El pasado 5 de julio se cumplieron 16 meses desde el incendio ocurrido en el Palacio Legislativo, que dejó algunos problemas estructurales en la edificación y una secuela de gastos no prevista para el país. Las autoridades del Congreso tomaron varias acciones y hoy está a punto de iniciarse una primera fase de la rehabilitación
La labor legislativa y la comodidad de los 100 diputados sí es una preocupación de Estado. Por eso, para lo que queda de 2004 y 2005, se ha previsto realizar una asignación de $17,5 millones para la rehabilitación integral del Palacio Legislativo, afectado por el incendio del 5 de marzo de 2003, como parte de un compromiso con el Ejecutivo. Y lo que es más, el proyecto incorpora la construcción de un nueva torre de oficinas para los diputados. El costo de esa torre está estimado en $10 millones, gasto que se aplicaría al presupuesto de inversiones de 2006, pero que aún no está convenido.
Así, en los próximos tres o cuatro años, el Congreso inauguraría "casa nueva", con una inversión de alrededor de $27 millones para instalaciones, con acabados propios de una edificación moderna y nuevas tecnologías.
La información es oficial y se sustenta en las proyecciones de los gastos del proyecto de rehabilitación del Palacio Legislativo del consultor Milton Barragán, que fuera aprobado por el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), el 17 de marzo de 2004.
Esta aprobación incorpora la aceptación de los diversos bloques legislativos, que tienen a su delegado en esa instancia. Tampoco ha sido objetado formalmente por otros.
El proyecto tiene tres fases. La primera, cuya meta es diciembre de este año, comprende: la rehabilitación y el reforzamiento estructural del edificio, la implementación de ascensores y equipos eléctricos y electrónicos y la colocación de mobiliario.
Esos tres componentes (ver ilustración) se licitarán por separado. El costo global estimado es de casi $11 millones. Con la adjudicación del primer ítem, en junio pasado, con un precio más bajo al presupuesto referencial, ese gasto bajó en $1 millón.
La segunda fase se desarrollará en 2005. Incluye la construcción, en dos niveles, del "bloque" de la Escolta Legislativa (170 policías) en el ala oriental de los subsuelos del edificio y del área de estacionamientos, en el lado opuesto. El costo total previsto es de $7,9 millones.
Por último, está la propuesta de una nueva torre para las oficinas de los diputados en una zona aledaña aún no definida, que respetará las proyecciones de desarrollo del Municipio, asegura Fabio Carranco Bermeo, director de la Unidad Técnica Administrativa y de Gestión (UTAG), que es la instancia responsable del proyecto, más aún cuando esta edificación forma parte del inventario del patrimonio de la ciudad, que no puede modificar su estructura ni sus exteriores.
En esto se apoya la idea de levantar la nueva torre, pues el área de construcción del Palacio Legislativo tiene apenas 18 mil metros cuadrados, cuando la necesidades actuales de uso son 34 mil metros cuadrados, según el estudio de la UTAG. Por lo pronto, el tema quedó pendiente en la agenda legislativa.
La prioridad del presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, es la firma del contrato con la empresa Maldonado Fiallos, adjudicatoria de los trabajos de rehabilitación y reforzamiento del Palacio. La suscripción del convenio espera los informes favorables de la Procuraduría y de la Contraloría respecto al trámite de adjudicación.
El 21 de junio, el Congreso pidió al Ministerio de Economía el anticipo de $3 millones, para que el contratista iniciara los trabajos y se acelerase la rehabilitación.
Ese proceso de licitación ha demorado dos o tres meses la marcha del proyecto, según lo reconoce el presidente del Congreso. Un trámite que pudo ser obviado, por cuanto existe una resolución del Pleno que declaró la emergencia tras el incendio. Ese estatus libera a la autoridad de la obligación de licitar las obras que se requieran y le permite adjudicar de forma directa.
Pero es un instrumento que Landázuri no ha querido "aprovechar". Y más, como para que no quede duda de sus procedimientos, optó por proceder bajo el esquema regular, no solo en esta licitación sino en todos los trámites realizados, lo que ha levantando comentarios a favor y en contra en el recinto legislativo, sobre todo por los gastos en que incurriría el Congreso por las demoras, al prolongar la rehabilitación del edificio. Esto es, pagos de arriendo y mantenimiento de una serie de instalaciones, en las que, tras el incendio, fueron a parar las dependencias administrativas y operativas del Congreso.
