Las estadísticas oficiales demuestran que la ley no se respeta. Solo el monitoreo de la publicidad establece que 177 candidatos a alcaldes y 37 postulantes a las prefecturas excedieron en el límite de gasto. Pero ese monto es apenas una parte del gasto de campaña, pues no hay un seguimiento de la inversión electoral, y tampoco control sobre la publicidad oficial
Candidatos se burlan de la ley
Los datos finales del seguimiento de la publicidad en medios muestran diferencias importantes con relación al trabajo realizado por Participación Ciudadana. El silencio oficial crea muchas sospechas
Los informes oficiales y no oficiales confirman que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no está en capacidad de controlar el gasto de campaña de los partidos y movimientos políticos, esto solo tomando en cuenta que 214 de los candidatos (para alcaldías y prefecturas) superaron el tope establecido por las autoridades electorales para la pasada campaña proselitista (pág. 4).
Esa información es parcial y corresponde apenas al monitoreo realizado por el consorcio Interviu-Escopusa para dos dignidades, con relación a la publicidad contratada en los medios de comunicación: radio, prensa, TV y vallas. Allí no se incluye la inversión en propaganda electoral (camisetas, afiches, banderas, gorras...). Lo que quiere decir que los montos excedidos en los medios de comunicación son apenas un dato parcial que servirá de referencia para el juzgamiento de las cuentas.
El gasto oficial en publicidad asciende a $3,1 millones entre los candidatos a alcaldes y prefectos. Y los montos excedidos de los 214 candidatos muestran solo una faceta de la falta de control del gasto, pues no existe un sistema de supervisión de la propaganda electoral utilizada, como reconoció el presidente del TSE, Nicanor Moscoso.
Esta debilidad fue denunciada de forma permanente por varios actores en la campaña y de manera particular por Participación Ciudadana (PC), que realizó un monitoreo similar, aunque a menor escala, al ejecutado por el consorcio contratista del TSE sobre el gasto de publicidad en medios.
Y lo que abona aún más a las dudas sobre la efectividad del control es, precisamente, que los resultados de ambos trabajos muestran diferencias importantes.
Así, el informe de PC, presentado el 15 de octubre pasado, un día después del cierre oficial de la campaña, señala que los candidatos a la Alcaldía de Quito Rodrigo Paz, Paco Moncayo y Marcelo Cruz se excedieron en el límite fijado de $40 118; Paz, con $117 238; Moncayo, con 47 175; y Cruz, con $54 884. Mientras el tabulado de Interviu-Escopusa, entregado al TSE el pasado martes, al que tuvo acceso este BLANCO Y NEGRO, establece que solo Paz superó ese monto al registrarse un pautaje por $158 638.
PC señala que los candidatos a la Prefectura de Pichincha José Vergara, Wilma Salgado y Federico Pérez se excedieron el límite fijado de $51 589. Vergara con $78 741, Salgado con $64 678 y Pérez con $120 317. Interviu solo registra a Pérez con exceso, con $110 721.
PC monitoreó diariamente a siete canales de TV, 10 radios, en Quito y Guayaquil, seis periódicos nacionales y locales en ambas ciudades. Sus resultados excluyeron, en el caso de Paco Moncayo, los espacios del MPD que contenían mensajes de apoyo al reelegible.
La exclusión se hizo en consideración de la polémica resolución de una mayoría del Pleno del TSE (PSC-ID-PK-PC) del 6 de octubre que dispuso que esos espacios fueran contabilizados en las cuentas del MPD, montos que al final de la campaña -según los registros de PC- llegaron a $6 341.
Para PC, eso muestra que hubo un trato inequitativo en el control del gasto, no solo porque la resolución había favorecido a los candidatos de la lista 12 de forma directa sino porque días antes el presidente del Tribunal Electoral de Pichincha pidió a los medios que no pautaran publicidad de la candidatura de Rodrigo Paz, pues informó que se había excedido en el gasto.
