Presidente de Comisión habló de narcodemocracia, aportes de campaña y hasta de una posible traición
El próximo martes 10 de noviembre, la Comisión de Angostura entregará su versión sobre lo ocurrido la madrugada del 1.º de marzo de 2008. Aquel día, el Ejército colombiano bombardeó el campamento del ex número dos de las FARC, Raúl Reyes, instalado en Ecuador, y murieron 26 personas.
Francisco Huerta, presidente de la Comisión, ha levantado expectativas alrededor de ese documento, al realizar una serie de anuncios en varios medios de comunicación, a partir del 22 de octubre.
Entre otros puntos, habló del riesgo de que el Ecuador se convierta en una narcodemocracia, así como de los aportes a la campaña presidencial de 2006 y de que los radares ecuatorianos no estuvieron activados durante el bombardeo de Angostura.
En ocho meses de investigaciones, ese organismo habría entrevistado a 50 personas, entre ellas a ex integrantes y elementos activos de organismos de inteligencia nacional.
Una de sus limitaciones ha sido la falta de colaboración de parte de Colombia, que no ha brindado información sobre los hechos ocurridos alrededor de bombardeo al campamento de las FARC. Tampoco ha tenido resonancia la convocatoria hecha por la Comisión al ex jefe de la desaparecida Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), el mayor (r) Manuel Silva.
Esa unidad de élite era clave en la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo, dos ilícitos que estarían estrechamente vinculados, como se describe en algunos hechos ocurridos en estos tres años.
Reacciones: Aunque Huerta no ha entrado en detalles, dos temas son los que más reacciones han generado.
El primero se vincula con el tráfico de drogas. Huerta ha dicho que el "narcotráfico y el lavado de activos crece en el país, y con ello el riesgo de una narcodemocracia". Ya en abril, el ex oficial de la Policía alertó que el problema se había extendido hacia el sur del país y que no solo estaba focalizado en la frontera con Colombia. Además, sostuvo que no solo había tránsito, sino producción de droga.
A inicios de octubre, el operativo "Aniversario" confirmó una tendencia hacia arriba del ilícito. En él, se decomisaron 8,3 toneladas de droga, halladas en bultos con símbolos utilizados por el Frente 48 de las FARC, cuyos cabecillas son Édgar Tovar y Olidem Solarte, este último vinculado a la red presuntamente liderada por Jefferson Ostaiza, implicado en el caso "Huracán de la Frontera".
En ese caso también fue vinculado José Ignacio Chauvin, ex subsecretario de asuntos políticos del Ministerio de Gobierno, cuando su titular era Gustavo Larrea. Ambos fueron acusados por Colombia de tener nexos con la guerrilla de las FARC, luego de revelar los documentos supuestamente extraídos de los computadores de Reyes, en los que se los señala como emisarios del Gobierno ecuatoriano.
La Uies fue desmantelada tras conocerse los resultados de esas dos operaciones. Silva fue dado de baja, tras investigarse la supuesta entrega de información "sensible" a la embajada de EE UU.
Hay dos antecedentes clave en el tema de los aportes de campaña. El primero tiene que ver con las revelaciones surgidas de varios documentos atribuidos a las FARC, en los que se señalan aportes a la campaña presidencial de 2006. En uno de ellos se menciona la entrega de $400 mil a emisarios del actual Gobierno.
El segundo antecedente tiene que ver con la actuación de Fabricio Correa, hermano del presidente, quien en la campaña estuvo encargado de recoger aportes. Dada su actual posición crítica, el tema arroja más interrogantes.
Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército, cuestiona lo que cree Francisco Huerta, representante de la Comisión de Angostura, con relación al hecho de que los radares que controlaban la zona fronteriza con Colombia hayan estado apagados cuando se produjo el bombardeo al campamento de Angostura, el 1 de marzo de 2008.
Pazmiño dijo que si estuvieron apagados los radares "era un hecho grave", ya que estaba en juego la seguridad nacional. Sin embargo, de haber estado dañados, existiría una responsabilidad agravada del comandante de la época".
El mayor Manuel Silva, ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales (Uies), dijo que él esperaba que el informe de la Comisión de Angostura revele la relación de funcionarios del Gobierno con las FARC, porque esa era la razón de ser de la Comisión. Además, señaló que el documento tiene que ser técnico y no debe contener tintes de carácter político.
El oficial, en servicio pasivo desde principios de año, advirtió que en la zona sur del país se habían instalado decenas de laboratorios de procesamiento de droga y que ésta actividad se ha incrementado por falta de control.
