Guayaquil. 14 jul 98. Sin duda la reducción de la brecha
fiscal que se estima en el 7% del Producto Interno Bruto (PIB)
se presenta como la prioridad básica para el nuevo gobierno,
desde la perspectivas de analistas, la banca, el comercio y el
sector bursátil.
Según Walter Spurrier, Director de la publicación Análisis
Semanal el Ejecutivo deberá cancelar programas de gasto ya
planificados y buscar los recursos necesarios para la
reconstrucción de las provincias afectadas por el fenómeno de
El Niño.
Por ello criticó la decisión de Alarcón de permitir que el
Estado asuma la inversión de un nuevo oleoducto en lugar de
aceptar capitales privados que significaría eliminar al menos
un punto del déficit fiscal, y al aumentar la capacidad de
transporte, mejorar los ingresos por este concepto.
Señaló que aunque se cuente con la oposición de Petroecuador
que siempre ha querido el monopolio del transporte y del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, al que la empresa ha
convertido en intermediario, se debe dar paso a la iniciativa
de los contratistas privados.
En segundo lugar considera que se deberá adoptar medidas para
aumentar los ingresos y se volverá inevitable subir el precio
del gas, buscando un eficiente sistema de focalización.
También en opinión de Spurrier, se verá un incremento en las
tarifas eléctricas por lo que la mayor parte de la población
que recibe subsidio actualmente, se quedará sin él.
Paralelamente considera que el Ejecutivo deberá buscar
colaboración en el Congreso con miras a reducir el aparato
burocrático y aunque es una medida de mediano plazo, se
requiere concretarla para aliviar el peso que esta carga tiene
en la economía.
Necesario ajuste cambiario
Paralelamente, Spurrier señaló que tiene que haber
definiciones en la política cambiaria porque con una inflación
proyectada en el 40% para fin de año y unas bandas que tienen
una pendiente en el 20% es inevitable que eso no ocurra.
Además si esto no ocurre las tasas de interés reflejarán la
expectativa cambiaria y subirán enormemente en el corto plazo,
previó.
Igualmente, Antonio Acosta, Presidente del Directorio de la
Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), coincidió
que lo primero para el próximo gobierno será buscar equilibrar
las cuentas fiscales porque "es imposible pensar en rehacer el
país, en reconstruir su infraestructura con un déficit que
supera el 6% del PIB".
En este sentido, recomendó "conversar sinceramente" del tema
de subsidios y buscar relanzar fuentes de ingresos para el
gobierno a través del análisis de la recaudación tributaria,
la distribución de la carga impositiva y el tema del Impuesto
al Valor Agregado (IVA).
En definitiva, según Acosta, hay que buscar nuevas fuentes de
ingresos y controlar la fuentes de egresos.
Otro de los puntos en que se debe insistir es en atraer a la
inversión privada, ¿por qué más deuda?, si invierten ellos y
hay pérdidas pierden ellos pero no la República, se cuestionó.
Servicios de vialidad, transporte, comunicaciones y demás bien
podrían ser operados por el sector privado sin demandar
recursos del Estado, comentó el dirigente.
Cumplir promesas
El sector productivo se encuentra en pie de lucha, por tanto,
la nueva administración tendrá que cumplir con todas las
ofertas hechas en campaña y específicamente concentrar sus
esfuerzos en el proceso de la reconstrucción de la Costa,
afirmó Joaquín Zevallos, presidente de la Federación de
Cámaras de Comercio del Ecuador.
La principal meta que en materia económica está obligado a
cumplir el nuevo Presidente de la República es la reactivación
vial y agropecuaria de las provincias de la Costa y de la
Sierra que fueron afectadas por el fenómeno de El Niño,
sostuvo.
Pero para acometer a ese tipo de procesos se requiere voluntad
y liderazgo que son dos cualidades que el próximo mandatario
debe demostrar que posee; "tendrá que luchar para combatir la
corrupción y tener la capacidad política de aliar a todos los
sectores de la sociedad; productivos, laborales y académicos
para llevar adelante el país", expresó el empresario.
Y es que aquel que se posesione como nuevo Presidente de los
ecuatorianos el 10 de agosto próximo no tendrá otra
alternativa -sostiene Zevallos- que reactivar la producción a
través de la reconstrucción.
Ese mecanismo permitirá la creación de nuevas fuentes de
empleo, asimismo, deberá renegociar la deuda externa del país
e impulsar la modernización de los sectores de las
telecomunicaciones, aduanas, puertos, aeropuertos y del área
eléctrica. "Caso contrario, seguiremos con malos servicios y
sumidos en el subdesarrollo", dijo.