Durante el transcurso de la campaña, las quejas de varios candidatos fueron reiteradas por la confusión que generó la presentación de datos oficiales (tres o cuatro días después de haberse hecho el corte) o cuando se publicitaba los resultados de Interviu, las cifras actualizadas del PC eran superiores.
Para una fuente del TSE, los datos parciales y finales oficiales debieron arrojar montos superiores a los de PC, por cuanto la muestra fue mucho mayor. El contrato con el consorcio por $446 400 (sin IVA) considera el monitoreo permanente de 50 canales de TV, 250 emisoras, 60 diarios, 51 revistas y el control provincial de vallas en todo el país, excepto Galápagos.
Precisamente, uno de los reclamos de PC al seguimiento oficial del gasto de la publicidad durante la campaña fue que no se conocía la metodología usada por la empresa contratista.
¿Esa dificultad es atribuible al TSE o a la empresa encargada del monitoreo? Esa interrogante estuvo latente incluso entre los candidatos, en plena campaña y cuestionaba la efectividad del control.
En una carta del candidato a la Alcaldía de Guayaquil Jaime Nebot dirigida al presidente del TSE, el 8 de octubre, señala que si Interviu no emite informes y cortes diarios no se puede cumplir con el control y la Ley. Por lo que procede, decía, solicitar la inmediata intervención de la Contraloría.
BLANCO Y NEGRO intentó esta semana obtener los resultados oficiales, actualizados al 14 de octubre, y, de allí, una explicación del procedimiento del monitoreo de Interviu-Escopusa, pero no tuvo respuesta. Primero, por medio de una solicitud vía fax al despacho del presidente del TSE, luego, a través de un oficio, conocido por el pleno en la sesión del miércoles último.
Aunque la Ley de Control de Gasto Electoral establece la reserva solo para la investigación en el proceso de juzgamiento, 120 días después de los comicios, el pleno decidió diferir la contestación para el próximo martes, para cuando se espera un informe de asesoría jurídica. No obstante, la información estadísitica sí se filtró. (LB)
La legalidad
Las normas legales muestran "inconsistencias"
La Ley de Control del Gasto Electoral (art. 8) señala expresamente que el control y juzgamiento del gasto electoral y de la propaganda electoral estará a cargo del Tribunal Supremo Electoral en el caso de elecciones nacionales y los tribunales provinciales, de los comicios provinciales.
El art. 10 de la Ley señala que las organizaciones políticas, sus alianzas o candidatos inscritos para terciar en los comicios de elección popular no podrán exceder los límites máximos totales e individuales de gasto electoral.
Esta norma no se cumplió en la última elección, pues en ella sí participaron los candidatos que se excedieron en el gasto, al menos, eso se confirma de los datos oficiales de monitoreo de medios que recién fueron entregados (no públicamente) el martes pasado.
Por esa razón, Participación Ciudadana (PC) cuestionó que no se hubieran hecho públicos los datos oficiales de Interviu, pues pudo haberse dado una sanción moral en las urnas a quienes incumplieron con la Ley. Para esta organización, esta es una más de las incosistencias de la Ley y de las autoridades electorales para ejercer el control.
Pese a ser muy específica esa norma, todos los candidatos que incurrieron en el exceso sí participaron en los comicios. El monitoreo de medios supone un registro documental de la publicidad contratada.
Los responsables económicos de las campañas deben liquidar en 90 días, contados desde el 4 de octubre, los valores de ingresos y egresos, con un balance consolidado, la determinación de montos y contribuyentes y justificativos.
En el capítulo de las sanciones, la Ley (art. 36) dice que los aportantes que se han excedido en el monto señalado deberán pagar una multa equivalente al doble del exceso de aportación en que haya incurrido. (LB)
Gutiérrez habría gastado $650 614
El TSE no tiene un sistema de control y tampoco hay legislación que prohíba la promoción de las entidades públicas y de sus autoridades en épocas de elecciones. Se confunde publicidad e información
La última campaña electoral dejó una lección: el peso que puede tener en los resultados el uso de la publicidad institucional. Por eso, varios sectores hablan de una reforma urgente para limitar, sino suprimir, la promoción de las obras de las instituciones en tiempos de campaña.
