Quito. 25 jun 98. A Fabián Alarcón, mandatario interino, y a
Heinz Moeller, presidente del Congreso, no les serÃa fácil
alcanzar un consenso que les permita encontrar una "llave"
para los denominados candados constitucionales que, según
consideran, no les permitirán a los nuevos legisladores
adecuar la Constitución a las necesidades del mundo.
Para los dos es condición imperativa que la Carta PolÃtica sea
cambiada sin demoras, para no oponerse a la vigencia inmediata
(antes del 10 de agosto) del resto del texto aprobado por la
Asamblea y no "pasarle el problema" -respecto de con que carta
máxima gobernar- al nuevo presidente.
Al momento, las fórmulas presentadas (que el Tribunal
Constitucional dirima o que el Congreso ratifique la
Constitución, salvo el tema de los candados) no convencen.
Solo el PSC considera como viable que el TC intervenga,
mientras la DP aún no tiene un mecanismo establecido. "Como
bloque legislativo aprobamos lo hecho por los asambleÃstas,
pero los contactos con el PSC están a otro nivel", indicó
Osvaldo RiofrÃo.
Entre tanto, la ID, PRE, Socialistas y Pachakutik consideran
que los responsables de la crisis son el PSC y la DP, porque
están empeñados en reformar lo relativo a la seguridad social.
"El PSC y la DP tienen entre ceja y ceja cambiar a la
seguridad social... En la Constitución no hay ningún candado,
simplemente se estableció un procedimiento más largo para
reformar la Carta PolÃtica... El nombramiento de dignidades
del Congreso se lo puede hacer reformando la reglamentación",
sostuvo Nina Pacari, ex asambleÃsta y diputada electa por
Socialismo-Pachakutik.
De su parte, Orlando AlcÃvar, ex asambleÃsta por el PSC,
recordó que durante la reunión del grupo de CusÃn II, explicó
que "no hay procedimiento polÃtico válido". La única salida es
que entre en vigencia la Constitución y cuando el nuevo
presidente de la República asuma el Gobierno, convoque a una
consulta popular con un texto definido.
Paco Moncayo, diputado electo de la ID, agregó que no entiende
los intereses "perversos" para hacer las reformas a la
seguridad, cuando jurÃdica, polÃtica y éticamente no es
posible.
"El acuerdo de CusÃn se lo debe entender en su letra. No hay
que darle ninguna interpretación: planteamos que se busque una
salida jurÃdica mas no polÃtica".
Marco Proaño Maya (PRE) sostuvo que si bien es una "aberración
jurÃdica" lo de los candados, aprobados por la DP y el PSC, la
alternativa serÃa reformar la Constitución o llamar a una
consulta popular.
PSC reclama tres reformas claves
Al Partido Social Cristiano , según explicó Alvaro Pérez,
diputado reelecto, le interesan tres reformas adicionales en
la Constitución.
La primera es la relativa a la seguridad social, cuyo objetivo
es garantizar el principio de solidaridad y permitir que el
afiliado escoja el seguro que más le convenga a su interés
particular.
La segunda es relativa a las áreas estratégicas. Si bien, en
noviembre pasado, el Congreso permitió la participación de
capital privado en las áreas consideradas como estratégicas,
consideran que es necesario reforzar ese capÃtulo, para que no
queden dudas sobre la posibilidad de inversión privada
nacional y extrajera.
La descentralización
La tercera es sobre la descentralización, que busca garantizar
la autonomÃa administrativa y económica de los organismos
seccionales, para que dejen de ser "limosneros" del poder
central.
En el caso de la DP, también hay interés por cambiar la
seguridad social hacia una más solidaria, pero también abierta
a otras opciones (seguridad privada).
Una Constitución para cada coyuntura
Por Javier Ponce
El debate polÃtico en torno de la vigencia de la nueva
Constitución y la eliminación del candado que impide su
reforma durante el primer año, acarrea interrogantes sobre el
comportamiento de la clase polÃtica ecuatoriana.
