Ecuador es el país con mayor número de refugiados en América Latina

En el año 2000, Ecuador registró 287 refugiados entre periodistas, exiliados políticos, sindicalistas y religiosos. Desde ese entonces la cifra ha aumentado y ahora cerca de 54 mil personas tienen esta condición actual, señala Luis Varese, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) quien asegura que estadísticamente, el Ecuador es el país con el mayor número de refugiados en América Latina.

Una persona se considera refugiada cuando huye de su país a causa de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social y que, a causa de dichos temores, no quieren acogerse a la protección de su país, según las Naciones Unidas.

Los refugiados huyen de su país por su vida, seguridad o libertad que ha sido amenazada por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos, entre otras circunstancias que perturban gravemente el orden público.

En Ecuador, el 98,5% de los refugiados son de origen colombiano y han abandonado su país debido al deterioro del conflicto interno, como lo señala Luis Varese.

El comisionado de la ACNUR, asegura que Colombia pasa por una situación en donde el Estado no es el principal perseguidor de la población civil, sino que los perseguidores sociales son: el narcotráfico, los paramilitares, las FARC y el ELN y por eso las personas se ven obligadas a abandonar su país.

"Este tipo de persecuciones, genera una población civil marginal", añade Varese quien según las estadísticas de la ACNUR, reconoce que ocho de cada 10 ciudadanos colombianos solicitantes de asilo en el mundo, buscan protección internacional en el Ecuador. De esta población el 48% son mujeres y cerca del 40% son niños.

El gobierno ecuatoriano, hasta diciembre de 2010 por medio del censo que realiza la Policía de Migración, ha reconocido que el 60% de refugiados están ubicados en Quito, Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo, mientras que el 40% restante permanece en los 640 kilómetros de frontera con Colombia, especialmente en Carchi y Sucumbíos, en regiones poco desarrolladas y aisladas con limitados servicios básicos e infraestructura.

José Sandoval, director de Refugio de la Cancillería, indicó que la legislación del país es bastante abierta y se caracteriza en el exterior "por ser un país muy solidario".

La Cancillería estima que cerca de 1 500 refugiados ingresan mensualmente al Ecuador por la frontera norte. "El Gobierno de Ecuador hace un enorme esfuerzo por acoger a estas personas, porque si bien es cierto que cuenta con recursos limitados, este es un tema humanitario", agregó Sandoval.

Sin embargo, la cancillería y las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos, aseguran que el estado ecuatoriano no aporta con dinero directo a los refugiados, sino que su gasto es indirecto por medio de los servicios básicos que estos tienen derecho al obtener su carné, como la salud, la educación y el gas. La cifra que Sandoval señala de estos aportes es de $16 millones anuales, sin embargo la ACNUR indica que son $40 millones.

Según la ACNUR, ni en el Ecuador, ni en ningún país del continente americano existen campamentos de personas refugiadas. Esto se debe a que la cantidad de personas con necesidad de protección internacional no justifica la instalación de esas infraestructuras y sobre todo, porque es preferible que las personas refugiadas logren integrarse en las sociedades que los reciben, en lugar de vivir aislados y dependientes de ayuda internacional. (MV)

Récord policial no es uno de los requisitos

Según la legislación ecuatoriana, no podrán ser reconocidos como refugiadas las personas que hayan cometido un crimen contra la paz, un crimen de guerra o contra la humanidad. Tampoco quienes hayan cometido un grave delito común en su país de origen, antes de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiados.

Sin embargo, las autoridades designadas a dar un carné de refugiados, no piden a estas personas su récord policial.

José Sandoval, asegura que este requisito no garantiza la seguridad a la ciudadanía y tampoco pone en riesgo al Ecuador, pues señala que el proceso para que un refugiado sea reconocido como tal, es exigente.

"El solicitante debe acercarse al Ministerio de Relaciones Exteriores y presentar algún documento de identificación personal. En el caso que no los tuviera, este debe explicar las razones de su salida al país", señala Sandoval, quien asegura que el organismo encargado de otorgar el carné después de pasar el proceso de las dos entrevistas correspondientes, es la Secretaría Técnica, que analiza "prudentemente cada caso".

La Policía de Migración asegura que no puede irse contra las políticas de Estado al solicitar a los refugiados que se acercan a renovar su carné anualmente. Sin embargo, aseguran que la mayoría de los casos ilícitos cometidos por refugiados que están registrados, son por robo. Sin embargo, el 90% de estos, están sin ser juzgados.

La ACNUR, señala que no todos los casos pueden ser generalizados, sin embargo, estima que un 10% de los extranjeros que han cometido actos ilícitos en el país, son refugiados.

"Estas personas son exiliadas y generalmente llegan al país con el fin de resguardar su seguridad, entonces se dedican al trabajo honrado como amas de casa y vendedores informales" dijo Varese, quien además añadió que el Estado colombiano no aporta ningún ingreso al Ecuador como para capacitar a los refugiados para que tengan un incentivo para trabajar.

Los refugiados que ingresan al Ecuador, reciben de parte de las organizaciones internacionales un bono de $100 por familia hasta que puedan establecerse en un lugar, determinado un tiempo hasta que consigan un trabajo.

