Un grupo de jueces presentó un proyecto al Presidente de la Corte para que sea tratado en la sesión de hoy en el Pleno. Según la ContralorÃa, Galo Pico Mantilla fue el último en entregar ayer su declaración jurada de bienes.
Hoy, la Corte Suprema de Justicia conoce un proyecto inédito. La propuesta intenta hallar una salida a la grave crisis institucional.
El proyecto fue presentado el lunes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, por 13 magistrados.
La idea medular es que las reformas judiciales nazcan del interior de la Suprema y no pasen por el Congreso, que actualmente tiene varios proyectos en carpeta.
Ellos plantean que la Suprema sea el organismo que juzgue y pueda destituir a los ministros y vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, modificando el artÃculo 13 de la Ley Orgánica de la Función Judicial.
Además, se propone una serie de normas para llenar las tres vacantes de magistrados, a través de la cooptación y la invitación a los grupos de la sociedad civil para que participen en el proceso.
El nombramiento de los tres ministros ha estado suspendido por más de cinco meses. En este lapso, los dos grupos antagónicos del Pleno no han podido ponerse de acuerdo sobre el mecanismo legal para llenar esas vacantes.
El tercer punto del proyecto incluye una evaluación al desempeño de los magistrados de la Suprema. Con este objetivo se recomienda la integración de una Comisión de tres jueces para que informen acerca del sistema de evaluación que se aplicará.
El último punto es el nombramiento de 30 jueces más de las cortes provinciales, para evitar la injerencia de partidos polÃticos en el proceso, según un magistrado de la Corte.
Los 13 jueces que elaboraron el proyecto reconocieron que la credibilidad del Poder Judicial ha sido seriamente afectada por las acusaciones contra algunos ministros, por irregularidades en el despacho hasta las injerencias polÃticas.
"Esto se ve agravado por el hecho de que no existe ningún órgano que examine en el plano administrativo la conducta de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia".
En el documento, de tres páginas, los jueces subrayan que "es repudiable la tesis de que los magistrados únicamente tienen responsabilidad civil y penal, porque el artÃculo 120 de la Constitución no excluye a ningún servidor público de responsabilidad administrativa". Esto implica que dentro de la Corte se abra la posibilidad de abrir sumarios administrativos contra los ministros que tengan faltas en su conducta y desempeño.
Entre tanto, ayer la ContralorÃa informó que todos los magistrados presentaron sus declaraciones de bienes.
Irónicamente, el ex magistrado y prófugo de la Justicia, Olmedo Bermeo Idrovo, fue uno de los primeros en hacer una nueva declaración de bienes. El ex integrante de la Segunda Sala de lo Civil cumplió con ese requisito el pasado 18 de agosto, en la NotarÃa 40 de Quito, según un informe oficial de la ContralorÃa.
Bermeo presentó su declaración, luego de que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ordenara su prisión por los supuestos delitos de perjurio y enriquecimiento ilÃcito.
Hasta el momento, la PolicÃa no ha podido ubicar al ex juez, quien está prófugo desde el pasado 15 de julio. El magistrado Galo Pico fue el último en presentar su patrimonio en la tarde de ayer.
El ministro Carlos RiofrÃo recalcó que la información del patrimonio debe ser pública, y sostuvo que se "debe cumplir con esa medida aunque a muchos les incomode".
Aunque precisó que en la reunión del último 23 de julio pidieron al Secretario de la Corte Suprema que solicite a la ContralorÃa un instructivo para conocer cómo deben informar de su patrimonio, este contacto nunca se cumplió.
El tema de las declaraciones seguÃa perturbando ayer a varios magistrados. Muchos evitaron hablar con la prensa; por ejemplo, Estuardo Hurtado nuevamente se mantuvo en silencio. Lo mismo sucedió con Jorge RamÃrez y Galo Galarza, quienes se limitaron a decir que la información estaba en la ContralorÃa del Estado.
Adicionalmente, Teodoro Coello precisó que en el interior de la Suprema se unen los criterios para defender el proyecto de reforma presentado por los magistrados en el Congreso. También Galo Pico sostuvo que esa reforma es "más completa", que las otras.
