Los problemas que acarrea la Comisión de DDHH del Congreso han destapado la existencia de un procedimiento "informal" en el trámite para la concesión de indultos. La presidenta del organismo, MarÃa Augusta Rivas, ha elaborado los proyectos de resolución en cuatro casos, sin tomar en cuenta el criterio de los demás comisionados. Algunos consideran que se han omitido ciertos pasos
Varios miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional cuestionan la actuación de la presidenta del organismo, MarÃa Augusta Rivas, diputada del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), en la elaboración de cuatro proyectos de indultos que están listos para ser presentados al Pleno y otros 350 que podrÃan tramitarse.
En una comunicación enviada el pasado 16 de julio al presidente de la Función Legislativa, Guillermo Landázuri, la indicada legisladora menciona a la Comisión de DDHH como la autora de un proyecto de resolución de indulto a favor del ciudadano de origen español, Manuel Morente Amador, cuando en realidad el documento fue elaborado únicamente por Rivas.
El procedimiento se repite en los trámites de indultos solicitados por MarÃa Blanca Roma Monros (española), José Federico Chiles (colombiano) y Luis Patricio Arias Félix (ecuatoriano).
La diputada socialdemócrata Magdalena Chauvet, miembro del organismo, manifiesta que la presidenta "se ha permitido actuar a nombre de la Comisión, viajar a provincias y visitar cárceles", de ahà que afirma haber hecho observaciones a algunas "decisiones inconvenientes, porque parecerÃa que Rivas cree que debe manejar el organismo como a ella le plazca".
Sostiene que los indultos solicitados por personas condenadas por narcotráfico deben ser exhaustivamente estudiados, ya que se trata de un delito que causa daño a la sociedad e indica que la Comisión debe tomar en cuenta las experiencias de otros paÃses que exigen el cumplimiento riguroso de las penas, por lo que únicamente habrÃa que otorgarlos en casos "verdaderamente excepcionales".
De su parte, Felipe Tzenkush (Pachakutik), señala que la presidenta debe suspender todos los trámites sobre indultos, hasta que el pleno de la Comisión (integrada por siete miembros) los analice y asuma una posición conjunta, pues indica que Rivas no puede actuar por su cuenta ni en este ni en otros asuntos relacionados con la vigencia de los derechos humanos, que competen al organismo.
Pero Rivas se ha manejado sola: ante la falta de respaldo de tres miembros del organismo, Magdalena Chauvet, Keneth Carrera (Prian) y Galo Ordóñez (PSC), ha sumado un promedio de 22 firmas de diputados de diferentes bancadas para apoyar sus proyectos, las cuales se añaden a la suya y a las de sus colegas de Comisión, Felipe Tzenkush, Rafael Chica (PRE) y Vinicio Andrade (Independiente).
También actuó por iniciativa propia el pasado 16 de septiembre, cuando se presentó en la Comisión de lo Civil y Penal con el propósito de impulsar no solo los cuatro pedidos de indulto señalados sino también para informar sobre la posibilidad de tramitar otras 350 solicitudes, manifiesta la presidenta de este organismo Cinthya Viteri (PSC).
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, a esta última Comisión le corresponde emitir un informe sobre cada pedido (la de DDHH se encarga de investigar y aportar toda la documentación del caso), el cual debe ser conocido por el Pleno del Congreso, que es el único facultado para conceder los indultos con una votación de mayorÃa.
Rivas ha actuado por su cuenta al menos hasta el pasado martes, cuando solamente otros tres miembros de la Comisión de DDHH acudieron a una sesión convocada por ella y le pidieron rectificar procedimientos, lo cual habrÃa sido aceptado por la diputada, dice Tzenkush, quien asistió junto a Chica y Andrade.
Hasta tanto ella ha tramitado cinco pedidos de indulto remitidos a la Comisión por el presidente Guillermo Landázuri (a quien llegan las solicitudes ingresadas por la SecretarÃa del Congreso) y tiene en lista de espera otros 350 casos recabados durante sus continuas visitas a las cárceles del paÃs, como refiere la propia diputada, tras puntualizar que esto no implica una garantÃa de que todos los casos tendrán un resultado favorable porque tienen que ser investigados hasta comprobarse la veracidad de los motivos humanitarios que los fundamentan.
Uno ya fue concedido por el Pleno del Congreso Nacional el pasado 28 de marzo, a la ciudadana española Angeles Alonso Pérez, de 68 años de edad, quien se hallaba detenida en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Quito, cumpliendo una pena de dos años ocho meses de prisión correccional por tráfico de drogas.
Previamente, el médico del indicado centro habÃa conferido un certificado que confirmaba un diagnóstico de sida y señalaba que la reclusa estaba gravemente afectada de salud. Según Rivas, la indultada falleció poco después de llegar a su paÃs.
