Los integrantes de la Comisión de la Verdad, que investiga violaciones a los Derechos Humanos desde 1984, reclaman inmunidad tras el estudio de documentos reservados cuyas conclusiones pueden dar lugar a "una reacción bastante violenta", informó hoy su presidenta, Elsie Monge.
El informe final de la Comisión, que aún no tiene una fecha de publicación, recoge conclusiones basadas en documentos desclasificados que, según Monge, pueden dar lugar a "procesos judiciales" para "combatir la impunidad" de violaciones y abusos durante anteriores Gobiernos.
Esa determinación de responsabilidades "es lo que provoca una reacción bastante violenta", señaló la investigadora a radio Sonorama al recordar que en otros países, como Perú o Guatemala, los investigadores de comisiones similares sufrieron juicios o fueron víctimas de asesinato.
Además, explicó que la petición de la Comisión a la Asamblea Nacional para que apruebe una ley de protección e inmunidad para sus integrantes también responde a un dictado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos.
Señaló que la ONU dispone a las comisiones de Derechos Humanos que garanticen su imparcialidad, independencia y competencia y que, para ello, a sus miembros, se les debe asegurar la inmunidad necesaria para su protección, especialmente sobre toda acción en difamación o cualquier otra acción civil y penal.
Monge precisó que el informe consta de unas 2 800 páginas distribuidas en cinco volúmenes que, tras su publicación oficial, se presentará al Gobierno, a la Asamblea, a embajadas y a nivel internacional a otras comisiones similares y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instituciones.
"Recogimos más de 650 testimonios en 17 provincias del país y en el exterior" y con ellos se han documentado unos 126 casos, señaló y agregó que "una gran ayuda" en esa investigación ha sido la desclasificación de documentos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
Además, destacó que del total hay cuarenta casos que están "mas avanzados" y listos para "entrar en un proceso de judicialización", después de ser presentados a la Fiscalía.
La Comisión de la Verdad fue creada por el Gobierno del presidente Rafael Correa para investigar supuestas violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de Estado, desapariciones y abusos de poder en los Gobiernos de las tres últimas décadas, especialmente en el de León Febres Cordero (1984-1988).
Se espera que en el informe final la Comisión haga el recuento de delitos como ejecuciones extrajudiciales, homicidios y muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y torturas a manos de la fuerza pública.
Su petición a la Asamblea de la creación de una ley de protección e inmunidad, que el pasado jueves se tramitó en primera instancia, también es respaldada por los integrantes de la Comisión de Angostura, creada para investigar las circunstancias que rodearon el bombardeo de Colombia a un campamento de las FARC ubicado en territorio de Ecuador en marzo de 2008.
Ese ataque, contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) causó la muerte de al menos 26 personas, entre ellas el segundo al mando de esa guerrilla, "Raúl Reyes", a un ciudadano ecuatoriano y cuatro universitarios mexicanos.
Además provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, que ahora intentan recomponer su relación mediante un diálogo político directo y que, de momento, ha logrado la designación de encargados de negocios en las respectivas representaciones diplomáticas.(EFE)
El informe final de la Comisión, que aún no tiene una fecha de publicación, recoge conclusiones basadas en documentos desclasificados que, según Monge, pueden dar lugar a "procesos judiciales" para "combatir la impunidad" de violaciones y abusos durante anteriores Gobiernos.
Esa determinación de responsabilidades "es lo que provoca una reacción bastante violenta", señaló la investigadora a radio Sonorama al recordar que en otros países, como Perú o Guatemala, los investigadores de comisiones similares sufrieron juicios o fueron víctimas de asesinato.
Además, explicó que la petición de la Comisión a la Asamblea Nacional para que apruebe una ley de protección e inmunidad para sus integrantes también responde a un dictado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Humanos.
Señaló que la ONU dispone a las comisiones de Derechos Humanos que garanticen su imparcialidad, independencia y competencia y que, para ello, a sus miembros, se les debe asegurar la inmunidad necesaria para su protección, especialmente sobre toda acción en difamación o cualquier otra acción civil y penal.
Monge precisó que el informe consta de unas 2 800 páginas distribuidas en cinco volúmenes que, tras su publicación oficial, se presentará al Gobierno, a la Asamblea, a embajadas y a nivel internacional a otras comisiones similares y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instituciones.
"Recogimos más de 650 testimonios en 17 provincias del país y en el exterior" y con ellos se han documentado unos 126 casos, señaló y agregó que "una gran ayuda" en esa investigación ha sido la desclasificación de documentos de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
Además, destacó que del total hay cuarenta casos que están "mas avanzados" y listos para "entrar en un proceso de judicialización", después de ser presentados a la Fiscalía.
La Comisión de la Verdad fue creada por el Gobierno del presidente Rafael Correa para investigar supuestas violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de Estado, desapariciones y abusos de poder en los Gobiernos de las tres últimas décadas, especialmente en el de León Febres Cordero (1984-1988).
Se espera que en el informe final la Comisión haga el recuento de delitos como ejecuciones extrajudiciales, homicidios y muertes bajo custodia, desapariciones forzadas y torturas a manos de la fuerza pública.
Su petición a la Asamblea de la creación de una ley de protección e inmunidad, que el pasado jueves se tramitó en primera instancia, también es respaldada por los integrantes de la Comisión de Angostura, creada para investigar las circunstancias que rodearon el bombardeo de Colombia a un campamento de las FARC ubicado en territorio de Ecuador en marzo de 2008.
Ese ataque, contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) causó la muerte de al menos 26 personas, entre ellas el segundo al mando de esa guerrilla, "Raúl Reyes", a un ciudadano ecuatoriano y cuatro universitarios mexicanos.
Además provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, que ahora intentan recomponer su relación mediante un diálogo político directo y que, de momento, ha logrado la designación de encargados de negocios en las respectivas representaciones diplomáticas.(EFE)
Más en el