La auditorÃa a Brito estará lista en 10 dÃas
La ContralorÃa continúa con la verificación de las declaraciones de bienes del magistrado Eduardo Brito Mieles.
El grupo de auditores que indaga esos documentos inició el lunes la segunda etapa de revisión. La Dirección de AuditorÃa número 1 recibió la orden del contralor Genaro Peña de iniciar la verificación preliminar de las tres declaraciones que Brito entregó desde julio del 2002 en ContralorÃa.
Esos auditores tienen 10 dÃas de plazo para entregar el informe al Contralor. Si se determinan irregularidades pasarán a un examen especial en el que ya se puede determinar responsabilidades penales.
La fiscalización se basa en el artÃculo 31, numeral 9, de la Ley Orgánica de ContralorÃa.
En su segundo inciso señala que es su atribución "exigir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, de los ministros de Cortes Superiores y Tribunales Distritales, asà como de los jueces de instancia, la declaración patrimonial juramentada, que deberá ser presentada a la ContralorÃa, al inicio de sus funciones y cada cuatro años o, al tiempo de separarse de sus funciones, si tal separación se produce por cualquier causa en un perÃodo menor al señalado".
Una decisión voluntaria de los magistrados de la Corte Suprema señaló que presentarÃan en la ContralorÃa, hasta el 15 de septiembre del 2003, una nueva declaración.
Conforme al informe presentado ayer por la Unidad Correspondiente, se han receptado las declaraciones juramentadas de todos los magistrados. La ContralorÃa las revisará, y si es necesario, efectuará verificaciones preliminares, como lo hace en el caso Brito.
El Congreso sin fórmula para trámitar las reformas judiciales
La bancada de la Izquierda Democrática (ID) dio ayer un giro a su posición inicial de que el Pleno del Congreso tramite, de manera urgente, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, que presentó la Comisión de Legislación, el 19 de junio.
El diputado Wilfrido Lucero dijo que primero se debe tramitar el proyecto, auspiciado por la ID, que norma la cooptación para llenar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Y que ese tema sea incorporado en la Ley Orgánica de la Función Judicial.
Este criterio justifica la posición de su coideario, Guillermo Landázuri, titular del Congreso, de no someter a consideración del Pleno la iniciativa de esa Comisión. Ahà se plantea una reforma integral de la Función Judicial. Incluye la cooptación, la unidad jurisdiccional, lÃmite de edad, la carrera judicial y otros.
Lucero argumenta que ese proyecto es muy extenso (412 artÃculos), lo cual demorará su aprobación.
El proyecto sobre la cooptación aún no es analizado por la Comisión de lo Civil y Penal, pese a que fue presentado hace cuatro meses. La titular de ese organismo, Cinthya Viteri (PSC), dice que lo analizarán, con otras iniciativas, como la de la CSJ, para presentar el informe para primer debate. Inclusive sugiere a Landázuri que le remita el proyecto de la de Legislación para elaborar un solo proyecto.
Pero la Comisión de lo Civil y Penal prioriza otro tema: las reformas a la Ley Orgánica del Congreso. La diputada Viteri dice que aspiran presentar esta semana el informe para primer debate, que Landázuri anunció que se dará el martes.
La crisis institucional de la Corte amerita que el Parlamento trate primero las reformas judiciales? Landázuri responde que el informe sobre las reformas a la Ley Orgánica Legislativa está casi listo. No obstante, indicó que hoy se reúne con los jefes de bloque para definir ese tema.
Cuando se le preguntó si se reunirá con el diputado León Febres Cordero para tomar una decisión, dijo: "me puedo reunir con todos los legisladores, pero a la luz pública".
Ramiro Rivera (DP), primer vicepresidente del Parlamento, insiste en el tratamiento del proyecto de la Comisión de Legislación. Por eso presentó un proyecto de resolución para declarar como prioridad legislativa, la reforma judicial.
