se habla de la Pichicorte; se grita a favor o en contra del Pichi, se comenta que existe una pichimanía...

Envuelto así como tú dices no. Pero cuando fui candidato a alcalde en Salinas yo diseñé una campaña muy linda, de fiesta. En Salinas se vivió esa pichimanía: hacíamos fiestas barriales, concursos de baile y canto; dábamos algodón de azúcar; y teníamos camisetas en donde decía “Yo amo a Pichi”. También teníamos la Pichicard, que es una tarjeta cuyo portador tenía conmigo un tratamiento especial. La pichimanía tuvo hasta un disco en Salinas. Pero nunca me imaginé que eso iba a suceder acá, en Quito, y que iba a estar en la Corte Suprema.

Muchos piden su renuncia, y sin embargo, aparenta tranquilidad.

Yo me siento contentísimo porque en este momento por querer hacerme un daño me están haciendo un bien: la pichimanía es nacional y debería venir un empresario a sacar souvenirs, camisetas, gorras, y cuestiones de esas. No me preocupa que vengan a gritar “Pichi fuera” porque me siento como en un estadio, siendo un delantero de Barcelona que ha metido cuatro goles. Me siento un goleador.

¿Y el paro no le impide seguir metiendo sus goles? Su estrategia ha sido despachar juicios importantes como el de Gallardo...

No es una estrategia. Yo me encontré con un despacho atrasado y lo que pasó fue que me encontré con juicios como el que usted dice. Los despacho en orden cronológico. A mí me pagan para que trabaje, no para que venga a leer periódicos o tomar café, además que ni me gusta el café. Por cierto, solo tomo cola de dieta, pero hasta eso me prohibieron, pues en vez de bajar estoy subiendo. Voy a tomar solo agua. Yo me dedico a trabajar.

¿Pese al paro?

Sí, porque el secretario notifica personalmente. A la Presidencia el paro no le afecta en nada.

¿Cuántas providencias ha notificado personalmente?.

Creo que más de cincuenta

¿Tramitará los juicios bancarios o los de Bucaram?

Todo caso que llegue a mi escritorio lo despacharé: No voy a rehuir ningún proceso.

En el caso de Abdalá usted toma muy deportivamente los rumores sobre las providencias. ¿Va a resolver sus casos?

Todos son especulaciones y rumores. Ratifico que si Abdalá Bucaram es culpable, yo lo sentenciaré; si es inocente, lo liberaré.

El secretario de la Presidencia Carlos Pólit dijo que una de las posibles salidas a la crisis política por la Corte debería ser que todos renuncien. ¿Usted estaría dispuesto a renunciar?

Yo no sé quién es el abogado Pólit. En la vida lo he conocido. Él puede decir lo que le da la gana. Yo voy a estar aquí en la Corte hasta que el Congreso tome una resolución por cualquiera de las dos vías que se han planteado: consulta popular o reformas a la ley de la Función Judicial.

¿Usted no cree que se pueda formar una mayoría que fuera de estos dos mecanismos cese a la Corte con una resolución?

Yo pienso que si se llega a formar va a actuar inconstitucionalmente, porque la Transitoria 25 ya se agotó. El momento que ya se agotó la Transitoria 25 ya no puede operar.

¿Entonces la salida está en cualquiera de las dos opciones planteadas por el Gobierno?

Mire, cuando me hacían esa pregunta yo decía que la salida era la reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial. Posteriormente el Presidente insistió en su consulta popular, que fue una oferta de campaña de él, y él tiene todo el derecho de plantear la consulta popular. Ahora hay otro mecanismo que envía al Congreso. Esperemos a ver cómo se pronuncia el Congreso. Por cualquiera de los dos medios en que se pueda solucionar la crisis judicial, que no es solo la Corte Suprema, sino también las cortes superiores y los juzgados. Debemos aceptar que este es un problema global un problema muy grande, que esta Corte pudo haberlo enfrentado.

¿Pero cómo podría haberlo enfrentado si desde el principio fue cuestionada?