Un análisis de la UTAG sobre el costo beneficio del proyecto toma como referencia un egreso anual de un millón de dólares, que serían los gastos que en la práctica el Congreso incurrirría hoy para su administración y funcionamiento. Landázuri dice que los gastos este año han sido mínimos. (LB)
El mural de Oswaldo Guayasamín se queda en el Pleno
El proyecto de rehabilitación establecía la reubicación de la obra en la parte externa de la sala de sesiones del Parlamento
La decisión del presidente del Congreso Nacional, Guillermo Landázuri, es definitiva. El mural del maestro Oswaldo Guayasamín Calero seguirá en el Pleno y no saldrá a la parte exterior del edificio, como lo preveía el proyecto de rehabilitación.
De esta forma termina una controversia que se había presentado, aunque no de forma pública, con miembros de la Fundación Guayasamín, quienes defendieron la permanencia de la obra de arte en la sala de sesiones, en donde ha estado desde 1988.
En el propio contrato de servicios profesionales, entre el Congreso y el artista, se determinó que el mural se realizaría bajo ciertas especificaciones. El título del convenio firmado por el ex presidente del Congreso Jorge Zavala Baquerizo y Oswaldo Guayasamín señala: "Contrato para la elaboración de un mural pictórico en el salón de sesiones del Plenario". Esto, en 1987.
El objeto del contrato señala la obligación del contratista de ejecutar un mural en el salón de sesiones del Plenario con el tema "La historia del Parlamento Nacional desde sus orígenes hasta las proyecciones futuras", sometido a ciertas características.
Así se estableció que fuera un mural de 226 metros cuadrados (35m por 6,46m) en pintura acrílica y planchas del mismo material, que simbolizara la historia del Parlamento y que sería ubicado en el salón de sesiones. También incluía un friso de 1m por 35m para una leyenda que representara el pensamiento democrático, para la parte superior del mural, en bronce y madera policromada y mosaicos de cristal.
El conjunto pictórico suma un sócalo de 1m por 35m para la parte inferior y una moldura de madera para el recubrimiento. Todo eso, más el estudio y la implementación de la iluminación, costó 38,5 millones de sucres.
Una vez terminada y presentada, la obra despertó polémicas, en especial por los mensajes en contra de la explotación y el imperialismo; en este último caso, por la imagen de la muerte en un rostro que supone un soldado fascista, por la forma del casco, en el que se incrustan las siglas de la CIA (Agencia de Inteligencia de EEUU). El tema provocó un impase con la embajada de este país, que pidió el retiro del mural en los días previos a la posesión del presidente electo Rodrigo Borja, acto al que asistió el secretario de Estado estadounidense, George Shultz.
El titular del Congreso de entonces, Wilfrido Lucero, confirmó, hace pocos días en una de sus intervenciones en el Pleno, que hubo, en efecto, esas presiones de la delegación diplomática para que se retirase ciertos paneles. Recordó que en la visita del embajador de EEUU a su despacho, antes del 10 de agosto, le hizo exigencias en ese sentido, a lo cual le respondió que su posición solo acababa de consagrar al mural "para las eternas memorias, en donde fue colocado".
La obra de Guayasamín es catalogada como una visión de la historia contemporánea de la nación. La visión moderna de la historia se despliega en el mural del maestro Víctor Mideros, ubicado por fuera, en la zona norte, frente a la calle Montalvo. (LB)
"La población ecuatoriana va a entender el sentido de los gastos"
El presidente del Congreso defiende la necesidad de recuperar el edificio del Palacio Legislativo y sostiene que el proceso ha sido transparente
¿Por qué demoran tanto los trabajos de reconstrucción?
Obedece a la necesidad de hacer todo conforme a la ley y a la de esperar los recursos que asigne el Ministerio de Economía, aunque hay un compromiso para ello. Los retrasos también obedecen a limitaciones de recursos. Se han realizado varias acciones, como buscar un espacio alternativo mientras tarda la rehabilitación.
¿Cuál es la prioridad en todo esto?
Esperamos los informes de la Contraloría y de la Procuraduría para firmar el contrato con la empresa Maldonado Fiallos, adjudicataria de las obras arquitectónicas y de reforzamiento estructural. Está previsto que se haga en seis meses. Eso no incluye ascensores y mobiliario que son otros concursos previstos para este año.
¿De dónde provienen los recursos?
Son fondos especiales que pedimos este año. Los primeros $3 millones los esperamos estos días para entregar el anticipo.