Si el Pleno aprueba esa moción, que puede votarse hoy, después resolverá si esa iniciativa tendrá un trámite especial. Es decir, que los legisladores presenten observaciones en los siguientes 30 dÃas, para que ese organismo redacte un texto definitivo, que será aprobado en un solo debate.
La diputada Viteri estima que serÃa una irresponsabilidad aprobar asà las reformas judiciales. Pero se allana a la decisión que tome Landázuri y la mayorÃa del Congreso.
Su coideario Luis Almeida cree que el Congreso debe debatir esas enmiendas en dos debates, previo informe de la Comisión de lo Civil y Penal. "Un sector del centro izquierda está desesperado por reformar la Ley de la Función Judicial para repartirse las vacantes en la Corte Suprema".
El diputado gobiernista Renán Borbúa (PSP) coincide con ese planteamiento.
De otra parte, el ex presidente Abdalá Bucaram, denunció desde Panamá, que el PSC y la ID bloquean las reformas judiciales, porque no quieren perder sus espacios en las cortes del paÃs. El actual titular de la Suprema es afÃn a la ID.
Dijo que el PRE buscará una mayorÃa con el Prian, DP, Pachakutik, MPD, Socialista e independientes, para reforma ese cuerpo legal y despolitizar la Corte Suprema.
Lo que dice la Constitución
La Constitución da atribuciones a la Comisión de Legislación y Codificación para presentar proyectos de ley.
El art. 159 dice que ese organismo podrá, por propia iniciativa, preparar proyectos de ley que serán enviados al Presidente del Congreso para que sean tramitados ordinariamente, salvo que el Congreso resuelva, por mayorÃa de sus integrantes, que siga el trámite especial.
Si resuelve el trámite especial, los diputados presentarán, dentro de los siguientes 30 dÃas, observaciones por escrito y con ellas el titular del Parlamento devolverá el proyecto a la Comisión, para que las examine. Luego remitirá al Presidente del Legislativo el proyecto definitivo junto con un informe.
Después, el Congreso podrá aprobar o negar en su totalidad el proyecto, en un solo debate; o aprobar, uno por uno, los artÃculos del proyecto enviado por la Comisión.
También podrá conocer y resolver sobre las observaciones de los legisladores que no hayan sido acogidas por la Comisión.
Hoy, la Corte Suprema de Justicia conoce un proyecto inédito. La propuesta intenta hallar una salida a la grave crisis institucional.
El proyecto fue presentado el lunes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Bermeo, por 13 magistrados.
La idea medular es que las reformas judiciales nazcan del interior de la Suprema y no pasen por el Congreso, que actualmente tiene varios proyectos en carpeta.
Ellos plantean que la Suprema sea el organismo que juzgue y pueda destituir a los ministros y vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, modificando el artÃculo 13 de la Ley Orgánica de la Función Judicial.
Además, se propone una serie de normas para llenar las tres vacantes de magistrados, a través de la cooptación y la invitación a los grupos de la sociedad civil para que participen en el proceso.
El nombramiento de los tres ministros ha estado suspendido por más de cinco meses. En este lapso, los dos grupos antagónicos del Pleno no han podido ponerse de acuerdo sobre el mecanismo legal para llenar esas vacantes.
El tercer punto del proyecto incluye una evaluación al desempeño de los magistrados de la Suprema. Con este objetivo se recomienda la integración de una Comisión de tres jueces para que informen acerca del sistema de evaluación que se aplicará.
El último punto es el nombramiento de 30 jueces más de las cortes provinciales, para evitar la injerencia de partidos polÃticos en el proceso, según un magistrado de la Corte.
Los 13 jueces que elaboraron el proyecto reconocieron que la credibilidad del Poder Judicial ha sido seriamente afectada por las acusaciones contra algunos ministros, por irregularidades en el despacho hasta las injerencias polÃticas.
"Esto se ve agravado por el hecho de que no existe ningún órgano que examine en el plano administrativo la conducta de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia".
En el documento, de tres páginas, los jueces subrayan que "es repudiable la tesis de que los magistrados únicamente tienen responsabilidad civil y penal, porque el artÃculo 120 de la Constitución no excluye a ningún servidor público de responsabilidad administrativa". Esto implica que dentro de la Corte se abra la posibilidad de abrir sumarios administrativos contra los ministros que tengan faltas en su conducta y desempeño.