A esta Corte la ataca todo el mundo, la atacan los medios de comunicación, la atacan las personas que antes estaban vinculadas con la Corte, como los de Projusticia. Al principio esta Corte tuvo el apoyo de Lucho Muñoz; venía mucho por aquí, decía que era la mejor Corte, y de un momento a otro pasó a ser el enemigo número uno. Habría que ver qué intereses le hicieron cambiar de opinión.

A propósito, con el expediente administrativo en contra de Luis Muñoz los judiciales cierran cualquier opción de diálogo...

El paro es inconstitucional, no tiene razón de ser porque la estabilidad de los servidores está garantizada. El paro tiene un trasfondo, que es la mala elección nuestra del Consejo Nacional de la Judicatura. Era gente que venía a tomar café, almorzaba, cenaba; sus carpetas estaban en todos los despachos. Exceptúo a Alejandro Carrión y a Jacinto Bajaña, que son dos caballeros, que nunca entregaron carpetas. Con todas las que entregaron los demás se pudieron hacer colchones. La Corte se equivocó con ese Consejo y comenzó una pugna porque queremos llenar las 400 vacantes existentes y el Consejo se opone a llenarlas.

¿Pero la estrategia suya es principalizar a tres suplentes, sacando a Maya y Robayo, y encargando del Guayas a Bajaña?

No es mi estrategia: soy el vocero oficial de la Corte, y esas son decisiones del Pleno, tanto los expedientes contra Maya y Robayo, cuanto el de Muñoz.

¿No obstante, el propósito es conformar una nueva mayoría para destrabar el Consejo?

Lo que se quiere es que el Consejo trabaje en armonía con la Corte, porque la Constitución señala que es un órgano administrativo y disciplinario. Pero ellos creen que están por encima de la Corte, que son superiores a los magistrados y ahí es donde está su confusión.

¿Cómo ve usted el escenario político en el Congreso? ¿Tendrán viabilidad las propuestas del Presidente de la República?

Yo en esos temas políticos no me quiero meter. Ahora que se habla de la Pichicorte, de los pichimagistrados, de la pichimanía, cualquier palabra que uno diga la pueden mal interpretar. Respeto a todos los líderes políticos: a León Febres Cordero, a Hurtado, a Rodrigo Borja, a Abdalá Bucaram, a Álvaro Noboa y Lucio Gutiérrez, porque son gente que han hecho trayectoria en este país nos guste o no.

¿Si hay una resolución del Congreso usted la acatará, aunque la considere inconstitucional?

Si se produce una resolución así el Pleno de la Corte deberá decidir si la acepta o no y demanda la inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Siendo usted presidente del CNJ, ¿cómo ve la devolución de la terna de fiscal? ¿Se debe posesionar al primero de la terna?

Yo pienso que la terna se envió legalmente; su devolución es política. Creo que se debe posesionar el primero de la terna.

Si se tramita la propuesta del Presidente habrían como 60 o tal vez más días para esta Corte. ¿Tiene previsto su cronograma de trabajo para estos días? ¿Qué va a hacer hasta tanto?

Tenemos harto trabajo. Está pendiente una audiencia en el caso de la fusión Filanbanco con La Previsora.

¿Sobre el caso Miranda, cuál será el papel de la Corte?

Está detenido. Se cumplió la extradición y lo hemos puesto a órdenes de los jueces de Guayaquil.

¿Qué casos de ex presidentes están en sus manos?

Abdalá Bucaram, Gustavo Noboa y Alberto Dahik.

¿No teme una reacción más fuerte de los judiciales si se toman medidas contra Luis Muñoz y los presidentes de las cortes superiores?

¿Qué más podrían hacer? El paro atenta contra la estabilidad del país. Que la colectividad los juzgue.

El plazo para apelar vence mañana

Hasta las 24:00 de mañana se puede apelar el fallo sobre la suspensión de los magistrados.

Para el Colegio de Abogados de Pichincha, si no hay apelación, no podrán firmar providencias, autos o sentencias desde este sábado.

Víctor Cevallos, presidente del gremio, indicó que el plazo (tres días) para presentar las apelaciones empezó a correr el martes.