Una vez que oficialmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE),
proclame el ganador de las elecciones del 12 de julio, el
electo Presidente tendrá que en forma inmediata reunirse con
el sector productivo para buscar los medios que conlleven a
una mayor competitividad y generación de riquezas, indicó
Zevallos.
Tildó la gestión económica del Gobierno de Alarcón como
vergonzosa, tibia y carente de liderazgo.
Para el titular de la Federación de Cámaras de Comercio del
Ecuador la administración interina lo único de lo que fue
capaz fue de permitir la corrupción y apoyar la
desorganización. "El único logro que tuvo Alarcón es tener
como Vicepresidente a Pedro Aguayo", enfatizó.
Planes de largo plazo
"Solo el fin del interinazgo ya es una buena noticia", afirmó
Enrique Arosemena Baquerizo, director general de la Bolsa de
Valores de Guayaquil, al referirse a las perspectivas de la
economía ecuatoriana con un nuevo gobierno.
Una vez que concluya este período, consideró el ejecutivo, lo
más importante que debe hacer el nuevo mandatario es convocar
a una sesión de planeación estratégica entre los sectores
público y privado, es decir entre gobernantes y gobernados
para tomar macrodecisiones y definiciones sobre políticas de
Estado en lo económico, social y político, las que deberían
tener por lo menos un horizonte de 50 años. "Los ecuatorianos
tenemos que comenzar a remar en el mismo sentido y de manera
eficiente", dijo.
Es conveniente para Ecuador, especificó, que quien asuma la
presidencia el 10 de agosto, aplique reformas estructurales
respecto de la seguridad social, de las inversiones del Fondo
de Solidaridad a nivel nacional y de la flexibilización
laboral.
Arosemena piensa que el nuevo gobierno tendría que bajar en
lugar de elevar los impuestos, como mecanismos para reactivar
el aparato productivo, además de ampliar la base de
contribuyentes del Fisco. "En época de recesión el peor error
es subir los tributos", opinó.
Solicitó que no se postergue más el proceso de modernización
del Estado ni la reducción del gasto corriente ineficiente.
Con la venta de los activos del Estado, anotó, se podrán
generar ingresos para alimentar el Fondo de Solidaridad.
La eliminación y focalización de los subsidios al gas y
electricidad, es otro de sus planteamientos. Por último
recordó la necesidad de aplicar una reingeniería financiera
para reducir el peso de la deuda externa, lo que implicaría
emular a México con la emisión de bonos a 10 años plazo para
recomprar la deuda vieja.
Pendiente la decisión sobre el gas
QUITO.- Al nuevo mandatario le espera una decisión que los
analistas consideran trascendental: mantener la estructura
actual de subsidio al cilindro de gas de uso doméstico o
focalizarlo.
Dos especialistas consultados se inclinan por esta última
opción.
Alberto Acosta y Jorge Pareja Cucalón, coinciden en que el
subsidio debe ser revisado. Según Acosta, el 80% del subsidio
se desperdicia, pues va a parar en industrias, restaurantes y
hogares que no requieren del subsidio gubernamental.
En tanto, Pareja -ex ministro de Energía y miembro del Foro de
Opinión Petrolera- recomienda eliminar el subsidio, aduciendo
que actualmente le cuesta al país alrededor de 130 millones de
dólares anuales.
"La eliminación del subsidio reduciría la demanda suntuaria, y
en especial la fuga de gas a Tumbes, al Sur, y Nariño, al
Norte, calculada en un 30% del total -esto es- en 40 millones
de dólares anuales", asevera Pareja Cucalón.
Días atrás, Acosta se pronunció partidario de la idea
planteada por el entonces candidato presidencial Jamil Mahuad,
en el sentido de racionalizar la aplicación del subsidio
distribuyendo el gas en cilindros de una capacidad menor que
la actual (que es de 15 kilos) y en puntos estratégicos como
sedes de organizaciones barriales y populares, de modo que la
estructura de distribución del gas subsidiado sea ajena a la
estructura de comercialización convencional.
Las cifras de un hasta ahora inédito estudio elaborado
conjuntamente por Petrocomercial y la Dirección Nacional de
Hidrocarburos, muestran que mantener el precio de 4.900 sucres
por cilindro de 15 kilos representa una pérdida para el Fisco
de 18.404 sucres por cilindro.
La cifra resulta de promediar la diferencia entre costo y
precio de venta, tanto en la producción nacional como en la
importada. Esta última representa el 65% del total
comercializado a nivel nacional.
De acuerdo con este estudio, ni siquiera cuando el Gobierno
fijó el precio de 20.000 sucres por cilindro se evitaban las
pérdidas en el gas importado. Quince kilos de gas importado
cuestan 28.039,50 sucres, de modo que el Fisco perdía 8.039,50
sucres en la venta al público. (Texto tomado de El Universo)
fiscal que se estima en el 7% del Producto Interno Bruto (PIB)
se presenta como la prioridad básica para el nuevo gobierno,
desde la perspectivas de analistas, la banca, el comercio y el
sector bursátil.