¿De dónde salieron los recursos para la limpieza y remoción de escombros?
Son recursos propios. Se gastó $100 mil y ganamos tiempo al dejar el esqueleto. Todo pudo asignarse directamente, pero dispuse que se hiciera un concurso, que lleva más tiempo pero asegura la transparencia.
¿Cuánto le cuesta al Congreso mantener las oficinas en otros edificios?
El gasto se ha manejado dentro de asuntos mínimos, hemos comprado el mobiliario mínimo. El uso del edificio del Banco Central es en comodato. Su uso se concretó desde marzo, por cuanto había el compromiso de entregarlo en buenas condiciones.
Nos llegó información de una queja en la CCCC por el tema. ¿Qué conoce?
Siempre hay inquietudes. Tuvimos derecho a contratar directamente y decidimos hacer un concurso público. Tenemos un comité de contrataciones en el cual intervienen delegados del Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Pichincha, que fueron parte del proceso de estudio, selección y adjudicación de la licitación. La conclusión fue unánime para la adjudicación.
¿Cómo se calificó?
El costo referencial fue $7,2 millones, la oferta más cara fue en ese monto y la más barata, $5,2 millones (sin IVA). La adjudicación fue a la segunda más barata ($6,197 millones). La decisión fue unánime y tuvo razones técnicas y económicas. Por ejemplo, en gastos, el estudio señalaba $5,1 millones y la oferta más barata establecía $4,5 millones y costos de materiales más baratos al del fabricante.
¿Qué se habría ahorrado sin esto?
Es un tema de principios. Por ganar tiempo, pudimos escoger a dedo en base al presupuesto referencial y señalar a la empresa que hiciera a ese costo. Hubiera ahorrado dos o tres meses, pero no la duda de que existiese algún interés en una obra de un valor importante. No quería que simplemente se dijera, por la premura, el presidente contrató a dedo.
Y ¿toda la inversión se justifica?
La gente lo va a entender bien. No hay Congreso en el mundo que goce de gran respaldo popular. Pero en el país, en la medida que se afiance la cultura del debate, se debe entender que el Congreso es una función muy importante que solo se valora cuando no existe (gobierno de facto). (LB)
EL LEGISLADOR
Economista, empresario. Es diputado reelecto por la provincia de Pichincha y militante del partido Izquierda Democrática (ID).
EL PROCESO
Ha pasado año y cuatro meses desde el incendio
- El 5 de marzo de 2003 se produjo un incendio en el Palacio Legislativo. Cinco días más tarde se presentó un informe técnico con las evaluaciones del Cuerpo de Bomberos, la Policía y otras instancias que recomendó un plan de refuncionalización.
- El 8 de abril de 2003 se firmó un convenio entre Congreso, Banco Central, Ministerio de Finanzas y Municipio de Quito con el que se entregó en comodato las instalaciones del Banco para uso del Congreso: el edifico matriz, la torre el Centenario y algunos pisos del edificio Alameda. La mudanza se concretó a partir de septiembre de 2003; en marzo de 2004 se trasladaron la Presidencia y diputados de la ID. La Escolta se mudará en el receso.
- 16 de abril de 2003, el Pleno del Congreso resolvió el estado de emergencia para efectos de actos y contratos.
- El 8 de mayo de 2003, el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) creó la Unidad Técnica Administrativa y de Gestión (UTAG) bajo la dirección de Fabio Carranco, técnico del Fondo de Salvamento (Fonsal) del Municipio del Distrito.
- Landázuri invitó a un concurso para la contratación de estudios. Se contrató a Milton Barragán. El 11 de septiembre de 2003 se consultó a la Contraloría sobre el proceso. Se dió el visto bueno el 26.
- El profesional entregó un anteproyecto en diciembre, y la propuesta definitiva el 17 de marzo de 2004. Un estudio señaló que tenía una tasa de interés de retorno del 67%, cuando el BID califica de sustentables los proyectos con una base del 12%. Las ventajas son: la recuperación del edificio, el ahorro de la inversión en arriendos y no asumir el costo de otro edificio.
- El 21 de marzo de 2004, el presidente del Congreso convocó a licitación pública los trabajos arquitectónico e ingeniería para la rehabilitación y el reforzamiento estructural, ingeniería eléctrica, electrónica, hidrosanitaria y especiales.
