Fuertes incidentes se produjeron ayer en el Congreso. Los roldosistas y los diputados del Gobierno intentaron que la oposición no niegue la terna para fiscal. Pese a ello, 56 legisladores ratificaron tal negativa.
A las 09:17 el presidente del Congreso, Omar Quintana, clausuró la sesión sin tomar lista. Esto causó una desordenada reacción de los diputados de la oposición, quienes después de una reunión con el segundo vicepresidente del Congreso, Jorge Montero, pudieron aclarar su estrategia.
Una hora después de clausurada la sesión, Montero trató de persuadir a Quintana para que dejara la Presidencia, donde se atrincheró junto a los gobiernistas, para impedir que se reinstale la reunión.
Al mismo tiempo los diputados del PSC, ID y PK y Prian acordaban esperar 10 minutos antes de desconocer a Quintana y Montero y reinstalar la sesión por su cuenta.
Finalizado el tiempo empezó la cuenta regresiva de los últimos 15 segundos. En coro se cantó el cero y alrededor de 60 legisladores dieron la vuelta a sus curules y dando la espalda a la presidencia nombraron a Cynthia Viteri (PSC) directora de la sesión, y al ex pro secretario, John Argudo, como secretario provisional.
El cordón que la escolta formó entre la oposición y el sector de la Presidencia no fue impedimento para que varios colaboradores de los roldosistas y de los gobiernistas lanzaran botellas de agua y objetos a la oposición, quienes también respondieron en medio de insultos. Una lacrimógena también fue lanzada, pero no explotó.
Ya instalada la sesión, Quintana ordenó a los policÃas que saquen de la sala a John Argudo pero la orden no se cumplió.
Del otro lado de la sala ya habÃa empezado la votación de la moción propuesta por el jefe de bloque del PSC, Simón Bustamante. Esta ratificaba un pronunciamiento âen contra de cada uno de los integrantes de la terna para la designación de fiscal del Estadoâ, y ordenaba notificar la decisión al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
La sesión se mantuvo 15 minutos hasta que se apagaron las luces y Quintana y el jefe de bloque de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, junto a sus diputados arremetieron contra la directora de la sesión y Argudo.
Esto produjo el cruce de golpes, empujones y fuertes insultos entre ambos bandos. En medio del incidente la socialcristiana Zoila Ollague fue golpeada mientras defendÃa a Argudo. De esta agresión se responsabilizó a Gilmar Gutiérrez.
Solo cuando Quintana retrocedió, Argudo proclamó el resultado de la votación: 56 de los 83 diputados presentes se habÃan pronunciado a favor.
En ese momento Viteri suspendió la sesión que se reinstaló en la Casa de la Cultura. Ahà se reunieron casi a la fuerza.
Instalados nuevamente se votó la reconsideración y posteriormente la reconsideración de la reconsideración. Esto ratificó la vigencia de la resolución que al final firmaron 54 diputados presentes.
A las 12:00 Viteri clausuró la sesión. Entonces, una comisión se dirigió hasta el Consejo de la Judicatura. El secretario Argudo y los diputados Bustamante y Jorge Sánchez, jefes de bloque del PSC y de la ID, caminaron junto a sus asesores los 800 metros que los separaban del edificio del CNJ. Los vocales del Consejo recibieron a los diputados en el octavo piso. Ahà el notario 23 de Quito, Gabriel Cobo, certificó el documento que fue entregado a los vocales Germánico Maya, José Robayo, Jaime RodrÃguez y Felipe Granda. Junto al director del CNJ, Olmedo Castro y el dirigente de la Fenaje, Gerard Vernaza.
La amenaza de Cero Corrupción puso nerviosos a los diputados opositores
Cuatro diputados de la oposición llegaron cansados y presurosos al despacho del presidente encargado de la Casa de la Cultura, Teodoro Marasita.
Le pidieron permiso para instalar al Congreso en la sala BenjamÃn Carrión. Marasita les dijo que no estaba de acuerdo con âincendiar al paÃsâ y negó el permiso. Andrés Páez (ID) no lo pensó dos veces y ordenó abrir el local.
