Un informe de una hoja, con membrete del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, es la clave de la cual depende la estabilidad de las relaciones diplomáticas entre ese país y el Ecuador.
Se trata del documento en el que el DAS, con la certificación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, establece que el rocket utilizado en el fallido atentado contra el ganadero Jorge Visbal, el 15 de octubre en Bogotá, es de procedencia ecuatoriana.
El informe revela que en el cascarón del lanzacohetes es perfectamente visible el número 77, que corresponde al año de fabricación: es un artefacto M72A2, similar a otros incautados por el Ejército colombiano y el DAS, uno de ellos el 24 de enero del 2003.
Se establece que el arma corresponde al lote LS220-127. Realizado el rastreo con la ATF, se determinó que fueron fabricados en marzo de 1977 por la empresa Lone Star Army Plant, en Texarcana, Texas, y vendidos en julio de ese año al Ejército ecuatoriano, en una cantidad de 7.013, dice.
La versión sobre el origen de este artefacto fue el inicio de una polémica entre ambos países. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, denunció que procede de Ecuador y fue vendido por militares corruptos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
Quince días después, su colega ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, pidió pruebas más concretas, posterior a una rectificación más contundente y, el pasado viernes, llamó a consulta a su embajador en Bogotá, general Wilson Torres.
El documento está fechado el 21 de octubre del 2003, un día después de la llegada de la Comisión Técnica de las Fuerzas Armadas ecuatorianas a Bogotá, para indagar el caso, y a la que según el jefe de Inteligencia y miembro de esa comitiva, general Jaime Andrade se le quería inducir a que aceptara que el cohete era de procedencia ecuatoriana.
Este informe está catalogado como secreto y lo manejan la Presidencia, Cancillería y Fuerzas Militares de Colombia, y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, según fuentes de la Casa de Nariño.
¿Por qué no se lo presenta públicamente? El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Jorge Mora Rangel, señala que por el momento no se va a decir nada, para no afectar las cordiales relaciones entre los países.
Pero el documento del lanzacohetes no es el único. El DAS, Presidencia y Fuerzas Militares manejan otros cuatro informes sobre el supuesto tráfico de armas.
Quizás a eso se deba la escueta respuesta de nos remitimos a las pruebas existentes, que dio Colombia al pedido de rectificación de Gutiérrez, el pasado viernes.
Un primer detalle del DAS indica que son cuatro los lanzacohetes M72A2, de procedencia ecuatoriana, incautados por las autoridades desde 1997. La semana pasada la revista Cambio reveló la existencia de otro, elaborado también por el DAS, que menciona que son 230 artefactos del mismo tipo incautados en el lapso de cinco años.
Otro documento, que está en poder de la Comandancia de las Fuerzas Militares de Colombia, explica que en los últimos siete años se requisaron diez fusiles con insignias de las FF.AA. de Ecuador.
Agrega que, desde 1996, en manos de subversivos se han hallado 2 ametralladoras, 3 armas cortas, 1 pistola de 9 mm y 36.382 municiones, marcados con el escudo del Ejército ecuatoriano; no dice nada de los lanzacohetes M72A2.
El DAS tiene otro informe, que es el único que se facilita sin reparos a la prensa. Contiene detalles de armas, procedencia, sitios de incautación, personal que actuó y presuntos destinatarios, en este caso para la guerrilla de las FARC.
Detalla las cifras de capturas en la frontera ecuatoriano-colombiana, desde 1998. Se decomisaron 536 armas cortas, 316 fusiles, 242 granadas, más de un millón de proyectiles para todo tipo de armas, 1.050 kilos de pentolita y 1.066 metros de cordón detonante.
No se mencionan los rockets, porque ese caso lo manejan la Presidencia, el alto mando y la Cancillería.
El DAS tiene detalles de incautación de armamento
Uno de los informes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia sobre el tráfico de armas en la frontera colombo-ecuatoriana menciona las capturas hechas por el Ejército y Policía Nacional del Ecuador, en diversas localidades ecuatorianas.
Consta la incautación de 15.000 cartuchos en el sector Sucumbíos alto, por parte del Ejército, el 22 de julio del 2002; 3.507 cartuchos en la provincia del Carchi, por la Policía Nacional, el 1 de febrero del 2003.
