Las críticas a los poderes de la Procuraduría de Colombia tras la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tensan el ambiente político en la capital.
Petro convocó para hoy a una marcha en la plaza Bolívar, que es respaldada por las FARC y grupos de indígenas que fustigan al procurador Alejandro Ordóñez por haberlo defenestrado e inhabilitado 15 años para ocupar cargos públicos por la crisis en la recolección de basura de 2012. La medida llevó al fiscal general Eduardo Montealegre a intervenir en el caso.
Para Montealegre, el modelo que maneja Ordóñez es inquisitivo, medieval y carente de garantías para quienes son investigados en materia disciplinaria.
La actuación de la Fiscalía fue respaldada por el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, quien precisó que tiene competencias constitucionales para investigar a la Procuraduría.
El alcalde recibió el apoyo de sus pares de Lima, Río de Janeiro, La Paz, Santiago de Chile, Montevideo, Asunción, Quito y Buenos Aires. Ellos, miembros de la la Red de Ciudades Suramericanas, calificaron el hecho como un golpe a la gobernabilidad de Bogotá y una peligrosa señal para las democracias de la región.
Un grupo de eurodiputados, en una carta al presidente Juan Manuel Santos, recuerda que la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos pueden ser restringidos solo cuando existe condena de un juez penal.
Hasta los opositores de Gustavo Petro consideran exagerada la sanción impuesta por el procurador y sostienen que busca desterrarlo de la escena política de por vida. (EFE-AFP)
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