Los 56 diputados, encabezados por Cynthia Viteri, llenaron nerviosos la sala. Unos 60 miembros del grupo autodenominado Cero Corrupción les atacaron minutos después con huevos y palos en la puerta de ingreso. La PolicÃa llegó tarde y mantuvo un cerco de pocos miembros en la puerta enrejada. Los nerviosos asesores de los diputados se instalaron en la antesala y los empleados de la CCE cerraron puertas y ventanas, mientras que los simpatizantes del roldosismo se tomaban la vereda y blandÃan sus garrotes.
AsÃ, atacaron a golpes a varios vehÃculos que intentaban ingresar a la Casa de la Cultura, ante la pasividad de la PolicÃa. Pero uno de los vehÃculos atacados fue el del coronel de la PolicÃa Gonzalo Mancero, que llegaba al sitio para inspeccionar la situación.
Mancero montó en cólera y recriminó a sus hombres. Les ordenó que alejara y dispersara a los manifestantes hacia el parque de El Ejido y pidió refuerzos. Minutos después, más de cien policÃas, con sus nuevos uniformes tipo Robocop, empujaron a los de Cero Corrupción, capitaneados por Oswaldo Gallo, quien constantemente se comunicaba con su celular.
Mancero se encargó personalmente del operativo de seguridad para la salida de los diputados. Lo principal fue evitar el contacto con los manifestantes. Recomendó a los diputados salir de la CCE en vehÃculos rápidamente, pero la encargada de cobrar el parqueadero no entregaba rápidamente el vuelto de los 50 centavos. El coronel apresuraba a los conductores.
Demanda, en espera
La demanda de inconstitucionalidad contra la resolución legislativa de rechazar la terna a fiscal tiene el trámite suspendido. La razón es que el TC no se ha pronunciado sobre el nombramiento de Genaro Eguiguren (cercano al PSC), lo que impide que asuma como miembro de la sala que conoce la demanda. El vocal Carlos J. Arosemena manifestó que el presidente Ernesto Gualle aplazó para hoy la sesión en la que se definirÃa la principalización de Eguiguren. Eso, a decir del vocal, âes una coincidencia favorableâ con el vencimiento del plazo para nombrar a Jorge López como fiscal general de la nación, por el ministerio de la ley.
Tito Yépez renunció
El segundo de la terna para fiscal, Tito Yépez, renunció ayer a conformarla, mediante una carta al presidente del Congreso.
Yépez calificó el procedimiento de designación como irregular, manipulado por sectores interesados y ausente de transparencia. Para el abogado, la terna de candidatos -que él conformó desde el 9 de febrero pasado hasta ayer- debió ser âdesestimada, por improcedente, extemporánea, y en consecuencia inexistenteâ.
El Gobierno dice que lo actuado por el Congreso no es constitucional
Nuevamente, el Gobierno desconoció lo actuado por el bloque de la oposición del Congreso, que ayer ratificó la devolución de la terna de fiscal general.
Según el secretario de Comunicación de la Presidencia, Iván Oña, el Legislativo no está facultado ni legal ni constitucionalmente para la devolución; al contrario, persiste la idea que se debÃa escoger a uno de los tres miembros.
Mientras, el asesor presidencial José Guerrero Bermúdez mostró tranquilidad al considerar que lo ocurrido no variará en nada el proceso. âTomará posesión de su cargo Jorge López, por el ministerio de la Leyâ.
La relación de López con el Gobierno se viene manejando con mucha discreción tras los compromisos adquiridos entre los âamigos y diputadosâ que apoyaron su nombre. Uno de ellos el bloque de Sociedad Patriótica. Los acuerdos fundamentales se basan âen el respeto a los cargos de fiscales y que no se presten para persecuciones polÃticasâ.
El frente polÃtico se reunió con el Presidente desde temprano para seguir de cerca el desarrollo de la sesión del Congreso. Confiaba en que la estrategia de clausurar la sesión iba a dar resultados nuevamente. El ministro de Gobierno, Ãscar Ayerve, postergó algunos compromisos para atender el tema polÃtico. El régimen conocÃa de los riesgos de enfrentarse a la oposición, por eso esperaban que se mantenga el apoyo de âciertos diputadosâ para asegurar que el Legislativo no sesione; aquellos congresistas no aparecieron. Hasta el final de la sesión del pleno, las llamadas y contactos se intensificaron.