- El 21 de junio de 2004, el Congreso envió al Ministro de Finanzas copias de datos ingresados al Sistema Nacional de Inversiones y documentos de inversiones previstas para 2004, 2005 y 2006. Incluye la estimación para la nueva torre. (LB) (BLANCO Y NEGRO)
La labor legislativa y la comodidad de los 100 diputados sí es una preocupación de Estado. Por eso, para lo que queda de 2004 y 2005, se ha previsto realizar una asignación de $17,5 millones para la rehabilitación integral del Palacio Legislativo, afectado por el incendio del 5 de marzo de 2003, como parte de un compromiso con el Ejecutivo. Y lo que es más, el proyecto incorpora la construcción de un nueva torre de oficinas para los diputados. El costo de esa torre está estimado en $10 millones, gasto que se aplicaría al presupuesto de inversiones de 2006, pero que aún no está convenido.
Así, en los próximos tres o cuatro años, el Congreso inauguraría "casa nueva", con una inversión de alrededor de $27 millones para instalaciones, con acabados propios de una edificación moderna y nuevas tecnologías.
La información es oficial y se sustenta en las proyecciones de los gastos del proyecto de rehabilitación del Palacio Legislativo del consultor Milton Barragán, que fuera aprobado por el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), el 17 de marzo de 2004.
Esta aprobación incorpora la aceptación de los diversos bloques legislativos, que tienen a su delegado en esa instancia. Tampoco ha sido objetado formalmente por otros.
El proyecto tiene tres fases. La primera, cuya meta es diciembre de este año, comprende: la rehabilitación y el reforzamiento estructural del edificio, la implementación de ascensores y equipos eléctricos y electrónicos y la colocación de mobiliario.
Esos tres componentes (ver ilustración) se licitarán por separado. El costo global estimado es de casi $11 millones. Con la adjudicación del primer ítem, en junio pasado, con un precio más bajo al presupuesto referencial, ese gasto bajó en $1 millón.
La segunda fase se desarrollará en 2005. Incluye la construcción, en dos niveles, del "bloque" de la Escolta Legislativa (170 policías) en el ala oriental de los subsuelos del edificio y del área de estacionamientos, en el lado opuesto. El costo total previsto es de $7,9 millones.
Por último, está la propuesta de una nueva torre para las oficinas de los diputados en una zona aledaña aún no definida, que respetará las proyecciones de desarrollo del Municipio, asegura Fabio Carranco Bermeo, director de la Unidad Técnica Administrativa y de Gestión (UTAG), que es la instancia responsable del proyecto, más aún cuando esta edificación forma parte del inventario del patrimonio de la ciudad, que no puede modificar su estructura ni sus exteriores.
En esto se apoya la idea de levantar la nueva torre, pues el área de construcción del Palacio Legislativo tiene apenas 18 mil metros cuadrados, cuando la necesidades actuales de uso son 34 mil metros cuadrados, según el estudio de la UTAG. Por lo pronto, el tema quedó pendiente en la agenda legislativa.
La prioridad del presidente del Congreso, Guillermo Landázuri, es la firma del contrato con la empresa Maldonado Fiallos, adjudicatoria de los trabajos de rehabilitación y reforzamiento del Palacio. La suscripción del convenio espera los informes favorables de la Procuraduría y de la Contraloría respecto al trámite de adjudicación.
El 21 de junio, el Congreso pidió al Ministerio de Economía el anticipo de $3 millones, para que el contratista iniciara los trabajos y se acelerase la rehabilitación.
Ese proceso de licitación ha demorado dos o tres meses la marcha del proyecto, según lo reconoce el presidente del Congreso. Un trámite que pudo ser obviado, por cuanto existe una resolución del Pleno que declaró la emergencia tras el incendio. Ese estatus libera a la autoridad de la obligación de licitar las obras que se requieran y le permite adjudicar de forma directa.
Pero es un instrumento que Landázuri no ha querido "aprovechar". Y más, como para que no quede duda de sus procedimientos, optó por proceder bajo el esquema regular, no solo en esta licitación sino en todos los trámites realizados, lo que ha levantando comentarios a favor y en contra en el recinto legislativo, sobre todo por los gastos en que incurriría el Congreso por las demoras, al prolongar la rehabilitación del edificio. Esto es, pagos de arriendo y mantenimiento de una serie de instalaciones, en las que, tras el incendio, fueron a parar las dependencias administrativas y operativas del Congreso.