No se trata de debatir la legalidad de una acción del Congreso
que suprima el candado. Hace dos años que el Congreso está
actuando al borde de lo legal, de modo que el ingenio jurÃdico
puede inventar una fórmula que permanezca en ese borde, para
salvar el debate. El problema está en otro lado. Está en el
desconocimiento de la actuado por la Asamblea Constituyente,
el deseo de romper el candado y que, por la ventana, comiencen
a desgranarse las pocas reformas que se aprobaron.
Lo primero es preguntarse si el tema que está detrás de la
oposición al candado, la reforma del Seguro Social, es el
principal problema del paÃs, como se preguntó en la cita de
CusÃn un asombrado ex presidente de Costa Rica, Figueres. Y
la respuesta fue negativa. Los únicos que pueden tener apuro
son los que desconfÃan en la coyuntura polÃtica futura y
prefieren el frágil contubernio del Congreso actual.
Otro interrogante parte de un temor: quienes controlan el
Congreso le juraron venganza a la Asamblea Constituyente. ¿Es
su poder lo que está en juego? Los poderosos tienen esa
sombra: lo menos que soportan es que alguien cometa un
atrevimiento que ponga en tela de duda su omnipotencia.
Podemos preguntarnos ¿qué es una Constitución que no alcanza
siquiera a entrar en vigencia, que no ha sido discutida en el
paÃs?
¿Acaso el paÃs está condenado a diseñar sus instituciones en
cada coyuntura?
Por último, una sospecha. La fragilidad de la nueva
Constitución es que se inició en el marco de una mayorÃa
negociada que no llegó a durar ni el perÃodo completo de
reuniones y que dejó atrás unas cuantas exclusiones.
Cuando se rompió el acuerdo PSC-DP, se desmoronaron los
supuestos consensos y la Constitución acabó dictada en función
de pequeños acuerdos casi cotidianos. Esto es, la nueva
Constitución no es ese escenario común en el que se han de
desplegar las diferencias y se han de enfrentar
democráticamente los desacuerdos. Es la simple expresión del
modo como vivimos las diferencias y las camuflamos en un toma
y daca sospechoso para todos. La nueva Constitución no está
más allá de las mezquindades polÃticas. Es el sÃmbolo de
ellas.
Entre los juegos de Onán y Maquiavelo
Por Carlos Jijón
Heinz Moeller dijo ayer que la discusión acerca de cuál es la
constitución que debe jurar el próximo presidente, solo puede
tener una solución polÃtica.
Y tiene razón, puesto que jurÃdicamente no existe ninguna
controversia. La única Constitución que estará legalmente en
vigencia el próximo 10 de agosto, sin necesidad de su
promulgación en el Registro Oficial, es la que elaboró la
Asamblea Nacional Constituyente.
No existe otra. La que se aprobó en 1979, con todas sus
reformas, ha sido expresamente derogada, y no tiene más
vigencia, por más que Moeller y Alarcón insistan en ello, asÃ
como el sol brilla durante el dÃa por más que el presidente
interino y el del Congreso opinen lo contrario.
Por eso, el problema es exclusivamente polÃtico. Porque se
origina en el desconocimiento de la realidad jurÃdica por
parte del presidente interino y los dirigentes del Partido
Social Cristiano, quienes controlarán el segundo bloque en
importancia del próximo Congreso. Y por ello también resulta
tan incoherente que quienes se reúnan para negociar una
solución sean precisamente Moeller y Alarcón.
Onán no mostró una imagen más lúdica. Ellos mismos negocian
con ellos mismos. En el fondo, no se trata más que de un
chantaje. Ellos están dispuestos a reconocer a la Constitución
legÃtima siempre que se elimine el 'candado' constitucional
que impide reformar la seguridad social y privatizar los
fondos de pensiones, según se desprende de la reunión entre
Moeller, Alarcón y Luis MejÃa.
Un chantaje, ciertamente, igual de nocivo al que secuestró al
paÃs para evitar que la Asamblea modernizara al IESS. Pero el
afán de privatizar la seguridad social, con todo lo positivo
que ello pueda acarrear en términos de desarrollo económico,
no puede ser un fin suficiente para demoler la estructura
jurÃdica del paÃs.