Ricardo Patiño, ministro coordinador de la Política, manifestó que se debe tener cuidado con los términos que se utilizan, porque una cosa es que exista infiltración del narcotráfico en los espacios públicos, la Policía, los jueces, e incluso en algunos políticos, pero hablar de una narcodemocracia es una exageración. Esto, en referencia a las declaraciones de Francisco Huerta. El funcionario señaló que tanto en la Policía como en la esfera judicial hay una infiltración de esta delincuencia. Dijo que entre los políticos hay contados casos que hay que descubrir y mandarlos a la cárcel.
Juan Carlos Rueda, jefe de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (Ulco), dijo que no se puede descartar que hay una abusiva intervención de los grupos delictivos organizados. Entre ellos el narcotráfico no solo de Colombia, sino también del Perú. También indicó que el país está siendo allanado por dos frentes, pero que se encuentran empeñados en adoptar medidas para contrarrestar aquello, pues destacó que no se puede descuidar ninguna parte del territorio para evitar que el crimen organizado, que está articulado, haga de las suyas dentro del Ecuador.
Joel Loiza, jefe de la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA), considera que hay que estar preparados y unidos en todos los ámbitos para afrontar y descifrar el accionar narcodelictivo.
En ese sentido, puso como ejemplo que en el "Operativo Victoria", realizado en Esmeraldas en agosto pasado, se hallaron códigos o marcas diferentes en los ladrillos de 2 kilos de clorhidrato de cocaína, que daban cuenta que esa droga pertenecía al Frente 48 de las FARC. Esto se determinó también en base a intercambio de información con la Policía de Colombia, que sabe cómo opera la narcoguerrilla.
El próximo martes 10 de noviembre, la Comisión de Angostura entregará su versión sobre lo ocurrido la madrugada del 1.º de marzo de 2008. Aquel día, el Ejército colombiano bombardeó el campamento del ex número dos de las FARC, Raúl Reyes, instalado en Ecuador, y murieron 26 personas.
Francisco Huerta, presidente de la Comisión, ha levantado expectativas alrededor de ese documento, al realizar una serie de anuncios en varios medios de comunicación, a partir del 22 de octubre.
Entre otros puntos, habló del riesgo de que el Ecuador se convierta en una narcodemocracia, así como de los aportes a la campaña presidencial de 2006 y de que los radares ecuatorianos no estuvieron activados durante el bombardeo de Angostura.
En ocho meses de investigaciones, ese organismo habría entrevistado a 50 personas, entre ellas a ex integrantes y elementos activos de organismos de inteligencia nacional.
Una de sus limitaciones ha sido la falta de colaboración de parte de Colombia, que no ha brindado información sobre los hechos ocurridos alrededor de bombardeo al campamento de las FARC. Tampoco ha tenido resonancia la convocatoria hecha por la Comisión al ex jefe de la desaparecida Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), el mayor (r) Manuel Silva.
Esa unidad de élite era clave en la lucha contra el tráfico de drogas y el terrorismo, dos ilícitos que estarían estrechamente vinculados, como se describe en algunos hechos ocurridos en estos tres años.
Reacciones: Aunque Huerta no ha entrado en detalles, dos temas son los que más reacciones han generado.
El primero se vincula con el tráfico de drogas. Huerta ha dicho que el "narcotráfico y el lavado de activos crece en el país, y con ello el riesgo de una narcodemocracia". Ya en abril, el ex oficial de la Policía alertó que el problema se había extendido hacia el sur del país y que no solo estaba focalizado en la frontera con Colombia. Además, sostuvo que no solo había tránsito, sino producción de droga.
A inicios de octubre, el operativo "Aniversario" confirmó una tendencia hacia arriba del ilícito. En él, se decomisaron 8,3 toneladas de droga, halladas en bultos con símbolos utilizados por el Frente 48 de las FARC, cuyos cabecillas son Édgar Tovar y Olidem Solarte, este último vinculado a la red presuntamente liderada por Jefferson Ostaiza, implicado en el caso "Huracán de la Frontera".
En ese caso también fue vinculado José Ignacio Chauvin, ex subsecretario de asuntos políticos del Ministerio de Gobierno, cuando su titular era Gustavo Larrea. Ambos fueron acusados por Colombia de tener nexos con la guerrilla de las FARC, luego de revelar los documentos supuestamente extraídos de los computadores de Reyes, en los que se los señala como emisarios del Gobierno ecuatoriano.
La Uies fue desmantelada tras conocerse los resultados de esas dos operaciones. Silva fue dado de baja, tras investigarse la supuesta entrega de información "sensible" a la embajada de EE UU.
