Ayer, 60 legisladores aprobaron una moción que rechazaba y devolvía la terna enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para la designación del fiscal general de la Nación. Sin embargo, para los bloques que no apoyaron la moción, el tema no está sellado, porque consideran que no hubo una resolución final, mientras que para los que la apoyaron se abrió un nuevo debate en torno a cómo nombra al próximo titular del Ministerio Público.
Luego de la caótica jornada del martes, la oposición no permitió que el PRE y los diputados afines al régimen bloquearan la sesión. Los legisladores Jorge Guamán, Miguel López y Ana Miranda de PK, Wilfrido Lucero y Myriam Garcés de la ID, Zoila Ollague y Jackeline Silva del PSC se quedaron en vigilia la noche hasta iniciar la cita a las 09:30.
Luego de seis horas de debate, es decir a las 15:30, los legisladores del PSC, ID, PK, Prian, socialistas, dos DP, Marco Proaño Maya (PRE) y los independientes Édgar Ortiz y Aurelio Llori (quien retornó a votar junto a la ID) sumaron 60 votos y aprobaron la moción planteada por Antonio Posso para: "Que se vote en contra de la terna enviada y que negada, se la devuelva a su origen (Judicatura)".
Luego de no proceder la segunda reconsideración de esta votación, el presidente del Parlamento, Omar Quintana, suspendió la sesión y convocó para el próximo martes. El diputado Luis Villacís (MPD) sostuvo que el tema no tuvo resolución, porque la moción llama a votar sobre la terna y esto aún no se produjo.
A más de este aspecto, en los bloques que apoyaron la moción hay criterios divididos sobre cómo nombrar al fiscal, pues el Prian buscará que sea el Congreso quien lo designe, pero el PSC sostiene que para tratar el tema primero debe darse la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto, que, a su vez, debería nombrar a sus dos representantes para la Judicatura y, finalmente, este organismo debería enviar otra terna.
Por su parte, el diputado Gilmar Gutiérrez (Sociedad Patriótica) anunció que demandará ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución que se tomó ayer y que para esto ya ha dialogado con varios vocales del organismo.
Aunque la sesión se desarrolló con ligera normalidad, llamó la atención que el número de efectivos policiales que custodiaban el Legislativo se incrementó, pues, a más de los 110 pertenecientes a la Escolta Legislativa, estuvieron 60 policías de tropa, 20 del GIR y 100 antimotines. No se descartó que se desencadenen incidentes. Incluso, se rumoreó que uno de los asesores de la diputada Denni Cevallos (PRE) estaba armado y que otro cercano al MPD ingresó dos bombas lacrimógenas al Pleno del Legislativo.
Quintana suspendió la sesión a la espera de que durante el feriado de Semana Santa los diputados "se acerquen a Dios". (GFS)
Renace el nerviosismo en la Suprema de facto
Unos 15 ministros jueces de facto llegaron a sus despachos y solo trabajaron hasta ayer
Un ambiente de tensión y nerviosismo se registró ayer en el reducido número de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto que acudió a trabajar en el ex edificio Filanbanco.
En los pasillos de la Corte se rumoreaba que varios jueces empezaron a sacar las cosas de sus oficinas el día anterior. Gerardo Vásquez y Ernesto Velázquez negaron este rumor y aseguraron que se mantienen despachando procesos.
Cerca de las 10:00, varios pisos de la Suprema fueron desalojados por policías del Escuadrón Antiexplosivos del GIR, quienes verificaron una llamada que alertaba sobre la instalación de una bomba y que fue recibida por Esperanza Rivera, secretaria del titular de la Corte de facto, Guillermo Castro. La presunta amenaza no convenció a varios ministros que ni se inmutaron frente a la presencia de los uniformados.
Luego de una hora de revisión, el jefe del escuadrón del GIR, Napoleón Espinoza, confirmó que se trataba de una falsa alarma.
Los jueces iniciaron desde ayer el feriado y anunciaron que regresarán a la Corte el próximo lunes. (MAR)
Un solo magistrado va a la sesión del Pleno de la CSJ
No se pudo confirmar si Guillermo Castro Dáger se reunió con el presidente Gutiérrez
Solo el magistrado José García acudió al quinto piso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para asistir a la sesión ordinaria del Pleno de la Corte convocada por el presidente de la Suprema de facto, Guillermo Castro Dáger.