El mandatario destacó que son los temas importantes que se deben discutir y no aquellos de carácter polÃtico que tienen entrampado al paÃs y âque solo les interesa a los polÃticos, porque cada grupo quiere tener el control del Fiscal, el otro de las cortes de justicia para perseguir a sus adversarios polÃticos y tapar las fechorÃas y los atracosâ.
Asimismo, anunció que desde abril su interlocutor en cuestiones polÃticas será Ayerve, mientras él retornará a tratar los temas âreales del paÃsâ con los sectores productivos y sociales.
El tema en el que insiste el régimen es el proyecto de reforma a la ley Orgánica de la Función Judicial para la consulta popular. Según Gutiérrez, de haber sido aprobada el 21 de enero, la Corte Suprema habrÃa sido cesada.
El régimen aceptó dialogar sobre Corte Suprema de Justicia
El Gobierno aceptó dialogar con la oposición en el Congreso para encontrar una solución legal a la crisis de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ayer los representantes de todos los bloques opositores invitaron al régimen.
Los diputados del PSC, la ID, la DP, los socialistas y el independiente Luis MejÃa esperaron durante una hora y media al ministro de Gobierno, Ãscar Ayerve, y al secretario jurÃdico de la Presidencia, Carlos Larrea, en el estacionamiento del Parlamento.
Un fuerte resguardo policial impidió que los diputados ingresen al salón de uso múltiple donde tenÃan pensado reunirse con los funcionarios de Gobierno. Unos cincuenta efectivos policiales a órdenes del presidente Omar Quintana tenÃan la orden de impedir el ingreso de los diputados.
La iniciativa del diálogo fue concertada en una reunión que mantuvieron la noche del martes los jefes de bloque.
En esa cita se dejó de lado la posibilidad de aprobar una ley Interpretativa a la ley Orgánica de la Función Judicial, que nunca obtuvo los 51 votos para su aprobación.
Por ello se redactó la nueva propuesta de resolución que contempla el cese inmediato de la actual CSJ y propone un mecanismo para solucionar el problema, pero en el que se incluya la conformación de una comisión de selección de los magistrados escogidos mediante un concurso público y abierto.
Además la resolución de la oposición propone que la reforma se viabilice a través de la nueva ley de Cooptación, que en el Congreso se encuentra para el segundo debate. Esto permitirÃa acortar su trámite a siete dÃas o menos.
A las 09:17 el presidente del Congreso, Omar Quintana, clausuró la sesión sin tomar lista. Esto causó una desordenada reacción de los diputados de la oposición, quienes después de una reunión con el segundo vicepresidente del Congreso, Jorge Montero, pudieron aclarar su estrategia.
Una hora después de clausurada la sesión, Montero trató de persuadir a Quintana para que dejara la Presidencia, donde se atrincheró junto a los gobiernistas, para impedir que se reinstale la reunión.
Al mismo tiempo los diputados del PSC, ID y PK y Prian acordaban esperar 10 minutos antes de desconocer a Quintana y Montero y reinstalar la sesión por su cuenta.
Finalizado el tiempo empezó la cuenta regresiva de los últimos 15 segundos. En coro se cantó el cero y alrededor de 60 legisladores dieron la vuelta a sus curules y dando la espalda a la presidencia nombraron a Cynthia Viteri (PSC) directora de la sesión, y al ex pro secretario, John Argudo, como secretario provisional.
El cordón que la escolta formó entre la oposición y el sector de la Presidencia no fue impedimento para que varios colaboradores de los roldosistas y de los gobiernistas lanzaran botellas de agua y objetos a la oposición, quienes también respondieron en medio de insultos. Una lacrimógena también fue lanzada, pero no explotó.
Ya instalada la sesión, Quintana ordenó a los policÃas que saquen de la sala a John Argudo pero la orden no se cumplió.
Del otro lado de la sala ya habÃa empezado la votación de la moción propuesta por el jefe de bloque del PSC, Simón Bustamante. Esta ratificaba un pronunciamiento âen contra de cada uno de los integrantes de la terna para la designación de fiscal del Estadoâ, y ordenaba notificar la decisión al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
La sesión se mantuvo 15 minutos hasta que se apagaron las luces y Quintana y el jefe de bloque de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, junto a sus diputados arremetieron contra la directora de la sesión y Argudo.