Las sospechas llegaron al punto de que se hablara de enjuiciar políticamente al presidente Lucio Gutiérrez, por incurrir, supuestamente, en delito de peculado, pues algunos dirigentes le acusan de haber utilizado los recursos del Estado para favorecer a los candidatos de Sociedad Patriótica (SP).
Esos políticos (como los ex presidentes León Febres Cordero y Rodrigo Borja) cuestionaron al mandatario por sus continuos recorridos junto a candidatos de su partido, asociándolo como "jefe de campaña". El tema surgió tras la declaración del propio Gutiérrez, días antes de iniciarse la campaña, cuando en Azuay y Manabí llamó a votar por las listas del partido gobernante.
Entre otras cosas señaló: "El pueblo es inteligente y sabe que si vota por los candidatos del Gobierno van a llegar las obras con mucha más fuerza... Les pido a todos los funcionarios públicos que tienen que apoyar de manera total a nuestros candidatos".
La actividad del jefe de Estado en la campaña, que en un momento argumentó que era para "elevar la autoestima de los ecuatorianos", estuvo matizada por un hecho concreto de su ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, quien, en un acto en la Gobernación del Guayas, convocó a votar por la lista 3, a lo que se sumó la entrega de alimentos y juguetes desde esa Cartera.
Al respecto, la Contraloría pidió información a diversas entidades, entre ellas, Participación Ciudadana (PC), sobre las actividades y desplazamientos realizados desde la Presidencia de la República. Eso como parte de la acción de control a esa instancia y a otras entidades. La información solicitada incluye datos actualizados hasta el 17 de octubre, día de los comicios seccionales.
En el monitoreo de PC, el Gobierno registra una cifra de gasto en publicidad importante durante todo el período de campaña, del 31 de agosto al 14 de octubre, que asciende a $650 614.
Pero el Gobierno no fue el único que pautó una cifra importante. El Municipio de Quito gastó, en ese mismo período, $169 666, mucho en relación al gasto hecho por el Municipio de Guayaquil ($13 983) y los consejos provinciales del Guayas ($ 1 531) y Pichincha ($ 8 497).
Este tipo de promoción no está prohibida por la ley en época electoral. Pero su incidencia es extendida y muestra las limitaciones de las autoridades electorales para controlar el uso de maquinaria publicitaria oficial en favor de los candidatos. Lo que se facilita porque en las jurisdicciones pequeñas no existe un seguimiento de la publicidad institucional en medios locales, (como la de PC), que puede derivar en sanciones morales si el electorado asocia la publicidad oficial a una candidatura.
En Napo, por ejemplo, el Consejo Provincial intensificó la propaganda institucional los últimos días de campaña a través de la estación de televisión local.
Y ese no fue el único problema. En la Amazonía se denunció el uso del aparataje institicional para movilizar electores el día de las elecciones. En Napo, la cadena Ecuavisa mostró que en un recinto del cantón Archidona se entregaba alimentos a electores que llegaron desde las comunidades, como supuesto pago al voto por la lista oficialista.
El control de estos procedimientos no existe, por cuanto el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tiene un mecanismo de control. Como tampoco existe un procedimiento para cuantificar y certificar los recursos utilizados en propaganda electoral, cuando en muchos casos son gastos onerosos. Entre ellos, están las movilizaciones a concentraciones. El costo promedio de un bus llega a $500, que es el costo de alquiler de un disjoker y de un grupo de altruistas populares. (LB)
Gasto en medios: $3,16 millones
Rodrigo Paz y Renán Borbúa son los candidatos que más se excedieron
El informe oficial del monitoreo al gasto de publicidad contratado en los medios de comunicación establece que, hasta el 14 de octubre, día del cierre de campaña, 177 candidatos a las alcaldías y 37 postulantes a las prefecturas se excedieron del límite permitido por la autoridad electoral. Esos resultados no incluyen a la provincia de Galápagos, que fue excluida del seguimiento efectuado por el consorcio Interviu-Escopusa desde el 31 de agosto al día 14 de octubre últimos.