Según Walter Spurrier, Director de la publicación Análisis
Semanal el Ejecutivo deberá cancelar programas de gasto ya
planificados y buscar los recursos necesarios para la
reconstrucción de las provincias afectadas por el fenómeno de
El Niño.
Por ello criticó la decisión de Alarcón de permitir que el
Estado asuma la inversión de un nuevo oleoducto en lugar de
aceptar capitales privados que significaría eliminar al menos
un punto del déficit fiscal, y al aumentar la capacidad de
transporte, mejorar los ingresos por este concepto.
Señaló que aunque se cuente con la oposición de Petroecuador
que siempre ha querido el monopolio del transporte y del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército, al que la empresa ha
convertido en intermediario, se debe dar paso a la iniciativa
de los contratistas privados.
En segundo lugar considera que se deberá adoptar medidas para
aumentar los ingresos y se volverá inevitable subir el precio
del gas, buscando un eficiente sistema de focalización.
También en opinión de Spurrier, se verá un incremento en las
tarifas eléctricas por lo que la mayor parte de la población
que recibe subsidio actualmente, se quedará sin él.
Paralelamente considera que el Ejecutivo deberá buscar
colaboración en el Congreso con miras a reducir el aparato
burocrático y aunque es una medida de mediano plazo, se
requiere concretarla para aliviar el peso que esta carga tiene
en la economía.
Necesario ajuste cambiario
Paralelamente, Spurrier señaló que tiene que haber
definiciones en la política cambiaria porque con una inflación
proyectada en el 40% para fin de año y unas bandas que tienen
una pendiente en el 20% es inevitable que eso no ocurra.
Además si esto no ocurre las tasas de interés reflejarán la
expectativa cambiaria y subirán enormemente en el corto plazo,
previó.
Igualmente, Antonio Acosta, Presidente del Directorio de la
Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), coincidió
que lo primero para el próximo gobierno será buscar equilibrar
las cuentas fiscales porque "es imposible pensar en rehacer el
país, en reconstruir su infraestructura con un déficit que
supera el 6% del PIB".
En este sentido, recomendó "conversar sinceramente" del tema
de subsidios y buscar relanzar fuentes de ingresos para el
gobierno a través del análisis de la recaudación tributaria,
la distribución de la carga impositiva y el tema del Impuesto
al Valor Agregado (IVA).
En definitiva, según Acosta, hay que buscar nuevas fuentes de
ingresos y controlar la fuentes de egresos.
Otro de los puntos en que se debe insistir es en atraer a la
inversión privada, ¿por qué más deuda?, si invierten ellos y
hay pérdidas pierden ellos pero no la República, se cuestionó.
Servicios de vialidad, transporte, comunicaciones y demás bien
podrían ser operados por el sector privado sin demandar
recursos del Estado, comentó el dirigente.
Cumplir promesas
El sector productivo se encuentra en pie de lucha, por tanto,
la nueva administración tendrá que cumplir con todas las
ofertas hechas en campaña y específicamente concentrar sus
esfuerzos en el proceso de la reconstrucción de la Costa,
afirmó Joaquín Zevallos, presidente de la Federación de
Cámaras de Comercio del Ecuador.
La principal meta que en materia económica está obligado a
cumplir el nuevo Presidente de la República es la reactivación
vial y agropecuaria de las provincias de la Costa y de la
Sierra que fueron afectadas por el fenómeno de El Niño,
sostuvo.
Pero para acometer a ese tipo de procesos se requiere voluntad
y liderazgo que son dos cualidades que el próximo mandatario
debe demostrar que posee; "tendrá que luchar para combatir la
corrupción y tener la capacidad política de aliar a todos los
sectores de la sociedad; productivos, laborales y académicos
para llevar adelante el país", expresó el empresario.
Y es que aquel que se posesione como nuevo Presidente de los
ecuatorianos el 10 de agosto próximo no tendrá otra
alternativa -sostiene Zevallos- que reactivar la producción a
través de la reconstrucción.
Ese mecanismo permitirá la creación de nuevas fuentes de
empleo, asimismo, deberá renegociar la deuda externa del país
e impulsar la modernización de los sectores de las
telecomunicaciones, aduanas, puertos, aeropuertos y del área
eléctrica. "Caso contrario, seguiremos con malos servicios y
sumidos en el subdesarrollo", dijo.