Esto produjo el cruce de golpes, empujones y fuertes insultos entre ambos bandos. En medio del incidente la socialcristiana Zoila Ollague fue golpeada mientras defendÃa a Argudo. De esta agresión se responsabilizó a Gilmar Gutiérrez.
Solo cuando Quintana retrocedió, Argudo proclamó el resultado de la votación: 56 de los 83 diputados presentes se habÃan pronunciado a favor.
En ese momento Viteri suspendió la sesión que se reinstaló en la Casa de la Cultura. Ahà se reunieron casi a la fuerza.
Instalados nuevamente se votó la reconsideración y posteriormente la reconsideración de la reconsideración. Esto ratificó la vigencia de la resolución que al final firmaron 54 diputados presentes.
A las 12:00 Viteri clausuró la sesión. Entonces, una comisión se dirigió hasta el Consejo de la Judicatura. El secretario Argudo y los diputados Bustamante y Jorge Sánchez, jefes de bloque del PSC y de la ID, caminaron junto a sus asesores los 800 metros que los separaban del edificio del CNJ. Los vocales del Consejo recibieron a los diputados en el octavo piso. Ahà el notario 23 de Quito, Gabriel Cobo, certificó el documento que fue entregado a los vocales Germánico Maya, José Robayo, Jaime RodrÃguez y Felipe Granda. Junto al director del CNJ, Olmedo Castro y el dirigente de la Fenaje, Gerard Vernaza.
La amenaza de Cero Corrupción puso nerviosos a los diputados opositores
Cuatro diputados de la oposición llegaron cansados y presurosos al despacho del presidente encargado de la Casa de la Cultura, Teodoro Marasita.
Le pidieron permiso para instalar al Congreso en la sala BenjamÃn Carrión. Marasita les dijo que no estaba de acuerdo con âincendiar al paÃsâ y negó el permiso. Andrés Páez (ID) no lo pensó dos veces y ordenó abrir el local.
Los 56 diputados, encabezados por Cynthia Viteri, llenaron nerviosos la sala. Unos 60 miembros del grupo autodenominado Cero Corrupción les atacaron minutos después con huevos y palos en la puerta de ingreso. La PolicÃa llegó tarde y mantuvo un cerco de pocos miembros en la puerta enrejada. Los nerviosos asesores de los diputados se instalaron en la antesala y los empleados de la CCE cerraron puertas y ventanas, mientras que los simpatizantes del roldosismo se tomaban la vereda y blandÃan sus garrotes.
AsÃ, atacaron a golpes a varios vehÃculos que intentaban ingresar a la Casa de la Cultura, ante la pasividad de la PolicÃa. Pero uno de los vehÃculos atacados fue el del coronel de la PolicÃa Gonzalo Mancero, que llegaba al sitio para inspeccionar la situación.
Mancero montó en cólera y recriminó a sus hombres. Les ordenó que alejara y dispersara a los manifestantes hacia el parque de El Ejido y pidió refuerzos. Minutos después, más de cien policÃas, con sus nuevos uniformes tipo Robocop, empujaron a los de Cero Corrupción, capitaneados por Oswaldo Gallo, quien constantemente se comunicaba con su celular.
Mancero se encargó personalmente del operativo de seguridad para la salida de los diputados. Lo principal fue evitar el contacto con los manifestantes. Recomendó a los diputados salir de la CCE en vehÃculos rápidamente, pero la encargada de cobrar el parqueadero no entregaba rápidamente el vuelto de los 50 centavos. El coronel apresuraba a los conductores.
Demanda, en espera
La demanda de inconstitucionalidad contra la resolución legislativa de rechazar la terna a fiscal tiene el trámite suspendido. La razón es que el TC no se ha pronunciado sobre el nombramiento de Genaro Eguiguren (cercano al PSC), lo que impide que asuma como miembro de la sala que conoce la demanda. El vocal Carlos J. Arosemena manifestó que el presidente Ernesto Gualle aplazó para hoy la sesión en la que se definirÃa la principalización de Eguiguren. Eso, a decir del vocal, âes una coincidencia favorableâ con el vencimiento del plazo para nombrar a Jorge López como fiscal general de la nación, por el ministerio de la ley.
Tito Yépez renunció
El segundo de la terna para fiscal, Tito Yépez, renunció ayer a conformarla, mediante una carta al presidente del Congreso.