García esperó en vano por más de una hora a que los jueces acudieran a la cita en la que se debía analizar el informe presentado por tres jueces que investigaron a los vocales del Consejo de la Judicatura (CNJ), Germánico Maya y José Robayo, por su participación en el paro judicial.
Pocos minutos antes, Castro inusualmente invitó a los periodistas a que verificaran en su despacho que las labores se desarrollaban normalmente. Sin embargo, en la presidencia de la Corte no se registró mayor movimiento y Castro se retiró de su despacho. Dijo que solo bajaba al cuarto piso y regresaba enseguida; hasta el mediodía no retornó.
Ernesto Velázquez y Fausto Garcés permanecieron pocos minutos en la presidencia de la Suprema y luego regresaron a sus oficinas. El inicio de un expediente en contra de Maya y Robayo se decidirá la próxima semana. (MAR)
González plantea adelantar paro provincial
La Asamblea de Quito se reunirá el lunes para evaluar situación
La Asamblea de Quito se reunirá el próximo lunes para analizar la crisis política y jurídica del país. En esa reunión, a la que asistirá Ramiro González en representación de la Asamblea de Pichincha, se evaluará la evolución de los acontecimientos.
González, en un encuentro que sostuvo ayer con los ministros de la cortes superiores del país, dijo que se analiza la posibilidad de adelantar el paro de Pichincha para los primeros días de abril. Su propuesta es que dicha paralización sea a escala nacional, donde intervengan todas las provincias, para exigir el retorno al estado de derecho.
Los jueces dijeron que se sumarán a esta medida de protesta y solicitaron apoyo para garantizar su estabilidad laboral, sacar a los jueces de facto y volver al estado de derecho.
Paco Moncayo señaló que la Asamblea de Quito está dispuesta a apoyar el paro y todas las medidas que sean necesarias para recobrar la institucionalidad del país. Resaltó como un logro el hecho de que la comunidad internacional haya confirmado la necesidad de que el Ecuador vuelva al estado de derecho, como recomendó el relator de la ONU sobre temas de justicia, Leandro Despouy. (MA)
Juicio penal a Gallo por agresión a Muñoz
La Corte Superior y Asociación del Guayas respaldan a dirigente
El presidente (e) de la Fenaje, Gerard Vernaza, presentó ayer en la Fiscalía una denuncia en contra del dirigente de Cero Corrupción, Oswaldo Gallo, por el presunto delito de intento de asesinato en contra del dirigente Luis Muñoz.
Las investigaciones están a cargo del fiscal Henry Estrada, quien dispuso el reconocimiento médico legal por las agresiones de las que fue objeto Muñoz.
La diligencia dispuesta por Estrada determinará el tipo de objeto utilizado para agredir a Muñoz, quien está internado en la clínica Génesis, donde se recupera de la intervención quirúrgica del martes anterior, a la que debió ser sometido luego de ser agredido en las afueras del Congreso, mientras participaba en una marcha pacífica en contra de los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto.
Vernaza aseguró que el paro iniciado el martes 21, por más de 4 000 funcionarios judiciales, continuará. La asamblea de judiciales se reunió ayer y decidió buscar más adhesiones para lograr la cesación de los magistrados. (MAR)
ENTREVISTA
"ID actúa unida ante decisiones tomadas"
"El presidente Gutiérrez ha perdido autoridad. De aquí en adelante habrá desacato a las decisiones autoritarias e ilegales vengan de quien vengan"
¿Qué pasa en la ID que el alcalde y el prefecto tienen una posición y los diputados otra diferente en torno a la actual crisis político-judicial, lo cual se refleja en un desfase entre la Asamblea de Quito y los diputados del Congreso?
La posición del alcalde y del prefecto no es partidaria. Nuestra participación en las asambleas de Quito y de Pichincha, respectivamente, obedece a la autoridad entregada por el pueblo en las urnas. El Parlamento tiene su propia lógica y sus propias contradicciones. Paco Moncayo y Ramiro González creemos que no se debe "parlamentarizar" la política, porque tenemos el deber de hacer un gobierno local y provincial en beneficio de todos los sectores.
¿Esto refleja una división al interior de la ID?
