La defensa nacional, un bien público

Ayer terminó el seminario sobre Política de Defensa Nacional que, con miras
a elaborar el "Libro Blanco", reunió a especialistas internacionales,
académicos locales, civiles y miembros de las Fuerzas Armadas. Fue notoria
la escasa respuesta civil. Este hecho puede ser señal de la indiferencia en
este sector ante el tema de la defensa nacional. Dos razones básicas la
explican. Primera, la arraigada idea de que la defensa es de competencia e
interés exclusivos de los militares. Esta percepción ha sido apuntalada por
el secretismo con el que, tradicionalmente, se manejaron los temas
castrenses, sobre todo los presupuestos de la defensa. Segunda, el
insuficiente conocimiento civil del tema militar, que involucra un ámbito
técnico propio.
En este contexto, el diálogo civil-militar no se produce de la noche a la
mañana, sino que requiere un paciente proceso y circunstancias favorables
para estimularlo. Sin embargo, desde hace tiempo se muestran loables
esfuerzos civiles de acercamiento y análisis, pero circunscritos a ámbitos
académicos, que no siempre tienen suficiente repercusión entre los actores
políticos y productivos y de los movimientos sociales.
La elaboración del "Libro Blanco" permite canalizar un consenso sobre la
defensa nacional, y dar un giro de 180 grados a la idea de que es una tarea
de exclusiva responsabilidad militar. La defensa es un bien público y, como
tal, una política de Estado y la preocupación y el compromiso de civiles y
militares.
El "Libro Blanco" posibilita un acuerdo nacional sobre el papel de las
Fuerzas Armadas. El calificativo coloca como una preocupación central la de
la transparencia; es decir, una perspectiva opuesta a la del tradicional
secretismo. En realidad, en la sociedad actual, no cabe invocar razones
estratégicas para no transparentar información en cuanto a la defensa.
Cualquier venta de armas, por ejemplo, es de inmediato registrada por las
revistas especializadas y sus peculiaridades, ventajas y límites están a
disposición de todos los interesados en las páginas especializadas de la
Internet.
Quizás la clave para fortalecer el proceso sea construir la confianza entre
los sectores militar y civil a fin de favorecer el consenso y la asunción de
una responsabilidad compartida en la defensa nacional.
Después de la firma del acuerdo de paz con Perú, se habló en Ecuador de la
necesidad de redefinir el papel de las Fuerzas Armadas y los niveles del
gasto militar. A esta circunstancia se sumó otro hecho que exige, con
urgencia, la formulación de una política integral de defensa: el
agravamiento del conflicto colombiano.
Hoy mismo, las críticas del Departamento de Estado en el sentido de que
Ecuador ´no mejoró el control de sus fronteras"; los reproches sobre la
débil vigilancia financiera y el fraude con la documentación; y la mala
fama de que el país es ´un corredor estratégico para las armas, municiones
y explosivos destinados a los grupos terroristas colombianos´, pueden ser
motivos para observar la incongruencia de Estados Unidos que, por un lado,
presenta estos reclamos y, por otro recorta, el presupuesto asignado
inicialmente a Ecuador en la Iniciativa Andina para mejorar el control que
reclama; pero, más allá de rasgarse las vestiduras, pueden ser también una
oportunidad para reconocer que los hechos evidencian la falta de una
política consensuada de defensa, es decir, aquello que pretende concretar el
"Libro Blanco".
Otro aspecto medular de la transparencia y la confianza será el prever,
como parte de aquella política, los mecanismos de rendición de cuentas.