BLANCO Y NEGRO tuvo acceso a la información entregada el martes 19 de octubre a la Unidad de Gasto Electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En ella, se puede apreciar, en detalle, los montos excedidos de varios candidatos a esas dos dignidades, de un total de $1 512 931 invertidos en medios en todo el país, excepto en Galápagos.
Para el caso de las prefecturas, el informe señala que solo en la provincia de Bolívar los candidatos no incurrieron en un gasto excesivo. Mientras el mayor número de casos (cuatro) se registra en Guayas, Manabí y Morona Santiago.
Para el caso del Guayas, el candidato de SP (3) a la Prefectura Renán Borbúa, es el que más espacios contrató, con $107 988 en un límite fijado de $69 213 para esta provincia. Le siguen: Nicolás Lapentti (PSC-6), con $101 651; Gloria Gallardo (Prian-7), con $72 871; y Humberto Mata (Fuerza Ciudadana-55), con $72 738.
En Manabí, en donde el límite fue de $28 209, los excedidos son: Flor Amalia Villavicencio (Prian-7), con $29 452; Humberto Guillem (PRE-10/CFP-4), con $58 423; Mariano Zambrano (PSC-6), con $87 931; y Trajano Vélez (Prian-7), con $56 515.
En Pichincha, solo aparece por sobre el límite de $51 589 la candidatura a la Prefectura de Federico Pérez (DP-UDC-5), con $110 721, siendo esta la de mayor monto a escala nacional para esa dignidad, seguido del gasto de Renán Borbúa.
Asimismo, Édison Chávez y Estuardo Hidalgo Bifarini, candidatos de SP, quienes disputaron sin éxito el primer lugar en Napo y Orellana, respectivamente, aparecen en la lista de los excedidos.
El registro incluye, por separado, el monitoreo de publicidad contratada en apoyo a varias listas, de una a cinco cuentas. Con seis, está la alianza ID-12/MUPP-18/MFC-45 y con cinco, la coalición de DP-5/SP-3/MPS-24, ambas en Tungurahua. Flor Villavicencio (Prian-7), en Manabí registra cuatro cuentas.
En cuanto a los candidatos a alcaldes, Rodrigo Paz aparace con el registro más alto a escala nacional de gasto, con $158 638, casi cuatro veces por encima del límite fijado para esta dignidad de $40 118. El registro final del consorcio Interviu-Escopusa señala que, a escala nacional, los postulantes a alcaldes invirtieron un total de $1 650 522.
En los resultados del monitoreo oficial se observan datos curiosos, como la inclusión de de la candidatura de René Yandún (ID-12) a la Prefectura de Carchi, tanto en el casillero de esa provincia como en la de Cañar. (LB)
PUNTO DE VISTA
¿Lo pleno es "hacerse el loco"?
Las elecciones son un negocio y no precisamente político. Y sobre él (por varios motivos, que van desde lo ético hasta la igualdad de condiciones) se impuso una ley que ahora es "papel mojado".
¿De quién depende su cumplimiento? En primer lugar, de quienes aspiran a convertirse en autoridades. De hecho, esa sola aspiración les obliga moralmente a mostrar respeto, pues son responsables de hacer cumplir la ley. Luego, de las entidades de control.
Paradójicamente, la norma es violar la ley para que esta tenga sentido, se reforme de acuerdo al interés de los candidatos y se arregle a la coyuntura. Cierto que los montos fijados para el gasto de los candidatos no corresponden con los costos de una campaña modesta. Pero las reglas de juego son para todos y todos deben respetarla.
Y quien, con más deber y autoridad ética y política, debió cumplir y hacer cumplir la legislación era el presidente de la República. El balance preliminar de la organización Participación Ciudadana indica que Lucio Gutiérrez usó $650 mil en publicidad oficial. En realidad, para promocionar a sus candidatos.