Hasta el momento, la ID jamás ha votado separada en el Congreso. El partido es democrático y, por tanto, los diputados y sus militantes debaten, discuten y tienen posiciones distintas sobre los temas de interés nacional. Aquí no hay la llamada telefónica para ordenar que levanten o bajen el brazo, pero el rato de votar todos lo hacen por la tesis que el partido ha definido.
¿Insistirán en que el Congreso apruebe una Ley Interpretativa para salir de la crisis? ¿qué pasará con la revocación del mandato a los diputados que se cambiaron de camiseta?
El próximo lunes vamos a revisar las decisiones de las asambleas de Quito y de Pichincha, y realizaremos todo lo que sea necesario hasta lograr el retorno al estado de derecho, pues estamos viviendo una absoluta inconstitucionalidad e ilegalidad.
Ese retorno a la institucionalidad se complica con los últimos hechos...
El problema actual es que quieren tomarse la Fiscalía. Por eso, el señor Quintana revocó la convocatoria a la sesión del Congreso para ayer, porque ya no tenía la mayoría para elegir al nuevo fiscal y el presidente Gutiérrez emitió un Decreto Ejecutivo declarando un feriado de cinco días.
¿El desacato a ese decreto significa que el pueblo ya no obedece a su presidente?
Yo creo que es un deber de los ciudadanos no obedecer órdenes emanadas de una manera inconstitucional e ilegal, y eso es lo que ha hecho el pueblo ecuatoriano. En este caso, el decreto fue ilegal porque existe una ley que determina, con claridad, cuáles son los feriados y cuándo se pueden hacer puentes. Fue una medida con cálculo político para obtener la Fiscalía, nada más.
¿Con esto, el presidente Gutiérrez ha perdido su autoridad?
El pueblo de Quito, altivo y educado, pidió pacíficamente rectificaciones al régimen, y lo que ha recibido son insultos, ofensas y eso hace que el presidente vaya perdiendo autoridad y prestigio.
¿Ya sin autoridad, el presidente debería irse?
No necesariamente, pues la Constitución establece con claridad cuáles son las causales para destituir a un presidente. (MA)
LA FICHA
Paco Moncayo Gallegos es alcalde del Distrito Metropolitano, presidente de la Asamblea de Quito. General de las FFAA en servicio pasivo, ex comandante general del Ejército y ex Jefe del Comando Conjunto de las FFAA. Actualmente es el líder más visible de la Izquierda Democrática, partido que se declaró en la oposición. (MA)
Luego de la caótica jornada del martes, la oposición no permitió que el PRE y los diputados afines al régimen bloquearan la sesión. Los legisladores Jorge Guamán, Miguel López y Ana Miranda de PK, Wilfrido Lucero y Myriam Garcés de la ID, Zoila Ollague y Jackeline Silva del PSC se quedaron en vigilia la noche hasta iniciar la cita a las 09:30.
Luego de seis horas de debate, es decir a las 15:30, los legisladores del PSC, ID, PK, Prian, socialistas, dos DP, Marco Proaño Maya (PRE) y los independientes Édgar Ortiz y Aurelio Llori (quien retornó a votar junto a la ID) sumaron 60 votos y aprobaron la moción planteada por Antonio Posso para: "Que se vote en contra de la terna enviada y que negada, se la devuelva a su origen (Judicatura)".
Luego de no proceder la segunda reconsideración de esta votación, el presidente del Parlamento, Omar Quintana, suspendió la sesión y convocó para el próximo martes. El diputado Luis Villacís (MPD) sostuvo que el tema no tuvo resolución, porque la moción llama a votar sobre la terna y esto aún no se produjo.
A más de este aspecto, en los bloques que apoyaron la moción hay criterios divididos sobre cómo nombrar al fiscal, pues el Prian buscará que sea el Congreso quien lo designe, pero el PSC sostiene que para tratar el tema primero debe darse la reestructuración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto, que, a su vez, debería nombrar a sus dos representantes para la Judicatura y, finalmente, este organismo debería enviar otra terna.
Por su parte, el diputado Gilmar Gutiérrez (Sociedad Patriótica) anunció que demandará ante el Tribunal Constitucional (TC) la resolución que se tomó ayer y que para esto ya ha dialogado con varios vocales del organismo.