Ese fin no justifica aquellos medios. Alarcón y Moeller están
resultando más maquiavelistas que Maquiavelo. (DIARIO HOY)
(P. 3-A)
Heinz Moeller, presidente del Congreso, no les serÃa fácil
alcanzar un consenso que les permita encontrar una "llave"
para los denominados candados constitucionales que, según
consideran, no les permitirán a los nuevos legisladores
adecuar la Constitución a las necesidades del mundo.
Para los dos es condición imperativa que la Carta PolÃtica sea
cambiada sin demoras, para no oponerse a la vigencia inmediata
(antes del 10 de agosto) del resto del texto aprobado por la
Asamblea y no "pasarle el problema" -respecto de con que carta
máxima gobernar- al nuevo presidente.
Al momento, las fórmulas presentadas (que el Tribunal
Constitucional dirima o que el Congreso ratifique la
Constitución, salvo el tema de los candados) no convencen.
Solo el PSC considera como viable que el TC intervenga,
mientras la DP aún no tiene un mecanismo establecido. "Como
bloque legislativo aprobamos lo hecho por los asambleÃstas,
pero los contactos con el PSC están a otro nivel", indicó
Osvaldo RiofrÃo.
Entre tanto, la ID, PRE, Socialistas y Pachakutik consideran
que los responsables de la crisis son el PSC y la DP, porque
están empeñados en reformar lo relativo a la seguridad social.
"El PSC y la DP tienen entre ceja y ceja cambiar a la
seguridad social... En la Constitución no hay ningún candado,
simplemente se estableció un procedimiento más largo para
reformar la Carta PolÃtica... El nombramiento de dignidades
del Congreso se lo puede hacer reformando la reglamentación",
sostuvo Nina Pacari, ex asambleÃsta y diputada electa por
Socialismo-Pachakutik.
De su parte, Orlando AlcÃvar, ex asambleÃsta por el PSC,
recordó que durante la reunión del grupo de CusÃn II, explicó
que "no hay procedimiento polÃtico válido". La única salida es
que entre en vigencia la Constitución y cuando el nuevo
presidente de la República asuma el Gobierno, convoque a una
consulta popular con un texto definido.
Paco Moncayo, diputado electo de la ID, agregó que no entiende
los intereses "perversos" para hacer las reformas a la
seguridad, cuando jurÃdica, polÃtica y éticamente no es
posible.
"El acuerdo de CusÃn se lo debe entender en su letra. No hay
que darle ninguna interpretación: planteamos que se busque una
salida jurÃdica mas no polÃtica".
Marco Proaño Maya (PRE) sostuvo que si bien es una "aberración
jurÃdica" lo de los candados, aprobados por la DP y el PSC, la
alternativa serÃa reformar la Constitución o llamar a una
consulta popular.
PSC reclama tres reformas claves
Al Partido Social Cristiano , según explicó Alvaro Pérez,
diputado reelecto, le interesan tres reformas adicionales en
la Constitución.
La primera es la relativa a la seguridad social, cuyo objetivo
es garantizar el principio de solidaridad y permitir que el
afiliado escoja el seguro que más le convenga a su interés
particular.
La segunda es relativa a las áreas estratégicas. Si bien, en
noviembre pasado, el Congreso permitió la participación de
capital privado en las áreas consideradas como estratégicas,
consideran que es necesario reforzar ese capÃtulo, para que no
queden dudas sobre la posibilidad de inversión privada
nacional y extrajera.
La descentralización
La tercera es sobre la descentralización, que busca garantizar
la autonomÃa administrativa y económica de los organismos
seccionales, para que dejen de ser "limosneros" del poder
central.
En el caso de la DP, también hay interés por cambiar la
seguridad social hacia una más solidaria, pero también abierta
a otras opciones (seguridad privada).
Una Constitución para cada coyuntura
Por Javier Ponce
El debate polÃtico en torno de la vigencia de la nueva
Constitución y la eliminación del candado que impide su
reforma durante el primer año, acarrea interrogantes sobre el
comportamiento de la clase polÃtica ecuatoriana.