No obstante, la actuación de la presidenta de la Comisión de DDHH, de tramitar los indultos sin contar con la anuencia de todos los miembros de ese organismo, ha despertado suspicacias en su colega Keneth Carrera, quien afirma que en los pasillos de las cárceles es reiterado el comentario de que la obtención de un indulto tiene una tarifa mÃnima de $10 mil. Versiones llegadas a BLANCO Y NEGRO hablan de sumas que irÃan entre $50 mil y $500 mil.
Aunque no acusa a la presidenta de la Comisión de DDHH de recibir un pago a cambio de realizar los trámites, presume que habrÃa un grupo de abogados que buscan a los sentenciados por narcotráfico para ayudarles en el proceso, a cambio de fuertes sumas de dinero que se quedarÃan en ese nivel, porque ni la Comisión ni el Pleno del Congreso cobran por otorgar ese perdón estipulado en la Constitución.
Por ello anuncia que la próxima semana pedirá a la FiscalÃa de la Nación una investigación prolija de los pedidos de indulto, pues "hay muchas coincidencias y muchas constantes, como el que la mayorÃa están sentenciados por narcotráfico", dice el diputado. Magdalena Chauvet también es partidaria de una investigación.
En tanto, la presidenta de la Comisión de lo Civil y Penal, Cynthia Viteri, ha pedido que se incluyeran certificados de la Cruz Roja en todas las peticiones de indulto para procesarlas. (AA-LB)
ENTREVISTA
"Hay 350 personas en prisión que podrÃan ser indultadas"
La Comisión de DDHH se encarga de encarrillar el trámite de los pedidos de indulto que llegan al Congreso Nacional
¿Por qué en los proyectos de indulto preparados por usted, menciona a la "Comisión de DDHH" como si esta los hubiera elaborado?
No me he referido a los miembros de la Comisión sino a la oficina, al espacio fÃsico, que alberga este organismo parlamentario.
La realización del proyecto deberÃa involucrar a los siete miembros.
No es necesario porque en esta instancia no se resuelve el indulto. La Comisión se encarga de tramitar las peticiones que llegan a la Presidencia del Congreso, verificar que los informes médicos de los centros carcelarios estén respaldados por los correspondientes exámenes de laboratorio que confirmen la gravedad de la enfermedad, que haya una sentencia ejecutoriada en firme y que el solicitante no esté incurso en las prohibiciones constitucionales.
¿Usted sola puede confirmar la veracidad de los informes y garantizar que no haya nada oscuro detrás de los pedidos?
Hay que partir del hecho de que una certificación que provenga de una institución pública es verdadera. Además nosotros no aceptamos certificados de médicos privados.
Pero si falla la investigación y alguien obtiene un indulto sin merecerlo, estarÃa involucrada toda la Comisión.
La investigación pasa por otros dos filtros: la Comisión de lo Civil y Penal, que revisa el proceso antes de emitir el informe que es presentado al Pleno del Congreso, entonces los 100 diputados son el segundo filtro.
¿De dónde salen los otros 350 candidatos a ser indultados?
Yo he hecho recorridos por las cárceles, hemos levantado datos y hay 350 personas que podrÃan salir con el indulto.
Pero no ha involucrado a la Comisión.
Es que yo no resuelvo los indultos, únicamente preparo los modelos de resolución. Se trata de un asunto humanitario, el momento en que se muera alguien que pidió el indulto y yo no lo haya tramitado ¿qué van a decir?
Keneth Carrera duda de la limpieza de procedimientos.
El nunca superó que le hubiera quitado la Presidencia de la Comisión y eso ha traÃdo una serie de inconvenientes, aunque está en su derecho de cuestionar.
¿Por qué es importante captar la presidencia?
Porque es interesante para figurar, para sacar réditos polÃticos. La minorÃa (tres diputados) no quiere que yo trabaje en las cárceles. Yo no vivo de la polÃtica.
¿De qué vive?
Yo trabajo en la Corte Superior de Justicia de Cañar y actualmente estoy en comisión de servicios sin sueldo.
¿Ha sido enjuiciada penalmente?
No tengo ningún juicio en mi contra. Solo tengo pecados veniales. (LB-AA)
LA FICHA
Maria Augusta Rivas Sacoto, de 31 años, doctora en Jurisprudencia por la Universidad Estatal de Cuenca, fue secretaria relatora de la Corte Superior de Azogues y jefe de investigación del Banco La Previsora. Diputada de Cañar en representación del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).
En dos años el Congreso aprueba siete indultos por motivos humanitarios
Se plantea un trámite con menos pasos formales
Entre las facultades del Congreso Nacional, contenidas en el artÃculo 130, numeral 15, de la Constitución de la República, consta la de conceder amnistÃas generales por delitos polÃticos e indultos por delitos comunes, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, siempre y cuando medien motivos humanitarios.
No pueden ser favorecidos con el indulto quienes hayan cometido delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones polÃticas o de conciencia, según el numeral 2 del artÃculo 23 de la Carta aprobada en 1998.