¿Qué hacer? ¿Dejar pasar? Las lógica política es "hacerme el loco para no afectarme mañana como candidato". Y si hay que aplicar la ley, ¿la consideración es la estabilidad institucional? Lo único que cuenta es sentar precedentes y no seguir haciendo tabla rasa de las responsabilidades individuales y colectivas. (OP) (BLANCO Y NEGRO)
Candidatos se burlan de la ley
Los datos finales del seguimiento de la publicidad en medios muestran diferencias importantes con relación al trabajo realizado por Participación Ciudadana. El silencio oficial crea muchas sospechas
Los informes oficiales y no oficiales confirman que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no está en capacidad de controlar el gasto de campaña de los partidos y movimientos políticos, esto solo tomando en cuenta que 214 de los candidatos (para alcaldías y prefecturas) superaron el tope establecido por las autoridades electorales para la pasada campaña proselitista (pág. 4).
Esa información es parcial y corresponde apenas al monitoreo realizado por el consorcio Interviu-Escopusa para dos dignidades, con relación a la publicidad contratada en los medios de comunicación: radio, prensa, TV y vallas. Allí no se incluye la inversión en propaganda electoral (camisetas, afiches, banderas, gorras...). Lo que quiere decir que los montos excedidos en los medios de comunicación son apenas un dato parcial que servirá de referencia para el juzgamiento de las cuentas.
El gasto oficial en publicidad asciende a $3,1 millones entre los candidatos a alcaldes y prefectos. Y los montos excedidos de los 214 candidatos muestran solo una faceta de la falta de control del gasto, pues no existe un sistema de supervisión de la propaganda electoral utilizada, como reconoció el presidente del TSE, Nicanor Moscoso.
Esta debilidad fue denunciada de forma permanente por varios actores en la campaña y de manera particular por Participación Ciudadana (PC), que realizó un monitoreo similar, aunque a menor escala, al ejecutado por el consorcio contratista del TSE sobre el gasto de publicidad en medios.
Y lo que abona aún más a las dudas sobre la efectividad del control es, precisamente, que los resultados de ambos trabajos muestran diferencias importantes.
Así, el informe de PC, presentado el 15 de octubre pasado, un día después del cierre oficial de la campaña, señala que los candidatos a la Alcaldía de Quito Rodrigo Paz, Paco Moncayo y Marcelo Cruz se excedieron en el límite fijado de $40 118; Paz, con $117 238; Moncayo, con 47 175; y Cruz, con $54 884. Mientras el tabulado de Interviu-Escopusa, entregado al TSE el pasado martes, al que tuvo acceso este BLANCO Y NEGRO, establece que solo Paz superó ese monto al registrarse un pautaje por $158 638.
PC señala que los candidatos a la Prefectura de Pichincha José Vergara, Wilma Salgado y Federico Pérez se excedieron el límite fijado de $51 589. Vergara con $78 741, Salgado con $64 678 y Pérez con $120 317. Interviu solo registra a Pérez con exceso, con $110 721.
PC monitoreó diariamente a siete canales de TV, 10 radios, en Quito y Guayaquil, seis periódicos nacionales y locales en ambas ciudades. Sus resultados excluyeron, en el caso de Paco Moncayo, los espacios del MPD que contenían mensajes de apoyo al reelegible.
La exclusión se hizo en consideración de la polémica resolución de una mayoría del Pleno del TSE (PSC-ID-PK-PC) del 6 de octubre que dispuso que esos espacios fueran contabilizados en las cuentas del MPD, montos que al final de la campaña -según los registros de PC- llegaron a $6 341.
Para PC, eso muestra que hubo un trato inequitativo en el control del gasto, no solo porque la resolución había favorecido a los candidatos de la lista 12 de forma directa sino porque días antes el presidente del Tribunal Electoral de Pichincha pidió a los medios que no pautaran publicidad de la candidatura de Rodrigo Paz, pues informó que se había excedido en el gasto.
Durante el transcurso de la campaña, las quejas de varios candidatos fueron reiteradas por la confusión que generó la presentación de datos oficiales (tres o cuatro días después de haberse hecho el corte) o cuando se publicitaba los resultados de Interviu, las cifras actualizadas del PC eran superiores.