Menciona un operativo de la Policía colombiana en Tulcán e Ipiales, en marzo del 2003, que requisó 625 cartuchos 762, 3 granadas, 2 pistolas, 1 revólver y 466 metros de mecha de seguridad.
El documento contiene el detalle de la incautación hecha por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía ecuatoriana, en la ciudadela Gatazo, en el sur de Quito, el 25 de agosto del 2003.
Se hace constar 79 ametralladoras, 1 fusil, 4 pistolas, 2 revólveres, 6 trípodes para ametralladoras, 3.999 barras de pentolita, 8.360 cápsulas detonantes eléctricas, 202 granadas, 7 rollos de cordón detonante, 71 alimentadoras y 56 cajas de municiones. En esta ciudad también se manejan copias del presunto desvío de 600 cohetes antitanque y 166 bombas cluster de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) hacia las FARC, armamento vendido al gobierno de Zimbabue. Por este caso está preso el obispo anglicano Walter Crespo.
Cordovez: Uribe debe dar una respuesta clara y terminante
A Fausto Cordovez, miembro de la Comisión de Transparencia, no le satisface la respuesta del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre la procedencia del lanzacohete del fallido atentado al ganadero colombiano, Jorge Visbal.
En una entrevista con este Diario, el comisionado pide una posición clara y contundente del gobernante vecino.
Pregunta: ¿Los pronunciamientos del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, son suficientes para dar por terminado el tema de la procedencia del lanzacohete?
Respuesta: En problemas en que se involucra el honor de la patria, las respuestas deben ser claras y terminantes.
P: ¿No hay eso?
R: Uribe dice que hay que remitirse a las pruebas; entonces, se sigue manteniendo la expectativa, la duda. Y se ha comprobado que esa arma no es del Ecuador.
P: ¿Es demasiado pedir que Uribe se retracte?
R: No habría necesidad de retractarse porque eso le significaría perder fuerza en su país y le caería la oposición, pero entre países hermanos, una declaración tan ambigua no soluciona nada.
P: Reconocer que el lanzacohete no es de procedencia ecuatoriana, ¿significaría dejar de presionar para que se investigue el tráfico de armas?
R: No, porque hay información de que la mayor cantidad de armamento entra a Colombia por las fronteras con Venezuela, Perú y Brasil. Entonces, la presión debe ser para que se investigue el tráfico de armas en todos esos países.
P: ¿Y por qué únicamente se le investiga al Ecuador?
R: Porque somos el vecino débil y al que se le quiere forzar para que entremos a un participación más directa en su conflicto.
P: Uribe en su última visita al Ecuador dijo que ya estábamos dentro del conflicto.
R: En su visita, Uribe soltó la idea: cuidado si ustedes no intervienen les puede pasar algo y seguidamente aparece el problema del cohete. Entonces, queda la incógnita de que él quiere involucrarnos en un conflicto que no es nuestro.
P: ¿Dónde queda la responsabilidad del Ecuador?
R: Cuando se tiene un mal vecino (por lo de la guerrilla) hay que cambiarse de domicilio, pero no podemos hacer eso. Debemos mantener la posición de no intervenir en el conflicto por más presiones que nos hagan Colombia y EE.UU. Este último país a Colombia le entrega toda la información de las armas y al Ecuador nada.
P: ¿EE.UU. está favoreciendo a Colombia?
R: Le está favoreciendo. ¿Cuánto de dinero le da al Ecuador y cuánto le da a Colombia? A Ecuador no le da información.
P: ¿Esa falta de información para el Ecuador interfiere el trabajo de la Comisión de Transparencia?
R: Esperemos que no. Hemos pedido, a través de la Cancillería, la información que EE.UU. le da a Colombia. Necesitamos saber a cuántos países vendió EE.UU. esas armas y en qué cantidades.
P: El hecho de que la Comisión de Transparencia sugiera la intervención de las Naciones Unidas en este problema, ¿es salirse de sus funciones?
R: De ninguna manera. Si dicen que salen armas ecuatorianas por la frontera, alguien tiene que venir a ver qué pasa en la frontera y alguien debe ayudarnos a impedir que ese tráfico suceda.
P: Parece que la Comisión siente falta de apoyo.
R: Cierto, no todos los que debían colaborar colaboran.
P: ¿Cuáles no colaboran?
R: La Contraloría nos ignora; ni siquiera hay un acuso recibo. Igual la Policía.
P: ¿Qué van a hacer?