Una vez que oficialmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE),
proclame el ganador de las elecciones del 12 de julio, el
electo Presidente tendrá que en forma inmediata reunirse con
el sector productivo para buscar los medios que conlleven a
una mayor competitividad y generación de riquezas, indicó
Zevallos.
Tildó la gestión económica del Gobierno de Alarcón como
vergonzosa, tibia y carente de liderazgo.
Para el titular de la Federación de Cámaras de Comercio del
Ecuador la administración interina lo único de lo que fue
capaz fue de permitir la corrupción y apoyar la
desorganización. "El único logro que tuvo Alarcón es tener
como Vicepresidente a Pedro Aguayo", enfatizó.
Planes de largo plazo
"Solo el fin del interinazgo ya es una buena noticia", afirmó
Enrique Arosemena Baquerizo, director general de la Bolsa de
Valores de Guayaquil, al referirse a las perspectivas de la
economía ecuatoriana con un nuevo gobierno.
Una vez que concluya este período, consideró el ejecutivo, lo
más importante que debe hacer el nuevo mandatario es convocar
a una sesión de planeación estratégica entre los sectores
público y privado, es decir entre gobernantes y gobernados
para tomar macrodecisiones y definiciones sobre políticas de
Estado en lo económico, social y político, las que deberían
tener por lo menos un horizonte de 50 años. "Los ecuatorianos
tenemos que comenzar a remar en el mismo sentido y de manera
eficiente", dijo.
Es conveniente para Ecuador, especificó, que quien asuma la
presidencia el 10 de agosto, aplique reformas estructurales
respecto de la seguridad social, de las inversiones del Fondo
de Solidaridad a nivel nacional y de la flexibilización
laboral.
Arosemena piensa que el nuevo gobierno tendría que bajar en
lugar de elevar los impuestos, como mecanismos para reactivar
el aparato productivo, además de ampliar la base de
contribuyentes del Fisco. "En época de recesión el peor error
es subir los tributos", opinó.
Solicitó que no se postergue más el proceso de modernización
del Estado ni la reducción del gasto corriente ineficiente.
Con la venta de los activos del Estado, anotó, se podrán
generar ingresos para alimentar el Fondo de Solidaridad.
La eliminación y focalización de los subsidios al gas y
electricidad, es otro de sus planteamientos. Por último
recordó la necesidad de aplicar una reingeniería financiera
para reducir el peso de la deuda externa, lo que implicaría
emular a México con la emisión de bonos a 10 años plazo para
recomprar la deuda vieja.
Pendiente la decisión sobre el gas
QUITO.- Al nuevo mandatario le espera una decisión que los
analistas consideran trascendental: mantener la estructura
actual de subsidio al cilindro de gas de uso doméstico o
focalizarlo.
Dos especialistas consultados se inclinan por esta última
opción.
Alberto Acosta y Jorge Pareja Cucalón, coinciden en que el
subsidio debe ser revisado. Según Acosta, el 80% del subsidio
se desperdicia, pues va a parar en industrias, restaurantes y
hogares que no requieren del subsidio gubernamental.
En tanto, Pareja -ex ministro de Energía y miembro del Foro de
Opinión Petrolera- recomienda eliminar el subsidio, aduciendo
que actualmente le cuesta al país alrededor de 130 millones de
dólares anuales.
"La eliminación del subsidio reduciría la demanda suntuaria, y
en especial la fuga de gas a Tumbes, al Sur, y Nariño, al
Norte, calculada en un 30% del total -esto es- en 40 millones
de dólares anuales", asevera Pareja Cucalón.
Días atrás, Acosta se pronunció partidario de la idea
planteada por el entonces candidato presidencial Jamil Mahuad,
en el sentido de racionalizar la aplicación del subsidio
distribuyendo el gas en cilindros de una capacidad menor que
la actual (que es de 15 kilos) y en puntos estratégicos como
sedes de organizaciones barriales y populares, de modo que la
estructura de distribución del gas subsidiado sea ajena a la
estructura de comercialización convencional.
Las cifras de un hasta ahora inédito estudio elaborado
conjuntamente por Petrocomercial y la Dirección Nacional de
Hidrocarburos, muestran que mantener el precio de 4.900 sucres
por cilindro de 15 kilos representa una pérdida para el Fisco
de 18.404 sucres por cilindro.
La cifra resulta de promediar la diferencia entre costo y
precio de venta, tanto en la producción nacional como en la
importada. Esta última representa el 65% del total
comercializado a nivel nacional.
De acuerdo con este estudio, ni siquiera cuando el Gobierno
fijó el precio de 20.000 sucres por cilindro se evitaban las
pérdidas en el gas importado. Quince kilos de gas importado
cuestan 28.039,50 sucres, de modo que el Fisco perdía 8.039,50
sucres en la venta al público. (Texto tomado de El Universo)
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