Desde 2001 hasta la actualidad, el Congreso Nacional ha emitido siete indultos por motivos humanitarios y de salud.
En el actual perÃodo de sesiones la Legislatura ha emitido un indulto y están en proceso otros cuatro, luego de lo cual la diputada MarÃa Augusta Rivas espera viabilizar 350 pedidos que han surgido de sus visitas a las 34 cárceles del paÃs.
Incluso es partidaria de que la Comisión de DDHH no solo tramite sino apruebe los informes que pasan a conocimiento del Pleno, sin tener que recurrir a la Comisión de lo Civil y Penal que es la encargada de otorgar el informe correspondiente. (AA)
Las enfermedades graves como el sida sustentan los pedidos de dos reclusos
Los casos corresponden a tres hombres y una mujer
Dos españoles, un ecuatoriano y un colombiano son los beneficiarios de similar número de informes favorables para indulto, elaborados por la presidenta de la Comisión de DDHH del Congreso.
Tienen en común las razones humanitarias, pues padecen enfermedades consideradas graves. Los dos ciudadanos españoles tienen sida y cumplen sentencias por narcotráfico.
Manuel Morente Amador, de 31 años, está en el Centro de Rehabilitación No. 2 de Quito y de acuerdo con el último informe médico entregado a la Comisión de lo Civil y Penal, su enfermedad se halla estable aunque presenta un cuadro fÃsico deteriorado.
De igual manera, Blanca Roma Monros, de 40 años, interna en el Centro de Rehabilitación de Mujeres, está enferma de sida y faringitis crónica. Su condición también es estable y en el pedido de indulto se aduce que sus padres están afectados de salud en su paÃs, por el problema que afronta su hija.
Ambas solicitudes son auspiciadas por el embajador de España, Andrés Collado, en cuyas cartas adjunta los informes médicos respectivos.
La petición del colombiano José Fidencio Chiles, de 44 años, cuenta con el respaldo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y el Comité Provincial de DDHH del Carchi.
Chiles cumple una condena de 12 años de reclusión mayor ordinaria en la cárcel de Tulcán por haber violado a su hija. Los informes médicos de ese centro, asà como el del hospital Eugenio Espejo y del Centro de Rehabilitación de Varones No. 1 de Quito refieren que padece de tuberculosis miliar y peritoneal y de cirrosis hepática. "su condición es de enfermo terminal", según esos reportes.
También consta el pedido del ecuatoriano Luis Patricio Arias Félix, de 22 años, que cumple una sentencia de cinco años por el delito de asesinato, en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. La solicitud es patrocinada por el consultorio jurÃdico del abogado Carlos Tapia Aguilera.
De acuerdo con los certificados médicos, el indicado ciudadano es hemipléjico, con incontinencia de esfÃnteres y presenta escaras en la región lumbosacra.
Hace un año fue operado en el hospital Pablo Arturo Suárez, de Quito, cuyos facultativos han constatado la invalidez. (LB-AA).
ENTREVISTA
"No acuso a nadie en particular, pero sospecho que algo pasa"
Las decisiones de las Comisiones Legislativas se toman por consenso o por apoyo de la mayorÃa de sus miembros
¿Por qué duda de la idoneidad de los trámites de indulto?
Para empezar, porque el pleno de la Comisión de DDHH no los ha examinado.
¿Cómo han sido tramitados?
Sin la aprobación de los miembros de la Comisión, aunque esto serÃa lo de menos porque cada diputado tiene facultad para tomar iniciativas.
Entonces la presidenta puede tramitarlos por su cuenta.
Ella no puede actuar por sà sola. Esta es una Comisión donde se tiene que discutir entre siete diputados, con iguales derechos y obligaciones, y luego la presidenta debe poner en práctica lo que se ha resuelto, o al revés: si ella tiene una inquietud debe traerla a la mesa de sesiones para discutirla.
Pero usted sà apoyó el indulto de Angeles Alonso Pérez.
Es el único que Rivas nos hizo conocer, se trataba de una ciudadana española, me dio pena y firmé el proyecto respectivo.
¿Qué piensa de los cuatro casos trasladados a la Comisión de lo Civil y Penal?
Me preocupa porque detrás de esos pedidos aparecen los mismos personajes, entre ellos una organización no gubernamental, y coincide que los peticionarios son ciudadanos españoles o colombianos, traficantes de drogas y están enfermos de sida en etapa terminal, según las solicitudes.
¿Qué le hace presumir esto?
Que alrededor de las cárceles hay un grupo de personas que está manejando esto, que está sacando plata a los narcotraficantes sentenciados para conseguir el indulto, tras cobrarles altas cantidades de dinero.
¿Cree que hay una "tarifa"?
Conozco que en las cárceles se habla que un indulto cuesta $10 mil.
¿Ese costo lo fijó la Comisión de DDHH?