Para una fuente del TSE, los datos parciales y finales oficiales debieron arrojar montos superiores a los de PC, por cuanto la muestra fue mucho mayor. El contrato con el consorcio por $446 400 (sin IVA) considera el monitoreo permanente de 50 canales de TV, 250 emisoras, 60 diarios, 51 revistas y el control provincial de vallas en todo el país, excepto Galápagos.
Precisamente, uno de los reclamos de PC al seguimiento oficial del gasto de la publicidad durante la campaña fue que no se conocía la metodología usada por la empresa contratista.
¿Esa dificultad es atribuible al TSE o a la empresa encargada del monitoreo? Esa interrogante estuvo latente incluso entre los candidatos, en plena campaña y cuestionaba la efectividad del control.
En una carta del candidato a la Alcaldía de Guayaquil Jaime Nebot dirigida al presidente del TSE, el 8 de octubre, señala que si Interviu no emite informes y cortes diarios no se puede cumplir con el control y la Ley. Por lo que procede, decía, solicitar la inmediata intervención de la Contraloría.
BLANCO Y NEGRO intentó esta semana obtener los resultados oficiales, actualizados al 14 de octubre, y, de allí, una explicación del procedimiento del monitoreo de Interviu-Escopusa, pero no tuvo respuesta. Primero, por medio de una solicitud vía fax al despacho del presidente del TSE, luego, a través de un oficio, conocido por el pleno en la sesión del miércoles último.
Aunque la Ley de Control de Gasto Electoral establece la reserva solo para la investigación en el proceso de juzgamiento, 120 días después de los comicios, el pleno decidió diferir la contestación para el próximo martes, para cuando se espera un informe de asesoría jurídica. No obstante, la información estadísitica sí se filtró. (LB)
La legalidad
Las normas legales muestran "inconsistencias"
La Ley de Control del Gasto Electoral (art. 8) señala expresamente que el control y juzgamiento del gasto electoral y de la propaganda electoral estará a cargo del Tribunal Supremo Electoral en el caso de elecciones nacionales y los tribunales provinciales, de los comicios provinciales.
El art. 10 de la Ley señala que las organizaciones políticas, sus alianzas o candidatos inscritos para terciar en los comicios de elección popular no podrán exceder los límites máximos totales e individuales de gasto electoral.
Esta norma no se cumplió en la última elección, pues en ella sí participaron los candidatos que se excedieron en el gasto, al menos, eso se confirma de los datos oficiales de monitoreo de medios que recién fueron entregados (no públicamente) el martes pasado.
Por esa razón, Participación Ciudadana (PC) cuestionó que no se hubieran hecho públicos los datos oficiales de Interviu, pues pudo haberse dado una sanción moral en las urnas a quienes incumplieron con la Ley. Para esta organización, esta es una más de las incosistencias de la Ley y de las autoridades electorales para ejercer el control.
Pese a ser muy específica esa norma, todos los candidatos que incurrieron en el exceso sí participaron en los comicios. El monitoreo de medios supone un registro documental de la publicidad contratada.
Los responsables económicos de las campañas deben liquidar en 90 días, contados desde el 4 de octubre, los valores de ingresos y egresos, con un balance consolidado, la determinación de montos y contribuyentes y justificativos.
En el capítulo de las sanciones, la Ley (art. 36) dice que los aportantes que se han excedido en el monto señalado deberán pagar una multa equivalente al doble del exceso de aportación en que haya incurrido. (LB)
Gutiérrez habría gastado $650 614
El TSE no tiene un sistema de control y tampoco hay legislación que prohíba la promoción de las entidades públicas y de sus autoridades en épocas de elecciones. Se confunde publicidad e información
La última campaña electoral dejó una lección: el peso que puede tener en los resultados el uso de la publicidad institucional. Por eso, varios sectores hablan de una reforma urgente para limitar, sino suprimir, la promoción de las obras de las instituciones en tiempos de campaña.
Las sospechas llegaron al punto de que se hablara de enjuiciar políticamente al presidente Lucio Gutiérrez, por incurrir, supuestamente, en delito de peculado, pues algunos dirigentes le acusan de haber utilizado los recursos del Estado para favorecer a los candidatos de Sociedad Patriótica (SP).