Yépez calificó el procedimiento de designación como irregular, manipulado por sectores interesados y ausente de transparencia. Para el abogado, la terna de candidatos -que él conformó desde el 9 de febrero pasado hasta ayer- debió ser âdesestimada, por improcedente, extemporánea, y en consecuencia inexistenteâ.
El Gobierno dice que lo actuado por el Congreso no es constitucional
Nuevamente, el Gobierno desconoció lo actuado por el bloque de la oposición del Congreso, que ayer ratificó la devolución de la terna de fiscal general.
Según el secretario de Comunicación de la Presidencia, Iván Oña, el Legislativo no está facultado ni legal ni constitucionalmente para la devolución; al contrario, persiste la idea que se debÃa escoger a uno de los tres miembros.
Mientras, el asesor presidencial José Guerrero Bermúdez mostró tranquilidad al considerar que lo ocurrido no variará en nada el proceso. âTomará posesión de su cargo Jorge López, por el ministerio de la Leyâ.
La relación de López con el Gobierno se viene manejando con mucha discreción tras los compromisos adquiridos entre los âamigos y diputadosâ que apoyaron su nombre. Uno de ellos el bloque de Sociedad Patriótica. Los acuerdos fundamentales se basan âen el respeto a los cargos de fiscales y que no se presten para persecuciones polÃticasâ.
El frente polÃtico se reunió con el Presidente desde temprano para seguir de cerca el desarrollo de la sesión del Congreso. Confiaba en que la estrategia de clausurar la sesión iba a dar resultados nuevamente. El ministro de Gobierno, Ãscar Ayerve, postergó algunos compromisos para atender el tema polÃtico. El régimen conocÃa de los riesgos de enfrentarse a la oposición, por eso esperaban que se mantenga el apoyo de âciertos diputadosâ para asegurar que el Legislativo no sesione; aquellos congresistas no aparecieron. Hasta el final de la sesión del pleno, las llamadas y contactos se intensificaron.
El mandatario destacó que son los temas importantes que se deben discutir y no aquellos de carácter polÃtico que tienen entrampado al paÃs y âque solo les interesa a los polÃticos, porque cada grupo quiere tener el control del Fiscal, el otro de las cortes de justicia para perseguir a sus adversarios polÃticos y tapar las fechorÃas y los atracosâ.
Asimismo, anunció que desde abril su interlocutor en cuestiones polÃticas será Ayerve, mientras él retornará a tratar los temas âreales del paÃsâ con los sectores productivos y sociales.
El tema en el que insiste el régimen es el proyecto de reforma a la ley Orgánica de la Función Judicial para la consulta popular. Según Gutiérrez, de haber sido aprobada el 21 de enero, la Corte Suprema habrÃa sido cesada.
El régimen aceptó dialogar sobre Corte Suprema de Justicia
El Gobierno aceptó dialogar con la oposición en el Congreso para encontrar una solución legal a la crisis de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ayer los representantes de todos los bloques opositores invitaron al régimen.
Los diputados del PSC, la ID, la DP, los socialistas y el independiente Luis MejÃa esperaron durante una hora y media al ministro de Gobierno, Ãscar Ayerve, y al secretario jurÃdico de la Presidencia, Carlos Larrea, en el estacionamiento del Parlamento.
Un fuerte resguardo policial impidió que los diputados ingresen al salón de uso múltiple donde tenÃan pensado reunirse con los funcionarios de Gobierno. Unos cincuenta efectivos policiales a órdenes del presidente Omar Quintana tenÃan la orden de impedir el ingreso de los diputados.
La iniciativa del diálogo fue concertada en una reunión que mantuvieron la noche del martes los jefes de bloque.
En esa cita se dejó de lado la posibilidad de aprobar una ley Interpretativa a la ley Orgánica de la Función Judicial, que nunca obtuvo los 51 votos para su aprobación.
Por ello se redactó la nueva propuesta de resolución que contempla el cese inmediato de la actual CSJ y propone un mecanismo para solucionar el problema, pero en el que se incluya la conformación de una comisión de selección de los magistrados escogidos mediante un concurso público y abierto.
Además la resolución de la oposición propone que la reforma se viabilice a través de la nueva ley de Cooptación, que en el Congreso se encuentra para el segundo debate. Esto permitirÃa acortar su trámite a siete dÃas o menos.
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