El Objetivo, Modernizar

Quito. 8 mar 2002. Hay muchas razones para privatizar las empresas
distribuidoras de energía eléctrica del país. Algunas de ellas se han
repetido con insistencia.

Recordemos solo las más importantes: la ineficiencia que las caracteriza,
las pérdidas anuales que generan para el Estado, el cuello de botella que
representan para promover la inversión en el área de generación
eléctrica.

El Gobierno ha repetido insistentemente que si no se da paso a la
privatización de la empresas distribuidoras, a corto plazo se producirán
serios problemas en el abastecimiento de la creciente demanda de energía
del país.

Aun cuando los argumentos de la privatización son fuertes, han aparecido
demasiados actores en la escena nacional a quienes no los convencen.
Están los municipios del llamado G-8 (Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo,
Tungurahua, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Manabí), de Cuenca y de
Quito que han expresado su oposición a la privatización. Se suman a estas
voces críticas las de los Consejos Provinciales, y las de los sectores
tradicionalmente opuestos a la venta de los activos estatales: sindicatos
públicos, movimientos sociales y Conaie. El único apoyo visible que ha
recibido el proceso viene de las Cámaras de la Producción, pero
constituye una voz casi solitaria en medio de la bulla y la protesta
levantada por los críticos. El Congreso, como en muchos otros temas clave
del país, se muestra incapacitado para producir un consenso partidario.

El Gobierno ha lanzado en los últimos días una ofensiva para darle la
vuelta al tema en el campo de la opinión pública. Cree, en primer lugar,
que se trata de un proceso afectado por problemas de comunicación. Un
argumento muy conocido: la privatización se rechaza porque se desconocen
los argumentos de fondo. Es posible, sin duda, pero para lograr ese
objetivo habría que desmontar todo el prejuicio ideológico que esconden
las críticas de los anti-privatizadores. Durante meses enteros, la
Coordinadora de Movimientos Sociales mantuvo una campaña de radio para
desprestigiar cualquier venta de activos estatales. Y lo hizo con
argumentos maniqueos: si en Perú, Argentina o México, para mencionar
algunos casos, las privatizaciones fueron sinónimo de corrupción y luego
de crisis políticas (Fujimori, de la Rúa y Salinas de Gortari), ¿por qué
el Ecuador será una excepción? Toda campaña de comunicación para defender
la privatización se enfrenta, pues, a estas barreras ideológicas
levantadas con paciencia desde hace mucho tiempo. Una segunda acción del
Gobierno ha consistido en dar un rol más importante, protagónico, al
vicepresidente de la República; respaldar el proceso en su prestigio como
hombre honesto. Buen cambio pero tardío, puesto que el proceso ha sido ya
marcado por la presencia polémica de Ricardo Noboa y por la poca eficacia
del Conam.

Hay razones para pensar que el escenario actual no es favorable para la
privatización. En sí mismo, ese hecho no debería preocuparnos se lo
podría tomar como una derrota de la derecha y del Gobierno salvo que
entrañe frenar el proceso modernizador. Si no es viable políticamente la
privatización, entonces hay que encontrar una fórmula distinta para
modernizar el sector eléctrico. Si fracasa en esta oportunidad la
privatización, entonces hay que sentarse seriamente a pensar en una
fórmula alternativa de modernización. Y esa responsabilidad le
corresponde al mismo Gobierno. Sería inaceptable que todo el debate y la
movilización que se ha provocado en las últimas semanas y días termine
como una derrota del Gobierno y la paralización de cualquier proceso
modernizador.

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