Entre tanto, ayer la ContralorÃa informó que todos los magistrados presentaron sus declaraciones de bienes.
Irónicamente, el ex magistrado y prófugo de la Justicia, Olmedo Bermeo Idrovo, fue uno de los primeros en hacer una nueva declaración de bienes. El ex integrante de la Segunda Sala de lo Civil cumplió con ese requisito el pasado 18 de agosto, en la NotarÃa 40 de Quito, según un informe oficial de la ContralorÃa.
Bermeo presentó su declaración, luego de que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ordenara su prisión por los supuestos delitos de perjurio y enriquecimiento ilÃcito.
Hasta el momento, la PolicÃa no ha podido ubicar al ex juez, quien está prófugo desde el pasado 15 de julio. El magistrado Galo Pico fue el último en presentar su patrimonio en la tarde de ayer.
El ministro Carlos RiofrÃo recalcó que la información del patrimonio debe ser pública, y sostuvo que se "debe cumplir con esa medida aunque a muchos les incomode".
Aunque precisó que en la reunión del último 23 de julio pidieron al Secretario de la Corte Suprema que solicite a la ContralorÃa un instructivo para conocer cómo deben informar de su patrimonio, este contacto nunca se cumplió.
El tema de las declaraciones seguÃa perturbando ayer a varios magistrados. Muchos evitaron hablar con la prensa; por ejemplo, Estuardo Hurtado nuevamente se mantuvo en silencio. Lo mismo sucedió con Jorge RamÃrez y Galo Galarza, quienes se limitaron a decir que la información estaba en la ContralorÃa del Estado.
Adicionalmente, Teodoro Coello precisó que en el interior de la Suprema se unen los criterios para defender el proyecto de reforma presentado por los magistrados en el Congreso. También Galo Pico sostuvo que esa reforma es "más completa", que las otras.
La auditorÃa a Brito estará lista en 10 dÃas
La ContralorÃa continúa con la verificación de las declaraciones de bienes del magistrado Eduardo Brito Mieles.
El grupo de auditores que indaga esos documentos inició el lunes la segunda etapa de revisión. La Dirección de AuditorÃa número 1 recibió la orden del contralor Genaro Peña de iniciar la verificación preliminar de las tres declaraciones que Brito entregó desde julio del 2002 en ContralorÃa.
Esos auditores tienen 10 dÃas de plazo para entregar el informe al Contralor. Si se determinan irregularidades pasarán a un examen especial en el que ya se puede determinar responsabilidades penales.
La fiscalización se basa en el artÃculo 31, numeral 9, de la Ley Orgánica de ContralorÃa.
En su segundo inciso señala que es su atribución "exigir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, de los ministros de Cortes Superiores y Tribunales Distritales, asà como de los jueces de instancia, la declaración patrimonial juramentada, que deberá ser presentada a la ContralorÃa, al inicio de sus funciones y cada cuatro años o, al tiempo de separarse de sus funciones, si tal separación se produce por cualquier causa en un perÃodo menor al señalado".
Una decisión voluntaria de los magistrados de la Corte Suprema señaló que presentarÃan en la ContralorÃa, hasta el 15 de septiembre del 2003, una nueva declaración.
Conforme al informe presentado ayer por la Unidad Correspondiente, se han receptado las declaraciones juramentadas de todos los magistrados. La ContralorÃa las revisará, y si es necesario, efectuará verificaciones preliminares, como lo hace en el caso Brito.
El Congreso sin fórmula para trámitar las reformas judiciales
La bancada de la Izquierda Democrática (ID) dio ayer un giro a su posición inicial de que el Pleno del Congreso tramite, de manera urgente, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Judicial, que presentó la Comisión de Legislación, el 19 de junio.
El diputado Wilfrido Lucero dijo que primero se debe tramitar el proyecto, auspiciado por la ID, que norma la cooptación para llenar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Y que ese tema sea incorporado en la Ley Orgánica de la Función Judicial.