Aportes de campaña
Hay dos antecedentes clave en el tema de los aportes de campaña. El primero tiene que ver con las revelaciones surgidas de varios documentos atribuidos a las FARC, en los que se señalan aportes a la campaña presidencial de 2006. En uno de ellos se menciona la entrega de $400 mil a emisarios del actual Gobierno.
El segundo antecedente tiene que ver con la actuación de Fabricio Correa, hermano del presidente, quien en la campaña estuvo encargado de recoger aportes. Dada su actual posición crítica, el tema arroja más interrogantes.
Radares de control fronterizo
Mario Pazmiño, ex director de Inteligencia del Ejército, cuestiona lo que cree Francisco Huerta, representante de la Comisión de Angostura, con relación al hecho de que los radares que controlaban la zona fronteriza con Colombia hayan estado apagados cuando se produjo el bombardeo al campamento de Angostura, el 1 de marzo de 2008.
Pazmiño dijo que si estuvieron apagados los radares "era un hecho grave", ya que estaba en juego la seguridad nacional. Sin embargo, de haber estado dañados, existiría una responsabilidad agravada del comandante de la época".
Expectativa por informe
El mayor Manuel Silva, ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales (Uies), dijo que él esperaba que el informe de la Comisión de Angostura revele la relación de funcionarios del Gobierno con las FARC, porque esa era la razón de ser de la Comisión. Además, señaló que el documento tiene que ser técnico y no debe contener tintes de carácter político.
El oficial, en servicio pasivo desde principios de año, advirtió que en la zona sur del país se habían instalado decenas de laboratorios de procesamiento de droga y que ésta actividad se ha incrementado por falta de control.
Cuidado con los términos
Ricardo Patiño, ministro coordinador de la Política, manifestó que se debe tener cuidado con los términos que se utilizan, porque una cosa es que exista infiltración del narcotráfico en los espacios públicos, la Policía, los jueces, e incluso en algunos políticos, pero hablar de una narcodemocracia es una exageración. Esto, en referencia a las declaraciones de Francisco Huerta. El funcionario señaló que tanto en la Policía como en la esfera judicial hay una infiltración de esta delincuencia. Dijo que entre los políticos hay contados casos que hay que descubrir y mandarlos a la cárcel.
Crimen organizado 'abusivo'
Juan Carlos Rueda, jefe de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado (Ulco), dijo que no se puede descartar que hay una abusiva intervención de los grupos delictivos organizados. Entre ellos el narcotráfico no solo de Colombia, sino también del Perú. También indicó que el país está siendo allanado por dos frentes, pero que se encuentran empeñados en adoptar medidas para contrarrestar aquello, pues destacó que no se puede descuidar ninguna parte del territorio para evitar que el crimen organizado, que está articulado, haga de las suyas dentro del Ecuador.
Hay que estar preparados
Joel Loiza, jefe de la Dirección Nacional Antinarcóticos (DNA), considera que hay que estar preparados y unidos en todos los ámbitos para afrontar y descifrar el accionar narcodelictivo.
En ese sentido, puso como ejemplo que en el "Operativo Victoria", realizado en Esmeraldas en agosto pasado, se hallaron códigos o marcas diferentes en los ladrillos de 2 kilos de clorhidrato de cocaína, que daban cuenta que esa droga pertenecía al Frente 48 de las FARC. Esto se determinó también en base a intercambio de información con la Policía de Colombia, que sabe cómo opera la narcoguerrilla.
Fases Narco
- Producción: Consiste en el sembrío, cosecha y elaboración de la droga. Para ello se utilizan especialmente tierras ubicadas en zonas alejadas y mano de obra campesina. A ellos se les paga por jornal o producción.
- Transporte: Son los mecanismos que sirven para sacar la droga desde los centros de producción hacia los centros de acopio y refinamiento. En esta etapa, al igual que en las demás, la seguridad es vital. De ahí, los grupos armados.
- Acopio: Sitios de almacenamiento, protección, empaquetado, impermeabilización y marcado de la droga. Esto último sirve para identificar quién es el productor, así como la calidad de los alcaloides.
- Exportación: Se realiza a través de los mecanismos terrestre, aéreo y marítimo. Para ello se utilizan muchas formas: en contenedores, correos, maletas, flores, productos del mar y agrícolas no perecibles, textiles, animales, personas.
- Distribución: Los mercados de consumo están especialmente en Estados Unidos y Europa. Ahí se comercializan los diferentes tipos de estupefacientes, tanto al mayor como al por menor, a través de grupos delictivos.
- Inversión- Reinversión: El dinero de la venta se utiliza para reinvertir en todas las fases señaladas. Las inmensas ganancias se utilizan en la compra de bienes inmuebles y se depositan en el sistema financiero.
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