R: El Ministerio de Defensa da una contribución económica a la Contraloría para que lo controle y veremos si se ha devengado ese aporte. De la Policía necesitamos saber qué cantidad de armas capturó y cómo lo hizo.
Comisión Técnica trabaja el informe sobre lanzacohete
El embajador de Ecuador en Colombia, Wilson Torres, mantuvo ayer en la Cancillería una reunión privada con una comisión presidida por Roberto Betancourt, director de Asuntos Bilaterales.
Los funcionarios permanecieron en la Cancillería desde las 09h00 hasta las 13h50, hora en la que Torres salió del ministerio sin atender a la prensa. A la reunión también asistió el vicecanciller Edwin Johnson.
La Comisión Técnica mantiene sesiones permanentes hasta concluir un informe respecto a los datos que proporcionó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sobre las afirmaciones del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de que el lanzacohete LAW, que iba a ser utilizado en un atentado en su país, era del Ejército ecuatoriano.
La Comisión de Transparencia que investiga la supuesta venta de armas viajará mañana a las bases aéreas de Latacunga y Taura, con el propósito de verificar si hay o no los cohetes LAW, según dijo el vocal Vicente Burneo.
Además señaló que la comisión espera hasta el 6 de noviembre que el Ejército presente el último informe de las auditorías de armas, luego se concentrará en redactar el informe general; no vamos a parar por este impasse entre Ecuador y Colombia, por el lanzacohete, subrayó.
El presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, dijo ayer en Cuenca que Torres permanecerá en el país hasta que el gobierno colombiano no rectifique sus acusaciones.
Aunque el canciller Patricio Zuquilanda sostuvo que el retorno del Embajador no dependerá de una disculpa.
En Bogotá
Con el título de Ecuador, preocupado, en una nota de diez líneas, el diario El Tiempo de Bogotá hizo referencia a la inquietud del Gobierno ecuatoriano por las denuncias de supuesto tráfico de armas a Colombia.
Hoy se espera que asuma su despacho la canciller colombiana, Carolina Barco, quien arribó al país el pasado sábado. Según voceros de la Casa de Nariño, ella tendrá que pronunciarse sobre los reclamos de Gutiérrez, para que Uribe dé una explicación.
Se trata del documento en el que el DAS, con la certificación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, establece que el rocket utilizado en el fallido atentado contra el ganadero Jorge Visbal, el 15 de octubre en Bogotá, es de procedencia ecuatoriana.
El informe revela que en el cascarón del lanzacohetes es perfectamente visible el número 77, que corresponde al año de fabricación: es un artefacto M72A2, similar a otros incautados por el Ejército colombiano y el DAS, uno de ellos el 24 de enero del 2003.
Se establece que el arma corresponde al lote LS220-127. Realizado el rastreo con la ATF, se determinó que fueron fabricados en marzo de 1977 por la empresa Lone Star Army Plant, en Texarcana, Texas, y vendidos en julio de ese año al Ejército ecuatoriano, en una cantidad de 7.013, dice.
La versión sobre el origen de este artefacto fue el inicio de una polémica entre ambos países. El presidente colombiano, Álvaro Uribe, denunció que procede de Ecuador y fue vendido por militares corruptos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
Quince días después, su colega ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, pidió pruebas más concretas, posterior a una rectificación más contundente y, el pasado viernes, llamó a consulta a su embajador en Bogotá, general Wilson Torres.
El documento está fechado el 21 de octubre del 2003, un día después de la llegada de la Comisión Técnica de las Fuerzas Armadas ecuatorianas a Bogotá, para indagar el caso, y a la que según el jefe de Inteligencia y miembro de esa comitiva, general Jaime Andrade se le quería inducir a que aceptara que el cohete era de procedencia ecuatoriana.
Este informe está catalogado como secreto y lo manejan la Presidencia, Cancillería y Fuerzas Militares de Colombia, y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, según fuentes de la Casa de Nariño.
¿Por qué no se lo presenta públicamente? El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Jorge Mora Rangel, señala que por el momento no se va a decir nada, para no afectar las cordiales relaciones entre los países.
Pero el documento del lanzacohetes no es el único. El DAS, Presidencia y Fuerzas Militares manejan otros cuatro informes sobre el supuesto tráfico de armas.
