Quito. 27.03.91. El Plan de Acción Anual 1991 se propone
redefinir el papel del Estado para superar la crisis económica
y construir alternativas que viabilicen el desarrollo
económico y social del país.
El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) hace referencia en
el plan a un problema que ha sido tratado desde distintos
ángulos, pero que todos coinciden en concederle gran
importancia, como es la ineficiencia e ineficacia del
Estado.
Señala que hay quienes apuestan a resolverlo a través de la
reducción del tamaño del Estado mediante la progresiva y/o
radical privatización del sector público. Para otros, el
problema no se encuentra en el tamaño, sino en la capacidad de
gobierno, esto es, en la técnica, métodos y prácticas de
dirección de la economía y del Estado.
Para el CONADE, independientemente del tamaño del Estado, "es
innegable que hace falta actuar sobre la capacidad de gestión,
planificación y gobierno".
También hace falta -añade- modificar la relación entre Estado
y la sociedad civil, con el objeto de corregir el paternalismo
del primero y el instrumentalismo de ésta. Ello supone, por un
lado, superar el enfoque economicista según el cual el único
recurso escaso de la sociedad es el económico, reconociendo la
existencia de otros recursos escasos como el poder, la
organización, el conocimiento, etc; y, por otro, la
inclinación a privilegiar la gobernabilidad en detrimento del
proyecto y la capacidad de gobierno.
"No solo hay que redistribuir el ingreso, sino el poder"
"Según el plan, en esa perspectiva se inserta la necesidad de
que el Estado no solo se ocupe de redistribuir el ingreso -si
ello es posible- sino de distribuir conciencia y poder entre
los distintos grupos de la población para promover la
constitución de nuevos actores sociales que sean capaces de
organizarse alrededor de la identificación y solución de sus
propios problemas. "Además, en el momento presente, le toca al
Estado dirigir la modernización de la sociedad hacia una mayor
especialización y competitividad del conjunto de la sociedad,
para responder a las exigencias de la articulación del país a
la nueva realidad del contexto internacional".
Desde este punto de vista, el CONADE dice que la preocupación
del Estado debe centrarse en impulsar cambios necesarios que
propicien la existencia de un contexto favorable para el
desarrollo de las iniciativas de los actores sociales, dentro
de un marco de claras reglas de juego y de equidad social.
Ello exige también un proceso "de efectiva descentralización
que coadyuve a una más dinámica, comprometida y eficiente
participación de la sociedad civil". Esa descentralización
implica una "redemocratización de la sociedad, la
flexibilización de la gestión del gobierno central y una
programación concertada de acciones para el desarrollo
equilibrado de todas las regiones del país".
Junto a la redefinición del papel del Estado, el CONADE se
pronuncia por una imposición de la reconceptualización del
desarrollo concebido en términos más amplios e integrales, no
sólo como un proceso que persiga modernizar la economía, sino
afrontar el problema social y la protección del medio
ambiente.
Para un nuevo rol del Estado
Se pretende, entre otras cosas, impulsar el proyecto de apoyo
a la planificación descentralizada
Para redefinir el papel del Estado, el Plan de Acción Anual
1991 del CONADE fija los siguientes lineamientos:
Fortalecer el proceso de modernización del sector público, a
fin de que su actividad y estructura respondan a la necesidad
de construcción de un nuevo estilo de desarrollo,
principalmente, mediante el impulso a los cambios y reformas
necesarios para que el país se adecúe a las exigencias de su
integración internacional, en especial con la integración
andina.
Impulsar el proyecto de apoyo a la planificación
descentralizada, a través del cual se busca fortalecer el
campo de acción Municipal. Por intermedio de este proyecto se
trata de desarrollar programas de asistencia técnica,
capacitación e informática, CONADE, BEDE, entre otros.
Apoyar las acciones tendientes a redefinir las funciones de
los Municipios y Consejos Provinciales, a fin de otorgar a
éstos la capacidad suficiente para responder a las demandas
locales y regionales.
Promover la organización y funcionamiento de los Comités de
Desarrollo Provincial, por ser ésta una de las instancias de
coordinación institucional y de participación de
representantes de la sociedad política y civil. Estudiar la
alternativa de modificar su estructura para garantizar su
viabilidad política.
Reforzar la capacidad del Estado para la gestión ambiental,
mediante la definición y ejecución de la política nacional
ambiental y sus correspondientes instrumentos jurídicos e
institucionales. Incentivar la organización y participación de
la sociedad civil en la política ambiental del país. (A-3)
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