Esos políticos (como los ex presidentes León Febres Cordero y Rodrigo Borja) cuestionaron al mandatario por sus continuos recorridos junto a candidatos de su partido, asociándolo como "jefe de campaña". El tema surgió tras la declaración del propio Gutiérrez, días antes de iniciarse la campaña, cuando en Azuay y Manabí llamó a votar por las listas del partido gobernante.
Entre otras cosas señaló: "El pueblo es inteligente y sabe que si vota por los candidatos del Gobierno van a llegar las obras con mucha más fuerza... Les pido a todos los funcionarios públicos que tienen que apoyar de manera total a nuestros candidatos".
La actividad del jefe de Estado en la campaña, que en un momento argumentó que era para "elevar la autoestima de los ecuatorianos", estuvo matizada por un hecho concreto de su ministro de Bienestar Social, Antonio Vargas, quien, en un acto en la Gobernación del Guayas, convocó a votar por la lista 3, a lo que se sumó la entrega de alimentos y juguetes desde esa Cartera.
Al respecto, la Contraloría pidió información a diversas entidades, entre ellas, Participación Ciudadana (PC), sobre las actividades y desplazamientos realizados desde la Presidencia de la República. Eso como parte de la acción de control a esa instancia y a otras entidades. La información solicitada incluye datos actualizados hasta el 17 de octubre, día de los comicios seccionales.
En el monitoreo de PC, el Gobierno registra una cifra de gasto en publicidad importante durante todo el período de campaña, del 31 de agosto al 14 de octubre, que asciende a $650 614.
Pero el Gobierno no fue el único que pautó una cifra importante. El Municipio de Quito gastó, en ese mismo período, $169 666, mucho en relación al gasto hecho por el Municipio de Guayaquil ($13 983) y los consejos provinciales del Guayas ($ 1 531) y Pichincha ($ 8 497).
Este tipo de promoción no está prohibida por la ley en época electoral. Pero su incidencia es extendida y muestra las limitaciones de las autoridades electorales para controlar el uso de maquinaria publicitaria oficial en favor de los candidatos. Lo que se facilita porque en las jurisdicciones pequeñas no existe un seguimiento de la publicidad institucional en medios locales, (como la de PC), que puede derivar en sanciones morales si el electorado asocia la publicidad oficial a una candidatura.
En Napo, por ejemplo, el Consejo Provincial intensificó la propaganda institucional los últimos días de campaña a través de la estación de televisión local.
Y ese no fue el único problema. En la Amazonía se denunció el uso del aparataje institicional para movilizar electores el día de las elecciones. En Napo, la cadena Ecuavisa mostró que en un recinto del cantón Archidona se entregaba alimentos a electores que llegaron desde las comunidades, como supuesto pago al voto por la lista oficialista.
El control de estos procedimientos no existe, por cuanto el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no tiene un mecanismo de control. Como tampoco existe un procedimiento para cuantificar y certificar los recursos utilizados en propaganda electoral, cuando en muchos casos son gastos onerosos. Entre ellos, están las movilizaciones a concentraciones. El costo promedio de un bus llega a $500, que es el costo de alquiler de un disjoker y de un grupo de altruistas populares. (LB)
Gasto en medios: $3,16 millones
Rodrigo Paz y Renán Borbúa son los candidatos que más se excedieron
El informe oficial del monitoreo al gasto de publicidad contratado en los medios de comunicación establece que, hasta el 14 de octubre, día del cierre de campaña, 177 candidatos a las alcaldías y 37 postulantes a las prefecturas se excedieron del límite permitido por la autoridad electoral. Esos resultados no incluyen a la provincia de Galápagos, que fue excluida del seguimiento efectuado por el consorcio Interviu-Escopusa desde el 31 de agosto al día 14 de octubre últimos.