Juan Villalobos, coordinador asistencial del servicio de Jesuitas para refugiados, defiende la condición de estas personas, pues señala que se trata de una población económicamente activa que aporta al país en un porcentaje mínimo.

Honoria H. refugiada colombiana con sus tres hijos, tuvo que salir del país porque un comando de las FARC se enamoró de su hija mayor. Honoria se dedica a hacer artesanías para venderlas en la calle. "Muchas personas cometen actos ilícitos porque las fuentes de trabajo en el país no se nos abren, entonces se dedican al trabajo fácil" aseguró.

El caso de Joffre T. es parecido. Llegó al país hace dos años porque la guerrilla le quitó su casa. Cuando llegó a Quito en bus, pidió su carné de refugiado pero según indica, tuvo que esperar tres meses para conseguirlo. Mientras tanto, no consiguió trabajo y ahora es vendedor de CD"s en los buses de la capital, pues debe mantener a dos niños.

Según las estadísticas de la Policía de Migración, un 30% de refugiados vive en las calles y barrios marginales. Además, cerca del 80% se dedica al comercio ilegal: venta de discos compactos piratas, ropa y zapatos en la Marín, en Quito.

Los barrios con más incidencia de refugiados en Quito son el Comité del Pueblo, la Mena 2, Chillogallo, Solanda y la Merced.

El Ministerio de Relaciones Exteriores está organizando un plan con el Ministerio de Trabajo, para que los refugiados en Ecuador, puedan acceder con mayor facilidad a un empleo. Así mismo, "podrán aportar al Seguro Social y tener los beneficios respectivos en el sector de salud y educación" concluyó Sandoval. (MV)

Entrevista

Teniente Ana González, encargada del control migratorio de la Policía Nacional.

'Refugiado que delinque no es deportado'

¿Qué pasa cuando una persona refugiada incumple con las leyes o comete un delito?
Esta debe ser juzgada por las autoridades ecuatorianas competentes a la legislación interna siguiendo las normas debidas del proceso. Si es encontrada responsable del delito, tendrá que cumplir con su sanción.

Si se cumple la sentencia ¿el refugiado es enviado a su país de origen?
No. Una vez cumplida la sentencia, la persona refugiada no es devuelta a su país, sino que continúa ejerciendo su calidad de refugiado salvo que tenga serias razones para considerar a dicha persona como un peligro para la seguridad del país.

¿Porqué no se puede devolver a las personas solicitantes de la condición de refugiados a su país de origen?
Porque no nos podemos ir contra las políticas de Estado que establecen que si los refugiados son devueltos a su país de origen, podrían ser víctimas de un atentado contra sus vidas. Además, si le pasara algo a esta persona cuando es deportado, el Ecuador corre con esta responsabilidad.

¿Cuáles son los delitos más comunes que cometen los refugiados?
Sin generalizar todos los casos de refugiados porque muchos si se dedican a trabajar, los casos que más porcentaje representan, es por robo a mano armada en los hombres y prostitución en las mujeres.

¿Si la policía no puede irse contra las políticas de Estado, que seguridad tiene la ciudadanía?
Como Migración no podemos hacer mucho, porque de la aprobación de renovación de los carné se encarga la Secretaría Técnica. Además, los procesos judiciales demoran mucho tiempo, y las personas perjudicadas no les gusta esperar para poner una denuncia. Entonces, el delito cometido por los implicados se anulan, además los procesos de deportación son demorados..

¿La policía está de acuerdo en que no se pida récord policial?
A nosotros nos piden visas para casi todos los países, el proceso debe ser recíproco.

Refugiados gozan de los mismos derechos

El carné de refugiado permite a todas las personas que lo obtengan que gocen de los derechos y cumplan con las obligaciones de cualquier ciudadano ecuatoriano. Según José Sandoval, director de Refugio de la Cancillería, la garantía de obtener este documento es que la persona solicitante obtiene una situación migratoria regulada en el Ecuador.

Los refugiados tienen derecho a transitar libremente por el territorio nacional y, a su vez, no pueden ser devueltos o expulsados a su país de origen, en el que su libertad, seguridad o integridad peligren.

Estas personas, pueden inscribirse en los centros de estudio del país pues gozan del derecho a la educación pública. De la misma manera, podrán ser contratados para trabajar por cuenta propia. La remuneración deberá ser conforme a la ley y tendrán que ser afiliados al Seguro Social.

El servicio de salud pública también deberá abrir sus puertas a los refugiados y a sus familias para ser atendidos en caso de emergencia o de asistencia médica.

Una licencia de conducir se puede otorgar a un refugiado siempre y cuando tenga al día la documentación y se presente a los trámites respectivos. Lo mismo ocurre con la obtención de una cuenta de ahorros, pues tienen el derecho de acceder a todos los servicios bancarios y financieros del país.

Entre sus obligaciones, los refugiados en el Ecuador deben cumplir con la Constitución y las leyes del país; de no hacerlo, serán sancionados. Deberán registrarse asimismo en las oficinas de Migración una vez al año. (MV)
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