Quizás a eso se deba la escueta respuesta de nos remitimos a las pruebas existentes, que dio Colombia al pedido de rectificación de Gutiérrez, el pasado viernes.
Un primer detalle del DAS indica que son cuatro los lanzacohetes M72A2, de procedencia ecuatoriana, incautados por las autoridades desde 1997. La semana pasada la revista Cambio reveló la existencia de otro, elaborado también por el DAS, que menciona que son 230 artefactos del mismo tipo incautados en el lapso de cinco años.
Otro documento, que está en poder de la Comandancia de las Fuerzas Militares de Colombia, explica que en los últimos siete años se requisaron diez fusiles con insignias de las FF.AA. de Ecuador.
Agrega que, desde 1996, en manos de subversivos se han hallado 2 ametralladoras, 3 armas cortas, 1 pistola de 9 mm y 36.382 municiones, marcados con el escudo del Ejército ecuatoriano; no dice nada de los lanzacohetes M72A2.
El DAS tiene otro informe, que es el único que se facilita sin reparos a la prensa. Contiene detalles de armas, procedencia, sitios de incautación, personal que actuó y presuntos destinatarios, en este caso para la guerrilla de las FARC.
Detalla las cifras de capturas en la frontera ecuatoriano-colombiana, desde 1998. Se decomisaron 536 armas cortas, 316 fusiles, 242 granadas, más de un millón de proyectiles para todo tipo de armas, 1.050 kilos de pentolita y 1.066 metros de cordón detonante.
No se mencionan los rockets, porque ese caso lo manejan la Presidencia, el alto mando y la Cancillería.
El DAS tiene detalles de incautación de armamento
Uno de los informes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia sobre el tráfico de armas en la frontera colombo-ecuatoriana menciona las capturas hechas por el Ejército y Policía Nacional del Ecuador, en diversas localidades ecuatorianas.
Consta la incautación de 15.000 cartuchos en el sector Sucumbíos alto, por parte del Ejército, el 22 de julio del 2002; 3.507 cartuchos en la provincia del Carchi, por la Policía Nacional, el 1 de febrero del 2003.
Menciona un operativo de la Policía colombiana en Tulcán e Ipiales, en marzo del 2003, que requisó 625 cartuchos 762, 3 granadas, 2 pistolas, 1 revólver y 466 metros de mecha de seguridad.
El documento contiene el detalle de la incautación hecha por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía ecuatoriana, en la ciudadela Gatazo, en el sur de Quito, el 25 de agosto del 2003.
Se hace constar 79 ametralladoras, 1 fusil, 4 pistolas, 2 revólveres, 6 trípodes para ametralladoras, 3.999 barras de pentolita, 8.360 cápsulas detonantes eléctricas, 202 granadas, 7 rollos de cordón detonante, 71 alimentadoras y 56 cajas de municiones. En esta ciudad también se manejan copias del presunto desvío de 600 cohetes antitanque y 166 bombas cluster de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) hacia las FARC, armamento vendido al gobierno de Zimbabue. Por este caso está preso el obispo anglicano Walter Crespo.
Cordovez: Uribe debe dar una respuesta clara y terminante
A Fausto Cordovez, miembro de la Comisión de Transparencia, no le satisface la respuesta del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, sobre la procedencia del lanzacohete del fallido atentado al ganadero colombiano, Jorge Visbal.
En una entrevista con este Diario, el comisionado pide una posición clara y contundente del gobernante vecino.
Pregunta: ¿Los pronunciamientos del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, son suficientes para dar por terminado el tema de la procedencia del lanzacohete?
Respuesta: En problemas en que se involucra el honor de la patria, las respuestas deben ser claras y terminantes.
P: ¿No hay eso?
R: Uribe dice que hay que remitirse a las pruebas; entonces, se sigue manteniendo la expectativa, la duda. Y se ha comprobado que esa arma no es del Ecuador.
P: ¿Es demasiado pedir que Uribe se retracte?
R: No habría necesidad de retractarse porque eso le significaría perder fuerza en su país y le caería la oposición, pero entre países hermanos, una declaración tan ambigua no soluciona nada.
P: Reconocer que el lanzacohete no es de procedencia ecuatoriana, ¿significaría dejar de presionar para que se investigue el tráfico de armas?
R: No, porque hay información de que la mayor cantidad de armamento entra a Colombia por las fronteras con Venezuela, Perú y Brasil. Entonces, la presión debe ser para que se investigue el tráfico de armas en todos esos países.