En el Congreso no se cobra por ningún trámite y, como parte de la Comisión de DDHH, creo que debemos estar fuera de ese manejo porque mañana cualquiera puede decir que el organismo está cobrando por los indultos.
¿Usted cree que alguien de la Comisión está involucrado en esto?
Yo no acuso a nadie, pero sospecho que algo está pasando cuando los actores son los mismos y hay muchas cosas que los ubican en un solo grupo, hay muchas constantes.
¿Qué podrÃa estar pasando?
PodrÃa ser que los narcotraficantes hayan instaurado un "modus operandi" que consistirÃa en utilizar en el transporte de droga a personas que padecen de sida, que saben que van a morir pronto, a quienes ofrecen tramitar los indultos en poco tiempo.
¿Pedirá una investigación del tema?
Estoy preparando un borrador para dirigirme a la fiscal de la Nación, porque hay que evitar que el Congreso se vea involucrado en algo oscuro que lo vaya a desprestigiar.
La diputada Rivas dice que usted quiere desplazarla de la presidencia de la Comisión, para ocupar esa dignidad.
Eso no es cierto. Fue ella quien tomó por asalto la Comisión luego de que se habÃa acordado que yo ocuparÃa la Presidencia. Cuando esto sucedió yo advertà que el organismo se iba a politizar, como en efecto ha sucedido. (LB-AA)
LA FICHA
Keneth Carrera Cazar, riobambeño de 61 años, comunicador social graduado en la Universidad de Guayaquil, profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, durante 15 años fue conductor del programa Ventana a la Calle de Telesistema, diputado del Prian.
Se ahondan las divergencias en la Comisión de Derechos Humanos
La actual Comisión de DDHH nació con problemas: Keneth Carrera era el candidato "ungido" por la mayorÃa legislativa que captó las dignidades del Congreso el pasado 5 de enero, pero MarÃa Augusta Rivas logró el apoyo de cuatro de los siete comisionados.
Desde entonces la Comisión nunca se ha reunido con todos sus miembros. Solo el 7 de enero, el 27 de febrero y el 27 de marzo de este año, la presidenta logró una asistencia de seis diputados, incluida ella.
A varias de las nueve sesiones realizadas hasta el 30 de abril, concurrieron cuatro legisladores, incluida Rivas, aunque esto no ha sucedido regularmente por problemas de horario de las convocatorias, según la presidenta, y en rechazo a su actitud de "politizar" la Comisión, según dicen sus opositores.
Ella todavÃa cuenta con el respaldo de Vinicio Andrade (Independiente), Rafael Chica (PRE) y Felipe Tzenkush (Pachakutik), mientras Keneth Carrera (Prian), Magdalena Chauvet (ID) y Galo Ordóñez (PSC) cuestionan sus procedimientos.
Esto se evidenció por primera ocasión hace varias semanas, cuando Rivas utilizó el nombre de la Comisión para convocar a la gerenta de la AGD, Wilma Salgado, sin haber estado autorizada por los demás integrantes del organismo. (AA-LB)
PUNTO DE VISTA
No se puede actuar bajo sospecha
El conmutar las penas por motivos humanitarios es una noble decisión, amparada en las leyes del paÃs y en los tratados internacionales. Por eso mismo, quienes tienen la potestad de propiciar la conmutación o el perdón para un infractor deben actuar apegados de manera estricta a los procedimientos.
Una cosa es asistir y ayudar a los enfermos terminales que quieren regresar a sus hogares en el paÃs o fuera de él, para morir entre los suyos; y otra, muy distinta, cometer el equÃvoco de generalizar los perdones y, en este caso los indultos, sin que todos los procedimientos estén ceñidos, de manera estricta, a las normativas; y, mucho peor, arriesgarse en la decisión y caer en redes siniestras que, por dinero o a cambio de favores, pueden estar manipulando para sacar ventajas económicas o de otro tipo, dejando en mal predicamento a quienes trabajaron con buena voluntad, y deslegitimando una decisión de un organismo como el Congreso de una República.
La polémica en torno al perdón legislativo se ha encendido en el Congreso ecuatoriano, sobre todo porque, según algunos diputados, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso ha estado actuando de manera unilateral, y también por el volumen de los procesos que se estarÃan tramitando.
No obstante, al parecer, esta coyuntura podrÃa servir para que la Comisión de Derechos Humanos enmiende, en caso de que haya existido alguna falla. Eso conviene para un trabajo humanitario en el que se involucran decisiones de Estado. Y también porque el principio básico de formar una Comisión con varios miembros, es, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, propiciar el trabajo colectivo, en el que, incluso, haya diversidad ideológica, como es tradición en el caso ecuatoriano y en otras latitudes.