Un análisis de la UTAG sobre el costo beneficio del proyecto toma como referencia un egreso anual de un millón de dólares, que serían los gastos que en la práctica el Congreso incurrirría hoy para su administración y funcionamiento. Landázuri dice que los gastos este año han sido mínimos. (LB)
El mural de Oswaldo Guayasamín se queda en el Pleno
El proyecto de rehabilitación establecía la reubicación de la obra en la parte externa de la sala de sesiones del Parlamento
La decisión del presidente del Congreso Nacional, Guillermo Landázuri, es definitiva. El mural del maestro Oswaldo Guayasamín Calero seguirá en el Pleno y no saldrá a la parte exterior del edificio, como lo preveía el proyecto de rehabilitación.
De esta forma termina una controversia que se había presentado, aunque no de forma pública, con miembros de la Fundación Guayasamín, quienes defendieron la permanencia de la obra de arte en la sala de sesiones, en donde ha estado desde 1988.
En el propio contrato de servicios profesionales, entre el Congreso y el artista, se determinó que el mural se realizaría bajo ciertas especificaciones. El título del convenio firmado por el ex presidente del Congreso Jorge Zavala Baquerizo y Oswaldo Guayasamín señala: "Contrato para la elaboración de un mural pictórico en el salón de sesiones del Plenario". Esto, en 1987.
El objeto del contrato señala la obligación del contratista de ejecutar un mural en el salón de sesiones del Plenario con el tema "La historia del Parlamento Nacional desde sus orígenes hasta las proyecciones futuras", sometido a ciertas características.
Así se estableció que fuera un mural de 226 metros cuadrados (35m por 6,46m) en pintura acrílica y planchas del mismo material, que simbolizara la historia del Parlamento y que sería ubicado en el salón de sesiones. También incluía un friso de 1m por 35m para una leyenda que representara el pensamiento democrático, para la parte superior del mural, en bronce y madera policromada y mosaicos de cristal.
El conjunto pictórico suma un sócalo de 1m por 35m para la parte inferior y una moldura de madera para el recubrimiento. Todo eso, más el estudio y la implementación de la iluminación, costó 38,5 millones de sucres.
Una vez terminada y presentada, la obra despertó polémicas, en especial por los mensajes en contra de la explotación y el imperialismo; en este último caso, por la imagen de la muerte en un rostro que supone un soldado fascista, por la forma del casco, en el que se incrustan las siglas de la CIA (Agencia de Inteligencia de EEUU). El tema provocó un impase con la embajada de este país, que pidió el retiro del mural en los días previos a la posesión del presidente electo Rodrigo Borja, acto al que asistió el secretario de Estado estadounidense, George Shultz.
El titular del Congreso de entonces, Wilfrido Lucero, confirmó, hace pocos días en una de sus intervenciones en el Pleno, que hubo, en efecto, esas presiones de la delegación diplomática para que se retirase ciertos paneles. Recordó que en la visita del embajador de EEUU a su despacho, antes del 10 de agosto, le hizo exigencias en ese sentido, a lo cual le respondió que su posición solo acababa de consagrar al mural "para las eternas memorias, en donde fue colocado".
La obra de Guayasamín es catalogada como una visión de la historia contemporánea de la nación. La visión moderna de la historia se despliega en el mural del maestro Víctor Mideros, ubicado por fuera, en la zona norte, frente a la calle Montalvo. (LB)
"La población ecuatoriana va a entender el sentido de los gastos"
El presidente del Congreso defiende la necesidad de recuperar el edificio del Palacio Legislativo y sostiene que el proceso ha sido transparente
¿Por qué demoran tanto los trabajos de reconstrucción?
Obedece a la necesidad de hacer todo conforme a la ley y a la de esperar los recursos que asigne el Ministerio de Economía, aunque hay un compromiso para ello. Los retrasos también obedecen a limitaciones de recursos. Se han realizado varias acciones, como buscar un espacio alternativo mientras tarda la rehabilitación.
¿Cuál es la prioridad en todo esto?
Esperamos los informes de la Contraloría y de la Procuraduría para firmar el contrato con la empresa Maldonado Fiallos, adjudicataria de las obras arquitectónicas y de reforzamiento estructural. Está previsto que se haga en seis meses. Eso no incluye ascensores y mobiliario que son otros concursos previstos para este año.
¿De dónde provienen los recursos?
Son fondos especiales que pedimos este año. Los primeros $3 millones los esperamos estos días para entregar el anticipo.
¿De dónde salieron los recursos para la limpieza y remoción de escombros?