P: ¿Y por qué únicamente se le investiga al Ecuador?
R: Porque somos el vecino débil y al que se le quiere forzar para que entremos a un participación más directa en su conflicto.
P: Uribe en su última visita al Ecuador dijo que ya estábamos dentro del conflicto.
R: En su visita, Uribe soltó la idea: cuidado si ustedes no intervienen les puede pasar algo y seguidamente aparece el problema del cohete. Entonces, queda la incógnita de que él quiere involucrarnos en un conflicto que no es nuestro.
P: ¿Dónde queda la responsabilidad del Ecuador?
R: Cuando se tiene un mal vecino (por lo de la guerrilla) hay que cambiarse de domicilio, pero no podemos hacer eso. Debemos mantener la posición de no intervenir en el conflicto por más presiones que nos hagan Colombia y EE.UU. Este último país a Colombia le entrega toda la información de las armas y al Ecuador nada.
P: ¿EE.UU. está favoreciendo a Colombia?
R: Le está favoreciendo. ¿Cuánto de dinero le da al Ecuador y cuánto le da a Colombia? A Ecuador no le da información.
P: ¿Esa falta de información para el Ecuador interfiere el trabajo de la Comisión de Transparencia?
R: Esperemos que no. Hemos pedido, a través de la Cancillería, la información que EE.UU. le da a Colombia. Necesitamos saber a cuántos países vendió EE.UU. esas armas y en qué cantidades.
P: El hecho de que la Comisión de Transparencia sugiera la intervención de las Naciones Unidas en este problema, ¿es salirse de sus funciones?
R: De ninguna manera. Si dicen que salen armas ecuatorianas por la frontera, alguien tiene que venir a ver qué pasa en la frontera y alguien debe ayudarnos a impedir que ese tráfico suceda.
P: Parece que la Comisión siente falta de apoyo.
R: Cierto, no todos los que debían colaborar colaboran.
P: ¿Cuáles no colaboran?
R: La Contraloría nos ignora; ni siquiera hay un acuso recibo. Igual la Policía.
P: ¿Qué van a hacer?
R: El Ministerio de Defensa da una contribución económica a la Contraloría para que lo controle y veremos si se ha devengado ese aporte. De la Policía necesitamos saber qué cantidad de armas capturó y cómo lo hizo.
Comisión Técnica trabaja el informe sobre lanzacohete
El embajador de Ecuador en Colombia, Wilson Torres, mantuvo ayer en la Cancillería una reunión privada con una comisión presidida por Roberto Betancourt, director de Asuntos Bilaterales.
Los funcionarios permanecieron en la Cancillería desde las 09h00 hasta las 13h50, hora en la que Torres salió del ministerio sin atender a la prensa. A la reunión también asistió el vicecanciller Edwin Johnson.
La Comisión Técnica mantiene sesiones permanentes hasta concluir un informe respecto a los datos que proporcionó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia sobre las afirmaciones del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de que el lanzacohete LAW, que iba a ser utilizado en un atentado en su país, era del Ejército ecuatoriano.
La Comisión de Transparencia que investiga la supuesta venta de armas viajará mañana a las bases aéreas de Latacunga y Taura, con el propósito de verificar si hay o no los cohetes LAW, según dijo el vocal Vicente Burneo.
Además señaló que la comisión espera hasta el 6 de noviembre que el Ejército presente el último informe de las auditorías de armas, luego se concentrará en redactar el informe general; no vamos a parar por este impasse entre Ecuador y Colombia, por el lanzacohete, subrayó.
El presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, dijo ayer en Cuenca que Torres permanecerá en el país hasta que el gobierno colombiano no rectifique sus acusaciones.
Aunque el canciller Patricio Zuquilanda sostuvo que el retorno del Embajador no dependerá de una disculpa.
En Bogotá
Con el título de Ecuador, preocupado, en una nota de diez líneas, el diario El Tiempo de Bogotá hizo referencia a la inquietud del Gobierno ecuatoriano por las denuncias de supuesto tráfico de armas a Colombia.
Hoy se espera que asuma su despacho la canciller colombiana, Carolina Barco, quien arribó al país el pasado sábado. Según voceros de la Casa de Nariño, ella tendrá que pronunciarse sobre los reclamos de Gutiérrez, para que Uribe dé una explicación.
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