Nadie podrÃa estar, por tanto, en contra de una resolución de esta naturaleza, ya que se trata de una decisión para quienes están al borde de la muerte. Por eso mismo, la decisión de los diputados tiene que ser apegada a las leyes, para que nadie caiga bajo sospecha. (TFF)(BLANCO Y NEGRO)
Varios miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional cuestionan la actuación de la presidenta del organismo, MarÃa Augusta Rivas, diputada del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), en la elaboración de cuatro proyectos de indultos que están listos para ser presentados al Pleno y otros 350 que podrÃan tramitarse.
En una comunicación enviada el pasado 16 de julio al presidente de la Función Legislativa, Guillermo Landázuri, la indicada legisladora menciona a la Comisión de DDHH como la autora de un proyecto de resolución de indulto a favor del ciudadano de origen español, Manuel Morente Amador, cuando en realidad el documento fue elaborado únicamente por Rivas.
El procedimiento se repite en los trámites de indultos solicitados por MarÃa Blanca Roma Monros (española), José Federico Chiles (colombiano) y Luis Patricio Arias Félix (ecuatoriano).
La diputada socialdemócrata Magdalena Chauvet, miembro del organismo, manifiesta que la presidenta "se ha permitido actuar a nombre de la Comisión, viajar a provincias y visitar cárceles", de ahà que afirma haber hecho observaciones a algunas "decisiones inconvenientes, porque parecerÃa que Rivas cree que debe manejar el organismo como a ella le plazca".
Sostiene que los indultos solicitados por personas condenadas por narcotráfico deben ser exhaustivamente estudiados, ya que se trata de un delito que causa daño a la sociedad e indica que la Comisión debe tomar en cuenta las experiencias de otros paÃses que exigen el cumplimiento riguroso de las penas, por lo que únicamente habrÃa que otorgarlos en casos "verdaderamente excepcionales".
De su parte, Felipe Tzenkush (Pachakutik), señala que la presidenta debe suspender todos los trámites sobre indultos, hasta que el pleno de la Comisión (integrada por siete miembros) los analice y asuma una posición conjunta, pues indica que Rivas no puede actuar por su cuenta ni en este ni en otros asuntos relacionados con la vigencia de los derechos humanos, que competen al organismo.
Pero Rivas se ha manejado sola: ante la falta de respaldo de tres miembros del organismo, Magdalena Chauvet, Keneth Carrera (Prian) y Galo Ordóñez (PSC), ha sumado un promedio de 22 firmas de diputados de diferentes bancadas para apoyar sus proyectos, las cuales se añaden a la suya y a las de sus colegas de Comisión, Felipe Tzenkush, Rafael Chica (PRE) y Vinicio Andrade (Independiente).
También actuó por iniciativa propia el pasado 16 de septiembre, cuando se presentó en la Comisión de lo Civil y Penal con el propósito de impulsar no solo los cuatro pedidos de indulto señalados sino también para informar sobre la posibilidad de tramitar otras 350 solicitudes, manifiesta la presidenta de este organismo Cinthya Viteri (PSC).
De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, a esta última Comisión le corresponde emitir un informe sobre cada pedido (la de DDHH se encarga de investigar y aportar toda la documentación del caso), el cual debe ser conocido por el Pleno del Congreso, que es el único facultado para conceder los indultos con una votación de mayorÃa.
Rivas ha actuado por su cuenta al menos hasta el pasado martes, cuando solamente otros tres miembros de la Comisión de DDHH acudieron a una sesión convocada por ella y le pidieron rectificar procedimientos, lo cual habrÃa sido aceptado por la diputada, dice Tzenkush, quien asistió junto a Chica y Andrade.
Hasta tanto ella ha tramitado cinco pedidos de indulto remitidos a la Comisión por el presidente Guillermo Landázuri (a quien llegan las solicitudes ingresadas por la SecretarÃa del Congreso) y tiene en lista de espera otros 350 casos recabados durante sus continuas visitas a las cárceles del paÃs, como refiere la propia diputada, tras puntualizar que esto no implica una garantÃa de que todos los casos tendrán un resultado favorable porque tienen que ser investigados hasta comprobarse la veracidad de los motivos humanitarios que los fundamentan.
Uno ya fue concedido por el Pleno del Congreso Nacional el pasado 28 de marzo, a la ciudadana española Angeles Alonso Pérez, de 68 años de edad, quien se hallaba detenida en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Quito, cumpliendo una pena de dos años ocho meses de prisión correccional por tráfico de drogas.
Previamente, el médico del indicado centro habÃa conferido un certificado que confirmaba un diagnóstico de sida y señalaba que la reclusa estaba gravemente afectada de salud. Según Rivas, la indultada falleció poco después de llegar a su paÃs.
No obstante, la actuación de la presidenta de la Comisión de DDHH, de tramitar los indultos sin contar con la anuencia de todos los miembros de ese organismo, ha despertado suspicacias en su colega Keneth Carrera, quien afirma que en los pasillos de las cárceles es reiterado el comentario de que la obtención de un indulto tiene una tarifa mÃnima de $10 mil. Versiones llegadas a BLANCO Y NEGRO hablan de sumas que irÃan entre $50 mil y $500 mil.