Este criterio justifica la posición de su coideario, Guillermo Landázuri, titular del Congreso, de no someter a consideración del Pleno la iniciativa de esa Comisión. Ahà se plantea una reforma integral de la Función Judicial. Incluye la cooptación, la unidad jurisdiccional, lÃmite de edad, la carrera judicial y otros.
Lucero argumenta que ese proyecto es muy extenso (412 artÃculos), lo cual demorará su aprobación.
El proyecto sobre la cooptación aún no es analizado por la Comisión de lo Civil y Penal, pese a que fue presentado hace cuatro meses. La titular de ese organismo, Cinthya Viteri (PSC), dice que lo analizarán, con otras iniciativas, como la de la CSJ, para presentar el informe para primer debate. Inclusive sugiere a Landázuri que le remita el proyecto de la de Legislación para elaborar un solo proyecto.
Pero la Comisión de lo Civil y Penal prioriza otro tema: las reformas a la Ley Orgánica del Congreso. La diputada Viteri dice que aspiran presentar esta semana el informe para primer debate, que Landázuri anunció que se dará el martes.
La crisis institucional de la Corte amerita que el Parlamento trate primero las reformas judiciales? Landázuri responde que el informe sobre las reformas a la Ley Orgánica Legislativa está casi listo. No obstante, indicó que hoy se reúne con los jefes de bloque para definir ese tema.
Cuando se le preguntó si se reunirá con el diputado León Febres Cordero para tomar una decisión, dijo: "me puedo reunir con todos los legisladores, pero a la luz pública".
Ramiro Rivera (DP), primer vicepresidente del Parlamento, insiste en el tratamiento del proyecto de la Comisión de Legislación. Por eso presentó un proyecto de resolución para declarar como prioridad legislativa, la reforma judicial.
Si el Pleno aprueba esa moción, que puede votarse hoy, después resolverá si esa iniciativa tendrá un trámite especial. Es decir, que los legisladores presenten observaciones en los siguientes 30 dÃas, para que ese organismo redacte un texto definitivo, que será aprobado en un solo debate.
La diputada Viteri estima que serÃa una irresponsabilidad aprobar asà las reformas judiciales. Pero se allana a la decisión que tome Landázuri y la mayorÃa del Congreso.
Su coideario Luis Almeida cree que el Congreso debe debatir esas enmiendas en dos debates, previo informe de la Comisión de lo Civil y Penal. "Un sector del centro izquierda está desesperado por reformar la Ley de la Función Judicial para repartirse las vacantes en la Corte Suprema".
El diputado gobiernista Renán Borbúa (PSP) coincide con ese planteamiento.
De otra parte, el ex presidente Abdalá Bucaram, denunció desde Panamá, que el PSC y la ID bloquean las reformas judiciales, porque no quieren perder sus espacios en las cortes del paÃs. El actual titular de la Suprema es afÃn a la ID.
Dijo que el PRE buscará una mayorÃa con el Prian, DP, Pachakutik, MPD, Socialista e independientes, para reforma ese cuerpo legal y despolitizar la Corte Suprema.
Lo que dice la Constitución
La Constitución da atribuciones a la Comisión de Legislación y Codificación para presentar proyectos de ley.
El art. 159 dice que ese organismo podrá, por propia iniciativa, preparar proyectos de ley que serán enviados al Presidente del Congreso para que sean tramitados ordinariamente, salvo que el Congreso resuelva, por mayorÃa de sus integrantes, que siga el trámite especial.
Si resuelve el trámite especial, los diputados presentarán, dentro de los siguientes 30 dÃas, observaciones por escrito y con ellas el titular del Parlamento devolverá el proyecto a la Comisión, para que las examine. Luego remitirá al Presidente del Legislativo el proyecto definitivo junto con un informe.
Después, el Congreso podrá aprobar o negar en su totalidad el proyecto, en un solo debate; o aprobar, uno por uno, los artÃculos del proyecto enviado por la Comisión.
También podrá conocer y resolver sobre las observaciones de los legisladores que no hayan sido acogidas por la Comisión.
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