La sanción para los magistrados se dio por “cometer infracciones reñidas con la ética profesional” y, específicamente, por faltar al juramento que hicieron de respetar la Constitución y por ser parte “del rompimiento del estado de derecho en el país”.

Hasta el cierre de esta edición, ninguno de los suspendidos presentó sus alegatos de forma individual o conjunta, ante la Federación Nacional de Abogados, como lo anunciaron varios magistrados desde la CSJ.

Antes, los sancionados podrían solicitar aclaraciones o ampliaciones al fallo.

Pablo Ortiz García, titular del Tribunal, informó que de ser presentado hasta mañana, concederá el recurso de apelación.

Según Ortiz García y Cevallos, la próxima semana se conocerá definitivamente si se rectifica, ratifica o rechaza la actuación del Tribunal de Honor de Pichincha.

Para las autoridades del gremio de abogados de la provincia, la decisión de sancionar a los magistrados es histórica. “Es la primera vez que se castiga a 22 abogados que son magistrados de la Corte Suprema”, dijo Cevallos. En los últimos cinco años, el Tribunal de Honor de Pichincha sancionó a alrededor de 10 abogados, por las mismas razones que castigó a los jueces de la Suprema.

En Guayaquil, la decisión fue objetada por diferentes motivos. Para el ex presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados del Guayas, Jacinto Velázquez Herrera, el fallo es improcedente, pues cada provincia tiene su jurisdicción; por lo tanto, el Colegio de Pichincha no tiene competencia en el de Guayas, aunque sí la tiene para sancionar a sus afiliados. En relación con los jueces capitalinos, Velázquez cree que la sanción puede surtir efectos legales.

Similar posición sostiene el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guayaquil, Adolfo Ruiz, para quien el Colegio de Pichincha no puede tomar decisiones que afecten a miembros de cualquier otro colegio del país.

En su criterio, además, la decisión del Tribunal contiene un error de fondo al argumentar que la causa para cesarlos en sus funciones es que ya no ejercen la profesión de abogados pues se las ha suspendido; Ruiz sostiene que cuando los magistrados fueron elegidos ejercían la profesión, requisito que los habilitó para el nombramiento, y no se puede dar un efecto retroactivo al fallo del Tribunal.

Preso Oswaldo Gallo por agredir a Muñoz

Ayer fue un mal día para el movimiento Cero Corrupción, un grupo de choque que respalda a la Corte Suprema de Justicia.

Su líder, Oswaldo Gallo, acusado en Santo Domingo de los Colorados como presunto traficante de tierras, fue detenido por orden del juez décimo de lo Penal de Pichincha, Edwin Campaña. El fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Pichincha, Henry Estrada, inició una instrucción fiscal en contra de Gallo por intento de asesinato, luego de las lesiones que sufrió Luis Muñoz, dirigente nacional de los empleados judiciales.

Estrada explicó que el juez acogió el pedido y dictó prisión preventiva por existir indicios de que participó en el presunto intento de asesinato de Muñoz, quien fue herido con un arma cortopunzante durante una marcha en la Plaza de Bolívar, frente al Congreso. Fue internado en la clínica Génesis y el fiscal dice tener pruebas médicas de que se le ocasionó una incapacidad de entre 30 y 90 días.

Gallo fue detenido por agentes de la Policía Judicial y trasladado a los calabozos de la entidad, a la espera de que Estrada le tome la declaración.

En las próximas horas será trasladado al ex penal García Moreno.

Un grupo de Cero Corrupción estuvo en la mañana en la Corte Suprema gritando consignas a favor de los magistrados, y luego se trasladó a la Casa de la Cultura, en donde lanzó huevos y piedras contra los diputados de la oposición.

Un grupo de simpatizantes de Gallo se hizo presente en la Policía Judicial para exigir su liberación y respaldarlo.

Su defensa pidió ayer un hábeas corpus, que debe ser tramitado por el alcalde de Quito, Paco Moncayo.

Gallo ya tenía una denuncia por intento de asesinato presentada por Participación Ciudadana, por el ataque al local de esa ONG en la capital de la República, pero la acción procesal no ha sido tramitada.
EXPLORED
en Ciudad Quito

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