Aunque no acusa a la presidenta de la Comisión de DDHH de recibir un pago a cambio de realizar los trámites, presume que habrÃa un grupo de abogados que buscan a los sentenciados por narcotráfico para ayudarles en el proceso, a cambio de fuertes sumas de dinero que se quedarÃan en ese nivel, porque ni la Comisión ni el Pleno del Congreso cobran por otorgar ese perdón estipulado en la Constitución.
Por ello anuncia que la próxima semana pedirá a la FiscalÃa de la Nación una investigación prolija de los pedidos de indulto, pues "hay muchas coincidencias y muchas constantes, como el que la mayorÃa están sentenciados por narcotráfico", dice el diputado. Magdalena Chauvet también es partidaria de una investigación.
En tanto, la presidenta de la Comisión de lo Civil y Penal, Cynthia Viteri, ha pedido que se incluyeran certificados de la Cruz Roja en todas las peticiones de indulto para procesarlas. (AA-LB)
ENTREVISTA
"Hay 350 personas en prisión que podrÃan ser indultadas"
La Comisión de DDHH se encarga de encarrillar el trámite de los pedidos de indulto que llegan al Congreso Nacional
¿Por qué en los proyectos de indulto preparados por usted, menciona a la "Comisión de DDHH" como si esta los hubiera elaborado?
No me he referido a los miembros de la Comisión sino a la oficina, al espacio fÃsico, que alberga este organismo parlamentario.
La realización del proyecto deberÃa involucrar a los siete miembros.
No es necesario porque en esta instancia no se resuelve el indulto. La Comisión se encarga de tramitar las peticiones que llegan a la Presidencia del Congreso, verificar que los informes médicos de los centros carcelarios estén respaldados por los correspondientes exámenes de laboratorio que confirmen la gravedad de la enfermedad, que haya una sentencia ejecutoriada en firme y que el solicitante no esté incurso en las prohibiciones constitucionales.
¿Usted sola puede confirmar la veracidad de los informes y garantizar que no haya nada oscuro detrás de los pedidos?
Hay que partir del hecho de que una certificación que provenga de una institución pública es verdadera. Además nosotros no aceptamos certificados de médicos privados.
Pero si falla la investigación y alguien obtiene un indulto sin merecerlo, estarÃa involucrada toda la Comisión.
La investigación pasa por otros dos filtros: la Comisión de lo Civil y Penal, que revisa el proceso antes de emitir el informe que es presentado al Pleno del Congreso, entonces los 100 diputados son el segundo filtro.
¿De dónde salen los otros 350 candidatos a ser indultados?
Yo he hecho recorridos por las cárceles, hemos levantado datos y hay 350 personas que podrÃan salir con el indulto.
Pero no ha involucrado a la Comisión.
Es que yo no resuelvo los indultos, únicamente preparo los modelos de resolución. Se trata de un asunto humanitario, el momento en que se muera alguien que pidió el indulto y yo no lo haya tramitado ¿qué van a decir?
Keneth Carrera duda de la limpieza de procedimientos.
El nunca superó que le hubiera quitado la Presidencia de la Comisión y eso ha traÃdo una serie de inconvenientes, aunque está en su derecho de cuestionar.
¿Por qué es importante captar la presidencia?
Porque es interesante para figurar, para sacar réditos polÃticos. La minorÃa (tres diputados) no quiere que yo trabaje en las cárceles. Yo no vivo de la polÃtica.
¿De qué vive?
Yo trabajo en la Corte Superior de Justicia de Cañar y actualmente estoy en comisión de servicios sin sueldo.
¿Ha sido enjuiciada penalmente?
No tengo ningún juicio en mi contra. Solo tengo pecados veniales. (LB-AA)
LA FICHA
Maria Augusta Rivas Sacoto, de 31 años, doctora en Jurisprudencia por la Universidad Estatal de Cuenca, fue secretaria relatora de la Corte Superior de Azogues y jefe de investigación del Banco La Previsora. Diputada de Cañar en representación del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE).
En dos años el Congreso aprueba siete indultos por motivos humanitarios
Se plantea un trámite con menos pasos formales
Entre las facultades del Congreso Nacional, contenidas en el artÃculo 130, numeral 15, de la Constitución de la República, consta la de conceder amnistÃas generales por delitos polÃticos e indultos por delitos comunes, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, siempre y cuando medien motivos humanitarios.
No pueden ser favorecidos con el indulto quienes hayan cometido delitos contra la administración pública, genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones polÃticas o de conciencia, según el numeral 2 del artÃculo 23 de la Carta aprobada en 1998.
Desde 2001 hasta la actualidad, el Congreso Nacional ha emitido siete indultos por motivos humanitarios y de salud.