No se trata de debatir la legalidad de una acción del Congreso
que suprima el candado. Hace dos años que el Congreso está
actuando al borde de lo legal, de modo que el ingenio jurÃdico
puede inventar una fórmula que permanezca en ese borde, para
salvar el debate. El problema está en otro lado. Está en el
desconocimiento de la actuado por la Asamblea Constituyente,
el deseo de romper el candado y que, por la ventana, comiencen
a desgranarse las pocas reformas que se aprobaron.
Lo primero es preguntarse si el tema que está detrás de la
oposición al candado, la reforma del Seguro Social, es el
principal problema del paÃs, como se preguntó en la cita de
CusÃn un asombrado ex presidente de Costa Rica, Figueres. Y
la respuesta fue negativa. Los únicos que pueden tener apuro
son los que desconfÃan en la coyuntura polÃtica futura y
prefieren el frágil contubernio del Congreso actual.
Otro interrogante parte de un temor: quienes controlan el
Congreso le juraron venganza a la Asamblea Constituyente. ¿Es
su poder lo que está en juego? Los poderosos tienen esa
sombra: lo menos que soportan es que alguien cometa un
atrevimiento que ponga en tela de duda su omnipotencia.
Podemos preguntarnos ¿qué es una Constitución que no alcanza
siquiera a entrar en vigencia, que no ha sido discutida en el
paÃs?
¿Acaso el paÃs está condenado a diseñar sus instituciones en
cada coyuntura?
Por último, una sospecha. La fragilidad de la nueva
Constitución es que se inició en el marco de una mayorÃa
negociada que no llegó a durar ni el perÃodo completo de
reuniones y que dejó atrás unas cuantas exclusiones.
Cuando se rompió el acuerdo PSC-DP, se desmoronaron los
supuestos consensos y la Constitución acabó dictada en función
de pequeños acuerdos casi cotidianos. Esto es, la nueva
Constitución no es ese escenario común en el que se han de
desplegar las diferencias y se han de enfrentar
democráticamente los desacuerdos. Es la simple expresión del
modo como vivimos las diferencias y las camuflamos en un toma
y daca sospechoso para todos. La nueva Constitución no está
más allá de las mezquindades polÃticas. Es el sÃmbolo de
ellas.
Entre los juegos de Onán y Maquiavelo
Por Carlos Jijón
Heinz Moeller dijo ayer que la discusión acerca de cuál es la
constitución que debe jurar el próximo presidente, solo puede
tener una solución polÃtica.
Y tiene razón, puesto que jurÃdicamente no existe ninguna
controversia. La única Constitución que estará legalmente en
vigencia el próximo 10 de agosto, sin necesidad de su
promulgación en el Registro Oficial, es la que elaboró la
Asamblea Nacional Constituyente.
No existe otra. La que se aprobó en 1979, con todas sus
reformas, ha sido expresamente derogada, y no tiene más
vigencia, por más que Moeller y Alarcón insistan en ello, asÃ
como el sol brilla durante el dÃa por más que el presidente
interino y el del Congreso opinen lo contrario.
Por eso, el problema es exclusivamente polÃtico. Porque se
origina en el desconocimiento de la realidad jurÃdica por
parte del presidente interino y los dirigentes del Partido
Social Cristiano, quienes controlarán el segundo bloque en
importancia del próximo Congreso. Y por ello también resulta
tan incoherente que quienes se reúnan para negociar una
solución sean precisamente Moeller y Alarcón.
Onán no mostró una imagen más lúdica. Ellos mismos negocian
con ellos mismos. En el fondo, no se trata más que de un
chantaje. Ellos están dispuestos a reconocer a la Constitución
legÃtima siempre que se elimine el 'candado' constitucional
que impide reformar la seguridad social y privatizar los
fondos de pensiones, según se desprende de la reunión entre
Moeller, Alarcón y Luis MejÃa.
Un chantaje, ciertamente, igual de nocivo al que secuestró al
paÃs para evitar que la Asamblea modernizara al IESS. Pero el
afán de privatizar la seguridad social, con todo lo positivo
que ello pueda acarrear en términos de desarrollo económico,
no puede ser un fin suficiente para demoler la estructura
jurÃdica del paÃs.
Ese fin no justifica aquellos medios. Alarcón y Moeller están
resultando más maquiavelistas que Maquiavelo. (DIARIO HOY)
(P. 3-A)
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