Aunque la sesión se desarrolló con ligera normalidad, llamó la atención que el número de efectivos policiales que custodiaban el Legislativo se incrementó, pues, a más de los 110 pertenecientes a la Escolta Legislativa, estuvieron 60 policías de tropa, 20 del GIR y 100 antimotines. No se descartó que se desencadenen incidentes. Incluso, se rumoreó que uno de los asesores de la diputada Denni Cevallos (PRE) estaba armado y que otro cercano al MPD ingresó dos bombas lacrimógenas al Pleno del Legislativo.
Quintana suspendió la sesión a la espera de que durante el feriado de Semana Santa los diputados "se acerquen a Dios". (GFS)
Renace el nerviosismo en la Suprema de facto
Unos 15 ministros jueces de facto llegaron a sus despachos y solo trabajaron hasta ayer
Un ambiente de tensión y nerviosismo se registró ayer en el reducido número de jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto que acudió a trabajar en el ex edificio Filanbanco.
En los pasillos de la Corte se rumoreaba que varios jueces empezaron a sacar las cosas de sus oficinas el día anterior. Gerardo Vásquez y Ernesto Velázquez negaron este rumor y aseguraron que se mantienen despachando procesos.
Cerca de las 10:00, varios pisos de la Suprema fueron desalojados por policías del Escuadrón Antiexplosivos del GIR, quienes verificaron una llamada que alertaba sobre la instalación de una bomba y que fue recibida por Esperanza Rivera, secretaria del titular de la Corte de facto, Guillermo Castro. La presunta amenaza no convenció a varios ministros que ni se inmutaron frente a la presencia de los uniformados.
Luego de una hora de revisión, el jefe del escuadrón del GIR, Napoleón Espinoza, confirmó que se trataba de una falsa alarma.
Los jueces iniciaron desde ayer el feriado y anunciaron que regresarán a la Corte el próximo lunes. (MAR)
Un solo magistrado va a la sesión del Pleno de la CSJ
No se pudo confirmar si Guillermo Castro Dáger se reunió con el presidente Gutiérrez
Solo el magistrado José García acudió al quinto piso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para asistir a la sesión ordinaria del Pleno de la Corte convocada por el presidente de la Suprema de facto, Guillermo Castro Dáger.
García esperó en vano por más de una hora a que los jueces acudieran a la cita en la que se debía analizar el informe presentado por tres jueces que investigaron a los vocales del Consejo de la Judicatura (CNJ), Germánico Maya y José Robayo, por su participación en el paro judicial.
Pocos minutos antes, Castro inusualmente invitó a los periodistas a que verificaran en su despacho que las labores se desarrollaban normalmente. Sin embargo, en la presidencia de la Corte no se registró mayor movimiento y Castro se retiró de su despacho. Dijo que solo bajaba al cuarto piso y regresaba enseguida; hasta el mediodía no retornó.
Ernesto Velázquez y Fausto Garcés permanecieron pocos minutos en la presidencia de la Suprema y luego regresaron a sus oficinas. El inicio de un expediente en contra de Maya y Robayo se decidirá la próxima semana. (MAR)
González plantea adelantar paro provincial
La Asamblea de Quito se reunirá el lunes para evaluar situación
La Asamblea de Quito se reunirá el próximo lunes para analizar la crisis política y jurídica del país. En esa reunión, a la que asistirá Ramiro González en representación de la Asamblea de Pichincha, se evaluará la evolución de los acontecimientos.
González, en un encuentro que sostuvo ayer con los ministros de la cortes superiores del país, dijo que se analiza la posibilidad de adelantar el paro de Pichincha para los primeros días de abril. Su propuesta es que dicha paralización sea a escala nacional, donde intervengan todas las provincias, para exigir el retorno al estado de derecho.
Los jueces dijeron que se sumarán a esta medida de protesta y solicitaron apoyo para garantizar su estabilidad laboral, sacar a los jueces de facto y volver al estado de derecho.
Paco Moncayo señaló que la Asamblea de Quito está dispuesta a apoyar el paro y todas las medidas que sean necesarias para recobrar la institucionalidad del país. Resaltó como un logro el hecho de que la comunidad internacional haya confirmado la necesidad de que el Ecuador vuelva al estado de derecho, como recomendó el relator de la ONU sobre temas de justicia, Leandro Despouy. (MA)
Juicio penal a Gallo por agresión a Muñoz
La Corte Superior y Asociación del Guayas respaldan a dirigente
El presidente (e) de la Fenaje, Gerard Vernaza, presentó ayer en la Fiscalía una denuncia en contra del dirigente de Cero Corrupción, Oswaldo Gallo, por el presunto delito de intento de asesinato en contra del dirigente Luis Muñoz.