Son recursos propios. Se gastó $100 mil y ganamos tiempo al dejar el esqueleto. Todo pudo asignarse directamente, pero dispuse que se hiciera un concurso, que lleva más tiempo pero asegura la transparencia.
¿Cuánto le cuesta al Congreso mantener las oficinas en otros edificios?
El gasto se ha manejado dentro de asuntos mínimos, hemos comprado el mobiliario mínimo. El uso del edificio del Banco Central es en comodato. Su uso se concretó desde marzo, por cuanto había el compromiso de entregarlo en buenas condiciones.
Nos llegó información de una queja en la CCCC por el tema. ¿Qué conoce?
Siempre hay inquietudes. Tuvimos derecho a contratar directamente y decidimos hacer un concurso público. Tenemos un comité de contrataciones en el cual intervienen delegados del Colegio de Arquitectos e Ingenieros de Pichincha, que fueron parte del proceso de estudio, selección y adjudicación de la licitación. La conclusión fue unánime para la adjudicación.
¿Cómo se calificó?
El costo referencial fue $7,2 millones, la oferta más cara fue en ese monto y la más barata, $5,2 millones (sin IVA). La adjudicación fue a la segunda más barata ($6,197 millones). La decisión fue unánime y tuvo razones técnicas y económicas. Por ejemplo, en gastos, el estudio señalaba $5,1 millones y la oferta más barata establecía $4,5 millones y costos de materiales más baratos al del fabricante.
¿Qué se habría ahorrado sin esto?
Es un tema de principios. Por ganar tiempo, pudimos escoger a dedo en base al presupuesto referencial y señalar a la empresa que hiciera a ese costo. Hubiera ahorrado dos o tres meses, pero no la duda de que existiese algún interés en una obra de un valor importante. No quería que simplemente se dijera, por la premura, el presidente contrató a dedo.
Y ¿toda la inversión se justifica?
La gente lo va a entender bien. No hay Congreso en el mundo que goce de gran respaldo popular. Pero en el país, en la medida que se afiance la cultura del debate, se debe entender que el Congreso es una función muy importante que solo se valora cuando no existe (gobierno de facto). (LB)
EL LEGISLADOR
Economista, empresario. Es diputado reelecto por la provincia de Pichincha y militante del partido Izquierda Democrática (ID).
EL PROCESO
Ha pasado año y cuatro meses desde el incendio
- El 5 de marzo de 2003 se produjo un incendio en el Palacio Legislativo. Cinco días más tarde se presentó un informe técnico con las evaluaciones del Cuerpo de Bomberos, la Policía y otras instancias que recomendó un plan de refuncionalización.
- El 8 de abril de 2003 se firmó un convenio entre Congreso, Banco Central, Ministerio de Finanzas y Municipio de Quito con el que se entregó en comodato las instalaciones del Banco para uso del Congreso: el edifico matriz, la torre el Centenario y algunos pisos del edificio Alameda. La mudanza se concretó a partir de septiembre de 2003; en marzo de 2004 se trasladaron la Presidencia y diputados de la ID. La Escolta se mudará en el receso.
- 16 de abril de 2003, el Pleno del Congreso resolvió el estado de emergencia para efectos de actos y contratos.
- El 8 de mayo de 2003, el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) creó la Unidad Técnica Administrativa y de Gestión (UTAG) bajo la dirección de Fabio Carranco, técnico del Fondo de Salvamento (Fonsal) del Municipio del Distrito.
- Landázuri invitó a un concurso para la contratación de estudios. Se contrató a Milton Barragán. El 11 de septiembre de 2003 se consultó a la Contraloría sobre el proceso. Se dió el visto bueno el 26.
- El profesional entregó un anteproyecto en diciembre, y la propuesta definitiva el 17 de marzo de 2004. Un estudio señaló que tenía una tasa de interés de retorno del 67%, cuando el BID califica de sustentables los proyectos con una base del 12%. Las ventajas son: la recuperación del edificio, el ahorro de la inversión en arriendos y no asumir el costo de otro edificio.
- El 21 de marzo de 2004, el presidente del Congreso convocó a licitación pública los trabajos arquitectónico e ingeniería para la rehabilitación y el reforzamiento estructural, ingeniería eléctrica, electrónica, hidrosanitaria y especiales.
- El 21 de junio de 2004, el Congreso envió al Ministro de Finanzas copias de datos ingresados al Sistema Nacional de Inversiones y documentos de inversiones previstas para 2004, 2005 y 2006. Incluye la estimación para la nueva torre. (LB) (BLANCO Y NEGRO)
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