En el actual perÃodo de sesiones la Legislatura ha emitido un indulto y están en proceso otros cuatro, luego de lo cual la diputada MarÃa Augusta Rivas espera viabilizar 350 pedidos que han surgido de sus visitas a las 34 cárceles del paÃs.
Incluso es partidaria de que la Comisión de DDHH no solo tramite sino apruebe los informes que pasan a conocimiento del Pleno, sin tener que recurrir a la Comisión de lo Civil y Penal que es la encargada de otorgar el informe correspondiente. (AA)
Las enfermedades graves como el sida sustentan los pedidos de dos reclusos
Los casos corresponden a tres hombres y una mujer
Dos españoles, un ecuatoriano y un colombiano son los beneficiarios de similar número de informes favorables para indulto, elaborados por la presidenta de la Comisión de DDHH del Congreso.
Tienen en común las razones humanitarias, pues padecen enfermedades consideradas graves. Los dos ciudadanos españoles tienen sida y cumplen sentencias por narcotráfico.
Manuel Morente Amador, de 31 años, está en el Centro de Rehabilitación No. 2 de Quito y de acuerdo con el último informe médico entregado a la Comisión de lo Civil y Penal, su enfermedad se halla estable aunque presenta un cuadro fÃsico deteriorado.
De igual manera, Blanca Roma Monros, de 40 años, interna en el Centro de Rehabilitación de Mujeres, está enferma de sida y faringitis crónica. Su condición también es estable y en el pedido de indulto se aduce que sus padres están afectados de salud en su paÃs, por el problema que afronta su hija.
Ambas solicitudes son auspiciadas por el embajador de España, Andrés Collado, en cuyas cartas adjunta los informes médicos respectivos.
La petición del colombiano José Fidencio Chiles, de 44 años, cuenta con el respaldo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y el Comité Provincial de DDHH del Carchi.
Chiles cumple una condena de 12 años de reclusión mayor ordinaria en la cárcel de Tulcán por haber violado a su hija. Los informes médicos de ese centro, asà como el del hospital Eugenio Espejo y del Centro de Rehabilitación de Varones No. 1 de Quito refieren que padece de tuberculosis miliar y peritoneal y de cirrosis hepática. "su condición es de enfermo terminal", según esos reportes.
También consta el pedido del ecuatoriano Luis Patricio Arias Félix, de 22 años, que cumple una sentencia de cinco años por el delito de asesinato, en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra. La solicitud es patrocinada por el consultorio jurÃdico del abogado Carlos Tapia Aguilera.
De acuerdo con los certificados médicos, el indicado ciudadano es hemipléjico, con incontinencia de esfÃnteres y presenta escaras en la región lumbosacra.
Hace un año fue operado en el hospital Pablo Arturo Suárez, de Quito, cuyos facultativos han constatado la invalidez. (LB-AA).
ENTREVISTA
"No acuso a nadie en particular, pero sospecho que algo pasa"
Las decisiones de las Comisiones Legislativas se toman por consenso o por apoyo de la mayorÃa de sus miembros
¿Por qué duda de la idoneidad de los trámites de indulto?
Para empezar, porque el pleno de la Comisión de DDHH no los ha examinado.
¿Cómo han sido tramitados?
Sin la aprobación de los miembros de la Comisión, aunque esto serÃa lo de menos porque cada diputado tiene facultad para tomar iniciativas.
Entonces la presidenta puede tramitarlos por su cuenta.
Ella no puede actuar por sà sola. Esta es una Comisión donde se tiene que discutir entre siete diputados, con iguales derechos y obligaciones, y luego la presidenta debe poner en práctica lo que se ha resuelto, o al revés: si ella tiene una inquietud debe traerla a la mesa de sesiones para discutirla.
Pero usted sà apoyó el indulto de Angeles Alonso Pérez.
Es el único que Rivas nos hizo conocer, se trataba de una ciudadana española, me dio pena y firmé el proyecto respectivo.
¿Qué piensa de los cuatro casos trasladados a la Comisión de lo Civil y Penal?
Me preocupa porque detrás de esos pedidos aparecen los mismos personajes, entre ellos una organización no gubernamental, y coincide que los peticionarios son ciudadanos españoles o colombianos, traficantes de drogas y están enfermos de sida en etapa terminal, según las solicitudes.
¿Qué le hace presumir esto?
Que alrededor de las cárceles hay un grupo de personas que está manejando esto, que está sacando plata a los narcotraficantes sentenciados para conseguir el indulto, tras cobrarles altas cantidades de dinero.
¿Cree que hay una "tarifa"?
Conozco que en las cárceles se habla que un indulto cuesta $10 mil.
¿Ese costo lo fijó la Comisión de DDHH?
En el Congreso no se cobra por ningún trámite y, como parte de la Comisión de DDHH, creo que debemos estar fuera de ese manejo porque mañana cualquiera puede decir que el organismo está cobrando por los indultos.