Las investigaciones están a cargo del fiscal Henry Estrada, quien dispuso el reconocimiento médico legal por las agresiones de las que fue objeto Muñoz.
La diligencia dispuesta por Estrada determinará el tipo de objeto utilizado para agredir a Muñoz, quien está internado en la clínica Génesis, donde se recupera de la intervención quirúrgica del martes anterior, a la que debió ser sometido luego de ser agredido en las afueras del Congreso, mientras participaba en una marcha pacífica en contra de los jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto.
Vernaza aseguró que el paro iniciado el martes 21, por más de 4 000 funcionarios judiciales, continuará. La asamblea de judiciales se reunió ayer y decidió buscar más adhesiones para lograr la cesación de los magistrados. (MAR)
ENTREVISTA
"ID actúa unida ante decisiones tomadas"
"El presidente Gutiérrez ha perdido autoridad. De aquí en adelante habrá desacato a las decisiones autoritarias e ilegales vengan de quien vengan"
¿Qué pasa en la ID que el alcalde y el prefecto tienen una posición y los diputados otra diferente en torno a la actual crisis político-judicial, lo cual se refleja en un desfase entre la Asamblea de Quito y los diputados del Congreso?
La posición del alcalde y del prefecto no es partidaria. Nuestra participación en las asambleas de Quito y de Pichincha, respectivamente, obedece a la autoridad entregada por el pueblo en las urnas. El Parlamento tiene su propia lógica y sus propias contradicciones. Paco Moncayo y Ramiro González creemos que no se debe "parlamentarizar" la política, porque tenemos el deber de hacer un gobierno local y provincial en beneficio de todos los sectores.
¿Esto refleja una división al interior de la ID?
Hasta el momento, la ID jamás ha votado separada en el Congreso. El partido es democrático y, por tanto, los diputados y sus militantes debaten, discuten y tienen posiciones distintas sobre los temas de interés nacional. Aquí no hay la llamada telefónica para ordenar que levanten o bajen el brazo, pero el rato de votar todos lo hacen por la tesis que el partido ha definido.
¿Insistirán en que el Congreso apruebe una Ley Interpretativa para salir de la crisis? ¿qué pasará con la revocación del mandato a los diputados que se cambiaron de camiseta?
El próximo lunes vamos a revisar las decisiones de las asambleas de Quito y de Pichincha, y realizaremos todo lo que sea necesario hasta lograr el retorno al estado de derecho, pues estamos viviendo una absoluta inconstitucionalidad e ilegalidad.
Ese retorno a la institucionalidad se complica con los últimos hechos...
El problema actual es que quieren tomarse la Fiscalía. Por eso, el señor Quintana revocó la convocatoria a la sesión del Congreso para ayer, porque ya no tenía la mayoría para elegir al nuevo fiscal y el presidente Gutiérrez emitió un Decreto Ejecutivo declarando un feriado de cinco días.
¿El desacato a ese decreto significa que el pueblo ya no obedece a su presidente?
Yo creo que es un deber de los ciudadanos no obedecer órdenes emanadas de una manera inconstitucional e ilegal, y eso es lo que ha hecho el pueblo ecuatoriano. En este caso, el decreto fue ilegal porque existe una ley que determina, con claridad, cuáles son los feriados y cuándo se pueden hacer puentes. Fue una medida con cálculo político para obtener la Fiscalía, nada más.
¿Con esto, el presidente Gutiérrez ha perdido su autoridad?
El pueblo de Quito, altivo y educado, pidió pacíficamente rectificaciones al régimen, y lo que ha recibido son insultos, ofensas y eso hace que el presidente vaya perdiendo autoridad y prestigio.
¿Ya sin autoridad, el presidente debería irse?
No necesariamente, pues la Constitución establece con claridad cuáles son las causales para destituir a un presidente. (MA)
LA FICHA
Paco Moncayo Gallegos es alcalde del Distrito Metropolitano, presidente de la Asamblea de Quito. General de las FFAA en servicio pasivo, ex comandante general del Ejército y ex Jefe del Comando Conjunto de las FFAA. Actualmente es el líder más visible de la Izquierda Democrática, partido que se declaró en la oposición. (MA)
Más en el