BLANCO Y NEGRO tuvo acceso a la información entregada el martes 19 de octubre a la Unidad de Gasto Electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En ella, se puede apreciar, en detalle, los montos excedidos de varios candidatos a esas dos dignidades, de un total de $1 512 931 invertidos en medios en todo el país, excepto en Galápagos.
Para el caso de las prefecturas, el informe señala que solo en la provincia de Bolívar los candidatos no incurrieron en un gasto excesivo. Mientras el mayor número de casos (cuatro) se registra en Guayas, Manabí y Morona Santiago.
Para el caso del Guayas, el candidato de SP (3) a la Prefectura Renán Borbúa, es el que más espacios contrató, con $107 988 en un límite fijado de $69 213 para esta provincia. Le siguen: Nicolás Lapentti (PSC-6), con $101 651; Gloria Gallardo (Prian-7), con $72 871; y Humberto Mata (Fuerza Ciudadana-55), con $72 738.
En Manabí, en donde el límite fue de $28 209, los excedidos son: Flor Amalia Villavicencio (Prian-7), con $29 452; Humberto Guillem (PRE-10/CFP-4), con $58 423; Mariano Zambrano (PSC-6), con $87 931; y Trajano Vélez (Prian-7), con $56 515.
En Pichincha, solo aparece por sobre el límite de $51 589 la candidatura a la Prefectura de Federico Pérez (DP-UDC-5), con $110 721, siendo esta la de mayor monto a escala nacional para esa dignidad, seguido del gasto de Renán Borbúa.
Asimismo, Édison Chávez y Estuardo Hidalgo Bifarini, candidatos de SP, quienes disputaron sin éxito el primer lugar en Napo y Orellana, respectivamente, aparecen en la lista de los excedidos.
El registro incluye, por separado, el monitoreo de publicidad contratada en apoyo a varias listas, de una a cinco cuentas. Con seis, está la alianza ID-12/MUPP-18/MFC-45 y con cinco, la coalición de DP-5/SP-3/MPS-24, ambas en Tungurahua. Flor Villavicencio (Prian-7), en Manabí registra cuatro cuentas.
En cuanto a los candidatos a alcaldes, Rodrigo Paz aparace con el registro más alto a escala nacional de gasto, con $158 638, casi cuatro veces por encima del límite fijado para esta dignidad de $40 118. El registro final del consorcio Interviu-Escopusa señala que, a escala nacional, los postulantes a alcaldes invirtieron un total de $1 650 522.
En los resultados del monitoreo oficial se observan datos curiosos, como la inclusión de de la candidatura de René Yandún (ID-12) a la Prefectura de Carchi, tanto en el casillero de esa provincia como en la de Cañar. (LB)
PUNTO DE VISTA
¿Lo pleno es "hacerse el loco"?
Las elecciones son un negocio y no precisamente político. Y sobre él (por varios motivos, que van desde lo ético hasta la igualdad de condiciones) se impuso una ley que ahora es "papel mojado".
¿De quién depende su cumplimiento? En primer lugar, de quienes aspiran a convertirse en autoridades. De hecho, esa sola aspiración les obliga moralmente a mostrar respeto, pues son responsables de hacer cumplir la ley. Luego, de las entidades de control.
Paradójicamente, la norma es violar la ley para que esta tenga sentido, se reforme de acuerdo al interés de los candidatos y se arregle a la coyuntura. Cierto que los montos fijados para el gasto de los candidatos no corresponden con los costos de una campaña modesta. Pero las reglas de juego son para todos y todos deben respetarla.
Y quien, con más deber y autoridad ética y política, debió cumplir y hacer cumplir la legislación era el presidente de la República. El balance preliminar de la organización Participación Ciudadana indica que Lucio Gutiérrez usó $650 mil en publicidad oficial. En realidad, para promocionar a sus candidatos.
¿Qué hacer? ¿Dejar pasar? Las lógica política es "hacerme el loco para no afectarme mañana como candidato". Y si hay que aplicar la ley, ¿la consideración es la estabilidad institucional? Lo único que cuenta es sentar precedentes y no seguir haciendo tabla rasa de las responsabilidades individuales y colectivas. (OP) (BLANCO Y NEGRO)
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