¿Usted cree que alguien de la Comisión está involucrado en esto?
Yo no acuso a nadie, pero sospecho que algo está pasando cuando los actores son los mismos y hay muchas cosas que los ubican en un solo grupo, hay muchas constantes.
¿Qué podrÃa estar pasando?
PodrÃa ser que los narcotraficantes hayan instaurado un "modus operandi" que consistirÃa en utilizar en el transporte de droga a personas que padecen de sida, que saben que van a morir pronto, a quienes ofrecen tramitar los indultos en poco tiempo.
¿Pedirá una investigación del tema?
Estoy preparando un borrador para dirigirme a la fiscal de la Nación, porque hay que evitar que el Congreso se vea involucrado en algo oscuro que lo vaya a desprestigiar.
La diputada Rivas dice que usted quiere desplazarla de la presidencia de la Comisión, para ocupar esa dignidad.
Eso no es cierto. Fue ella quien tomó por asalto la Comisión luego de que se habÃa acordado que yo ocuparÃa la Presidencia. Cuando esto sucedió yo advertà que el organismo se iba a politizar, como en efecto ha sucedido. (LB-AA)
LA FICHA
Keneth Carrera Cazar, riobambeño de 61 años, comunicador social graduado en la Universidad de Guayaquil, profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, durante 15 años fue conductor del programa Ventana a la Calle de Telesistema, diputado del Prian.
Se ahondan las divergencias en la Comisión de Derechos Humanos
La actual Comisión de DDHH nació con problemas: Keneth Carrera era el candidato "ungido" por la mayorÃa legislativa que captó las dignidades del Congreso el pasado 5 de enero, pero MarÃa Augusta Rivas logró el apoyo de cuatro de los siete comisionados.
Desde entonces la Comisión nunca se ha reunido con todos sus miembros. Solo el 7 de enero, el 27 de febrero y el 27 de marzo de este año, la presidenta logró una asistencia de seis diputados, incluida ella.
A varias de las nueve sesiones realizadas hasta el 30 de abril, concurrieron cuatro legisladores, incluida Rivas, aunque esto no ha sucedido regularmente por problemas de horario de las convocatorias, según la presidenta, y en rechazo a su actitud de "politizar" la Comisión, según dicen sus opositores.
Ella todavÃa cuenta con el respaldo de Vinicio Andrade (Independiente), Rafael Chica (PRE) y Felipe Tzenkush (Pachakutik), mientras Keneth Carrera (Prian), Magdalena Chauvet (ID) y Galo Ordóñez (PSC) cuestionan sus procedimientos.
Esto se evidenció por primera ocasión hace varias semanas, cuando Rivas utilizó el nombre de la Comisión para convocar a la gerenta de la AGD, Wilma Salgado, sin haber estado autorizada por los demás integrantes del organismo. (AA-LB)
PUNTO DE VISTA
No se puede actuar bajo sospecha
El conmutar las penas por motivos humanitarios es una noble decisión, amparada en las leyes del paÃs y en los tratados internacionales. Por eso mismo, quienes tienen la potestad de propiciar la conmutación o el perdón para un infractor deben actuar apegados de manera estricta a los procedimientos.
Una cosa es asistir y ayudar a los enfermos terminales que quieren regresar a sus hogares en el paÃs o fuera de él, para morir entre los suyos; y otra, muy distinta, cometer el equÃvoco de generalizar los perdones y, en este caso los indultos, sin que todos los procedimientos estén ceñidos, de manera estricta, a las normativas; y, mucho peor, arriesgarse en la decisión y caer en redes siniestras que, por dinero o a cambio de favores, pueden estar manipulando para sacar ventajas económicas o de otro tipo, dejando en mal predicamento a quienes trabajaron con buena voluntad, y deslegitimando una decisión de un organismo como el Congreso de una República.
La polémica en torno al perdón legislativo se ha encendido en el Congreso ecuatoriano, sobre todo porque, según algunos diputados, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso ha estado actuando de manera unilateral, y también por el volumen de los procesos que se estarÃan tramitando.
No obstante, al parecer, esta coyuntura podrÃa servir para que la Comisión de Derechos Humanos enmiende, en caso de que haya existido alguna falla. Eso conviene para un trabajo humanitario en el que se involucran decisiones de Estado. Y también porque el principio básico de formar una Comisión con varios miembros, es, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, propiciar el trabajo colectivo, en el que, incluso, haya diversidad ideológica, como es tradición en el caso ecuatoriano y en otras latitudes.
Nadie podrÃa estar, por tanto, en contra de una resolución de esta naturaleza, ya que se trata de una decisión para quienes están al borde de la muerte. Por eso mismo, la decisión de los diputados tiene que ser apegada a las leyes, para que nadie caiga bajo sospecha. (TFF)(BLANCO Y NEGRO)
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